Según la Audiencia Provincial, se la trajeron de Asturias y no le dejaron volver
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión por un delito de detención ilegal y un delito de trato degradante por su participación en el aislamiento e incomunicación de la tía de su exmujer, una mujer de 85 años a la que impidieron regresar a su domicilio en Asturias. En la misma resolución, el tribunal condena a nueve años de cárcel a Aránzazu Suárez Palomino por los delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal cometidos contra su tía Isabel.
La resolución absuelve a Aránzazu del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada, y Luis Lorenzo queda absuelto también de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. Asimismo, la Audiencia absuelve a Ana Elizabeth V., cuidadora de Isabel, de todos los delitos por los que estaba acusada. El abogado de la familia, el letrado Jaime Sanz de Bremond, ha expresado su satisfacción por las condenas impuestas a los acusados.
Los hechos probados sitúan el inicio de los acontecimientos el 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu y Luis acudieron al domicilio de Isabel, de 85 años, en Grado (Asturias), y la convencieron para que les acompañara a su residencia de Rivas-Vaciamadrid. La mujer entendía que se trataba de una estancia temporal, como había sucedido en otras ocasiones, y que regresaría a su casa unos días después. Sin embargo, permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de su entorno y de sus familiares. Según declara probado la resolución, los acusados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos, dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo.
La mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad. Durante su estancia en la vivienda, los acusados dificultaron los contactos telefónicos con sus familiares en Asturias y le impidieron utilizar los cuartos de baño de la casa, obligándola a bajar a los aseos comunes del garaje. La sentencia también considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no se le administraba correctamente la medicación prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.
Uno de los episodios destacados por la resolución tuvo lugar el 17 de abril de 2021. Ese día, los acusados acudieron al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, desde aproximadamente las 13:00 hasta las 21:00 horas, pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y, según recoge la sentencia, desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de los agentes de la Policía Municipal.
La resolución también considera probado que Aránzazu aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio. El 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid, donde la mujer otorgó un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior. En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias. La Audiencia declara que Isabel carecía entonces de libertad de testar y de conocimiento suficiente para otorgar válidamente esa disposición, declara nulo el testamento y acuerda que Aránzazu Suárez reintegre a la masa hereditaria 15.097,50 euros, más los intereses legales correspondientes.
La Sala considera que la conducta de Aránzazu y Luis constituyó un ataque a la integridad moral de Isabel y a su dignidad como persona. Los magistrados destacan que la víctima tenía 85 años, se encontraba fuera de su entorno habitual, aislada de sus seres queridos y padecía un deterioro físico y cognitivo progresivo que la hacía especialmente vulnerable. La falta de atención y cuidados, las condiciones en las que vivía y las restricciones impuestas a su vida cotidiana permiten al tribunal concluir que fue sometida a un trato vejatorio, humillante y degradante. Respecto al delito de detención ilegal, la sentencia explica que la privación de libertad no requiere necesariamente que la víctima permanezca encerrada bajo llave, sino que lo determinante es que se anule su libertad de movimientos y su capacidad real para decidir dónde ir. |