La alcaldesa impidió que el portavoz de VOX tomase la palabra en el Pleno Extraordinario

La sesión plenaria extraordinaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado inicialmente una modificación de créditos por valor de 5,18 millones de euros, que permitirá atender obligaciones pendientes del Consistorio y que ha contado con los votos a favor del Partido Popular y de los partidos de la oposición (PSOE y Más Madrid). El expediente, que incluye partidas para retribuciones de personal, seguridad social, indemnizaciones y atrasos salariales, ha sido aprobado con el voto en contra de Vox, que ha visto cómo su socio de gobierno y la oposición se unían para sacar adelante la iniciativa. El portavoz del PP, Gustavo Severien, defendió la medida como una cuestión de "responsabilidad institucional" y criticó la actitud de Vox, que había rechazado una modificación similar en el Pleno anterior y que, según el concejal popular, no ha respondido a las llamadas y correos del equipo de gobierno para mantener el diálogo.

El segundo hecho de la sesión ha sido la decisión de la alcaldesa, Judith Piquet, de impedir al portavoz de Vox, Víctor Acosta, intervenir en el debate, una decisión que ha provocado una reacción inmediata de la formación. La alcaldesa se ha justificado en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para evitar que Acosta hablara, pero su interpretación ha sido contestada por Vox, que ha denunciado que se ha vulnerado su derecho a participar en el Pleno, recogido en la Constitución y en la Ley de Bases de Régimen Local. El portavoz del PSOE ha respaldado la decisión de la alcaldesa, asegurando que el ROM ampara la medida y que se trata de "un gesto de responsabilidad" por parte de Piquet, al tiempo que ha criticado la actitud de Vox por "no querer formar parte del gobierno".

La votación ha reflejado la nueva correlación de fuerzas en el Ayuntamiento tras la ruptura del pacto entre PP y Vox, que se hizo efectiva hace dos semanas cuando los populares destituyeron a Acosta como teniente de alcalde. La modificación de créditos, que inicialmente formaba parte de un paquete presupuestario más amplio de 68 millones de euros que Vox tumbó en el Pleno anterior, ha salido adelante gracias a PSOE y Más Madrid, un movimiento que ha sido interpretado como una estrategia para aislar a Vox y demostrar que el PP puede gobernar sin su socio. El portavoz de Vox, que ha sido silenciado durante el debate, ha denunciado la "falta de transparencia" del PP.

El PSOE ha justificado su voto a favor de la modificación de créditos como un "acto de responsabilidad institucional" para garantizar el pago de atrasos a los trabajadores municipales, evitando que "la mala gestión del PP y el conflicto que tienen con VOX lo acaben pagando los empleados municipales". El portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, ha sido contundente: "El PSOE no va a jugar con los derechos de los trabajadores municipales". Sin embargo, ha advertido al PP de que su apoyo no es un "cheque en blanco" y no se repetirá "si no tienen un mínimo respeto a los grupos" . Esta postura ha sido interpretada como un intento de aislar a Vox, al tiempo que se exige al PP un cambio de actitud .

Vox, que ha votado en contra de la iniciativa, ha denunciado que la alcaldesa ha vulnerado su derecho a participar en el Pleno al amparo del artículo 91 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que permite que los grupos integrantes del Gobierno actúen con una única voz cuando así lo determine la Alcaldía . El portavoz de Vox, Víctor Acosta, ha calificado la decisión como "un acto de censura política" y ha advertido de que el PP está más interesado en alcanzar acuerdos con la izquierda que en respetar a su socio de gobierno . La formación ha anunciado que recurrirá la decisión de la alcaldesa.

El portavoz del PP, Gustavo Severien, ha defendido la modificación de créditos como una medida necesaria para atender obligaciones pendientes del Ayuntamiento y ha criticado a Vox por su voto en contra, que ha calificado de "irresponsable". Severien ha insistido en que el equipo de gobierno ha intentado contactar con Vox en varias ocasiones, sin éxito, y ha recordado que la formación de extrema derecha ha optado por no responder a los llamamientos del PP para mantener el diálogo . El concejal popular, Vicente Pérez, ha respondido con ironía a la denuncia de Vox, señalando que "para hablar de censura primero conviene haberse leído el Reglamento Orgánico Municipal" y que la alcaldesa "cumplió el reglamento, el Pleno siguió su curso" .

El portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, ha cargado contra el gobierno municipal y ha calificado de "espectáculo bochornoso" la situación generada por PP y Vox, que califica de un ejecutivo "dividido, enfrentado y sin rumbo" . La formación socialista ha dejado claro que su voto a favor no es un respaldo a la gestión de Judith Piquet y que no se repetirá si no cambia el tono y la forma de gobernar del PP . El PSOE ha advertido de que Alcalá no puede seguir pagando el precio de un "gobierno roto".

La decisión de Judith Piquet de impedir a Víctor Acosta hablar en el Pleno es una vulneración directa del ordenamiento jurídico que podría tener graves consecuencias para la alcaldesa y para el gobierno municipal. La argumentación jurídica es sólida y se basa en varios pilares que señalan la gravedad de su actuación.

El derecho de los concejales a participar en los Plenos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes. Este derecho, conocido como *ius in officium*, incluye el derecho a desempeñar el cargo de acuerdo con la ley y a obtener la información necesaria para ello, y su vulneración constituye una perturbación arbitraria de un derecho fundamental, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo .

La Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) desarrolla este derecho en su artículo 77, que establece que los concejales tienen derecho a participar en los debates de los órganos colegiados, a formular ruegos y preguntas, y a intervenir en los asuntos que se traten en el Pleno. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) estatal es más respetuoso con los derechos individuales, ya que permite a todos los concejales plantear ruegos y preguntas . El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha señalado que limitar este derecho atenta contra la Constitución y la LBRL .

La alcaldesa ha justificado su decisión en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de Alcalá de Henares, que, según su interpretación, le permite decidir si el Gobierno de coalición actúa con una sola voz. Sin embargo, esta interpretación es insostenible por varias razones. En primer lugar, el derecho a intervenir en los Plenos no es una concesión de la alcaldesa, sino una parte del núcleo esencial del derecho de participación política de los concejales. En segundo lugar, el ROF estatal no contempla que el presidente del Pleno pueda impedir a un concejal intervenir, y la jurisprudencia ha señalado que los reglamentos municipales no pueden restringir derechos fundamentales reconocidos por la Constitución . Si el ROM de Alcalá realmente permite a la alcaldesa silenciar a un concejal para imponer la "voz única" del gobierno de coalición, la norma es probablemente ilegal, y más grave aún es su aplicación en este Pleno para impedir una intervención legítima .

La decisión de la alcaldesa podría tener consecuencias penales. Si se demuestra que la alcaldesa conocía el derecho de Acosta a intervenir y, aun así, le impidió hablar, su resolución podría considerarse injusta y arbitraria, lo que podría constituir un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal. Este delito castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La alcaldesa podría enfrentarse a una querella por prevaricación, y si es condenada, podría ser inhabilitada para el ejercicio de cargo público. Además, la portavoz de Vox ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la alcaldesa, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría anular los acuerdos del Pleno si se demuestra que se ha vulnerado el derecho de Acosta a intervenir, lo que invalidaría la votación de la modificación de créditos .

El Pleno extraordinario ha confirmado la ruptura total del pacto de gobierno y ha abierto un escenario de inestabilidad política en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el que el PP ha demostrado que puede gobernar sin Vox, pero a costa de verse obligado a negociar con la oposición para sacar adelante sus iniciativas. Vox ha quedado aislado y ha anunciado que recurrirá la decisión de la alcaldesa. El PSOE y Más Madrid han votado a favor de la modificación de créditos, pero han advertido al PP de que su apoyo no es incondicional. La política de Alcalá ha entrado en una nueva fase de confrontación y las consecuencias de esta sesión plenaria se dejarán sentir durante mucho tiempo. Los partidos políticos se preparan para un otoño caliente en la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid.