Los funcionarios piden que se garantice todo el empleo público

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, para analizar las implicaciones de la futura reforma de la Administración Local en el empleo público y los servicios que reciben los ciudadanos y las alegaciones que presentarán próximamente al Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto.

Borra trasladó a de la Serna su preocupación porque el anteproyecto modifica cuestiones fundamentales que afectan de manera troncal a las condiciones laborales de más de medio millón de empleados públicos que trabajan en el ámbito de la administración local, así como la gestión, la calidad y la ordenación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

CSI-F, sindicato más representativo de las administraciones públicas, advierte de que el sindicato se opondrá frontalmente a que la reforma se realice a costa de la privatización de servicios esenciales, el recorte en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y, en el peor de los casos, la amortización de plazas o el despido de personal.

La diferencias entre alcaldes y los presidentes de las comunidades autónomas con el Gobierno sobre la financiación de los servicios y el traspaso de competencias es un factor que suma a la inquietud del colectivo de empleados públicos. CSI-F espera que los empleados públicos y los ciudadanos no tengan que pagar los platos rotos de esta reforma, a través de despidos y privatizaciones.

En este sentido, CSI-F considera preciso delimitar el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. CSI-F entiende que el Gobierno debe delimitar con claridad meridiana que servicios públicos deben prestar las administraciones directamente a través de los empleados públicos y cuáles a través de otras formas de gestión. Es decir qué deben y que no deben hacer las Administraciones Públicas.

CSI-F promoverá, a través de rondas de contactos con los diferentes grupos políticos, la aprobación de mociones en los consistorios en defensa de los puestos de trabajo de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos.

CSI-F asimismo, señala la necesidad a abordar en el marco del diálogo social todas aquellas cuestiones que tengan que ver con las políticas de personal. De hecho, las resoluciones de la FEMP para el período 2011-2014, establecen el impulso del diálogo con las organizaciones sindicales.

Por último, Borra emplazó al presidente de la FEMP a impulsar un verdadero pacto de Estado por las Administraciones Públicas, extensivo al ámbito de lo local, para que el modelo de gestión y las condiciones de los empleados públicos no esté al vaivén de los diferentes cambios de Gobierno.