La Unidad de Atención Psicológica ayudó a más de trescientas personas

La Comunidad de Madrid intervino en 2020, a través de la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes, en un total de 132 casos en los que se prestó atención a más de 300 personas. Así lo ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, durante la visita a este servicio, integrado en el programa No te cortes, para atender las necesidades de las adolescentes que sufren algún tipo de violencia física y/o psicológica por parte de sus parejas, así como de las personas que conviven con ellas.

No te cortes ayuda a las jóvenes menores de edad y a sus familias a identificar situaciones de maltrato, que no suelen manifestarse inicialmente con agresiones físicas y sí a través de comportamientos de dominio y abuso que, en muchas ocasiones, las adolescentes no identifican como violencia y que la Administración regional ayuda a detectar y combatir también a través de la web https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/no-te-cortes#.

Dancausa se ha interesado por el trabajo que realizan los profesionales de la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes, un equipo multidisciplinar integrado por psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales que abordan esta problemática con los menores y sus allegados, desarrollando una atención integral que se prolonga de media durante más de un año.

Las conclusiones de diferentes investigaciones coinciden en señalar que, a pesar de los avances producidos en la igualdad entre hombres y mujeres en las últimas décadas, en las generaciones jóvenes sigue existiendo, de una no anecdótica, violencia de género en las relaciones afectivas, normalizando ideas tales como mirar el móvil de la pareja o controlar su vestimenta.

En este sentido, Dancausa ha insistido en la necesidad de promover una educación afectiva y sexual sana y ajena a la violencia y fortalecer la línea de trabajo con las familias con víctimas de la violencia de género, para aportar claves en la educación de los menores que impidan la trasmisión de unos valores discriminatorios que derivan en menosprecio, control, aislamiento y violencia.

La FIFA (Fédération Internationale de Football Association en francés), la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acaban de lanzar una campaña que busca concienciar sobre los problemas de salud mental, animar a las personas a buscar ayuda cuando la necesiten y tomar medidas diarias para mejorar la salud mental. La actual situación sanitaria surgida por la pandemia ha modificado las formas de organización del trabajo, ha incidido en el desempleo, e hizo necesario un aislamiento social afectando de modo significativo a personas de todo el mundo. Todo esto tuvo una mayor repercusión para las personas que presentaban problemas de salud mental.

En consecuencia, se introducen nuevas transformaciones y cambios en las formas de organizar y realizar el trabajo, desplazándose el núcleo de la actividad laboral que tiene su epicentro en la actividad motora (esfuerzo físico) a la actividad mental  (solución de problemas, capacidad de gestión de la incertidumbre y gestión del conocimiento), convirtiéndose la carga mental en una amenaza para la salud.

En España, teniendo en cuenta los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), las enfermedades ligadas al estrés, depresión o ansiedad alcanzaron un porcentaje del 14,6 entre las principales enfermedades de tipo laboral provocadas o agravados en los últimos doce meses.

Para poder hacer frente a estos problemas el IRSST cuenta con un Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales que asesora en este tipo de problemas.  La intermediación en riesgos psicosociales es un proceso de carácter mediado para el tratamiento, gestión, solución y prevención del conflicto psicosocial en las relaciones de trabajo en el medio laboral, corrección de los estresores que la originan y sus consecuencias (malestar, estrés, burnout, acoso laboral). Además cuenta con Aula de psicosociología y competencias sociales desde donde se imparten acciones formativas a lo largo de todo el año. Puedes consultar el Catálogo de Formación para el año 2021.

La Comunidad de Madrid con el fin de poder identificar posibles “focos de riesgo” de enfermedades profesionales colabora con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para poder mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Región. En este sentido, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva a cabo las acciones necesarias para alcanzar una mayor eficacia en la prevención de los riesgos laborales y un mayor bienestar.

Esta colaboración se lleva a cabo a través de un sistema de alertas generadas por  la herramienta CEPROSS (Comunicación de enfermedades profesionales en Seguridad Social) cuya utilidad está en el control de las empresas que superan los límites de alerta establecidos para las enfermedades profesionales. Estos límites se han definido por Grupos de Enfermedad Profesional que establecen el número de trabajadores afectados por una misma enfermedad profesional a partir del cual se considera que dicha empresa rebasa el límite de siniestralidad.

La publicación Enfermedades profesionales. Sistema de alerta como herramienta para la prevención: utilidad del sistema CEPROSS para el control de las empresas que superan los límites de alerta establecidos en enfermedades profesionales. 1er Semestre 2021 ofrece datos estadísticos de enfermedades profesionales por comunidades autónomas.

En el caso de que en una empresa de la Comunidad de Madrid se declare una Enfermedad Profesional, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo activará un procedimiento de análisis e investigación de las causas con la idea de colaborar en la proposición de medidas correctoras para su reducción y/o eliminación.

En una primera fase, el Técnico recaba información, a través de los Servicios de Prevención Propios o Ajenos, acerca de los datos de la enfermedad padecida por el trabajador: inicio de los síntomas, evolución, pruebas practicadas para llegar al diagnóstico definitivo y situación actual del trabajador/a.

En una segunda fase, se visita el puesto de trabajo con el fin de identificar los riesgos y comprobar que figuren en la evaluación de riesgos de la empresa. En esta fase se trata de relacionar los riesgos que se han comprobado mediante observación "in situ" con el daño sufrido por el trabajador, con el fin de establecer una relación causa-efecto. En una tercera fase, con los datos recabados, se elabora un informe que posteriormente se remite al organismo solicitante.

La Comunidad de Madrid ha reconocido la labor de los profesionales que vigilan las 66 sedes judiciales de la región y protegen a usuarios y trabajadores de estos recintos públicos, especialmente durante la pandemia y la borrasca Filomena. Así lo ha hecho hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante una visita a los juzgados de Plaza de Castilla, donde se ha reunido con los responsables de seguridad y vigilancia de todas las sedes judiciales madrileñas.

Se trata, según López, de un servicio “del que debemos sentirnos orgullosos todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que se ha hecho indispensable y que ha alcanzado grandes cotas de eficacia y eficiencia durante el último año y medio, periodo marcado por la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 y por los estragos que, el pasado mes de enero, provocó la borrasca Filomena’ en nuestra región.

El consejero ha subrayado que, desde la declaración del primer estado de alarma, los vigilantes fueron responsables de tareas fundamentales como la limitación de aforos o el control de las medidas de prevención frente al virus. Además, ha puesto de relieve que, durante los peores días de Filomena, fueron estos operarios los que se encargaron de despejar los accesos a los edificios e, incluso, hubo vigilantes que se vieron obligados a permanecer dos días ininterrumpidos de servicio sin poder dejar el puesto porque no podían llegar refuerzos.

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha licitado el nuevo contrato de Seguridad para las sedes judiciales, con un aumento presupuestario de 4,1 millones de euros respecto al año 2020. Este incremento obedece a que hay más conflictividad en los juzgados, lo que ha llevado a elevar un 27% las sedes que contarán con servicio armado, pasando de 19 a 26; así como el número de vigilantes, de 309 a 340, lo que se traduce en un aumento de cerca del 10%.

Por otra parte, el Gobierno regional ha invertido en la modernización tecnológica del servicio de seguridad y vigilancia de los juzgados, con mejoras en los sistemas de videovigilancia, arcos detectores o sistemas de reconocimiento de matrículas.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior también ha visitado las instalaciones de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de los juzgados de Plaza de Castilla, en los que la Comunidad de Madrid ha invertido casi 75.000 euros en obras para mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios. Esta reforma es parte de la última fase de remodelación de los Juzgados de Plaza de Castilla, que ha supuesto durante los años 2020 y 2021 una inversión próxima a los 900.000 euros.

Entre los trabajos realizados en estas dependencias, destacan la instalación de un nuevo pavimento, la sustitución de falso techo, así como la pintura y la instalación de pantallas led de iluminación. Además, se ha dotado de nuevo mobiliario al espacio de la Policía Nacional en esta sede judicial, la más grande que tiene la Comunidad de Madrid.

Las mejoras forman parte del Plan Justicia 21x21 de la Comunidad de Madrid, una de las grandes apuestas del Gobierno regional para modernizar las infraestructuras judiciales de la Comunidad de Madrid que supondrá, desde 2019 a 2023, una inversión total de 100 millones de euros.

La Comunidad de Madrid alojará y atenderá a mujeres reclusas o que hayan estado en prisión para facilitar su reinserción social. El Gobierno regional ha autorizado la celebración del contrato de servicios para gestionar su atención integral por un importe de 682.994,40 euros para el periodo comprendido entre 2021 y 2023.

El objeto de este contrato es atender a mujeres, con o sin hijos, sin respaldo familiar, que no cuentan con recursos económicos y que se encuentran cumpliendo tercer grado penitenciario y necesitan ser acogidas o se hallan en situación de libertad condicional o definitiva, y al finalizar su estancia en el centro penitenciario carecen del apoyo necesario para su reinserción social.

Se trata de un contrato para 14 plazas, contando las mujeres y sus hijos. Los servicios que se prestan son alojamiento temporal y manutención, así como un tratamiento integral de recuperación que desde los ámbitos psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico, favorezca la normalización de la unidad familiar.

A las mujeres se las forma en el correcto cuidado y desarrollo de los menores, la asunción de responsabilidades, el cumplimiento de gestiones administrativas, desarrollo de hábitos de ocio y tiempo libre y formación educativa y laboral.

Este contrato, aprobado en la última reunión celebrada por el Consejo de Gobierno, se va a tramitar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, favoreciendo criterios cualitativos evaluables como un plan de supervisión externa del equipo profesional, una mejora en el de formación, actividades de refuerzo escolar con menores, o un plan de seguimiento de las usuarias y de ocio y tiempo libre.

La Comunidad de Madrid ha realizado, entre el 4 y el 8 de agosto, la migración de todos los sistemas de gestión financiera y logística de la región a una nueva plataforma tecnológica. Para ello, la Agencia para la Administración Digital, Madrid Digital, ha llevado a cabo en esos días la conversión de toda esta información que aglutina servicios tan esenciales como la elaboración de presupuestos, la ejecución de gastos e ingresos o la contratación y compra de bienes y servicios.

Con esta actuación se mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración regional y se da un paso más en la evolución tecnológica y la transformación digital de la región. En concreto, se dejará de usar la plataforma denominada SAP R3 para pasar a una versión mucho más avanzada, SAP S/4-HANA, integrada en el sistema de información Nexus, una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público.

Nexus es utilizado por aproximadamente 9.500 usuarios de la Comunidad de Madrid, que realizan diariamente 1.000.000 transacciones. Actualmente, la cantidad de datos que maneja el sistema de forma centralizada es masiva, aproximadamente 3.200.000 de facturas tramitadas, 2.250.000 de pagos anuales realizados, 3.000.000 de activos dados de alta y la tramitación de 500.000 pedidos registrados.

Así, los empleados públicos van a disponer de un sistema de alertas con el que tendrán mayor accesibilidad a la información desde diferentes dispositivos y ubicaciones; y permitirá a Madrid Digital contar con nuevas funcionalidades y herramientas orientadas a la innovación dentro del sector público.

La Comunidad de Madrid ha aprobado licitar por 4,8 millones de euros la conservación y el mantenimiento de los inmuebles del servicio de Administración de Justicia en la región para los dos próximos años. Dicha licitación incluye, además, la inspección y mantenimiento especializado de ascensores, equipos y otras instalaciones. En total, este servicio, que sumará casi 86.000 horas anuales de prestación, se aplicará en 69 recintos, en 63 de los cuales se ubican las sedes judiciales. Todos ellos suman una superficie de 358.772 metros cuadrados.

El precio de la licitación es de 4.872.746,33 euros, con la siguiente distribución entre anualidades: 203.030,97 euros para los dos últimos meses de 2021; 2.436.371,66 euros para el año 2022; y 2.233.340,70 euros para los meses de enero a octubre de 2023. La intención del Gobierno regional es que los servicios objetos de esta licitación entren en vigor el próximo 1 de noviembre y que se prolonguen hasta el 31 de octubre de 2023. Una vez finalizado el periodo del contrato cabe una prórroga del mismo con el adjudicatario, siempre y cuando su duración, incluidas las prórrogas, no supere los 48 meses.