Cs exige una Ley del Suelo consensuada con todos los partidos

La Comunidad de Madrid cuenta con una Ley impulsada desde el Gobierno regional en reconocimiento a las víctimas del terrorismo y su memoria. La Asamblea de Madrid ha aprobado en votación la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, cuyo objetivo primordial pasa por “el reconocimiento de las víctimas”, la principal de las reivindicaciones demandadas históricamente por todas sus asociaciones y colectivos.

Así lo ha señalado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, durante la aprobación del nuevo texto legal en la cámara legislativa regional. La Ley recoge derechos de carácter social y otros múltiples beneficios para las víctimas del terrorismo.

Rollán ha subrayado que esta Ley tiene un carácter integral y retroactivo, encaminado a garantizar no solo una indemnización económica, sino otra serie de derechos de carácter social. Las medidas contempladas en esta Ley están dirigidas a quienes, teniendo una vinculación con la Comunidad de Madrid, sufren una acción terrorista, así como a las entidades que representan y defienden sus intereses, con el fin de rendir homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Algunas de las medidas de carácter económico -contempladas por la nueva ley la Ley madrileña-, son las relativas al derecho a la indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta prestación será equivalente al 30 % de la ayuda concedida por la Administración General del Estado en el mismo supuesto. Para acceder a esta ayuda se ha ampliado el supuesto previsto inicialmente en el proyecto, como era estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento del atentado. Así, en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, si se acredita haberlo estado con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida, la víctima tendrá derecho a la indemnización.

Esta medida reclamada por las asociaciones de víctimas, se ha incorporado a la Ley y atiende a una respuesta global de incorporar a las víctimas del terrorismo dentro y fuera de nuestras fronteras. “Esta Ley convierte a la Comunidad de Madrid en un referente y un modelo de solidaridad y justicia, valores muy arraigados en la sociedad madrileña”, ha señalado Rollán.

La norma incorpora otra serie de medidas asistenciales para las víctimas del terrorismo y las personas vinculadas a ellas, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, integrando los ámbitos sanitario, social, educativo, empleo o de vivienda.

Así, la Ley contempla ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros por siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación.

Del mismo modo, se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total, con una cantidad que oscilará entre el 80 y el 100 % del valor real de la vivienda afectada. La Comunidad de Madrid asegura además la asistencia sanitaria y psicológica gratuita de víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, y garantiza la asistencia psicopedagógica gratuita a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que, como consecuencia de una acción terrorista, sufran problemas de aprendizaje.

La Asamblea de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que ha contado con los votos a favor del Grupo Popular, Ciudadanos y el PSOE-M, y la abstención de los 27 diputados de Podemos.

Esta Ley impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, “ha sido una prioridad  para poner en valor a quienes son un referente moral y simbolizan como nadie la defensa de la libertad”, ha destacado la diputada del Grupo Popular en la Asamblea, Eugenia Carballedo.

Por ello, ha añadido,  que esta Ley “va a tener un reflejo en el presupuesto de 2018 porque la intención del Ejecutivo es “comenzar a pagar desde el minuto uno”. “Las víctimas del terrorismo saben que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha estado y estará siempre a su lado para exigir verdad, memoria, dignidad y justicia”, ha subrayado Carballedo.

“Hoy aprobamos –ha apostillado la diputada popular-, la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, para darles el reconocimiento y la solidaridad que merecen, y cumplir así el compromiso que llevábamos en nuestro programa electoral.

En este sentido, Eugenia Carballedo ha explicado que “la mejor manera de evitar repetir la historia de muerte y sufrimiento que el terrorismo ha sembrado en nuestra sociedad desde hace más de cincuenta años es conocer y difundir el relato real y objetivo de lo que ha pasado”. “Y los niños lo estudiarán en los colegios e institutos”, ha agregado.

“No se puede devolver a las víctimas del terrorismo lo que unos pocos les quitaron, pero es nuestra responsabilidad garantizar su memoria y dignidad en reconocimiento a su sacrificio por la libertad y el Estado de Derecho”, ha concluido.

“Esta ley convierte a la Comunidad de Madrid en un referente y un modelo de solidaridad y justicia porque tiene un carácter integral, con medidas en materia de empleo o de acceso a la vivienda”, ha señalado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

Pedro Rollán ha destacado que “nos hubiese gustado contar con el consenso de todos los grupos parlamentarios, porque ese espíritu de consenso y acuerdo es el que merecen las víctimas a las que va destinadas esta Ley”.

“Esta Ley es un trabajo que ha incluido un proceso de escucha a todas las entidades con domicilio social en Madrid que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo, a lo que quiere expresar un reconocimiento expreso”, ha explicado Rollán.

Este Proyecto de Ley tiene un carácter integral y retroactivo, “más allá de garantizar el acceso a una indemnización económica y otros derechos de carácter social, el texto viene a responder a una de las demandas más reiteradas por las asociaciones, como es la memoria de las víctimas”, ha aseverado Pedro Rollán.

En este sentido, el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, se ha comprometido a impulsar la reforma de la Ley estatal 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que se prohíban los actos de enaltecimiento a terroristas y se consagre la memoria, dignidad y justicia de todas las víctimas.

Algunas de las medidas de carácter económico contempladas por la nueva ley la Ley madrileña, son las relativas al derecho a la indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esta prestación será equivalente al 30 % de la ayuda concedida por la Administración General del Estado en el mismo supuesto. Para acceder a esta ayuda se ha ampliado el supuesto previsto inicialmente en el proyecto, como era estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento del atentado.

Así, en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, si se acredita haberlo estado con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida, la víctima tendrá derecho a la indemnización.

La norma incorpora otra serie de medidas asistenciales para las víctimas del terrorismo y las personas vinculadas a ellas, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid, integrando los ámbitos sanitario, social, educativo, empleo o de vivienda.

Así, la Ley contempla ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros por siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación.

Del mismo modo, se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total, con una cantidad que oscilará entre el 80 y el 100 % del valor real de la vivienda afectada. La Comunidad de Madrid asegura además la asistencia sanitaria y psicológica gratuita de víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, y garantiza la asistencia psicopedagógica gratuita a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que, como consecuencia de una acción terrorista, sufran problemas de aprendizaje. La norma incluye también medidas específicas en materia de empleo, acceso a la vivienda pública, acceso a la cultura o el deporte.

La memoria es el apartado fundamental de esta Ley. Para su reconocimiento uno de sus objetivos es buscar la implicación de Radio Televisión Madrid en la elaboración de documentos audiovisuales para que puedan ser consultados por los ciudadanos.

Igualmente, la Comunidad de Madrid se compromete a la dotación de material sobre terrorismo y víctimas en las bibliotecas de la región y, lo más importante y ya en marcha desde el curso pasado como proyecto piloto en distintos centros, incluir en el currículo educativo de Primaria, ESO y Bachillerato, contenidos relacionados con el terrorismo, así como la participación directa de víctimas en charlas y actividades en los citados centros, con el fin de sensibilizar e informar a los alumnos sobre el hecho del terrorismo.

El Gobierno regional impulsa con esta Ley la creación de un Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, destinado a acercar la historia del terrorismo a todos los ciudadanos, perseverando en la concienciación de toda la sociedad para que las víctimas no caigan nunca en el olvido.

“La administración pública no puede ser una agencia de colocación para amiguetes del PP y el PSOE”. Así lo ha defendido el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, tras preguntar al presidente regional por los últimos nombramientos de directivos en hospitales de la Comunidad de Madrid.

“Desde que se aprobó la ley de buen gobierno no se ha puesto en marcha ni una sola convocatoria pública para elegir a personal directivo sanitario. Lo que han hecho ha sido colocar a dedo a amigos y conocidos en todos los hospitales públicos que han podido”, ha criticado Aguado, incidiendo en que “no solo colocan amigos en puestos que ya existen, sino que allí donde no hay, como por ejemplo en el hospital de Parla, lo crean y no precisamente para un reconocido cirujano o un prestigioso cardiólogo, sino para el ex jefe de gabinete del ex ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo”.

“Entiendo que ahora que les han echado del gobierno, tienen que recolocar al personal, pero no pueden hacerlo a costa del contribuyente y de todos los madrileños”, ha reiterado el líder de Cs en Madrid, exigiendo a su vez al Ejecutivo Regional que “cumpla la ley y ponga en valor el mérito y la capacidad de los profesionales sanitarios, que llevan trabajando años y que tienen que aguantar que alguien que viene de la política, y que no tiene conocimiento de la materia, venga a darles instrucciones”.

En esta línea, el portavoz de Cs en la Asamblea ha querido recordar que “en cuestión de ‘dedazos’ el PSOE ha batido un récord al colocar, en tan solo 100 días de gobierno, a la mitad de su ejecutiva en cargos públicos de distintas instituciones”, señalando, por ejemplo, “la colocación al frente de paradores del amigo de Pedro Sánchez, Óscar López, de una persona que no tiene experiencia previa al frente de Correos y de otra que estudió filosofía al frente de ENUSA, la empresa que gestiona el uranio”. “No es de recibo, ni lo que ha hecho el PP durante años en Madrid, ni lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en España”, ha concluido Aguado.

El Portavoz de Transportes de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, ha reclamado medidas eficaces para evitar las altas temperaturas en el Metro de Madrid y ha asegurado “que el Gobierno Regional ha derrochado un millón de euros en sistemas de ventilación para que los usuarios y trabajadores tengan que sufrir temperaturas diarias superiores a 30 grados centígrados”.

“Los madrileños han pagado un millón de euros de su bolsillo para que les tengan en trenes y andenes como sardinas en lata”, ha afirmado Rubio, quien ha añadido que “en Madrid tenemos la mayor sauna del mundo, una sauna que no cuenta con un sistema eficaz de iluminación”. En este sentido, el diputado de Cs Madrid ha criticado que “la gestión de Metro se resume en falta de trenes y personal” y ha pedido a la Consejería de Transportes que “deje de jugar con los madrileños y su dinero y se ponga a trabajar para encontrar soluciones”.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que la Ley del Suelo sea aprobada por la Asamblea de Madrid antes de que concluya la actual Legislatura. Izquierdo ha desgranado hoy en el Pleno de la cámara regional los motivos por los que es necesario que se apruebe dicha Ley, entre otros, porque la actual -que data del año 2001-, no se encuentra adaptada a la legislación básica estatal.

“De no aprobarse la nueva Ley pueden producirse interpretaciones erróneas, discrepantes y con falta de rigor, generando conflictos jurídicos e inseguridad en los procedimientos urbanísticos que se llevan a cabo”, ha señalado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Asimismo, Izquierdo ha explicado que en los 17 años de vigencia de la actual Ley del Suelo, los municipios madrileños han vivido grandes transformaciones, siendo diferentes las demandas sociales, las necesidades económicas y las formas de vida de sus habitantes. “Muchos de los municipios de la región han agotado su capacidad de desarrollo y requieren una regeneración para la que no está adaptada ni la normativa ni los planeamientos actuales”, añadió.

A este respecto, el consejero ha asegurado que la nueva Ley del Suelo favorece un urbanismo sostenible, equilibrado, solidario y cohesionado, basado en la utilización racional de los recursos naturales.

Por ello, el consejero Carlos Izquierdo ha insistido en que las negociaciones y conversaciones que se han mantenido en la Asamblea de Madrid den como fruto la aprobación de la Ley, que beneficiará al desarrollo de los municipios.

La nueva Ley del Suelo abarca todas las cuestiones de la actividad urbanística y acaba con la dispersión normativa existente, priorizando más la renovación y regeneración urbana que los nuevos desarrollos urbanísticos. Además, resolverá los problemas de los pequeños municipios de carácter rural, que no tenían cabida en los planes generales actuales.

La Comunidad de Madrid es pionera en la garantía de los derechos de las personas LGTBI en el deporte. Este objetivo se logra gracias a sus políticas de sensibilización y formación en materia de diversidad sexual, a acciones de apoyo y reconocimiento institucional de los eventos deportivos LTGBI, y a las acciones dirigidas a la integración de personas transexuales, entre otras iniciativas del Ejecutivo.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una respuesta sobre las actuaciones está llevando a cabo el Gobierno regional a favor de la diversidad en el deporte.

De los Santos ha destacado que a lo largo de esta legislatura el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está mostrando “sensible y muy activo” en esta materia. Además, el consejero ha subrayado que nuestra región garantiza la igualdad de trato por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género.

A este respecto, el consejero ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con dos leyes que aseguran los derechos LGTBI (la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia). Además, ha explicado que el pasado año se firmaba un protocolo de colaboración entre el Gobierno regional y la asociación Deporte y Diversidad con el fin de adoptar medidas reales que certifiquen los derechos de los deportistas pertenecientes al colectivo LGTBI.

Se trata del Protocolo para la Promoción de Medidas en Materia de Igualdad y Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI en el Ámbito del Deporte, entre cuyos objetivos se incluye el de facilitar la práctica deportiva a las personas transexuales, así como favorecer la detección y denuncia de conductas de acoso, discriminación o violencia a deportistas por su orientación sexual o su identidad de género.

Un protocolo del que han surgido iniciativas como las ‘Jornadas de Prevención de la LGTBIfobia en el deporte’, una serie de seminarios formativos impartidos a técnicos de centros e instalaciones deportivas, públicas y privadas, así como a directivos y entrenadores de federaciones y clubes, con la finalidad de garantizar la igualdad de trato por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género.

Además, se han llevado a cabo otras acciones formativas, como la dirigida a empleados públicos de la Dirección General de Juventud y Deporte que están llamados a aplicar las disposiciones contenidas de las leyes de 2016 sobre esta materia. Una formación que ha sido impartida por profesionales del Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid.

“Desde el Gobierno regional estamos convencidos de que la labor de formación y sensibilización es imprescindible para que la diversidad sexual no suponga ningún obstáculo en la práctica deportiva”, ha manifestado De los Santos.

Asimismo, el consejero ha destacado la importancia de la visibilidad de las personas LGTBI “para normalizar lo que es normal”. En este sentido, De los Santos ha señalado que el Gobierno regional realiza acciones de apoyo y reconocimiento institucional de eventos deportivos en el ámbito LGTBI.

Así, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes se patrocina a la Selección ‘Madrid por la Diversidad’ (que participó en los Eurogames de Estocolmo 2015 y París 2018). Se trata de una selección compuesta por más de 100 deportistas de los clubes ‘Madrid Titanes Club de Rugby’, ‘Madpoint’, ‘Halegatos Madrid’, ‘GMadrid Sports” y ‘Madminton’.

También se ha patrocinado el ‘Union Cup’, el campeonato de rugby gay inclusivo más importante de Europa; así como los ‘Juegos del Orgullo’, organizados por el club deportivo madrileño ‘GMadrid Sports’.

Por otro lado, De los Santos ha querido subrayar la importancia adicional de las personas transexuales dentro del colectivo LGTBI debido a sus especiales características. En este sentido, el Gobierno regional ha iniciado acciones de remodelado en sus instalaciones deportivas incorporando en sus vestuarios cabinas individuales de intimidad en todas ellas.

Además, el consejero ha recordado que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Juventud y Deporte, presta asesoramiento a las entidades deportivas de la Comunidad de Madrid “con el objetivo de que ningún madrileño se quede sin practicar el deporte de su elección de conformidad con su sexo sentido”.

Por último, De los Santos ha destacado que todas estas medidas forman parte de un proyecto transversal en el que es imprescindible contar con la colaboración de las distintas consejerías y, muy especialmente, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

En este sentido, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes forma parte de la Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación de Políticas LGTBI, así como del Grupo de Trabajo que realiza las labores previas al desarrollo reglamentario de las Leyes de la Comunidad en esta materia.

Además, el consejero ha anunciado que la Dirección General de Juventud y Deportes está actualmente trabajando en un nuevo Decreto en relación a la formación en materia de Ocio y Tiempo Libre que incorporará en los contenidos formativos de las titulaciones oficiales (Monitor y coordinador de Ocio y Tiempo Libre) un módulo específico de orientación sexual e identidad de género.

“En definitiva, son muchas las acciones emprendidas pero queda mucho por hacer aún. Me comprometo a doblar estas acciones para que todos los madrileños puedan practicar deporte en libertad”, ha concluido De los Santos.

La Comunidad de Madrid va a comprar más trenes y a contratar más conductores para atender el incremento de demanda que está experimentando Metro de Madrid, cuyo número de viajeros está creciendo constantemente y que según las previsiones cerrará 2018 con 687 millones de usuarios, el dato más alto de los cien años de vida del suburbano.

Así lo ha señalado en el Pleno de la Asamblea de Madrid la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, en respuesta a las preguntas sobre el servicio que presta el suburbano planteadas por el Grupo Socialista y Podemos. La adquisición de los nuevos trenes tendrá un coste estimado de 700 millones de euros.

Gonzalo ha subrayado que, si bien en la actualidad Metro ofrece un servicio correctamente dimensionado a la demanda existente, ésta se viene incrementando de manera constante en los últimos meses. Así, en 2018 Metro recibe 100.000 viajeros más cada día que en 2017, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística el número de usuarios del suburbano se incrementó un 12,8 % entre los meses de mayo y julio. Buena parte de este aumento, destacó la consejera, proviene de usuarios habituales de otros medios de transporte público como la EMT, que en ese mismo periodo experimentó un descenso acumulado del 11,6 % en su número de viajeros.

“Cada vez más madrileños eligen el Metro para realizar sus desplazamientos con rapidez, comodidad y seguridad”, resumió la consejera, que señaló que el Gobierno regional ya está trabajando para absorber este incremento sostenido manteniendo los habituales niveles de calidad. En este sentido, Gonzalo anunció que Metro iniciará en 2019 los procesos de licitación para adquirir 60 nuevos trenes, 32 de los cuales irán destinados a la sustitución de unidades más antiguas y 28 para reforzar el servicio donde sea necesario.

Además, Gonzalo explicó que el suburbano ha acelerado los trámites para la contratación de nuevos maquinistas que tenía previsto emprender el próximo año y ya está en conversaciones con los sindicatos para definir las necesidades de plantilla en este puesto. Una plantilla que, recordó, se incrementó ya en 2016 con la contratación de 360 nuevos conductores.

La Comunidad de Madrid invertirá un total de 2,5 millones de euros en 2018 para garantizar la accesibilidad a los edificios de las sedes judiciales y salvaguardar, así, los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. De la inversión global, 1,45 millones tienen como finalidad la mejora de los accesos ya existentes en los juzgados mientras que los restantes 1,05 millones de euros se destinan a nuevas actuaciones en las sedes judiciales.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, ha detallado esta inversión del Gobierno presidido por Ángel Garrido durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid: “Se trata -ha afirmado- de una prioridad absoluta de este Gobierno que enfocamos prestando atención a los profesionales de la Administración de Justicia, renovando sus infraestructuras y acercando la Administración al ciudadano”.

Ibarrola ha explicado que, a la hora de identificar las actuaciones necesarias para eliminar las barreras físicas existentes en las sedes judiciales de la región, la Consejería de Justicia cuenta con un análisis técnico detallado elaborado por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA).

El esfuerzo inversor de la Comunidad de Madrid en esta materia ha permitido ya acometer actuaciones como las llevadas a cabo en la sede judicial unificada de Aranjuez, en la Audiencia Provincial, en el nuevo edificio judicial del núcleo penal en Madrid (en la zona de San Blas) o en los accesos de los juzgados de Plaza de Castilla.

“Estamos en el Gobierno para servir al ciudadano y, particularmente, a aquel que más dificultad tenga para acceder a la Administración, relacionarse con ella o ejercer su labor”. Al respecto, la consejera ha apuntado que “esta medida favorece, también, la igualdad de oportunidades en el desempeño de la labor pública”.

Esta inversión en accesibilidad supone más del 12 % del Plan de Modernización de las infraestructuras judiciales que impulsa la Consejería de Justicia, que cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros para este ejercicio, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al comienzo de la legislatura.

Este plan tiene como ejes las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes judiciales de la región; las relacionadas con la seguridad; y la reubicación y reunificación de las sedes que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio.

Desde el inicio de la legislatura, en 2015, la Comunidad de Madrid ha destinado a las infraestructuras judiciales en la región un total de 93,7 millones de euros, entre inversión y gastos corrientes (mantenimiento, seguridad y limpieza). “Es de esta forma, con cercanía, con dedicación y con recursos a su disposición, como hacemos accesible la Justicia”, ha concluido su intervención la consejera Yolanda Ibarrola.