Al igual que el Gobierno Local, considera que presentarse a la licitación es una aceptación tácita del pliego de condiciones

El Tribunal Administrativo de la Comunidad de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la asociación Hoope contra la adjudicación del Centro de Protección Animal (CPA) de Torrejón de Ardoz. El organismo ha rechazado la impugnación por una cuestión formal: considera que, al haberse presentado a la licitación, la protectora aceptó los pliegos, y que las alegaciones sobre su contenido deberían haberse planteado en una fase anterior.

Como consecuencia, la resolución no entra a analizar el fondo del asunto. No se pronuncia sobre si el presupuesto es suficiente para garantizar el bienestar animal ni sobre si el modelo de gestión planteado por el Ayuntamiento es el adecuado. El Tribunal no ha evaluado si el pliego estaba por debajo del coste real del servicio, un extremo que el propio Ayuntamiento habría reconocido en una reunión con Hoope. La protectora asegura que en ese encuentro se admitió que el presupuesto de licitación era insuficiente para cubrir los gastos reales de gestión.

Tampoco se ha pronunciado sobre si los requisitos económicos exigidos a los licitadores (acreditar ingresos anuales de 1,5 millones de euros) son proporcionados o si, como denunció Hoope, estaban diseñados para excluir a las entidades sociales sin ánimo de lucro.

Hoope valora interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tiene un plazo de dos meses para hacerlo. Esta vía, sin embargo, no paraliza automáticamente el procedimiento de adjudicación. Al levantarse la suspensión, el Ayuntamiento podría continuar con la formalización del contrato en cualquier momento. Según Hoope, a día de hoy el Consistorio sigue sin ponerse en contacto con ellos para gestionar el tránsito, aunque un confidente les ha informado de que esta semana se iban a reunir con la empresa ARAT, a pesar de no haber firmado todavía el contrato.

Hoope ha denunciado que se encuentra en una situación de máxima urgencia. Si el proceso sigue adelante sin un plan de transición ordenado, se verán obligados a reubicar a los animales que actualmente protegen con muy poco margen de tiempo. Además, necesitan preparar sus propias instalaciones para poder seguir protegiéndoles una vez que el CPA cambie de manos. La asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Cada aportación, cada difusión y cada gesto cuenta para que podamos seguir salvando vidas".

La relación entre Hoope y el Ayuntamiento de Torrejón se rompió en octubre de 2025, cuando la protectora denunció que el Consistorio acumulaba una deuda de más de 100.000 euros por los servicios prestados en el CPA durante quince años. Según Hoope, tras esa denuncia el alcalde, Alejandro Navarro, se comprometió a regularizar los pagos, pero cuatro meses después solo se había abonado una factura, quedando unas cinco pendientes.

El proceso de licitación que ahora ha quedado desbloqueado se publicó el 30 de diciembre, sin previo aviso a Hoope, que no se enteró hasta el 5 de enero. La asociación denunció que los nuevos pliegos daban mucho más peso a la oferta económica que al proyecto técnico (protocolos, rescates, formación), y exigían a los licitadores acreditar ingresos anuales de 1,5 millones de euros, un requisito que consideran un "oscurantismo" para excluir a las protectoras sociales. Hoope necesitará movilizar recursos para seguir protegiendo a los animales si finalmente el CPA se adjudica a otra empresa. La batalla, mientras tanto, podría trasladarse al Tribunal Superior de Justicia.