La entidad recibe, según CSIF, 40.000 nuevos beneficiarios en 2012

Las cuentas de Muface se han visto reducidas en más de mil millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, entre 2009 y 2013, como consecuencia de la reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, la utilización del remanente de tesorería y la congelación de las ofertas de empleo público, lo que ha impedido la entrada de nuevos titulares y beneficiarios en el sistema.

Ante esta situación, que puede comprometer a medio plazo el futuro de la mutualidad, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha organizado laJornada Mutualismo Administrativo: Eficiencia de un Modelo”, en colaboración conel Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Los datos de los últimos años muestran como la incorporación de nuevos mutualistas titulares se va reduciendo como consecuencia de las escasísimas ofertas de empleo público, que actualmente es la única manera de incorporarse a las mutualidades.

A lo largo de los últimos años se ha reducido de manera paulatina la entrada de nuevos beneficiarios (familiares de mutualistas) consecuencia de la reducción de la natalidad y de la práctica paralización de las ofertas de empleo público que aportan titulares jóvenes con hijos de corta edad.

Sin embargo, los resultados provisionales de 2012 reflejan un aumento de beneficiarios, probablemente como consecuencia de la crisis económica y el regreso de muchos jóvenes al hogar de sus progenitores y por tanto, a la protección de la mutualidad.

La distribución porcentual entre titulares y jubilados obligatorios se va decantando de forma imparable hacia los jubilados (seis puntos porcentuales en los últimos seis años). El envejecimiento de la población tiene como consecuencia una mayor necesidad de asistencia sanitaria y farmacológica y de protección social.

Las aportaciones obligatorias de Hacienda se han ido reduciendo de manera paulatina, destacando la reducción del 16,9 por ciento en el último año.

La retracción de Hacienda en la aportación ha hecho necesaria la utilización creciente del remanente de tesorería, única manera de equilibrar el presupuesto para hacer frente a las necesidades del concierto y las prestaciones sociales.

En los últimos cinco años se han utilizado casi mil millones de euros del remanente.

Esta evolución explica los recortes en las prestaciones sociales, que por primera vez desde la fundación de las Mutualidades en 1975 se han introducido en el presupuesto de las mutualidades para 2013.

Programas que se suprimen para 2013:

1. Nuevas ayudas adicionales a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
2. La renovación de las ayudas de las mismas modalidades concedidas en 2012 y en ejercicios anteriores.
3. Ayudas de podología y termalismo social para mayores.
4. Programa de becas de estudio y residencia para mutualista.
5. Programa de ayuda para la adquisición de vivienda propia. (Está vigente el convenio de condiciones con el BBVA). De algo más de 4 millones de € se pasa a 240.000€ lo que supone su desaparición temporal en la práctica.

Programas que se recortan para 2013:

1.    El subsidio de jubilación se reduce a la cuarta parte al modificar el coeficiente multiplicador que ha de aplicarse a las retribuciones básicas y establecerse en el 0,5 (antes era 2). El recorte económico supone pasar de más de 15 millones de € en 2011 a una cifra ligeramente inferior a 4 millones €
2.    El subsidio por defunción se reduce en su cuantía mínima a casi la mitad. De una cantidad actual de 1500€ pasa a 751€. De algo más de 8 millones de € se pasa justo a la mitad, a algo más de 4 millones de €.
3.    Estos dos programas junto a la ayuda para la adquisición de vivienda suponen un recorte de más de 20 millones de €.

Frente a estos datos, destaca la gestión impecable de las mutualidades y la excesiva diferencia en relación a la sanidad pública, como muestran los últimos datos contrastados, correspondientes a 2009 y 2010.

Otro de los problemas estructurales detectados reside en los diferentes y disparatados precios de las comunidades autónomas a las aseguradoras cuando recurren a los servicios públicos. Estos son algunos ejemplos, comparando las diferencias de coste entre la Comunidad de Madrid y Andalucía (comunidad autónoma más cara).

A esta situación económica se suma la diferencia entre los índices de siniestralidad entre la media del conjunto de las empresas aseguradoras, respecto al de las compañías que pertenecen al mutualismo administrativo.

Ante esta situación, CSI-F propone:

-       Realizar un estudio de viabilidad, con el consenso de todas las partes implicadas.
-       Potenciar los recursos destinados a asistencia sanitaria y farmacológica, para favorecer la sostenibilidad de la siniestralidad, con las mismas cotas de calidad en los servicios.
-       Promover precios homogéneos en los servicios sanitarios que ofrecen las CC.AA..
-       Reducir el diferencial de las aportaciones del Estado entre la sanidad pública y el mutualismo administrativo al 25 por ciento como máximo.
Hay que tener en cuenta que el mutualismo ha mostrado unas virtudes remarcables durante los últimos años:
-       Cuenta con una alta aceptación entre el colectivo de funcionarios.
-       Esta en un sistema de examen permanente de calidad, con carácter anual.

Por ello, todas las partes implicadas tienen la obligación de aunar esfuerzo para que el modelo perdure de manera estable a lo largo del tiempo. De lo contrario, el agotamiento del modelo tendría funestas consecuencias para el Sistema Nacional de Salud, que vería incrementado en dos millones sus nuevas afiliaciones de manera brusca y repentina.

Esta situación sería altamente perjudicial para las arcas públicas, por los mayores costes que tendría que soportar, además de suponer un completo desastre para la planificación sanitaria del país.