Acepta las medidas cautelares pedidas por el Gobierno

El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha sido objeto de controversia debido a su posible cierre, una decisión que ha generado preocupación entre las familias que allí residen. Este centro fue inaugurado en marzo de 2022 para atender a personas, especialmente ucranianos, que huían de la invasión rusa y ha jugado un papel crucial en la integración de estas familias en España.

El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid tomó una decisión importante al aceptar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno. Esta decisión suspende de manera provisional el cierre del CREADE, permitiendo que el centro continúe operando normalmente mientras se espera una sentencia judicial definitiva. Durante este periodo de suspensión, el CREADE podrá seguir brindando sus servicios a las familias allí acogidas, asegurando su alojamiento y atención en las condiciones actuales. Las autoridades han expresado su satisfacción por haber evitado el desalojo de las familias que han estado viviendo en el centro, quienes han estado bajo una considerable incertidumbre desde que el Ayuntamiento de Pozuelo inició el procedimiento de cierre en julio.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha negado la existencia de "hacinamiento" en el CREADE, a pesar de las afirmaciones del Ayuntamiento de Pozuelo. En realidad, el centro opera actualmente a un 17% de su capacidad, con 70 plazas ocupadas por familias ucranianas y varias mujeres afganas con sus hijos que están en proceso de asilo.

El CREADE ha sido descrito como un "servicio indispensable" para las familias en situación de vulnerabilidad, facilitando su integración en España. Desde su apertura, ha sido un centro de referencia y ha recibido reconocimientos como buena práctica por organizaciones internacionales, incluyendo la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó un recurso contencioso-administrativo en noviembre de 2024, solicitando medidas cautelares para frenar el cierre del CREADE, el cual había sido ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo en septiembre. Este cierre implicaba un plazo de cuatro meses para reubicar a las 400 personas que residían en el centro.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, una localidad situada en la Comunidad de Madrid, ha tomado la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión cautelar de un juez que ha permitido la continuación de operaciones del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de migrantes. Esta situación se ha desarrollado en un contexto de tensiones entre el gobierno local y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ayuntamiento ha señalado que el centro solo tiene permiso para 270 camas, pero el Ministerio ha autorizado más de 400, lo que ha generado preocupaciones sobre el hacinamiento y la falta de licencia municipal para operar con ese número de personas. El Consistorio ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial, aunque ha manifestado que acatará la misma. El cierre del Creade había sido decretado por el Ayuntamiento debido a la falta de licencia municipal y el riesgo de hacinamiento que, según ellos, ha sido provocado por el Ministerio de Migraciones.

El gobierno local ha criticado al Ministerio por haber considerado la posibilidad de utilizar el centro para alojar a un gran número de menores inmigrantes no acompañados en ocasiones anteriores, algo que, según el Ayuntamiento, no se ha concretado. Esta crítica se enmarca en un contexto de desconfianza hacia las decisiones del gobierno central en materia de gestión de migrantes.

El Ayuntamiento ha indicado que, aunque acatan la decisión del juez, planean recurrir ante el TSJM. Se ha destacado que el auto del juez fue conocido por el Consistorio solo 24 horas después de que se presentaran las alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia y la celeridad del proceso judicial.

El Ayuntamiento ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Pozuelo, reafirmando su confianza en el sistema judicial y su compromiso de hacer valer la normativa que rige para todos los ciudadanos, empresas e instituciones, incluyendo al Gobierno central.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se pronunció sobre la reciente decisión judicial que afecta al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, un centro destinado a la atención de migrantes. Esta intervención se produce en un contexto de creciente tensión política y social en torno a la migración en España, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Francisco Martín aprovechó la ocasión para criticar Partido Popular (PP) de Madrid, acusándolo de tener "ímpetus racistas". En su publicación en la red socialX', el delegado del Gobierno expresó su deseo de que las fuerzas políticas de ultraderecha dedicaran más esfuerzo a la en lugar de a la confrontación. Esta declaración refleja un clima de polarización política en que las cuestiones migratorias son tema candente.

Martín también destacó la reciente decisión del Tribunal Supremo que rechazó la medida cautelar de la Comunidad de Madrid para suspender el traslado de extranjeros no acompañados desde Ceuta y Canarias. este sentido, el delegado subrayó que "el interés y la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier cálculo político enfatizando la importancia de priorizar la dignidad y el bienestar de los menores migrantes, quienes a menudo enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema.