La Comunidad pide el cierre de todos los macrocampamentos para inmigrantes

Este jueves la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, anunció su intención de presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento para solicitar el cierre del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad. Esta decisión surge tras un incidente de agresión sexual que involucró a un joven residente del centro, lo que ha generado una creciente preocupación entre los ciudadanos locales.

Judith Piquet expresó que, a pesar de la solidaridad mostrada por Alcalá hacia los inmigrantes y solicitantes de asilo, el CAED ha excedido su capacidad máxima, albergando a más de 1.700 personas. Esta situación ha generado inquietud entre los vecinos y las familias de la localidad, afectando la convivencia y la percepción de seguridad en la zona.

La alcaldesa subrayó que la falta de un plan adecuado de integración y seguridad ha contribuido a un ambiente de desorden, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los residentes. Piquet enfatizó que las familias de Alcalá tienen derecho a vivir en un entorno seguro y libre de temores. La alcaldesa destacó el apoyo brindado a la víctima por parte de la comunidad y el Ayuntamiento, que se ofreció a ayudar a la familia desde el primer momento. Además, Piquet agradeció a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su rápida intervención, que fue crucial para la detención del agresor.

La moción que se presentará en el Pleno del Ayuntamiento el 15 de julio tiene como objetivo principal solicitar el cierre del CAED. Judith Piquet busca el respaldo de todos los grupos políticos para exigir al Gobierno de España una gestión más equitativa del reparto de centros de acogida en todas las comunidades autónomas.

Piquet también reiteró la necesidad de establecer un plan de seguridad para todos los centros de acogida, lamentando la falta de respuesta del Gobierno de España a sus solicitudes durante los últimos 20 meses. Esta moción se alinea con las preocupaciones de las familias de Alcalá respecto a la seguridad y la normalidad en su ciudad.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, realizó una declaración en la que exigió al Gobierno central el cierre de varios "macrocampamentos" de migrantes ubicados en Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón. Esta demanda surge en el marco de un creciente debate sobre la gestión de la migración en España y la efectividad de las políticas actuales.

García Martín expresó su preocupación por la situación de los migrantes y la falta de medidas adecuadas por parte del Gobierno español. En su intervención, lamentó profundamente un incidente reciente en el que una joven fue agredida por un migrante de 21 años de nacionalidad maliense, quien se encontraba alojado en el Centro de Acogida y Emergencia en Madrid. Este hecho ha intensificado la urgencia de su llamado a la acción.

El consejero solicitó al delegado del Gobierno que se implementen medidas de seguridad más efectivas, incluyendo un aumento en la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la dotación de recursos necesarios para garantizar la protección de los ciudadanos. García Martín enfatizó que la existencia de estos centros de migrantes no debe ser vista como la única solución a un problema complejo que, según él, es resultado de la falta de políticas y liderazgo del Gobierno.

García Martín criticó la situación de las fronteras españolas, describiéndolas como "las más permeables" de la Unión Europea. Aseguró que el Gobierno no está tomando medidas adecuadas para abordar esta problemática, lo que ha llevado a una presión migratoria significativa en la región.

El consejero insistió en que es urgente el cierre de los macrocampamentos en la Comunidad de Madrid, argumentando que la situación migratoria está afectando a toda Europa y que hay personas que incluso pierden la vida en el mar mientras intentan llegar a las costas españolas. Su mensaje fue claro: "no estamos haciendo absolutamente nada" para abordar esta crisis.

En relación a la llegada de 400 menores migrantes a Pozuelo de Alarcón, García Martín cuestionó la lógica detrás de esta distribución, señalando que se realizó sin consultar a otras administraciones públicas y sin proporcionar criterios claros que justifiquen la concentración de 400 menores no acompañados en una sola localidad, especialmente en un contexto de alta presión migratoria.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acusó al Partido Popular (PP) de mantener un silencio cómplice ante las agresiones sexuales en la Comunidad de Madrid, mientras que, por otro lado, se alarman cuando los agresores son personas migrantes. En su intervención, Martín citó estadísticas sobre agresiones sexuales con penetración en la región, señalando que en 2024 se registraron 664 casos, de los cuales 13 ocurrieron en Alcalá de Henares. En el primer trimestre de 2025, ya se habían reportado cinco agresiones en la misma ciudad.

Martín lamentó que no se hubiera escuchado una respuesta del PP o de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, en relación a estos incidentes, sugiriendo que la preocupación del partido por la violencia de género es selectiva y racista. En su opinión, el PP solo reacciona cuando el agresor pertenece a un grupo racial específico, lo que, según él, refleja una falta de compromiso con la seguridad de las mujeres.

El delegado del Gobierno instó al PP a participar en un análisis sobre la violencia de género, destacando que este partido ha sido el único que se ha negado a colaborar en este esfuerzo. Martín enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto para abordar la violencia machista, sugiriendo que el racismo en el discurso político contribuye a la polarización de la sociedad.

Martín denunció que la preocupación del PP por las agresiones sexuales está motivada por el color de piel del agresor, lo que él considera una forma de racismo que debe ser erradicada. Hizo un llamado a la responsabilidad de los políticos para no inflamar las tensiones raciales y sociales en sus discursos.

La detención del joven maliense, que se encontraba en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, provocó una concentración no comunicada a la Delegación del Gobierno. Durante esta manifestación, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, resultando en cuatro detenidos y una veintena de identificados.

Francisco Martín expresó su rechazo a los disturbios, afirmando que son el resultado de "calentar las calles" mediante discursos irresponsables. Criticó la forma en que se señala a un colectivo específico por el comportamiento de un individuo, lo que, según él, no es justo ni efectivo. Martín aseguró que el CAED está operando con normalidad y que cualquier incidente es manejado por las autoridades competentes. Reiteró que la persecución de los delitos debe ser igualitaria, independientemente de la procedencia del agresor.

En respuesta a rumores sobre la capacidad del CAED, Martín aclaró que aunque la instalación tiene una capacidad máxima de 1.700 internos, la ocupación actual es significativamente menor. Defendió la transparencia en la gestión del centro, contrastándola con la situación de otros centros de menores bajo la tutela del Gobierno regional.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino acusó directamente a los partidos políticos PP (Partido Popular) y PSOE (Partido Socialista Obrero Español) de ser "cómplices" de la agresión sexual. Esta acusación se basa en la premisa de que, según Vox, ambos partidos han fallado en proteger a las mujeres españolas de la violencia que, según ellos, proviene de ciertos sectores de la población migrante.

La portavoz de Vox instó a la sociedad española a "reaccionar de una vez ante esta invasión de salvajes".  Las declaraciones de Pérez Moñino se realizaron en un vídeo grabado durante una concentración no autorizada en Alcalá. Pérez Moñino exigió un control más riguroso de las fronteras y la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Esta demanda es un pilar central de la política de Vox, que ha abogado por políticas más estrictas en materia de inmigración.

Vox ha reiterado que la Comunidad de Madrid tiene la capacidad para repatriar a migrantes en situación irregular, argumentando que solo se requiere "voluntad política" para llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por el Gobierno regional, que ha señalado que las competencias en materia de fronteras y seguridad corresponden al Gobierno de España.

El Ejecutivo regional ha respondido a las acusaciones de Vox, recordando que la gestión de las políticas de inmigración y seguridad es una responsabilidad del gobierno central, y no de las comunidades autónomas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín criticó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por lo que considera una evasión de responsabilidad. Según el consejero, Martín "echa balones fuera" al desviar la atención de su propia gestión, sugiriendo que el delegado intenta culpar a otras administraciones por la situación de seguridad en Madrid. Esta crítica surge tras las declaraciones de Martín, quien acusó al Partido Popular de guardar silencio ante agresiones sexuales en la región, mientras que, en su opinión, se alarma cuando los perpetradores son migrantes.

El consejero también cuestionó la tendencia de Martín a utilizar el "racismo" como justificación para su falta de acción. García Martín instó al delegado a explicar a las familias de la víctima si su demanda de mayor seguridad en las calles es un acto de racismo. Esta afirmación subraya la tensión existente entre la necesidad de abordar la seguridad pública y la sensibilidad hacia las cuestiones de inmigración y racismo.

García Martín enfatizó que Francisco Martín tiene "competencias mollares y fundamentales" para garantizar la seguridad en Madrid. Según el consejero, el delegado no está ejerciendo adecuadamente estas competencias, lo que contribuye a un ambiente de inseguridad en la región. Esta crítica se centra en la necesidad de que el Gobierno central asuma un papel más activo en la gestión de la seguridad pública.

El consejero instó a Martín a unirse al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la exigencia de un "control en las fronteras". García Martín mencionó específicamente la importancia de la vigilancia en la ruta Canaria y en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, sugiriendo que una mejor gestión de las fronteras podría contribuir a una mayor seguridad en la región.

El PSOE de Madrid emitió un comunicado en relación a un caso de agresión sexual ocurrido en Alcalá de Henares, donde el presunto agresor es un migrante que reside en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación.

El PSOE ha pedido que se aplique "todo el peso de la Justicia" al detenido por la agresión sexual. Este llamado a la acción judicial refleja la postura del partido en favor de la protección de las víctimas de agresiones sexuales y la necesidad de una respuesta contundente por parte del sistema judicial.

El partido ha enfatizado que no se debe "señalar a un colectivo entero", en este caso, a los migrantes o a los hombres negros que residen en Alcalá de Henares y Madrid. Este llamado a la prudencia se fundamenta en la preocupación por el odio que puede generarse al generalizar y estigmatizar a grupos enteros por las acciones de un individuo.

El representante del PSOE, Morales, ha expresado su apoyo a la víctima de la agresión, subrayando la importancia de cuidar el lenguaje y las acciones que se toman en respuesta a este tipo de delitos.

Morales ha dirigido críticas a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, señalando que en su ciudad ha habido "muchas agresiones sexuales desgraciadamente". A pesar de esto, ha indicado que no ha escuchado a Piquet pedir "todos los medios al alcance" para abordar la situación de violencia de género en la localidad, lo que sugiere una falta de acción coordinada frente a este problema.

El representante del PSOE ha señalado que las agresiones sexuales están "disparadas" en la Comunidad de Madrid. En este sentido, ha criticado al Gobierno regional, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por desmantelar programas de prevención de la violencia de género en los centros educativos. Morales ha argumentado que la inversión en recursos para atender a las mujeres agredidas sexualmente es insuficiente, comparando el presupuesto destinado a estas iniciativas con el que se ha creado para atender a hombres agredidos.

Morales ha hecho un llamado a la prudencia en el tratamiento del caso específico de la agresión sexual en Alcalá de Henares. Ha instado a no generar odio hacia la mayoría de las personas migrantes que, según él, vienen a contribuir positivamente a la sociedad y a mejorar la ciudad