Condenan al Ayuntamiento a readmitirlos y abonarles dos años de salario

El 29 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares llevó a cabo el despido de 12 empleados de la grúa municipal. Estos trabajadores estaban vinculados a la empresa Conforvial S.L., que había estado prestando servicios en el depósito municipal de vehículos durante al menos cinco años. La decisión de despedir a los empleados se produjo tras la finalización del contrato de servicio que la mencionada empresa tenía con el Consistorio.

El 4 de diciembre de 2023, la Policía Local de Alcalá de Henares, junto con un técnico municipal, notificó a Conforvial S.L. que debía cesar su actividad de recogida de vehículos debido a la finalización del contrato. A pesar de los intentos de que el Ayuntamiento asumiera la responsabilidad de los empleados, no se llevó a cabo la subrogación de los contratos, un proceso que es exigido por el Convenio Colectivo, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Contratos del Estado.

El 26 de enero de 2026, la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, ubicado en Plaza nº 47 de Madrid, dictó una sentencia que declara nulo el despido de los 12 trabajadores. Esta sentencia fue conocida el 2 de febrero de 2026 y establece que el despido fue inválido debido a la falta de un procedimiento adecuado para un despido colectivo y la omisión de la subrogación de los contratos de los trabajadores.

Como resultado de la sentencia, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares está obligado a readmitir a los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo. Además, debe abonarles los salarios correspondientes desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 2 de febrero de 2026, lo que representa más de dos años de salarios acumulados.

Luis Suárez Machota, abogado laboralista de los trabajadores de SBO Abogados, expresó que se ha hecho justicia para los empleados y lamentó la falta de voluntad por parte de la alcaldesa Judith Piquet, del Partido Popular, y la concejala responsable para negociar la situación de los trabajadores. Suárez Machota indicó que la administración municipal había evadido la negociación, argumentando que el asunto estaba en manos de los juzgados.

El abogado destacó que una negociación previa con los trabajadores podría haber evitado el sufrimiento económico que han enfrentado durante más de dos años en situación de desempleo. Además, el Ayuntamiento ahora se enfrenta a los costos derivados de cumplir con la sentencia, que incluye el pago de los salarios de los dos años anteriores y la necesidad de coordinarse con el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para anular las prestaciones de desempleo que los trabajadores habían cobrado.

Los trabajadores esperan que, tras la sentencia, el Ayuntamiento rectifique su postura de rechazo y proceda con su readmisión. En caso de que el Consistorio decida apelar la sentencia, estará obligado a dar de alta a los trabajadores y a pagarles sus salarios durante el proceso de tramitación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.