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19 Sep 2024 |
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La justicia pone fin a uno de los episodios más negros de la arqueología españolaComo era de esperar, los políticos a lo largo de los diez años del proceso judicial del llamado "Caso Calvario" han centrado sus argumentos en haber hecho o no las cosas conforme a la Ley, pero lo que subyace es muchísimo más serio, y es que la destrucción del yacimiento de El Calvario no es solo una operación de especulación urbanística, sino, y sobre todo, el acto final que entierra los orígenes de la localidad de Coslada. Y es que, no hay que olvidarlo, el nombre de Coslada muy posiblemente proceda de la voz latina "cos-lata" piedra abundante, y precisamente esa piedra es la que buscaban los pobladores de la vega del Jarama en la época paleolítica. Pero vamos al principio. La primera referencia que se tiene del yacimiento arqueológico de El Calvario aparece en 1965, en un estudio de Esteban Márquez Triguero publicado por el Instituto Geológico y Minero. En concreto el geólogo explica que se han encontrado vestigios del Paleolítico Inferior, Neolítico y Edad del Bronce muy bien conservados por situarse en una terraza recubierta por arcillas. Márquez explica que estos sedimentos deben corresponder a los fondos de una red fluvial en la que se fueron depositando a lo largo de los siglos los distintos elementos tallados por el hombre. Y por eso no es extraño que en esta primera investigación preliminar ya encuentre pedernales, cuchillos y hachas, además de raspadores y puntas. El geólogo explica que es el mayor yacimiento de hachas de mano de Madrid, y que, muy probablemente, correspondan a un período de transición entre el Acheluense y el Musteriense. Además, explica, todo apunta a que los restos pueden estar esparcidos por una zona muy amplia de territorio, lo que da idea de la importancia del asentamiento, que sitúa como el segundo más importante de Madrid en ese momento, tras el de Vallecas descubierto años antes (evidentemente, Pinilla del Valle todavía no estaba en los mapas). El hallazgo, que provoca nuevas excavaciones en las siguientes décadas, hace que en 1991 Coslada decida incoar el procedimiento para la declaración BIC del yacimiento. Y así ocurre: el 16 de diciembre de 1991 el Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid aprueba el inicio de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, explicando, textualmente, que "en los inmuebles y viales afectados por la delimitación de esta zona arqueológica no se podrá realizar obra o remoción de terreno sin la previa autorización otorgada por esta Dirección General de Patrimonio Cultural, no se podrán colocar carteles o anuncios de publicidad comercial como tampoco cables antenas y conducciones aparentes". Sin embargo, el tiempo pasa y el mismo Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida que había pedido la declaración BIC inicia en 1995 la redacción de un nuevo PGOU que, entre otras cosas, abría la puerta a otros usos para la parcela protegida. En la aprobación de ese PGOU la Comunidad volvía a dejar muy clara su postura, recordando que era indispensable un informe de la Dirección General de Patrimonio para cualquier movimiento de tierras. Pero el Gobierno Local no lo cumplió, y aprobó en Junta de Gobierno el movimiento de tierras pedido por los propietarios de la parcela, lo que provocaba una primera destrucción del yacimiento. En concreto toda la parte que hoy es el CTC y las viviendas en torno al Recinto Ferial, y dejando una última zona con la categoría de equipamiento sin excavar. Mucho tiempo después, en 2004, un recién elegido como alcalde Raúl López da comienzo al proyecto de construcción de un Hipercor en la parcela protegida, una idea que ya estaba en el aire desde la Legislatura anterior, y que se concretará tras el cambio de Gobierno. En concreto, el Corte Inglés pretendía construir un Centro Comercial de cuatro plantas en el que, afirmaba, daría trabajo a unas 600 personas. Y para ponerlo en marcha proponía la permuta de una parcela que poseía en plena Rambla para construir ahí los equipamientos, que iban a ser un nuevo Ayuntamiento, un centro cultural y una escuela de Hostelería, Comercio y Turismo. Tras este anuncio del proyecto, la permuta era aprobada por el Consistorio en julio de 2006 a través de una modificación del PGOU de 1995 en el que no aparecía ninguna referencia a la protección de la parcela, algo que llevó al portavoz de la PIC a denunciarlo. Así las cosas, la Comunidad aprueba la modificación y la permuta a pocos días de las elecciones de 2007, levantando las iras de la Plataforma en Defensa del Parque Ferial de Coslada, que iniciará manifestaciones en contra de la llegada de la gran superficie. En concreto, explicaban "Esta operación, no sólo es ilegal, sino que supone un atropello de nuestros derechos ciudadanos y la destrucción del modelo de ciudad que queremos, pasando por la malversación del patrimonio público, el caos circulatorio y de peligrosidad vial, la destrucción de zonas verdes y de ocio, la desaparición del pequeño y mediano comercio con sus puestos de trabajo. En definitiva, la pérdida total de la calidad de vida de la que, hasta hace poco, gozaba este municipio". Pero la plataforma, que llegó a presentarse en El Corte Inglés de Preciados para protestar contra la multinacional, fue más allá, planteando un recurso ante los tribunales de justicia “por las muchas irregularidades legales que, para conseguir su propósito, han cometido tanto el Ayuntamiento de Coslada como la Comunidad de Madrid”. El recurso pedía la paralización de la ejecución de la orden dada por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid y “la inmediata suspensión del procedimiento administrativo en curso para proceder a la construcción de un gran centro comercial Hipercor en el área urbana de Coslada, una operación especulativa contraria a los intereses ciudadanos”. Tras el cambio de Gobierno, Viveros aprueba una nueva permuta, cambiando el uso de dos de los tres edificios que debía financiar El Corte Inglés, para que fuesen el Teatro, el Centro de Mayores y un Centro Cultural. El PP, que ahora estaba en la oposición, vota en contra de la nueva permuta al no haber sido aprobada por la Comunidad de Madrid. Pero el visto bueno de Esperanza Aguirre llegaba en poco tiempo, y todo apuntaba a que por fin el Hipercor iba a poner su primera piedra. Así en diciembre de 2010, y en Junta de Gobierno, Coslada concede la licencia de movimiento de tierras sin haber pedido el informe preceptivo a la Dirección General de Patrimonio, que seguía en vigor desde la petición de declaración BIC de 1991. Así las cosas, en diciembre de ese mismo año comienzan las obras, que debían prolongarse por un tiempo de año y medio. Pero enseguida quedan paralizadas tras excavarse un hoyo de diez metros de profundidad. La razón es que los nuevos edificios hacen que a la empresa no le salgan las cuentas, por lo que pide una nueva modificación del proyecto para construir ocho alturas, y amenaza con llevar a los tribunales a los concejales que voten en contra. Y es que el Gobierno de Raúl López que nace en 2013 es extremadamente débil, al no tener mayoría absoluta en el Pleno, llegándose incluso a plantearse una posible moción de censura en 2014. Pero las negociaciones no llegan a buen puerto, y ese mismo 2014 se aprueba el nuevo proyecto, lo que, por cierto, López anuncia a bombo y platillo como el desbloqueo definitivo de las obras del Hipercor. Pero las obras no se reanudarán, pues en 2012 había estallado el escándalo. Patrimonio acude a Coslada para inspeccionar la situación en que se encuentra el yacimiento, y lo que se encuentran es un panorama desolador: el espacio ha sido vaciado y no queda nada del yacimiento de El Calvario. Tras el informe, la Comunidad abre un expediente al Ayuntamiento que concluye, en 2015, con el traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente de lo ocurrido. En 2018, y de nuevo con Viveros como alcalde, la investigación de la Fiscalía termina con denuncia penal, por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada abre diligencias previas y cita en calidad de investigados a las nueve personas que formaban parte de la Junta de Gobierno que concedió la licencia de movimiento de tierras allá por 2010, es decir siete miembros del Gobierno, y los dos portavoces de la oposición, pues Coslada en aquel momento permitía formar parte de sus Juntas de Gobierno a los líderes de la oposición. Y con las obras paradas, un gigantesco agujero junto al Recinto Ferial, y los políticos imputados, comienza un largo viacrucis judicial que terminaba hace unos meses. En concreto, la jueza desimputaba a los pocos meses a siete de los nueve imputados manteniendo únicamente al Alcalde y al concejal de Urbanismo, e imputando a dos técnicos responsables del informe que permitió el movimiento de tierras. Pero el tiempo seguía pasando, y el delito de destrucción de patrimonio prescribió, por lo que los acusados pidieron el sobrecimiento de la causa, al ser totalmente extemporánea (el delito prescribió a los cinco años de su comisión, es decir, en plena investigación de la Fiscalía, y antes de que el caso llegase al juzgado), para cerrar uno de los capítulos más negros de la historia de la arqueología en España. |