Es el único estado miembro que no lo ha hecho

La Comisión Europea ha decidido remitir a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto a su legislación nacional dos directivas comunitarias relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro del plazo fijado, que venció el 31 de diciembre de 2024. Una de estas directivas introduce el llamado “IVA franquiciado”, que permite a autónomos y pequeñas empresas con facturación anual inferior a 85.000 € eximir el IVA en sus facturas, reduciendo así cargas administrativas y costes fiscales. La otra norma afecta a aspectos como el lugar de prestación de servicios digitales y el régimen especial de IVA en bienes de segunda mano, obras de arte y antigüedades.

España es, según Bruselas, el único Estado miembro de la Unión Europea que aún no ha comunicado formalmente la transposición de estas directivas, a pesar de que la Comisión le envió cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025 y dictámenes motivados el 17 de julio de ese año requiriendo su adaptación. La Comisión Europea ha señalado que la ausencia de estas normas en el derecho español puede generar riesgos de doble imposición o de no imposición, y provocar distorsiones competitivas dentro del mercado único. Por ello, además de solicitar al TJUE que declare el incumplimiento de España, solicita la imposición de sanciones económicas.

La decisión ha sido respaldada por organizaciones de empresarios y autónomos como FADE y CEAT‑Asturias, que consideran positivo que Bruselas actúe para garantizar la adaptación de reglas que “debían estar vigentes en todos los Estados miembros desde finales de 2024”. El proceso ante Luxemburgo marca una escalada formal en el procedimiento de infracción comunitario, y abre la puerta a que el TJUE exija a España adoptar las normas pendientes, así como a posibles multas por incumplimiento del derecho de la UE si falla en contra del Estado español