Ayuso anuncia que lo recurrirá a los tribunales

El Consejo de Ministros aprueba este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes, después de que el pasado 27 de enero el Ejecutivo iniciara el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. El real decreto, que estaba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado, retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos excepto Vox.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó la aprobación este lunes en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ. "Vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros, con la idea de que mañana pueda aprobarse", había avanzado Bolaños.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, estuviera denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se aplicará a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025. Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud (un procedimiento que no excederá previsiblemente los 15 días) las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España, en cuyo caso la vigencia será de cinco años.

El procedimiento exige no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). A nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha anunciado que su partido hará todo lo que esté en su mano para denunciar el "sinsentido" del proceso, al que considera "perjudicial para todos" y porque los que han seguido los cauces de la ley ven como su esfuerzo queda equiparado a quien la incumplió.

Por su parte, Vox ha asegurado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pedirá la suspensión cautelar del decreto. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado la medida y ha avanzado que su partido recurrirá la norma por considerarla "un atropello" que premia a quienes han entrado de forma irregular.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado que el Gobierno regional no comparte esta regularización aunque "tampoco la va a boicotear". Rodrigo ha pedido que, si el Ejecutivo central quiere que la Comunidad participe, debe mandar "los medios económicos o el personal suficiente para poder hacerlo". El consejero ha defendido que las oficinas del Consorcio Regional de Transportes tienen como función principal atender a los usuarios del transporte público y "no son oficinas de regularización de personas inmigrantes".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha criticado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por oponerse a "la regularización masiva" a un año de las elecciones autonómicas. "Lo primero que tiene que hacer la señora Ayuso, además de ponerse en distintos mensajes para eslóganes previos a la campaña electoral, es cesar ella misma en sus mensajes de efecto llamada", ha planteado Pérez Moñino, que ha lamentado "el colapso en nuestros servicios públicos".

Mar Espinar, del PSOE, ha subrayado que lo que se trata es de regularizar para "dar estabilidad y derechos a personas que ya viven con nosotros", y ha acusado a Ayuso de "haber implantado la inhumanidad en la política". "Nosotros les debemos, a aquellas personas que están aportando social y económicamente a los barrios de Madrid, derechos y estabilidad. Ellos cumplirán como ciudadanos", ha defendido Espinar.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que Ayuso está "agitando la xenofobia" y poniendo "en la diana a las personas en máxima situación de vulnerabilidad", al tiempo que está "haciéndole el caldo gordo a Vox". "Frente a una derecha que precisamente los quiere en situación de vulnerabilidad cronificada, un gobierno de España progresista amplía y garantiza sus derechos", ha reivindicado Bergerot, que ha exigido que se amplíen las oficinas y los horarios del Consorcio.

Carlos Díaz Pache, del PP, ha advertido que al Gobierno central "solo le interesan las cuestiones excepcionales e ilegales", y ha censurado que en vez de "funcionar en base a una Ley de Extranjería" se apruebe esta regularización que puede "poner en un gran colapso los servicios públicos". "No parece razonable que tengamos que atender una necesidad de Pedro Sánchez, quien ha hecho una regularización masiva sin dotar de recursos a las comunidades autónomas", ha declarado.

La Comunidad de Madrid ha mostrado su rechazo frontal a la medida. Fuentes del Ejecutivo regional han avanzado que recurrirán el real decreto ante el Tribunal Supremo si finalmente se aprueba, al considerar que invade competencias autonómicas y genera un "efecto llamada" que colapsará los servicios públicos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya había avanzado su oposición a la regularización en los días previos, calificándola de "irresponsable" y "electoralista".

El consejero Jorge Rodrigo ha sido el encargado de trasladar oficialmente el malestar del Gobierno regional. "Si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que la Comunidad de Madrid participe en esta regularización, que mande los medios económicos o el personal suficiente para poder hacerlo. Las oficinas del Consorcio Regional de Transportes no son oficinas de regularización de personas inmigrantes", ha insistido.

La regularización extraordinaria se enfrenta a un futuro incierto. Vox ya ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión cautelar del decreto, lo que podría paralizar la medida en cuestión de semanas. La Comunidad de Madrid estudia sumarse a ese recurso o presentar uno propio.

Mientras tanto, las asociaciones de inmigrantes han recibido la noticia con satisfacción, aunque advierten de que el éxito de la medida dependerá de la dotación de recursos suficientes para tramitar las solicitudes. "Llevamos años esperando esto. Ahora toca trabajar para que ningún migrante se quede fuera por falta de medios", han señalado desde la Red de Acogida a Inmigrantes.

El Gobierno confía en que la medida sea un éxito y anuncie que el plazo de solicitud se abrirá en los próximos días. "Estamos dando un paso histórico para la integración de quienes viven y trabajan entre nosotros", han concluido fuentes de Moncloa.