Creen que se pretende contratar empresas para suplir el trabajo de funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que la Oferta Pública de Empleo aprobada por el Consejo de Ministros es "absolutamente insuficiente y deja la Administración General del Estado en una situación “bajo mínimos” que agravará el efecto de los recortes sobre los ciudadanos".

Además, CSI-F considera que "el Gobierno está modificando el modelo de administración de manera encubierta. La congelación de la oferta pública de empleo está generando la progresiva entrada de la empresa privada, a través de la externalización de servicios y puestos relacionados con la gestión, que hasta ahora estaban reservados a empleados públicos".

"La oferta pública es insuficiente de por sí, pero además, las pocas plazas están mal distribuidas, limitándose fundamentalmente a empleados públicos de titulación superior, relegando a empleados relacionados con puestos de gestión y servicios. En la actualidad, se ha consolidado la tendencia a externalizar puestos relacionados con la hostelería, la vigilancia o la limpieza. Pero CSI-F tiene constancia de que ya se están externalizando también puestos estructurales de conductores y ordenanzas. Este es el caso, por ejemplo, de la Dirección General de la Seguridad Social en Barcelona, que recientemente, ha adjudicado a una empresa privada sus ordenanzas. También es novedosa este año la externalización de la vigilancia privada en los perímetros de las prisiones. La congelación de la oferta pública también está deteriorando departamentos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo de Garantía Salarial, o el Imserso, con la particularidad en este último caso de que los empleados públicos realizan una labor asistencial. También es especialmente sangrante el caso de la Justicia. Pese ha haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos para ofertar 1.100 plazas, el departamento de Montoro se ha impuesto al de Gallardón, limitando esta a 300 (menos de una tercera parte), lo que deja a la justicia en una situación de absoluta precariedad de medios personales. Capítulo aparte merece el personal laboral, que únicamente puede acceder a 8 plazas, destinadas eso sí, a discapacitados intelectuales", afirman.