La Audiencia Nacional investiga si hay delito de odio contra Israel en las protestas

Más Madrid llevó a cabo este jueves una acción simbólica en el Edificio de Grupos Municipales al desplegar una bandera de Palestina y dos pancartas en solidaridad con el pueblo palestino. Esta acción se realizó en respuesta a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien afirmó en el Pleno del Estado de la Ciudad que "no hay genocidio" en Gaza.

Una de las pancartas dice "Sí, es un genocidio", mientras que la otra reza "Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre". Estas pancartas estarán visibles durante el fin de semana, coincidiendo con la llegada de La Vuelta Ciclista a España a la Comunidad de Madrid. Tras el despliegue, los concejales de Más Madrid expresaron su apoyo al pueblo palestino con gritos como "Que viva la lucha del pueblo palestino" y "Free Palestine".

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, criticó las declaraciones del alcalde, señalando que es "intolerable" que se amenace con reprimir protestas pacíficas que son parte del derecho constitucional a la libertad de expresión y manifestación. Rubiño destacó que en Palestina se está llevando a cabo un "asesinato sistemático de niños" y acusó al Partido Popular (PP) de falta de sensibilidad ante la situación.

Rubiño hizo un llamado a la ciudadanía para que se movilice durante el fin de semana en respuesta a la situación en Palestina, enfatizando que la gente ha tomado la iniciativa ante la inacción de las instituciones. El portavoz también criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por comparar las protestas pacíficas con la banda terrorista ETA, lo que consideró una falta de respeto hacia los manifestantes.

Rubiño defendió la decisión de mantener la bandera y las pancartas, afirmando que el PP y Vox intentan censurar la libertad de expresión de su grupo municipal. Recordó el precedente de las banderas LGTBI y cómo el PP se encontró con obstáculos legales al intentar retirarlas. A diferencia de años anteriores, ningún cargo de Más Madrid asistirá a la recepción final de La Vuelta como una forma de protesta contra la participación del equipo Israel-Premier Tech. En cambio, los miembros del partido se unirán a las movilizaciones programadas para ese fin de semana.

Más Madrid ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar que el equipo de Israel no participe en La Vuelta. Hasta el momento, han reunido más de 10,000 firmas, que se entregarán a las instituciones correspondientes para respaldar su petición.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha hecho un ferviente llamado a todos los madrileños que se consideren "demócratas y defensores de la paz y la libertad" para que se unan a una "marea de dignidad" en apoyo al pueblo palestino. Bergerot ha enfatizado la importancia de ver a Madrid adornado con banderas palestinas, lo que representaría un fuerte contraste con la postura de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de alinearse con el "genocidio".

Bergerot también ha expresado su confianza en que la Delegación del Gobierno garantice la seguridad de los manifestantes frente a lo que ella describe como los "delirios violentos" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Este comentario sugiere una tensión entre las autoridades locales y los organizadores de la protesta.

Por otro lado, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, no ha brindado una respuesta clara sobre la participación del partido en las manifestaciones del fin de semana. Sin embargo, ha defendido la labor del Gobierno de España, subrayando que este ha estado transmitiendo un "respaldo" a la demanda de un alto al fuego en Gaza. Espinar ha afirmado que el Gobierno ha sido pionero en posicionarse contra las "matanzas" que se están llevando a cabo en la región.

Espinar ha enfatizado la urgencia de detener el "genocidio" en Gaza, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los niños y a las familias que sufren en medio del conflicto. Su declaración resalta la preocupación por la pérdida de vidas civiles, especialmente de aquellos que se ven obligados a hacer largas colas para obtener alimentos.

La Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, liderada por Borja Fanjul, inició un análisis jurídico sobre la pancarta exhibida por el partido Más Madrid en el Edificio de Grupos Políticos.

Inma Sanz, portavoz del Ayuntamiento y vicealcaldesa, ha expresado su preocupación por la situación, enfatizando la necesidad de que las formaciones políticas actúen con responsabilidad. Sanz ha advertido sobre los posibles efectos negativos que podrían surgir durante la etapa final de la Vuelta Ciclista de España, programada para el domingo, especialmente tras ciertos "llamamientos antisistema" que han sido emitidos por algunos miembros de partidos que forman parte del Gobierno de España.

Sanz ha manifestado que abrir la posibilidad de exhibir pancartas de diferentes tipos por parte de todos los grupos municipales no es un camino adecuado. Ella argumenta que esto podría llevar a una proliferación de mensajes que no contribuyen a un diálogo constructivo. La vicealcaldesa ha sido categórica al afirmar que, aunque las protestas pacíficas son un derecho legítimo en una democracia, algunos de los mensajes que se están promoviendo son peligrosos y carecen de responsabilidad.

En respuesta a la situación, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha reiterado su apoyo a las protestas pacíficas, subrayando que es fundamental que no se produzcan incidentes. Almeida ha indicado que, en caso de que ocurran problemas, aquellos que han hecho llamados a la acción deben asumir la responsabilidad de sus palabras y garantizar que las protestas se mantengan dentro de un marco pacífico.

La Vuelta a España se encuentra en su fase final, con solo tres etapas restantes antes de la llegada a Madrid y está atravesando un momento crítico, marcado por una serie de protestas en contra de la presencia de Israel en la carrera. Estas manifestaciones han generado un ambiente de tensión que afecta tanto a los participantes como a la organización del evento. A pesar de estos desafíos, el objetivo principal sigue siendo concluir la competencia en Madrid el próximo domingo, sin importar las circunstancias.

La penúltima etapa es especialmente problemática, ya que se desarrollará por la sierra de Madrid y culminará en la Bola del Mundo. Existen crecientes dudas sobre la viabilidad de esta etapa, especialmente en los últimos tres kilómetros de ascenso, que están siendo cuestionados por su seguridad y logística. Un aspecto crítico es el control del circuito que se utilizará en las calles de Madrid durante la etapa final. La organización enfrenta incertidumbres sobre cómo garantizar la seguridad de los ciclistas y del público en un entorno tan tenso.

Ante estas preocupaciones, los ciclistas han sugerido a la organización considerar la posibilidad de realizar la etapa final en un circuito cerrado, como el del Jarama. Sin embargo, esta opción no está siendo contemplada por La Vuelta a España en este momento, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la situación.

Y por si fuera poco el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido abrir diligencias en relación con una denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Esta denuncia se centra por la comisión de presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos vinculados a los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech durante la Vuelta a España.

La denuncia se dirige no solo contra los autores materiales de las acciones, sino también contra los instigadores y amparadores institucionales. Entre los mencionados se encuentran la red RESCOP/BDS, así como varios dirigentes y formaciones políticas, incluyendo EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar. También se cita al director técnico de la carrera.

Además de la denuncia inicial, la asociación ha anunciado que se llevarán a cabo otras acciones legales contra figuras políticas como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La asociación ha justificado su denuncia alegando que ha habido "acciones organizadas coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios" que han puesto en riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad.

Ante las protestas propalestinas que han acompañado la Vuelta Ciclista, el Ministerio del Interior ha desplegado un dispositivo especial de seguridad. Se han anunciado 1.500 agentes de la Policía y la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante las etapas restantes de la competición. El objetivo es equilibrar el "legítimo derecho de manifestación" con el desarrollo seguro de la prueba.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno central la "máxima seguridad" y ha criticado la imagen que se proyecta de España en relación con el antisemitismo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido al Gobierno que no haya "titubeos" en la respuesta a las protestas violentas.

El PSOE ha defendido que los derechos humanos deben prevalecer sobre el deporte, considerando que las protestas son legítimas. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha señalado que las manifestaciones reflejan el sentir de la mayoría de la ciudadanía española, aunque ha matizado que la violencia no es aceptable. En contraste, el PP ha mostrado desconfianza respecto a la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad en eventos deportivos internacionales.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha instado a los dirigentes políticos a actuar con responsabilidad y no calentar el ambiente, buscando compatibilizar el desarrollo de la prueba con el derecho de manifestación de los ciudadanos. Se han implementado dispositivos policiales no solo en Madrid, sino también en otras localidades como Ourense y Valladolid.

Durante la Vuelta, se han producido incidentes que han obligado a la organización a tomar decisiones drásticas, como acortar una etapa en Galicia debido a una concentración que bloqueó el paso de los ciclistas. Además, la policía ha realizado detenciones en protestas relacionadas, evidenciando la tensión entre las manifestaciones y el evento deportivo.

Inma Sanz ha confirmado que el dispositivo de seguridad para la Vuelta de este año "duplica" el de años anteriores. Se estima que alrededor de mil efectivos estarán involucrados, con aproximadamente 800 agentes de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad. Además, se contará con un despliegue de Samur-Protección Civil que superará el de años anteriores.

En comparación con el año 2022, que tuvo cerca de 400 agentes de Policía Municipal, el dispositivo de este año estaba inicialmente planificado para contar con unos 500 agentes. La carrera en Madrid abarca aproximadamente 40 kilómetros, y el refuerzo en seguridad es considerado "extraordinario". Sanz ha recordado que la responsabilidad en materia de seguridad y orden público recae en la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, enfatizando la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes fuerzas de seguridad.

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido que se garantice la seguridad de los ciclistas y de todos los asistentes al evento. Se ha subrayado que es ilegal impedir la celebración de la Vuelta y poner en riesgo la integridad física de los participantes. El equipo de Gobierno ha manifestado su respeto hacia las protestas pacíficas que puedan ocurrir durante el evento, pero ha dejado claro que se actuará con contundencia ante cualquier acto violento o delictivo. Se ha enfatizado que no se tolerarán acciones que busquen boicotear la prueba deportiva.

Inma Sanz ha expresado su escepticismo respecto a la actuación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, indicando que no ha mostrado la firmeza necesaria en situaciones previas. Ha criticado la falta de contundencia en su respuesta ante la posibilidad de incidentes violentos. Sanz ha calificado de "profundamente irresponsables" a ciertos grupos políticos que no asistirán al evento, sugiriendo que deben rendir cuentas sobre su falta de compromiso con un evento de tal relevancia.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el Ayuntamiento ha brindado toda la colaboración necesaria a la Delegación del Gobierno, esperando que los medios implementados sean suficientes para prevenir incidentes. Almeida también ha reiterado su respeto por las protestas pacíficas, destacando que estas no deben ser reprimidas para evitar disturbios. Ha confiado en que la Delegación del Gobierno actuará de manera adecuada para prevenir y perseguir cualquier intento de violencia que pueda surgir.

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache calificó de "vergüenza" el hecho de que la izquierda en Madrid promueva un boicot hacia un evento deportivo de gran relevancia como lo es la Vuelta Ciclista a España. Según él, este tipo de acciones no solo son inapropiadas, sino que también dañan la imagen de España en el contexto internacional.

Díaz-Pache argumentó que las acciones de la izquierda, motivadas por intereses políticos, complican la percepción que se tiene de España en el exterior. Esta crítica sugiere que el boicot podría tener repercusiones negativas en la reputación del país. Aunque Díaz-Pache reconoce el derecho de las personas a protestar por causas en las que creen, enfatiza que no es apropiado hacerlo a expensas de un evento deportivo que involucra a profesionales que se dedican al ciclismo. El portavoz del PP subraya que los ciclistas y los equipos que participan en la Vuelta no tienen relación con las situaciones políticas que puedan estar ocurriendo en sus países de origen. Por lo tanto, considera injusto que sean objeto de un boicot que los afecte directamente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se pronunció sobre una inminente protesta en Madrid a favor de Palestina, programada para coincidir con la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Esta manifestación se anticipa como "masiva y pacífica", reflejando el creciente apoyo de la sociedad civil hacia la causa palestina.

Durante su intervención en los pasillos de la Asamblea de Madrid, en el marco del Debate sobre el Estado de la Región (DER), Mónica García expresó su orgullo tanto por el papel activo de la sociedad civil como por la postura del Gobierno de España en relación con la crisis en Palestina. Subrayó que el Gobierno ha tomado una posición clara en contra de lo que ella calificó como "masacre", haciendo hincapié en la necesidad de que Europa reaccione ante la situación.

García destacó que el Ejecutivo español se encuentra "a años luz" de otros gobiernos en cuanto a las medidas adoptadas contra lo que ella considera un "genocidio en Israel". Esta afirmación sugiere una crítica a la falta de acción por parte de otros países europeos y una defensa del enfoque proactivo que ha tomado España.

En un momento de su discurso, García dirigió un llamado a la derecha española, cuestionando si existe alguna facción "conservadora, liberal o incluso católica" que se atreva a condenar el genocidio. Esta pregunta busca provocar una reflexión sobre la postura de estos grupos políticos frente a la crisis humanitaria en Palestina.

Cuando se le preguntó sobre su asistencia a la protesta programada para el domingo junto a sus compañeros de Más Madrid, Mónica García no confirmó su presencia. Sin embargo, dejó claro que su compromiso en la lucha contra el "genocidio" se manifestará de múltiples maneras. Afirmó que su "empuje" se verá reflejado en las calles, en las asambleas, en los parlamentos y desde el propio Gobierno de España.

García enfatizó que su activismo no se limitará a una sola forma de expresión, sino que abarcará todos los espacios posibles para abogar por el cese de la masacre en Palestina. Esto sugiere un enfoque multidimensional en su lucha, que incluye tanto la participación en manifestaciones como el trabajo legislativo y gubernamental.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha expresado su interés en observar cuántas veces se mencionará a Hamás durante las manifestaciones. Su curiosidad se basa en la percepción de que muchos manifestantes que abogan por la paz también deberían condenar a grupos considerados terroristas. Ha declarado: "Tengo una enorme curiosidad cuántos van a mencionar a Hamás", sugiriendo que hay una falta de equilibrio en las críticas hacia el conflicto en Gaza.

El alcalde ha enfatizado que no se opone a las protestas legítimas contra el Gobierno de Israel, siempre que estas sean pacíficas y no generen violencia. Sin embargo, ha manifestado su desconfianza en que se produzcan menciones a Hamás en las pancartas de los manifestantes.

Almeida ha mencionado que se ha diseñado un dispositivo de seguridad por parte de la Delegación del Gobierno para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes a La Vuelta. Ha subrayado la importancia de que las manifestaciones no interfieran con el desarrollo normal de la competición ciclista.

El alcalde ha instado a que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, actúe con firmeza si se presentan situaciones de riesgo. Ha afirmado: "Que no le tiemble el pulso", sugiriendo que debe haber una respuesta contundente ante cualquier intento de alterar el evento. Almeida ha insistido en que la imagen de Madrid debe ser la de una ciudad donde se puede protestar sin perjudicar a otros.

Almeida ha expresado su preocupación por el tono y las formas en que se están convocando las protestas. Ha comparado la situación actual con incidentes previos, como los disturbios en Bilbao que resultaron en la caída de un corredor, y ha manifestado que tales eventos no son ejemplos a seguir.

El alcalde ha criticado a aquellos que intentan mezclar la protesta pacífica con la generación de disturbios. Ha pedido que se responda de manera contundente a cualquier intento de alterar el orden público, reiterando su llamado al delegado para que actúe sin vacilaciones. En relación a la pancarta colgada por Más Madrid en el Edificio de Grupos Políticos, Almeida ha informado que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Se ha solicitado un informe jurídico para determinar los pasos a seguir, lo que indica que el asunto está siendo evaluado con seriedad.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó rotundamente que "no hay genocidio" en Gaza, argumentando que el término genocidio se refiere a actos sistemáticos de exterminio basados en la raza, como lo que ocurrió durante el Holocausto. Según su interpretación, las acciones de Israel no se pueden clasificar como genocidio, ya que, a su juicio, se trata de un conflicto armado en el que Israel responde a un "atentado terrorista brutal" que sufrió hace aproximadamente un año y medio.

Aguirre enfatizó que el genocidio implica la eliminación de un grupo por razones raciales, lo que, según ella, no se está llevando a cabo en Gaza. Esta definición estricta del término ha sido objeto de debate, dado que muchos analistas y organizaciones internacionales han utilizado el término en un contexto más amplio para describir las acciones en Gaza.

La expresidenta justificó las acciones de Israel como una medida de prevención para evitar futuros ataques terroristas. Aguirre expresó que, aunque la guerra trae consigo situaciones lamentables, esto no debe ser confundido con un genocidio. Su postura parece centrarse en la idea de que las acciones de Israel son reactivas y necesarias para la seguridad del país.

Aguirre también se refirió a las manifestaciones pro-palestinas que tuvieron lugar durante la Vuelta Ciclista a España. Afirmó que respeta el derecho a la manifestación, pero subrayó que este derecho no debería interferir con la celebración de eventos deportivos. Criticó a los manifestantes, sugiriendo que su objetivo era perturbar el evento y menospreciar el esfuerzo de los ciclistas, quienes, según ella, han trabajado arduamente para participar en la competición.

Aguirre hizo hincapié en que los manifestantes estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, pero consideró que esto no debería afectar a los deportistas. Su crítica se centró en la idea de que el derecho a manifestarse no debe ser utilizado como un medio para boicotear o interrumpir actividades deportivas que son importantes para los atletas y sus logros.

Almeida dirigió sus críticas específicamente hacia Reyes Maroto, portavoz del PSOE, quien decidió no asistir a la etapa final de la Vuelta en Cibeles como forma de apoyo a Palestina. El alcalde sugirió que esta decisión, junto con la acción de Más Madrid de colgar una pancarta en sus oficinas que decía "Sí es genocidio", contribuye a un "caldo de cultivo" que podría llevar las protestas más allá de una reacción pacífica.

El alcalde enfatizó que nunca ha criminalizado la protesta pacífica y que siempre la apoyará. Sin embargo, dejó claro que tomará medidas contra aquellos que intenten provocar disturbios o incidentes. Almeida hizo referencia a eventos pasados en Bilbao y otros lugares donde las protestas se tornaron violentas, indicando que su administración está comprometida a prevenir cualquier alteración del orden público durante la Vuelta.

Almeida subrayó que Maroto, como miembro de la Corporación municipal, tiene la obligación de asistir a eventos como la Vuelta a España. Afirmó que si desea manifestar su protesta, debería hacerlo en el contexto del evento, pero que su ausencia podría incentivar un ambiente propenso a disturbios.

Cuando se le preguntó sobre la comparación entre la ausencia de Maroto y la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura del año judicial, Almeida defendió que las circunstancias son diferentes. Aclaró que Feijóo no tiene una obligación legal de asistir a dicho evento, mientras que Maroto, al ser parte de la Corporación, sí tiene responsabilidades que cumplir.

La Vuelta Ciclista a España, uno de los eventos más destacados en el calendario deportivo, está atravesando su 80ª edición. Este fin de semana, la competición se desarrollará en la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña y una etapa final que culminará en la capital. Para garantizar la seguridad de los participantes y del público, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de vigilancia.

La Guardia Civil ha establecido su Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) para este evento, la cual está compuesta por más de 400 agentes. Este equipo incluye:

132 agentes dedicados a la seguridad vial.

59 motocicletas para una rápida respuesta y movilidad.

28 vehículos todoterreno y de apoyo.

Un helicóptero para supervisión aérea y apoyo logístico.

El dispositivo de seguridad se activará durante las dos últimas etapas de la Vuelta, que se desarrollarán en carreteras de la Comunidad de Madrid, así como en las provincias de Ávila y Segovia. La etapa del sábado finalizará en la Bola del Mundo, en el Puerto de Navacerrada, mientras que el domingo la última etapa partirá desde Alalpardo hacia Madrid

La 80ª edición de la Vuelta ha estado marcada por protestas significativas, especialmente en relación con la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech. Estas manifestaciones han sido motivadas por el contexto del "genocidio" en Gaza y en apoyo al pueblo palestino, resultando en más de una veintena de detenciones.

Este sábado se llevará a cabo una manifestación organizada por Ecologistas en Acción Sierra en rechazo a la decisión de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid, que ha autorizado el ascenso al Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) como final de la etapa de montaña. El domingo está prevista una manifestación propalestina en la calle de Alcalá, en su confluencia con la M-123, programada para comenzar a las 14:40 horas.

Durante el fin de semana, los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer más sobre la labor de la Unidad de Movilidad y Seguridad de la Guardia Civil "Dámaso Guillén". Las actividades informativas se llevarán a cabo en dos ubicaciones:

Sábado: En el "Parque Vuelta", un espacio establecido por la organización en la avenida de Madrid de Navacerrada.

Domingo: En la plaza de la Lealtad de Alalpardo.

Las dos últimas etapas de la prueba ciclista española La Vuelta, que discurrirán mayoritariamente por territorio de la Comunidad de Madrid, contarán con un dispositivo de seguridad reforzado, un “despliegue extraordinario” que se ha ultimado en la Reunión de Coordinación de Seguridad celebrada hoy en la sede de la Delegación del Gobierno.

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, que ha presidido la reunión, en la que han participado: componentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; de la Dirección General de Tráfico; del Ayuntamiento de Madrid (Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y Agentes de Movilidad); alcaldes, concejales y representantes de la Policía Local de una quincena de municipios por los que discurre el recorrido; de la Real Federación Española de Ciclismo, y Unipublic, organizadora de la prueba.

Con este refuerzo se busca compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva en las dos etapas madrileñas —Robledo de Chavela-Bola del Mundo y Alalpardo-Cibeles— y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan.

En concreto, por parte de Guardia Civil, durante la etapa del sábado, se va a realizar el mayor despliegue efectuado hasta la fecha en una prueba ciclista en la región, superior incluso al que se llevó a cabo en el Mundial de Ciclismo, con más de 400 agentes de refuerzo que se sumarán a los que integran el dispositivo que acompaña a la prueba de forma habitual.

Además, dado que esta penúltima etapa incluye parte del recorrido por las provincias de Ávila y Segovia, se está intercambiando información y actuando de forma coordinada con las comandancias de estas provincias y la Comandancia de Madrid.

Por parte de Policía Nacional, se van a desplegar 1.100 agentes, lo que supone el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Sus integrantes desarrollarán labores de protección y, a través de la Brigada de Seguridad Ciudadana, contará con la presencia de la Unidad Especial de Subsuelo, que ya desde el día anterior revisará todo el recorrido, la Unidad Especial de Guías Caninos, la Unidad de Prevención y Reacción; la Brigada Móvil; drones, antidrones y un helicóptero de la Unidad Aérea, y la colaboración de las comisarías locales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

En cualquier caso, se ha recordado que el derecho de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas.

El delegado ha recordado el “liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino”. Martín ha pedido responsabilidad a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que no “caldeen el ambiente” y no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio.