Piden al ministro que cambie la legislación y anuncian que seguirán movilizándose

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el sector de la Justicia, valoró de manera "positiva la sentencia del  Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa hipotecaria española e insta al Gobierno a que modifique de forma inmediata la ley adaptándola a los términos recogidos en la sentencia".

En este sentido, CSI-F reclama al Gobierno que "también modifique el anteproyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se esconde la privatización de las diligencias de lanzamiento por impago de hipoteca o los embargos de bienes. En virtud de este texto, los procuradores de los acreedores serán quienes dirijan las diligencias de lanzamiento y de embargo en sustitución de los funcionarios de Justicia que son quienes los realizan en la actualidad. Con esta modificación, que supone un coste suplementario al ciudadano que tendrá que abonar por este servicio, el Ministerio de Justicia pretende orillar a los funcionarios públicos que, no olvidemos, siempre son ajenos al pleito y tienen la obligación de ser imparciales".

Por otra parte, CSI-F, en coordinación con la plataforma Justicia Para Todos, reanudará la próxima semana las movilizaciones contra las reformas del ministerio de Justicia, en este caso, contra el proyecto de privatización del Registro Civil. El jueves, 21 de marzo, se producirán concentraciones en las puertas de los registros civiles de toda España.

"El pasado 26 de febrero el Subsecretario del Ministerio de Justicia se comprometió verbalmente con CSI-F a que la asunción del Registro civil por los Registradores de la Propiedad no supondría coste alguno para los ciudadanos. Pues bien, el director general de Registros y Ciudadanos señaló esta semana en un encuentro con medios de comunicación que el departamento estudia cobrar, al menos, el 15% de la actividad del Registro civil. Otros procedimientos como poderes, régimen económico de matrimonios, el domicilio o el cambio de nombre se están valorando. La contradicción es evidente y, o bien, mintió el Subsecretario del Ministerio o miente el Director General”, destaca CSI-F.

Este sindicato recuerda que "los problemas que actualmente afronta el Registro civil y las quejas del ciudadano residen en el abandono al que se ha visto sometido por los sucesivos gobiernos desde hace varios años. Para resolver el problema hacen falta medios personales y materiales y la participación de los funcionarios de justicia en el proceso de negociación".

Por último, CSI-F reitera su "rechazo al decreto que reforma la Ley de Tasas, que convalida hoy el Congreso, dado que no resuelve el problema del derecho de acceso a la Justicia y mantiene la discriminación a los empleados públicos. Los funcionarios seguirán pagando proporcionalmente más (120 euros más en segunda instancia  y 180 en casación)  por acudir a la justicia en defensa de sus derechos laborales y tampoco podrán defenderse a sí mismos como venía siendo hasta ahora (deben estar representados por abogado y procurador, con el coste que  acarrea)".