Considera que los efectos retroactivos atacan el interés general, y no pueden justificarse por la crisis

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de constitucionalidad al entender que pudiera ser ilegal la supresión de la paga extra, con efectos retroactivos, al personal laboral del sector público. La presente Resolución no afecta a los funcionarios. En un auto, los magistrados piden al Tribunal Constitucionalidad que resuelva si el Real Decreto-Ley 20/2012, que supuso la supresión de la paga extra, contraviene el artículo 9.3 de la Carta Magna, que impide aplicar las normas con efecto retroactivo.

La Sala de lo Social recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extra se devenga día a día, aunque se pague al final de cada semestre. En el caso analizado, la norma que suprimía esa remuneración entró en vigor el 15 de julio, con lo que había 14 días que ya se habían devengado, puesto que el 30 de junio se había pagado la extra del primer semestre.

Por tanto, ya se había generado el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo y se había incorporado “al acervo patrimonial” de los trabajadores, así que no podía eliminarse ese derecho con efecto retroactivo desde el 1 de julio, según los jueces.

La Sala rebate los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado en los que trataba de justificar en el interés general los ajustes presupuestarios provocados por la situación de crisis por la que atraviesa España.

Los magistrados reconocen que “vivimos una situación altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias, que probablemente justifique medidas restrictivas de derechos como aquellas a las que venimos asistiendo en los últimos tiempos, pero que no abre la puerta, sin más, a que esas restricciones operen de modo retroactivo”.

Añaden que en este caso no se cumple con las “exigencias cualificadas” que el Tribunal Constitucional demanda para que se pueda aplicar una medida que suponga la restricción de derechos fundamentales. “A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”, dice el auto.

“El bien común que justifica el sacrificio de la irretroactividad (…) ha de tender a identificarse con los grandes valores que cohesionan a la sociedad, puesto que deben confrontarse con valores de igual talla”, añade.

Por último, la Sala se plantea la posibilidad que en este caso se trate de una expropiación legislativa de derechos, pero consideran que no se puede aplicar en este pleito ya que no existe una compensación o devolución futura de cantidades que lo compense. La cuestión de constitucionalidad planteada, contra la que no cabe recurso, responde a un recurso planteado por los trabajadores de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), de titularidad pública.

La decisión del Tribunal generaba las primeras valoraciones. Por ejemplo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se felicitó por la decisión de la Audiencia Nacional de plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la retirada de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. El presidente de CSI-F, Miguel Borra, considera que "esta decisión respalda el argumento de los sindicatos cuando plantearon a las diferentes administraciones que la crisis económica no era una justificación suficiente para retirar, con carácter confiscatorio, las retribuciones económicas y los derechos consolidados del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

A la espera de conocer la decisión final de la justicia, el sindicato cree que la actuación de la Audiencia Nacional es un paso muy importante en la lucha de los trabajadores por recuperar su paga. En este sentido, Miguel Borra advierte que "tanto el Gobierno, como las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía o Galicia (que recientemente han adoptado medidas similares) deben tomar buena nota porque van a empezar a recibir un goteo constante de resoluciones judiciales en contra de sus recortes arbitrarios e injustos".

CSI-F y el resto de los sindicatos que forman parte de la Plataforma Sindical y de Organizaciones Profesionales de las Administraciones Públicas, han planteado reclamaciones de la paga extra en todos los niveles y sectores de la Administración. Una de las últimas fue esta misma semana, con la presentación de una demanda para reclamar la paga de los más de 50.000 trabajadores laborales que forman parte de la Administración General del Estado.