VOX pide "responsabilidades políticas y penales" en sus conclusiones

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha avanzado en la comisión especial de investigación que examina la adjudicación de contratos municipales a empresas con vínculos familiares o personales con concejalas del PSOE durante el anterior mandato con la presentación de las conclusiones.

La comisión ha documentado conexiones familiares entre concejalas del PSOE y empresas proveedoras del Ayuntamiento. Se han encontrado pagos con dinero público a estas empresas sin que existan registros de abstenciones formales o advertencias sobre conflictos de interés. VOX y el Partido Popular han señalado que el informe proporciona un "rastro administrativo completo" que evidencia decisiones de gasto problemáticas.

El Grupo Municipal VOX ha señalado a las concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, sugiriendo que podrían existir "presuntas responsabilidades administrativas" y "posibles indicios penales". A pesar de que el informe no emite juicios penales, su contenido tiene un claro impacto político. El informe establece que una concejala del PSOE tenía un vínculo familiar directo con la administradora de una empresa que recibió más de 5.200 euros en pagos del Consistorio entre 2019 y 2023. La concejala participó en decisiones que aprobaron pagos a esta empresa, sin constancia de abstención formal.

Además, se ha documentado la contratación de una empresa administrada por la pareja de otra concejala socialista, que recibió un total de 33.480,38 euros en pagos a través de contratos menores. Nuevamente, la concejala participó en decisiones relacionadas con estos pagos, sin que se registrara abstención ni advertencias de conflicto de intereses.

El informe critica el procedimiento utilizado para tramitar los contratos, que fueron clasificados como menores y encadenados a lo largo del tiempo. Esta práctica se realizó sin activar mecanismos adicionales de control, lo que permitió que las decisiones de gasto se tomaran sin las cautelas necesarias. Los técnicos municipales actuaron bajo instrucciones jerárquicas y no siempre contaron con información completa sobre los vínculos personales, lo que desplaza la responsabilidad hacia el ámbito político. La comisión concluye que la falta de controles adecuados permitió que se normalizaran situaciones de conflicto de interés.

VOX ha adoptado una postura directa, exigiendo responsabilidades y sugiriendo que los indicios encontrados podrían tener repercusiones más allá del ámbito administrativo. El Partido Popular ha enfatizado la necesidad de ejemplaridad política, argumentando que las conclusiones del informe reflejan una forma de gobernar que diluyó los límites entre lo público y lo personal.

Isabel Ruiz Maldonado, del Partido Popular, ha señalado que el informe pone en entredicho la credibilidad del PSOE en cuanto a su discurso de transparencia. Ha criticado la falta de autocrítica por parte de los socialistas tras la presentación de las conclusiones.

El informe final de la comisión no emite juicios penales, pero deja abierta la posibilidad de que los hechos puedan ser evaluados por las instancias competentes para determinar la necesidad de procedimientos de responsabilidad. Este cierre técnico no elimina el impacto político del informe, que reabre el debate sobre la gobernanza y la ejemplaridad pública en la gestión municipal.

Y tras la celebración de la Comisión, llegaban las valoraciones. La creación de esta comisión fue impulsada por el Grupo Municipal VOX, que solicitó una investigación exhaustiva sobre las contrataciones realizadas por las concejalas socialistas. Desde el inicio, VOX ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en las explicaciones ofrecidas por Ibarra y Sánchez, así como por las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos

ISe han señalado posibles irregularidades en la forma en que se adjudicaron contratos a familiares de las concejalas. Las conclusiones provisionales apuntan a que podrían existir responsabilidades tanto administrativas como penales en relación con las acciones de las concejalas.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Víctor Acosta, ha expresado que las conclusiones de la investigación indican "responsabilidades claras" de Ibarra y Sánchez. Acosta ha enfatizado que la investigación ha revelado no solo responsabilidades administrativas, sino también indicios de la posible comisión de delitos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Acosta ha reiterado el compromiso de VOX con la transparencia y la rendición de cuentas en el Ayuntamiento. Según él, es esencial esclarecer todos los hechos investigados y no permitir que las irregularidades queden sin aclarar. Ha afirmado que los vecinos de Alcalá de Henares merecen un gobierno que actúe con rigor y responsabilidad.

Las conclusiones provisionales de la comisión de investigación son un paso importante hacia la clarificación de los hechos y la asunción de responsabilidades. VOX ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo durante los meses de investigación, asegurando que se aborden todas las preocupaciones planteadas desde el inicio del proceso.

En concreto, VOX afirma que se han identificado responsabilidades que podrían implicar sanciones o acciones correctivas dentro del ámbito administrativo. Existen indicios que sugieren la posible comisión de delitos, lo que podría llevar a acciones legales contra las concejalas implicadas.

"Las conclusiones sobre la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reflejan hechos muy graves cometidos  en el anterior mandato del PSOE, bajo la presidencia del ex alcalde Javier Rodríguez Palacios. Hablamos de documentación municipal donde se recogieron documentos como facturas, actas, certificados y declaraciones técnicas que acreditan que hubo pagos municipales a empresas con vínculos familiares directos con dos concejalas del PSOE, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra. El PSOE de Alcalá y Javier Rodríguez Palacios demuestran una falta de ética, participando en decisiones de gasto a favor de familiares de sus ediles durante los años de 2019 y 2023. Desde el Partido Popular defendemos transparencia, rigor y pedimos al sanchista Rodríguez Palacios respeto al  dinero público de los vecinos", resumían los populares.

El PSOE, por su parte, desviaba el tiro a la convocatoria en sí, celebrada justo en medio del escándalo de la FP. "El Grupo Municipal Socialista acusa al equipo de Gobierno de reactivar una comisión de investigación de manera interesada, con el único objetivo de generar una cortina de humo y desviar la atención de sus propios problemas judiciales. Una vez más, han dejado en un cajón durante siete meses la comisión de investigación y la sacan justo cuando el número dos de Judith Piquet, Jorge Elías de La Peña, vuelve a estar bajo el foco de la justicia. “Cada vez que el PP tiene problemas con la justicia reactivan esta comisión, como ya hizo Judith Piquet que mantuvo guardadas en un cajón las conclusiones de la información reservada durante más de seis meses y decidió sacarlas a la luz justo la misma semana en la que ella era investigada por un juez”, declaran.

Desde el PSOE recuerdan que la comisión solo se puso en marcha cuando la alcaldesa conoció su propia imputación en agosto de 2024 y que, tras desarrollar sus trabajos hasta julio de 2025, quedó bloqueada desde entonces sin explicación. “Seis meses después y de forma oportunista, el gobierno municipal saca ahora unas conclusiones provisionales para alimentar titulares y desviar el foco de sus propias causas judiciales”, han denunciado los socialistas.

Los socialistas califican dichas conclusiones de sesgadas, parciales y carentes de rigor. El Grupo Socialista presentará un voto particular, frente a un informe que consideran dirigido políticamente desde el inicio. “El PSOE ha sido claro desde el primer día: no existe ninguna irregularidad, y no vamos a aceptar lecciones de transparencia de quienes utilizan las instituciones como arma partidista”, han señalado desde el Grupo Socialista.

El PSOE denuncia, además, las filtraciones interesadas y coordinadas desde el entorno del equipo de Gobierno, que buscan señalar públicamente a concejalas socialistas, en un ejercicio de irresponsabilidad política e institucional. Además, para los socialistas, la reactivación de la comisión en este momento es oportunista. “No es casualidad que esto ocurra justo cuando salen a la luz informaciones muy graves sobre Jorge Elías de la Peña, alto cargo del Gobierno de Ayuso, relacionadas con presuntas irregularidades en la construcción de la Escuela de Arte Alberto Corazón, ubicada en las instalaciones del IES Antonio Machado. Usan Alcalá como cortina de humo para tapar lo que no pueden explicar”. En este sentido, insisten en que Alcalá de Henares no puede convertirse en el escenario de operaciones de distracción política mientras se bloquean los problemas reales de la ciudad.