Palestina, protagonista indiscutible del primer Pleno ordinario de la temporada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional va a otorgar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el próximo Dos de Mayo a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional al ganador de esta competición, el deportista danés Jonas Vingegaard.

“Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron”, ha señalado la presidenta durante el Pleno de la Asamblea de Madrid a la bancada de la oposición, en referencia a las protestas y altercados que se produjeron el pasado domingo durante la final de la Vuelta en Madrid.

Sobre la Vuelta Ciclista a España, Díaz Ayuso ha subrayado que es “una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid” se siente más orgulloso pese a que la han intentado “desguazar”. “Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones”, ha remarcado.

La Vuelta Ciclista a España, también conocida como La Vuelta, celebraba este año una edición especial, ya que cumplía su 90 aniversario. Disputada por primera vez en 1935, desde su creación la carrera ha sido suspendida en cuatro ocasiones: desde 1937 hasta 1940 debido a la Guerra civil española, desde 1943 hasta 1944 por la Segunda Guerra Mundial y a la mala situación económica de España, en 1949 y desde 1951 hasta 1954.

El pasado domingo fue cancelada la última etapa que transcurría desde el municipio de Alalpardo hasta el centro de la capital, tras semanas de incidentes provocados por manifestantes propalestinos a causa de la presencia del equipo Israel-Premier Tech. El danés Jonas Vingegaard, vencedor de la última edición, no pudo subir al podio, ya que se anuló la ceremonia.

A nivel internacional, la española es una de las tres Grandes Vueltas y pertenece al calendario UCI WorldTour. Vingegaard, actualmente con el maillot del equipo Visma, ha cosechado tres Grandes Vueltas tras lograr dos Tours de Francia en 2022 y 2023. La Comunidad de Madrid patrocinaba este evento en cumplimiento de su objetivo de difusión de las actividades físicas y del deporte entre todos los sectores de la población. No en vano, el ciclismo es un deporte que despierta gran interés tanto a nivel nacional como autonómico.

Según los últimos datos actualizados del Consejo Superior de Deportes, correspondientes a 2023, cuenta con 69.805 licencias a nivel nacional, de las cuales 5.803 son mujeres y 64.002 hombres, y con un total de 3.682 clubes a nivel estatal. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, existen 3.227 deportistas federados, de los cuales, 360 son mujeres y 2.867 hombres, y hay 179 clubes, según datos de la temporada 2023/24. Además, el ciclismo es una de las más demandadas por los escolares madrileños en los programas deportivos propios de la Comunidad de Madrid. En la actualidad se desarrolla en el Programa Madrid Comunidad Deportiva, impartiéndose en 40 centros escolares con 2.000 participantes. Además, se trata de una modalidad deportiva también incluida en el Programa de Mañanas Activas con 21 centros y 1.050 participantes.

La Medalla Internacional, en virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, es una condecoración que se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a personalidades y representantes de otros países, así como a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años han recibido la Medalla Internacional el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023) y el de Argentina, Javier Milei (2024).

Era el anuncio más destacado del primer Pleno ordinario en la Asamblea de Madrid tras el receso veraniego en el que temas como el boicot a La Vuelta y la participación de Israel en Eurovisión fueron puntos centrales de discusión.

El Pleno comenzaba con un minuto de silencio en memoria del exdiputado Carlos Zorí, seguido de una sesión de control a la presidenta Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó su debate contra la portavoz del PSOE criticando a la izquierda, a la que describió como "una vergüenza de la A a la Z". En su discurso, Ayuso cuestionó la lealtad de la izquierda hacia España, sugiriendo que deberían mostrar más orgullo por las banderas nacionales en lugar de la bandera palestina. En este sentido, se preguntó cuándo la izquierda utilizaría símbolos que representen a España o a la Comunidad de Madrid, insinuando que se habían olvidado de a quién representan.

Ayuso también se refirió a su reciente encuentro con un equipo israelí durante la Vuelta, defendiendo que los deportistas no representaban a Israel, sino que eran de diversas nacionalidades, incluyendo canadienses y británicos, y que estaban dirigidos por un español. Su argumento se centró en la figura de un empresario israelí vinculado al Atlético de Madrid, cuestionando si la oposición tomaría medidas contra el club por su asociación con dicho empresario.

Además, Ayuso hizo alusión a la historia, preguntándose sobre la ausencia de actos conmemorativos de Franco y la emergencia climática, sugiriendo que la izquierda había encontrado en Gaza un nuevo tema para su agenda política. En este sentido, acusó a la oposición de no tener un verdadero interés en la situación y de carecer de empatía hacia los problemas reales de los madrileños.

Por su parte, Mar Espinar, portavoz del PSOE, respondió a las críticas de Ayuso, defendiendo la importancia de la bandera palestina como símbolo de "paz y dignidad de un pueblo perseguido". Espinar acusó a la presidenta de estar "del lado de los genocidas", en referencia a su postura sobre el conflicto en Gaza. En su intervención, Espinar destacó que el pueblo madrileño había salido a las calles en apoyo a Palestina, expresando su orgullo por la "fuerza arrolladora de la solidaridad madrileña".

Espinar también cuestionó la comparación que hizo Ayuso entre Madrid y Sarajevo durante las protestas, argumentando que su desconexión con la realidad de los madrileños era alarmante. En su discurso, enfatizó que Ayuso siempre se posiciona del lado de "la sinrazón, la barbarie y los genocidas", sugiriendo que su postura es errónea y desconectada de las preocupaciones de la ciudadanía.

Manuela Bergerot inició su intervención destacando la bandera palestina como un símbolo de "fraternidad". En un tono confrontativo, cuestionó a Ayuso sobre la muerte de "20.000 niños" en Gaza, preguntando retóricamente cuántas muertes más se necesitaban para que la presidenta se posicionara del lado "correcto de la historia". Este comentario subraya la crítica de Bergerot hacia la falta de respuesta humanitaria y la postura del gobierno regional en relación a los eventos en Gaza.

Bergerot también hizo referencia a las "miles" de familias madrileñas que se manifestaron en Madrid en una "protesta pacífica" para exigir el fin del "genocidio en Gaza". Criticó a los miembros del Partido Popular por descalificar a los manifestantes, tachándolos de "gentuza", y argumentó que tales insultos no solo eran un ataque a la izquierda, sino que representaban una ofensa a Madrid y a los madrileños que comparten la opinión de que las acciones violentas, como bombardear hospitales, son inaceptables.

Bergerot advirtió a Ayuso que cada vez que se prohíba una bandera o un símbolo de protesta, esto solo servirá para multiplicar la resistencia y la visibilidad de esas demandas. Esta afirmación sugiere que la represión de las manifestaciones y los símbolos de protesta podría tener un efecto contrario al deseado por el gobierno.

En respuesta, Isabel Díaz Ayuso rechazó la representación de las manifestaciones del domingo, que culminaron en la suspensión de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, afirmando que no reflejaban al pueblo de Madrid. Su postura sugiere una defensa de la imagen de la ciudad y una crítica a la forma en que se llevaron a cabo las manifestaciones.

Ayuso reconoció el derecho a la manifestación y a la protesta, pero exigió a Más Madrid que no acosaran a ciclistas y deportistas, sugiriendo que las acciones de protesta estaban perjudicando a la comunidad y a la economía local. En este sentido, su argumento se centró en la idea de que el acoso a los deportistas y a los comerciantes afecta negativamente a la prosperidad de Madrid.

Finalmente, Ayuso aprovechó la ocasión para criticar a Más Madrid, insinuando que su política estaba fracasando y que esto se reflejaba en la caída en las encuestas y en problemas más amplios, como huelgas de médicos en toda España. Esta crítica se enmarca dentro de un contexto político más amplio, donde Ayuso busca deslegitimar a la oposición al vincular su desempeño político con el descontento social.

Isabel Díaz Ayuso realizó un fuerte reproche a las propuestas que considera "siempre fraudulentas" de Vox. En su intervención, criticó la postura del partido que rechaza tanto el bipartidismo como la intención de gobernar, sugiriendo que Vox prefiere permanecer en un "limbo fantástico" donde solo se imponen deberes sin asumir responsabilidades de gobierno.

Durante el debate, Ayuso defendió la falta de competencias del Ejecutivo regional en materia de seguridad, enfatizando que su papel es monitorizar el trabajo de los profesionales en los centros de acogida y garantizar que se cubran las necesidades de los menores, quienes, por ley, deben ser acogidos en España. Afirmó que la Constitución establece derechos que deben ser respetados y que Vox había apoyado en el pasado, cuando gobernaba junto al Partido Popular o al votar a favor de la Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid.

Ayuso también se opuso a la propuesta de Vox de prohibir el uso del velo islámico (hijab) en centros escolares y edificios autonómicos. Cuestionó la lógica de tal prohibición en una sociedad que valora la libertad individual y la diversidad. Se mostró crítica ante la idea de que se deba "arrancar" el velo de las mujeres, planteando preguntas retóricas sobre cómo se implementaría tal medida.

La presidenta hizo una distinción entre el velo islámico y otras prendas como el burka o el pasamontañas, que podrían representar un problema de seguridad. Afirmó que Vox tiende a fomentar debates que llevan a soluciones extremas, sugiriendo que su enfoque no promueve un diálogo constructivo.

Ayuso subrayó su compromiso con los derechos fundamentales de todos los españoles, tal como están recogidos en la Constitución. Expresó su deseo de que las mujeres que usan el velo tengan la libertad de decidir si quieren quitárselo, enfatizando la importancia de la educación y la autonomía personal.

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, exigió que se realicen pruebas de edad a los menores extranjeros acogidos, argumentando que es necesario "confirmar" su estatus como menores. Cuestionó el seguimiento que se realiza a estos menores fuera de los centros de acogida, planteando la inquietud sobre la seguridad de las niñas.

Moñino planteó una pregunta directa a Ayuso sobre la negativa de esta a realizar una prueba de edad a un menor específico, Mohamed Rifay, insinuando que la falta de acción podría tener graves consecuencias. Su intervención reflejó la postura de Vox de exigir medidas más estrictas en la gestión de los menores extranjeros no acompañados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentó a críticas por parte de los partidos de la oposición, principalmente el PSOE y Más Madrid, en relación con el conflicto en Gaza.

Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a las acusaciones de los partidos opositores, afirmó que no es responsable de los conflictos internacionales, incluyendo el de Gaza. En su defensa, enfatizó que no tiene relación personal con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, expresando su desconocimiento sobre él: "No sé quién es ese señor".

La presidenta también hizo comparaciones entre la situación actual y otros eventos, como la pandemia y las olas de calor en la Península Ibérica, sugiriendo que no puede ser culpada por circunstancias fuera de su control. Su discurso se centró en la idea de que Madrid debe ser un lugar de integración y convivencia, mencionando su deseo de acoger a niños de Gaza y a judíos que enfrentan persecución en la ciudad.

Díaz Ayuso subrayó la importancia de Madrid como "capital mundial del deporte", en un intento por desviar la atención de las protestas pro-palestinas que llevaron a la cancelación de eventos deportivos, como la última etapa de la Vuelta. Su mensaje se dirigió a la necesidad de mantener la identidad y los valores de la ciudad frente a las divisiones provocadas por el conflicto internacional.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea, respaldó a la presidenta y arremetió contra los partidos de izquierda, a quienes describió como "los tontos útiles del totalitarismo". Criticó la tendencia de la izquierda a justificar medios ilegales o inmorales en nombre de causas que consideran justas, insinuando que su enfoque es irresponsable y peligroso.

Díaz-Pache utilizó la ironía para cuestionar la relevancia de eventos deportivos y la legalidad en el contexto de lo que él considera una lucha más importante, como la situación en Cataluña o el conflicto en Gaza. Su retórica sugiere que la legalidad y la constitución son secundarias frente a lo que él percibe como la necesidad de proteger a la sociedad y sus valores.

Durante la sesión de control, Ayuso destacó que la Justicia ha archivado un total de 92 denuncias vinculadas a la atención de mayores en residencias durante la crisis sanitaria. Esta afirmación se basó en la memoria de la Fiscalía, que fue publicada el día anterior. La presidenta enfatizó que, al cierre de 2024, los juzgados ya habían archivado estas denuncias, lo que sugiere una falta de fundamento en las acusaciones presentadas.

Además de las 92 denuncias archivadas, Ayuso mencionó que existen 143 denuncias en total, incluyendo aquellas que, aunque no han llegado a un juzgado, han sido desestimadas por la Fiscalía por no encontrar indicios de delito. Este dato refuerza su argumento de que no hay evidencia suficiente para sostener las acusaciones contra la gestión de las residencias durante la pandemia.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también intervino en el debate, acusando a la izquierda de haber promovido "143 denuncias falsas". Según su perspectiva, estas denuncias fueron utilizadas como una herramienta política para desacreditar la gestión del gobierno regional durante la pandemia. García Martín defendió la labor de atención a los mayores, afirmando que todos recibieron la atención necesaria con los recursos disponibles en ese momento.

La acusación de que las denuncias son "falsas" y "promovidas por la izquierda y ultraizquierda" refleja una estrategia política de la administración de Ayuso para deslegitimar las críticas y defender su gestión. Este enfoque sugiere una polarización en el discurso político, donde cada parte intenta utilizar los acontecimientos de la pandemia para fortalecer su posición ante la opinión pública.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, abordó la cuestión de los contratos entre la Comunidad de Madrid y la entidad Equipo Económico, la cual está relacionada con el exministro Cristóbal Montoro. Rocío Albert afirmó categóricamente que no se ha firmado ningún contrato con Equipo Económico durante la actual legislatura, ni en la anterior. Esta declaración fue una respuesta directa a la pregunta formulada por el diputado del PSOE, Agustín Vinagre, quien indagó sobre la cantidad de contratos establecidos con dicha entidad.

La consejera utilizó su intervención para señalar que, a pesar de la ausencia de contratos con Equipo Económico por parte del Gobierno regional, existen vínculos entre algunos miembros del PSOE y esta consultora. En particular, mencionó al secretario general del PSOE, Óscar López, sugiriendo que podría haber una falta de transparencia o de información en relación con contratos anteriores que el partido socialista podría tener con la entidad mencionada.

Albert no solo defendió la postura del Gobierno regional, sino que también aprovechó la ocasión para criticar al PSOE, sugiriendo que el secretario general debería responder sobre ciertos contratos relacionados con Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles Estado). La consejera insinuó que López había declarado no haber encontrado información sobre esos contratos, lo que podría implicar una falta de diligencia o una omisión intencionada.

Más Madrid ha manifestado su oposición a la concesión de la Medalla de Oro a La Vuelta, argumentando que esta decisión no refleja adecuadamente las circunstancias actuales y el clima social en el que se desarrolla el evento. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha sido clara en su postura, indicando que esta decisión no es la más apropiada en el contexto de las manifestaciones que han tenido lugar.

A pesar de su rechazo a la medalla para La Vuelta, Más Madrid ha celebrado que la Medalla Internacional se otorgue al ganador de la competición, el ciclista danés Jonas Vingegaard. La portavoz destacó la "actitud pacífica" de los manifestantes propalestinos que interrumpieron la celebración de la última etapa de la carrera, lo que fue valorado positivamente por Vingegaard.

Jonas Vingegaard, al ser consultado sobre las manifestaciones, expresó que se sintió seguro gracias al trabajo de la policía y mostró comprensión por las protestas que reflejan la gravedad de la situación en Gaza. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, enfatizó que Vingegaard es un "ejemplo de deportista y de ciudadano", destacando su capacidad para reconocer y valorar el contexto social en el que se encuentra.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, realizó declaraciones críticas hacia el partido Vox en relación con su postura sobre la inmigración. Dávila calificó la visión de Vox como "simplista e inhumana" y argumentó que sus afirmaciones son beneficiosas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ana Dávila criticó la forma en que Vox aborda el fenómeno de la inmigración, señalando que reducirlo a un mero análisis de coste económico es una perspectiva "hipócrita, bastante simplista e inhumana". La consejera enfatizó la complejidad del fenómeno migratorio, que no puede ser entendido únicamente a través de cifras económicas.

Dávila responsabilizó al presidente Sánchez de haber creado un "caos migratorio" al descontrolar las fronteras y llevar a cabo repartos indiscriminados de inmigrantes, lo que, según ella, ha provocado un "efecto llamada". Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio de descontento con la política migratoria del Gobierno central.

La consejera mencionó específicamente las "siete mentiras" que, según ella, Vox ha propagado en relación con la inmigración. Dávila defendió que "ningún menos es ilegal", haciendo referencia a la legislación internacional y nacional que protege los derechos de los inmigrantes. Subrayó que negar atención a los inmigrantes es un delito conforme al Código Penal español.

En cuanto a la expulsión de inmigrantes, Dávila aclaró que esta es una competencia exclusiva del Gobierno central. Sin embargo, destacó que el Gobierno autonómico ha solicitado el retorno de 46 menores considerados conflictivos, lo que demuestra su compromiso con la gestión de la situación migratoria.

La consejera afirmó que la Comunidad de Madrid está comprometida en la lucha contra lo que ella considera una política migratoria "temeraria". Aseguró que el Gobierno regional está actuando en varias frentes: judicial, administrativo y político, con el objetivo de poner fin a lo que describió como una "pesadilla" que afecta a España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado hoy, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, el apoyo del Gobierno regional a los 22 policías “agredidos y abandonados a su suerte” durante las protestas y altercados en la final de la Vuelta Ciclista a España. Quiero expresar el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid a los 22 policías que fueron abandonados a su suerte en la Vuelta Ciclista a España y que fueron agredidos en una situación bochornosa.

En la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se abordaron las preocupaciones sobre la precariedad laboral y la falta de recursos que enfrentan los Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid. Estos colectivos han decidido decretar una huelga debido a la insatisfacción con sus condiciones laborales y la falta de reconocimiento de sus derechos. Los principales grupos de la oposición, incluyendo Más Madrid, el Partido Socialista y Vox, han coincidido en criticar la gestión del Gobierno regional.

Alejandro Sánchez Pérez, diputado de Más Madrid, expresó su preocupación por el hecho de que, en plena temporada de incendios, el personal de Tragsa se encontraba en huelga, aunque interrumpieron temporalmente su protesta debido a la emergencia. Calificó de "fiasco" el proceso de estabilización de la plantilla en 2021, señalando que desde entonces se ha perdido el 40% de los puestos de trabajo.

José Luis García Sánchez, del PSOE, destacó la labor de los brigadistas y bomberos, instando al consejero a garantizar la continuidad de los contratos y a reconocer la categoría de bombero forestal a las Brigadas. Subrayó que el personal se expone a grandes riesgos por una remuneración de aproximadamente 1.300 euros, además de contratos que no reflejan adecuadamente su labor.

Íñigo Hernández de Luna, de Vox, recordó que el Gobierno regional había prometido una plantilla de 2.200 bomberos, pero actualmente solo hay 1.700. También mencionó la reducción de plazas de personal fijo-discontinuo, lo que ha dejado menos de 70 puestos disponibles.

En respuesta a las críticas, Carlos Novillo defendió la gestión de su departamento, argumentando que:

La Ley 05/2024, aprobada en diciembre del año anterior, permitirá el reconocimiento oficial de los trabajadores de las Brigadas como bomberos forestales, lo que incluye beneficios como la jubilación anticipada.

El contrato con Tragsa para la contratación de personal de prevención de incendios es "satisfactorio" y se incrementará la inversión en más de cuatro millones de euros para mejorar las retribuciones.

Rechazó las críticas de la oposición, sugiriendo que las condiciones de los brigadistas a nivel nacional no son mejores que en la Comunidad de Madrid.

Durante la comparecencia, varios miembros de Bomberos y Brigadas Forestales se encontraban en las gradas del hemiciclo, mostrando su descontento con la gestión del Gobierno regional. Jesús Molina, presidente del Comité de Empresa de Bomberos Forestales, criticó que la Comunidad "saque pecho" por los resultados del plan INFOMA, a pesar de que han enfrentado la mayor concentración de incendios en el verano.

Indicó que, aunque las Brigadas hicieron una pausa en su huelga para enfrentar la situación de emergencia, no recibieron respuesta a sus demandas de negociación. El comité considera que un nuevo convenio colectivo es esencial para resolver el 80% de los problemas actuales y están dispuestos a presionar para que la Comunidad asuma responsabilidades.

Alfonso Ferrero, miembro del Comité de Empresa de ASEM 112, recordó que los Bomberos llevan en huelga desde junio de 2025, exigiendo el reconocimiento de su categoría profesional y los complementos de peligrosidad. Enfatizó la necesidad de realizar labores de extinción y prevención durante todo el año, sugiriendo que los contratos deben abarcar más allá de los meses de alto riesgo de incendios.

A pesar de que la temporada de alto riesgo de incendios en la Comunidad de Madrid no concluirá hasta finales de septiembre, Novillo ya ha presentado un balance preliminar. Se han registrado 211 incendios que han calcinado más de 3.700 hectáreas, siendo los más significativos los ocurridos en Tres Cantos-Colmenar Viejo, Villamanta y Aranjuez.

La diputada de Más Madrid, Jimena González, hizo un anuncio significativo respecto a su participación en una flotilla con destino a la Franja de Gaza. Su objetivo principal es romper el bloqueo impuesto por Israel, al que ella califica de "Estado genocida", y llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

González realizó este anuncio en el contexto de su rechazo a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el partido Vox. Esta propuesta solicitaba la prohibición del uso del velo en colegios y edificios públicos, lo que fue un punto de debate en la sesión. La diputada aprovechó la ocasión para expresar su firme postura en contra de esta medida y, al mismo tiempo, para comunicar su compromiso con la causa palestina.

La diputada enfatizó que la flotilla a la que se unirá es "pacífica" y está cargada de material humanitario. Su misión es abrir un corredor humanitario que permita la llegada de suministros básicos y esenciales para la población civil de Gaza. Este aspecto de su intervención resalta la urgencia y la necesidad de asistencia humanitaria en la región, subrayando la situación crítica que enfrentan los habitantes de Gaza.

Jimena González se identificó como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española", expresando su orgullo por participar en esta iniciativa. Destacó que su papel como representante política va más allá de las funciones parlamentarias tradicionales. Para ella, implica ser la voz del pueblo que la eligió, y que esa voz se ha manifestado claramente en las elecciones recientes.

En su discurso, González transmitió un mensaje de solidaridad con el pueblo de Gaza, subrayando su deseo de que "termine el genocidio en Gaza" y que "Palestina sea libre desde el río hasta el mar". Este mensaje refleja no solo su compromiso personal con la causa, sino también una respuesta a las demandas de sus electores, quienes, según ella, han expresado su deseo de apoyo hacia la población palestina.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, compareció en el Pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre el inicio del curso escolar 2023-2024. Este inicio se ha desarrollado "con total normalidad", a pesar de las críticas de algunos partidos políticos sobre la falta de profesores y recursos.

Una de las medidas destacadas por Viciana es la reducción de ratios en las aulas. Este año, se implementa la bajada de ratios en el primer curso de Educación Primaria y en el segundo ciclo de Infantil, así como en los primeros tres años de Secundaria. Las clases de Infantil y Primaria pasan de 25 a 20 alumnos, mientras que en Secundaria se reduce el número de 30 a 25. Esta disminución busca mejorar la atención personalizada a los estudiantes.

Viciana informó que este año han comenzado sus clases 1.267.387 alumnos, lo que representa un incremento de 101 estudiantes en comparación con el año anterior. De estos, el 81,4% asiste a centros educativos sostenidos con fondos públicos, desglosándose en un 53,7% en colegios públicos y un 27,7% en concertados. Además, el 95,3% de las familias ha logrado escolarizar a sus hijos en su primera opción de centro educativo.

El consejero también destacó un aumento en la Formación Profesional, con 188.515 alumnos matriculados, lo que representa un crecimiento del 5,4%. Se han creado 3.735 nuevas plazas en 177 centros públicos que ofrecen 168 títulos en 22 familias profesionales. En el primer ciclo de Educación Infantil, se prevé alcanzar los 90.980 alumnos, con un aumento notable en los centros sostenidos con fondos públicos.

Viciana anunció la próxima implementación del Plan de Rescate de Matemáticas, diseñado para mejorar el nivel de los alumnos en esta materia, que enfrenta un déficit estructural en la región y en el resto de España. Además, se están llevando a cabo varias iniciativas, como la introducción de dos primeros cursos de Secundaria en 49 colegios públicos, la generalización de la jornada partida y el programa Patios Abiertos en cerca de 300 colegios públicos de 84 municipios.

La Comunidad de Madrid ha inaugurado 15 nuevas infraestructuras educativas, que suman 4.730 nuevas plazas escolares, con una inversión de 58,5 millones de euros. También se han destinado 252 millones de euros a becas y ayudas, además de incrementar los recursos para atender las necesidades específicas de los alumnos.

A pesar de los logros mencionados, la oposición, especialmente los partidos de izquierda como Más Madrid y el PSOE, han criticado la "falta" de profesores y la gestión de las becas comedor. María Pastor, de Más Madrid, acusó al gobierno de dejar a miles de familias sin acceso a escuelas infantiles públicas, lo que agrava la desigualdad. También destacó el compromiso de los docentes con causas sociales, pidiendo apoyo público para su labor.

Esteban Álvarez León, del PSOE, se centró en la comparación de las ratios de aulas en Madrid con otras comunidades autónomas, señalando que siguen siendo superiores. Criticó la falta de profesores, afirmando que el número está en su nivel más bajo y que las plazas de interinos no se están convirtiendo en fijas.

Por su parte, el parlamentario de Vox, José Antonio Fúster, exigió al consejero que gobernara "sin miedo a los sindicatos" y que se impidiera el adoctrinamiento en las aulas, afirmando que este sigue presente. También solicitó un aumento en la plantilla de la inspección educativa y apoyo a las academias privadas de enseñanzas no regladas.

Por la tarde se llevó a cabo una votación sobre una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el partido Vox, que proponía la prohibición del velo islámico en espacios públicos, incluyendo escuelas, universidades y hospitales. Esta iniciativa generó un intenso debate entre los diferentes partidos políticos, cada uno presentando argumentos a favor y en contra de la propuesta.

El Partido Popular (PP) se opuso a la prohibición del velo islámico, argumentando que tal medida sería "ilegal" y contravendría la Constitución española. El diputado Rafael Núñez Huesca expresó que la prohibición convertiría a España en un país laico de facto, en lugar de un país aconfesional, como establece la Constitución. Según Núñez, el laicismo podría llevar a una sociedad que no cree en nada, comparando esta situación con la de Francia.

El PP defendió la idea de que España debería ser un lugar donde todas las personas, independientemente de su religión o apariencia, puedan expresarse libremente. El diputado enfatizó que tanto las mujeres como los hombres deberían tener la libertad de elegir cómo vestirse, incluyendo el uso de símbolos religiosos como la kipá judía o el crucifijo cristiano.

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, fue la encargada de presentar la PNL. Ella argumentó que el velo islámico no es una prenda inocente, sino que es una "herramienta política del islamismo" diseñada para someter a las mujeres. Moñino subrayó que su partido no permitiría que el islamismo se infiltrara en las leyes españolas, y se refirió al velo como untrozo de tela" que "culpabiliza a las niñas". Enfatizó que España estierra de libres", posicion firmemente en de la propuesta de Vox.

El grupo político Más Madrid también votó en contra de la propuesta de Vox. La diputada Jimena González Gómez criticó la PNL, argumentando que contenía "mentiras" y defendiendo la diversidad en la sociedad. En un momento de tensión, González Gómez se dirigió a Moñino, manifestando que su partido no tiene problemas con la diversidad, pero sí con el extremismo, al referirse a los nazis.

Cristina González Álvarez, del Partido Socialista, calificó la iniciativa de Vox como un "panfleto cargado de odio, bulos y racismo". Ella lamentó que este tipo de discursos recordaran épocas históricas de señalamiento hacia los diferentes, que pensó que no volverían a aparecer en la sociedad contemporánea. González Álvarez también aprovechó la ocasión para defender la causa palestina, en respuesta a las críticas del PP hacia los manifestantes pro-palestinos en Madrid, sugiriendo que el PP tiene una postura selectiva sobre las causas que apoya.

Se ha producido un cambio significativo en la estructura del Gobierno de la Comunidad de Madrid debido a la baja temporal del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo Domínguez, quien ha decidido apartarse de sus funciones por un proceso oncológico. Este evento ha llevado a la reestructuración temporal de las carteras de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Miguel Ángel García Martín, actual consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, asumirá el despacho de las carteras de Vivienda, Transportes e Infraestructuras durante la ausencia de Jorge Rodrigo. Esta decisión ha sido formalizada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Aunque García Martín se encargará de la supervisión de estas áreas, se ha determinado que José María García, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, será el responsable de la gestión diaria de estas carteras. Esto sugiere que, aunque García Martín tendrá un rol de supervisión, la operativa cotidiana quedará en manos de su viceconsejero.

En el primer Pleno de la Asamblea en el que Jorge Rodrigo no estuvo presente debido a su enfermedad, los grupos de oposición, incluyendo Más Madrid, PSOE y Vox, han expresado su apoyo al consejero. Este gesto de solidaridad se ha manifestado en sus intervenciones durante la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Más Madrid, el PSOE y Vox han comenzado sus preguntas a la presidenta con un mensaje de aliento hacia Rodrigo, lo que refleja un ambiente de apoyo y respeto en un momento difícil para el consejero afectado. Isabel Díaz Ayuso también ha agradecido las muestras de apoyo hacia su compañero de gabinete, lo que indica una unidad en el Gobierno a pesar de las diferencias políticas que puedan existir.