Partirán desde cuatro puntos para confluir en Cibeles

Miles de personas están llamadas a manifestarse este domingo en Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra del modelo privatizador que, denuncian, impulsa el Partido Popular. La convocatoria, bajo el lema "Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos", parte de la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que agrupa a más de cien asociaciones y entidades vecinales.

La manifestación comenzará a las 12:00 horas desde cuatro puntos distintos: Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II, para converger todas en Cibeles. Es la quinta marcha con este formato en los últimos años, tras las convocatorias de noviembre de 2022, febrero de 2023, y mayo de 2024 y 2025.

Los organizadores exigen un sistema de salud "público y de calidad" accesible para todos, sin depender de la situación económica de cada individuo. Piden el "blindaje" de la sanidad pública mediante la derogación de las leyes que facilitan su privatización y la reversión de los bienes ya privatizados.

La manifestación también denuncia el desmantelamiento de la Atención Primaria. Los organizadores advierten que, sin un primer nivel asistencial robusto, todo el sistema sanitario colapsará, y exigen que al menos el 25% del presupuesto sanitario se destine a este nivel.

Señalan que los tiempos de espera para consultas con médicos de familia son inaceptables y que las urgencias extrahospitalarias carecen de personal adecuado. "Nuestros centros de salud son la primera línea de defensa", subrayan los convocantes.

La marcha reclama también dignidad para los profesionales sanitarios, incluyendo la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Comunidad de Madrid. Todo ello en medio de una huelga indefinida intermitente a nivel estatal, donde los médicos demandan un Estatuto Marco que reconozca sus particularidades profesionales.

La Consejería de Sanidad ha estimado que las primeras 26 jornadas de huelga han dejado miles de cirugías, consultas y pruebas suspendidas. Los organizadores insisten en que es crucial "cuidar a quienes nos cuidan" para garantizar una atención de calidad.

Los especialistas de 44 servicios en 15 hospitales públicos han anunciado que dejarán de realizar horas extraordinarias, lo que podría agravar unas listas de espera que los convocantes califican de "vergüenza". Según los últimos datos, hay 107.208 personas en lista de espera quirúrgica (46,65 días de media), 728.917 esperando primera cita para consultas externas (61,17 días) y 186.810 pendientes de pruebas diagnósticas (53,9 días).

Los organizadores advierten de que el retraso en pruebas y cirugías es una forma de empujar a la ciudadanía hacia los seguros privados, creando una "privatización encubierta" que genera desigualdades. Exigen una mayor inversión: Madrid es la comunidad con mayor crecimiento poblacional pero la que menos invierte por habitante en sanidad, con 1.424 euros frente a los 2.301 euros de Asturias.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha calificado la manifestación de "ideologizada, sectaria y alejada de la realidad". Sus declaraciones se produjeron tras su participación en una carrera benéfica por la esclerosis múltiple.

Matute ha asegurado que su principal preocupación es resolver la huelga indefinida de médicos, que lleva más de veinte días y ha provocado la suspensión de unas 20.000 cirugías y 10.000 pruebas diagnósticas, con un coste estimado de 16 millones de euros para la Comunidad de Madrid.

La consejera ha señalado que la huelga debe resolverse a nivel del Ministerio de Sanidad. También ha dicho que el Gobierno regional está en constante comunicación con los profesionales, que demandan cambios en un modelo organizativo que consideran obsoleto, incluyendo la eliminación de las guardias de 24 horas y la creación de un estatuto médico.

Sobre la financiación, Matute ha indicado que ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, solicitando una memoria de viabilidad para el sistema sanitario. Exige un desglose detallado de los 300 millones adicionales asignados al presupuesto sanitario y una clarificación de cómo se distribuyen esos fondos entre las comunidades autónomas.