El Decreto Ley del Gobierno no fue aprobado por el Congreso

La Comunidad de Madrid ha lanzado un serio aviso al Gobierno de España: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025. La razón, según el Ejecutivo regional, es que el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras haber expirado los plazos previstos.

Así lo ha hecho saber la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, en una carta dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En la misiva Dávila denuncia que la aplicación del real decreto "ha derivado en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar".

La consejera ha alertado de situaciones especialmente graves, como que "se ha llegado a separar a grupos de hermanos" y que se han trasladado a Madrid menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades autónomas. También ha denunciado el caso de jóvenes que "contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad".

Por todo ello, Dávila ha instado al ministro a "cesar en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal". Y ha sido contundente: "De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente".

La advertencia madrileña se suma a las tensiones entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas en torno a la gestión de los menores migrantes no acompañados, un asunto que ha generado discrepancias políticas y jurídicas en los últimos meses.