El PP votó en contra de la propuesta

El 10 de abril de 2024, la Asamblea de Madrid tomó la decisión de rechazar la creación de una comisión de investigación relacionada con el 'caso FP'. Este caso se centra en las presuntas irregularidades y el trato de favor a ciertas empresas en la ejecución de obras en centros de Formación Profesional (FP) en la región. Las irregularidades se habrían producido mediante contratos menores fraccionados, con el objetivo de eludir la licitación pública y actuar al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.

La decisión fue el resultado de una votación en el Pleno de la Asamblea, donde el Partido Popular (PP) utilizó su mayoría absoluta para rechazar la propuesta de investigación. Este hecho se produjo en un contexto de creciente preocupación sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de contratos públicos en la Comunidad de Madrid.

El diputado del PP, Pablo Posse, defendió la postura de su partido argumentando que la propia Comunidad de Madrid había sido la que denunció las presuntas irregularidades ante la Fiscalía el 13 de marzo de 2024. Posse subrayó que, en cuanto se tuvo conocimiento de las posibles irregularidades, se procedió a informar a la Fiscalía y se amplió la denuncia a otros cinco centros de FP. Además, comparó la actuación de la Comunidad de Madrid con la del Gobierno central, acusando al PSOE de ocultar irregularidades.

El diputado del PSOE, Esteban Álvarez, solicitó una investigación interna para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Álvarez destacó que se trataba de millones en contratos fraccionados, lo que consideró un delito. Afirmó que la investigación judicial ya estaba en curso y que su intención era depurar responsabilidades políticas, no actuar como juez. Citó ejemplos de centros implicados en el caso, como el Ciudad Escolar y el IES Príncipe Felipe, y criticó la reducción del presupuesto de inversiones en educación pública bajo la gestión del PP.

La diputada de Más Madrid, Beatriz Borrás, se unió a las críticas, mencionando que su formación había presentado 342 contratos irregulares ante la Fiscalía. Estos contratos, según Borrás, se habían adjudicado sin concurso público y de manera arbitraria. También hizo referencia a la firma de informes por parte de Enrique Osorio, exconsejero de Educación, sugiriendo que su implicación en el caso era significativa.

Ana Cuartero, diputada de Vox, planteó una pregunta retórica sobre si había más corrupción en el PP o en el PSOE, sugiriendo que el bipartidismo estaba "absolutamente podrido" y que la corrupción había invadido todas las instituciones. Su comentario refleja un descontento generalizado con los partidos tradicionales y su gestión.