 Virginia Ruano, Mercedes Cohen, Eva Calvo y las selecciones de Baloncesto, Hockey Hierba, Gimnasia y Natación Sincronizada, también entre las 18 premiadas
El Centro Deportivo Municipal Miguel Guillén Prim de Villa de Vallecas ha acogido el acto homenaje a las medallistas olímpicas madrileñas que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Deporte, junto con el Comité Olímpico Español y que ha presidido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, acompañada por la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda; la concejala de Villa de Vallecas, Concha Chapa; y el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien ha agradecido al Ayuntamiento esta iniciativa.
Todos ellos han inaugurado, además, la exposición de retratos al óleo Madrileñas de Oro, Plata y Bronce, con la que se representa a las 18 deportistas homenajeadas en una obra colectiva que será visitada por escolares de los centros educativos del distrito y que ha sido creada por la asociación Alharu Art Colective.
La vicealcaldesa ha asegurado a las premiadas que “no solo formáis parte de la historia de Madrid, sino también de la historia de todas las mujeres que luchamos y que tenemos sueños. La foto de una mujer encima de un pódium es una historia de sacrificio, de dolor y de esfuerzo no solo de ellas, sino también de las familias que tienen detrás y que les han apoyado en todo momento” y ha señalado que los retratos de las campeonas “componen una magnífica exposición que resume los valores que alientan nuestro trabajo diario por el deporte: la ilusión, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia, el sacrificio y el éxito”.
Sofía Miranda, por su parte, ha explicado que las 18 medallistas olímpicas madrileñas “representan la mejor imagen del deporte de nuestra ciudad y suponen todo un ejemplo para las miles de deportistas que ahora comienzan. Vosotras sois el ejemplo de que el deporte nos hace poderosas”, a la vez que ha defendido que en estos duros momentos “el deporte no puede parar porque es parte de la solución”.
Asimismo, la concejala del distrito, Concha Chapa, ha destacado los valores intrínsecos del deporte “que proyectan el empoderamiento y la percepción positiva de las personas, coincidiendo con la filosofía de los actos programados en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este próximo 25 de noviembre”.
Las 18 medallistas olímpicas madrileñas homenajeadas han sido:
-Blanca Fernández Ochoa: medalla de bronce esquí alpino-Eslalon femenino XVI Olimpiada de Invierno Albertville (Francia), 1992.
-Sonia Barrio: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-Mercedes Coghen: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-Natalia Dorado: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-María Isabel Martínez de Murguía: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-Virginia Ramírez: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-Mª Victoria González Laguillo: medalla de oro hockey sobre hierba-Torneo femenino XXV Olimpiada Barcelona, 1992.
-Estela Giménez Cid: medalla de oro gimnasia rítmica por conjuntos XXVI Olimpiada Atlanta (Estados Unidos), 1996.
-Yolanda Soler: medalla de bronce judo femenino (-48kg) XXVI Olimpiada Atlanta (Estados Unidos), 1996.
-Patricia Moreno: medalla de plata natación sincronizada-Equipos XXIX Olimpiada Pekín (China), 2008.
-Virginia Ruano: medalla de plata tenis-Dobles femenino XXIX Olimpiada Pekín (China), 2008; medalla de plata tenis-Dobles femenino XXVIII Olimpiada Atenas (Grecia), 2004.
-Raquel Corral Aznar: medalla de plata natación sincronizada-Equipos XXIX Olimpiada Pekín (China), 2008.
-Alba Cabello: medalla de plata natación sincronizada-Equipos XXIX Olimpiada Pekín (China), 2008; medalla de bronce natación sincronizada-Equipos XXX Olimpiada Londres (Reino Unido), 2012.
-Laura López Ventosa: medalla de plata waterpolo-Torneo femenino XXX Olimpiada Londres (Reino Unido), 2012.
-Pilar Peña: medalla de plata waterpolo-Torneo femenino XXX Olimpiada Londres (Reino Unido), 2012.
-Eva Calvo: medalla de plata taekwondo femenino (-57kg) XXXI Olimpiada Río de Janeiro (Brasil), 2016.
-Laura Quevedo: medalla de plata baloncesto-Torneo femenino XXXI Olimpiada Río de Janeiro (Brasil), 2016.
-Sandra Aguilar: medalla de plata gimnasia rítmica por conjuntos XXXI Olimpiada Río de Janeiro (Brasil), 2016.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado en un encuentro con las ministras y titulares de Igualdad en Europa, en el que se ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha un servicio de asistencia telefónica a nivel europeo para víctimas de violencia de género.
En este sentido, la ministra de Igualdad ha explicado durante su intervención las medidas que España ha puesto en marcha durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.
Finalmente ha reclamado una alianza entre todos los países de la Unión Europea para garantizar los derechos humanos de las mujeres y que todos los países ratifiquen Convenio de Estambul.
La delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y Mª Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, han presentado el estudio "La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas".
El estudio ha sido promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS. El trabajo se enmarca dentro de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 para mejorar la actuación de las administraciones públicas contra la violencia hacia los y las menores -medidas 103, 238 y 255- que persiguen, a su vez, la correcta aplicación del Convenio de Estambul y otras normativas europeas en materia de delitos sexuales contra menores.
El documento incluye una exposición del marco legal vigente en el ámbito tanto estatal como internacional, seguido de un análisis cuantitativo y cualitativo de un total de 455 resoluciones judiciales relativas a delitos contra la indemnidad sexual de menores dictadas entre los años 2010 y 2019 en Audiencias Provinciales de todo el territorio estatal. A su vez, recoge varias propuestas para combatir algunas tendencias observadas en las resoluciones derivadas de la falta de perspectiva de género y tiene por objetivo analizar el impacto real en las sentencias judiciales de las últimas reformas penales relacionadas con la lucha contra la violencia y explotación sexual de menores y la pornografía infantil.
Según la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, el estudio "confirma las carencias de la respuesta exclusivamente judicial a la violencia sexual contra la infancia". Para Rosell, "el panorama es más sombrío aún si tenemos en cuenta, en primer lugar, la violencia sexual que no se denuncia". La Macroencuesta de 2019 -realizada a mayores de 16 años- revelaba que sólo el 11,1% de la violencia sexual fuera de la pareja se denuncia ante policía o juzgados, y el motivo mayoritario es que era menor o era una niña en el 35,4% de los casos. "En segundo lugar, que el estudio se realiza sobre sentencias, sin computar todos los casos de sobreseimiento previo al juicio por falta de pruebas."
En respuesta a esta realidad, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia, aprobado el pasado mes de junio, "prevé medidas como la elevación del plazo de prescripción a computar desde los 30 años de edad, no desde los 18; las obligaciones de los poderes públicos en la detección de violencia contra la infancia y su derivación; y la protección frente a la utilización del inexistente síndrome de alienación parental (SAP)."
Por su parte, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual, "prevé una ruta especializada y medidas de acceso a la justicia siguiendo el modelo de las 'casas de infancia' (Children's house) anglosajón o Barnahus (escandinavo), de intervención profesional adaptada a las necesidades e incluso desplazada al lugar en que esté la víctima". Sistema, ha remarcado la Delegada, "que ha reducido drásticamente la impunidad de las violencias sexuales en los países donde se ha implantado" y que también prevé "la especialización en el ámbito de la justicia".
En cuanto a la reforma del Código penal, "suprime la figura del abuso que pasa a ser agresión sexual, mantiene las penas máximas hasta 15 años con mejor escalonamiento según la gravedad del hecho", y aumenta las ayudas "a víctimas de delitos de la Ley 35/1995, facilitando los requisitos para su obtención."
Uno de los principales resultados que revela el estudio es que el 98% de los agresores son hombres y que el 74,73% de ellos forman parte del ámbito familiar o del entorno de la víctima. En relación con esto, se muestra también que en un 64,11% de los casos los abusos no se reducen a un solo episodio, sino que se repiten en más de una ocasión o se producen de forma continuada.
El domicilio de la víctima es precisamente el lugar en el que con mayor frecuencia se produce la agresión (en el 33,54% de los casos), seguido por el del agresor (31,47%).
El 72,08% de las víctimas son niñas, proporción que aumenta progresivamente cuanto más se acercan a la mayoría de edad. En cuanto a la tipología del delito, se aprecia una clara diferencia entre los perpetrados a niñas (el 97,9% se trata de abusos y agresiones sexuales y un 2,1% corresponde a prostitución, corrupción de menores y pornografía) o a niños (los porcentajes se equilibran a 53,16% y 47,84% respectivamente). El intervalo de edad con mayor porcentaje de víctimas es el comprendido entre los 5 y 12 años (59,38%).
Las madres de las víctimas son quienes en mayor medida denuncian la violencia sexual (en un 51,24% de los casos), seguidas de las propias víctimas (18,09%). No obstante, se observa un período de tiempo en la interposición de dicha denuncia con respecto al día en que se produce el primer abuso: solo el 25% se llevó a cabo el mismo día; el 43,12% se presentó a lo largo del mes siguiente y el 31,31% después de más de un año.
Este lapso temporal, que desmiente el mito de que las víctimas de violencia sexual piden ayuda y denuncian inmediatamente, constituye además uno de los motivos determinantes de que las sentencias resulten absolutorias (el 8%). Como respuesta a esta tendencia, se sugiere la ampliación del plazo de prescripción del delito; proponiendo que se compute desde que la víctima haya cumplido al menos 50 años.
Las reformas del Código Penal de 1995 aprobadas en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, destinadas a adecuar la normativa estatal a las directrices legislativas europeas sobre abuso y explotación sexual de menores de edad y pornografía infantil, conllevaron una modernización de estos delitos. No obstante, el informe aporta numerosos datos que muestran carencias en la aplicación práctica de dicha normativa.
En contra de lo que predicaba el texto de la reforma de 2015, el promedio de años de condena, en los delitos sexuales contra menores, solo se incrementó en el abuso sexual con penetración: de 6 años y 10 meses en 1995 a 8 años y 7 meses a partir de 2015. Sin embargo, las condenas por los demás abusos sexuales que eran de 2 años y 6 meses en 1995, ascendieron a 3 años con la reforma de 2010 y descendieron de nuevo a 2 años y 6 meses con la reforma de 2015. También descendieron las penas por agresión sexual a menores respecto a 1995: de 6 años y 5 meses a una media de 5 años a partir de 2015. Y el descenso más notorio se produjo en la agresión sexual con penetración (violación): de 12 años en 1995 a 9 años y 6 meses a partir de 2015.
La pena de inhabilitación profesional a los condenados con ocupaciones que impliquen contacto con menores, obligatoria desde la reforma penal de 2015, sin embargo, no se aplica en el 74% de las sentencias condenatorias en las que se debería. A ello se suman otra serie de tendencias habituales que evidencian una falta de perspectiva de género en todo el proceso de enjuiciamiento. El estudio señala, por ejemplo, que los informes psicológicos forenses que se practican raramente valoran los daños a la integridad derivados de la violencia sexual sufrida, sino que mayoritariamente se destinan a valorar la credibilidad del testimonio de la víctima.
Frente a esto, se recomienda la especialización y formación adecuada del personal de fiscalía, judicatura, abogacía, psicología y medicina forense, de modo que sea capaz de detectar y sancionar la utilización del síndrome de alienación parental, determinar la privación de la patria potestad cuando sea pertinente, modificar el enfoque de los informes forenses y psicológicos y desplegar con inmediatez las medidas cautelares de protección a la infancia víctima de violencias sexuales.
Por último, cabe mencionar el papel de las escuelas en la actuación contra la violencia sexual hacia niños y niñas, ya que en éstas y en otros lugares donde realizan actividades deportivas o lúdicas se producen el 12,84% de los abusos. A pesar de este porcentaje significativo, las denuncias desde centros educativos, servicios sociales o sanitarios y centros de acogida solo suponen un 4,24%, lo que denota las carencias de protocolos, instrumentos y adecuada formación de profesionales de este ámbito.
Se insta, por lo tanto, a la implementación en este ámbito de programas de educación afectivo-sexual y protocolos de detección precoz, a la mejora de la coordinación con las autoridades policiales y judiciales y a la creación de centros de emergencia y servicios especializados, de manera que las escuelas y otros espacios de atención asuman un grado de responsabilidad mayor en la prevención e intervención ante las violencias sexuales.
Hasta el próximo 25 de noviembre de 2020, Día Mundial Contra la Violencia de Género, CSIT UNIÓN PROFESIONAL se tiñe de morado, en apoyo a las víctimas de este problema social que requiere una responsabilidad compartida.
En colaboración con las asociaciones sin ánimo de lucro AVANZA SIN MIEDO y Mujeres Unidas Contra el Maltrato, MUM, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL venimos desarrollando una campaña conjunta para dar visibilidad y voz a mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia: “LA INDEFENSIÓN NO ES UNA OPCIÓN. JUNTOS PROTEGIENDO SUS DERECHOS”.
A través de nuestro programa 'Implícate' colaboramos desde hace varios años con distintas organizaciones e instituciones en diferentes campañas solidarias y de concienciación entre los trabajadores de los servicios públicos y su entorno. En esta ocasión, CSIT UNIÓN PROFESIONAL vuelve a destacar el papel de los menores, víctimas “invisibles” directas de la Violencia de Género y SAP (Síndrome de Alienación Parental), que sufren plenamente las consecuencias de esta lacra, así como el aumento de los casos de violencia contra las mujeres durante los meses de confinamiento por COVID-19, debido a la indefensión y control al que se vieron sometidas en sus domicilios, circunstancias que impedían, en algunos casos, la interposición de las denuncias pertinentes. Por este motivo, el Ministerio de Igualdad activó un Pan de Contingencia, articulando mecanismos adicionales para que las víctimas pudieran alertar a los Cuerpos de Seguridad en caso de agresión (botón SOS en la aplicación AlertCops y consultas online al servicio 016).
Actualmente, continúan existiendo casos en los que los menores son obligados jurídicamente a ver a sus progenitores, condenados `por violencia machista. Esta situación favorece la instrumentalización de los menores, es decir, que el progenitor pueda continuar ejerciendo la violencia contra la madre y contra ellos mismos. En nuestro país, no fue hasta el año 2015, cuando los hijos e hijas víctimas de Violencia de Género fueron reconocidos como tal a través de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Sin embargo, la realidad social marca distancias con la jurídica en un paradigma en el que los niños/as continúan sin poder tener acceso, en la mayoría de los casos, a las herramientas de protección e intervención psicológica que, como víctimas, la ley dispone. Aunque cada vez son más numerosas las instituciones que se unen en la lucha contra la Violencia de Género, la cifra es insuficiente, siendo necesario, además, un cambio en la “forma de mirar” para crear una sociedad justa, equitativa y libre de violencia. Puesto que el maltrato no llega de repente, es importante que los jóvenes se sensibilicen de una manera real hacia este tema: la Violencia de Género es un problema social, no un problema de la mujer.
La elevada cifra de víctimas (más de 40 en lo que va de año) requiere un esfuerzo de la sociedad, al objeto de asegurar la protección de todas las víctimas de la Violencia de Género. La disposición de medidas y herramientas legislativas, policiales y políticas han de ir acompañadas de una evolución de la conciencia social, haciendo hincapié en el papel que desempeñan las empresas o medios de comunicación, entre otros. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL continuaremos apoyando todas aquellas iniciativas con voluntad de luchar contra esta lacra social, a fin de lograr que no existan barreras ideológicas que supongan freno alguno en la lucha común contra la violencia sexista.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asistido este viernes a la firma de un convenio entre la Agencia para el Empleo y el Ayuntamiento de Madrid, rubricado por los delegados de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, para favorecer y facilitar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata o explotación.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y los delegados de Familia, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte y de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo durante la firma del convenio.
“Esta firma supone un paso adelante a favor de la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia y un acuerdo clave para facilitar su recuperación personal”, ha explicado la vicealcaldesa, que ha destacado que se trata de un “proyecto de futuro” para restaurar la vida de las víctimas.
El convenio establece la puesta en marcha de una colaboración para lograr la mejora de la inserción laboral de mujeres desempleadas procedentes de las redes municipales especializadas contra la violencia de género. Entre sus actuaciones concretas, prevé la atención personalizada de mujeres derivadas de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, a las que se les asignará una Agencia de Zona que siga su proceso de búsqueda de empleo y acciones de formación y empleo específicas o mediante la reserva de plazas en la programación anual.
“La firma de este convenio es muy relevante por la urgencia económica de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y han abandonado su fuente de ingresos”, ha explicado Aniorte, “y para devolver la dignidad de las víctimas” tras la violencia sufrida.
Por su parte, Redondo ha destacado el trabajo de la “Agencia para el Empleo de Madrid, que cuenta con una Unidad de Transversalidad de Género para implantar todas las iniciativas que se recogen en el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomo para dar impulso a acciones específicas en materia de igualdad”.
En este sentido, desde el Área de Economía, Innovación y Empleo, continúan impulsándose políticas que refuercen el papel de la mujer en el empleo. Un empleo que, como ha destacado el delegado, “también ha golpeado en mayor medida a las mujeres”. En septiembre había en la ciudad de Madrid 206.575 personas desempleadas (90.636 hombres y 115.939 mujeres) y el aumento del paro entre febrero y septiembre ha sido superior en el caso de las mujeres tanto en términos absolutos como relativos. En concreto, la tasa absoluta de paro femenino es superior a la masculina en 1,5 puntos.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, se enmarca dentro del pacto de 21 medidas prioritarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y da cumplimiento a las medidas relativas al ámbito de la violencia recogidas en los Acuerdos de la Villa.
CCOO de Madrid ha elaborado un informe sobre la violencia machista en la región, con motivo de la conmemoración del 25N – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 80% de ellas no había presentado denuncia. Sin embargo, el sindicato muestra su preocupación por el hecho de que un 20% sí lo hizo y no obtuvo la protección requerida para salvar su vida.
Comisiones Obreras ha exigido la dotación de más recursos a las Administraciones Públicas para poder hacer frente con garantías a la lacra de la violencia machista. Según los datos presentados por CCOO de Madrid en su informe anual con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, en la Comunidad de Madrid doce mujeres perdieron la vida durante el año 2019 por violencia machista, con un fuerte incremento sobre el año anterior de siete mujeres más asesinadas. De ellas, el 80% no había presentado denuncia previa mientras que el 20% sí lo hizo, pero no obtuvo la protección requerida para salvar su vida, un hecho sobre el que el sindicato llama la atención.
La Comunidad de Madrid -con 26.166 denuncias del total de 168.168 en toda España-, ocupa el segundo lugar en número de denuncias sólo por detrás de Andalucía en el conjunto del estado, lo que supone que el índice de violencia machista se mantiene en unas cifras «intolerables». Para CCOO Madrid, los datos que arroja su informe demuestran que «falta mucho para ser efectivos en la lucha contra la violencia de género que se refleja, además, en las dotaciones presupuestarias que, además de ser insuficientes, no se ejecutan en su totalidad».
Para el sindicato, la eliminación de la violencia machista requiere de una actuación «transversal y con medios materiales y humanos que hoy no se destinan por parte de los gobiernos de forma suficiente». «El problema no son las víctimas que no denuncian –señalan-, sino los maltratadores que el sistema no detecta, no condena y no exige su rehabilitación, ni que se pongan en tratamiento, ni que se trate como un problema social que sigue valorando menos la vida de las mujeres que las de sus maltratadores».
Para CCOO la dimensión total de la violencia machista es difícil de identificar y cuantificar. Factores como el miedo, la falta de medios o el desconocimiento hace que sólo denuncien a las autoridades una mínima parte de todas las afectadas. No obstante, en la Comunidad de Madrid, las mujeres que denuncian violencia sobre ellas han descendido un 3% respecto al año anterior, según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante el año 2019 también se procesaron más órdenes de protección y medidas de protección y seguridad para las víctimas que en años anteriores. Según detalla el Ministerio de Igualdad, en la Comunidad de Madrid se procesaron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante el año 2019 un total de total de 5.873 órdenes, 35 más que el año anterior.
En cuanto a violencia de género y menores de edad, durante 2019, de los 17 menores enjuiciados, 15 fueron españoles y tan solo 2 extranjeros, lo que supone «una muestra más de la xenofobia y el racismo que acompaña en muchas ocasiones a aquellos que niegan, además, la violencia machista».
El sindicato lamenta que los incrementos presupuestarios de los últimos años en las partidas destinadas a luchar contra la violencia de género no se hayan traducido en la actuación real de la Comunidad de Madrid, como ya ocurrió en 2018 y en los ejercicios previos. Así, el informe explica que la ejecución en el ejercicio 2019 se limitó al 81% del crédito inicial aprobado (75% del presupuesto definitivo tras las modificaciones), lo que implica que se ha dejado sin gastar casi 7 millones de euros.
CCOO de Madrid deduce en su trabajo la existencia de una «correlación entre la edad de la víctima y el tiempo que tarda en dar el paso para pedir ayuda y/o denunciar». Asimismo, apuntan a que las cargas familiares actúan como freno para salir de la violencia. Así, las mujeres que tienen mayor número de hijos e hijas han sido las que más tiempo han empleado para verbalizar su situación. No contar con un trabajo remunerado o los sentimientos de vergüenza por contar lo sucedido son también factores que ralentizan o frenan la búsqueda de ayuda.
Entre las reivindicaciones que el sindicato demanda para acabar con la lacra de la violencia machista destacan la potenciación del programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de la violencia de género, desarrollando medidas de actuación y adaptándolo a las necesidades individuales de las víctimas; mejorar la respuesta institucional mediante formación, cooperación y coordinación efectiva de los distintos organismos implicados: Administraciones, ámbito judicial y policial, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y sociales.
En este sentido, también reclaman la incorporación en el ámbito educativo de medidas que incluyan valores que fomenten la igualdad entre géneros, la diversidad, la tolerancia y la educación sexual-afectiva en todas las etapas y niveles formativos. Y, entre otras medidas, también la necesidad de «combatir el sexismo en los medios de comunicación, con formación especializada a profesionales, incorporación de la perspectiva de género en los códigos deontológicos y campañas de difusión y sensibilización»
La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia de género en la región con una veintena de medidas que han sido acordadas con grupos políticos y entidades sociales en el marco de la reunión de un grupo de trabajo sobre esta materia convocado hoy por el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo.
Entre los compromisos destaca la atención especializada a las mujeres víctimas durante las 24 horas del día, que será una realidad antes de que finalice el año, a través del centro de crisis para violencia sexual y la ampliación de la atención en los Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, de manera que siempre exista uno abierto en cada zona de la región.
Por otro lado, entre los puntos del acuerdo se encuentra extender la implantación de los puntos violeta a todos los eventos que se celebran en la Comunidad de Madrid. Estos puntos son un instrumento de intervención que contribuye al reconocimiento y detección de todas las formas de violencia contra la mujer. Serán las entidades locales las que los soliciten, coincidiendo con las fiestas de su municipio. Esta iniciativa pretende generalizar su actividad garantizando siempre un Punto Violeta en cada celebración de este tipo.
Además, se recoge la formación especializada en trata a policía local, personal sanitario, abogados y jueces, así como reforzar la formación en materia afectivo- sexual en los centros educativos, tanto para los profesionales como para los alumnos de todas las edades con el objetivo de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres desde la infancia.
Asimismo, facilitar el acceso a la tecnología a mujeres víctimas del mundo rural es otro de los objetivos, dirigido a fomentar su formación y el acceso al mercado laboral. Además, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables que por sus caractísticas determinadas requieren un refuerzo en la atención más especializado, se recoge la elaboración de planes específicos a personas con discapacidad y mayores de 65 años.
Facilitar el acceso al empadronamiento de las mujeres víctimas de explotación sexual es una de las medidas recogidas en el acuerdo propuesto por el consejero de Políticas Sociales. Esta medida ha comenzado a funcionar en la ciudad de Madrid, desde hace más de un mes, y se pretende extender al resto de municipios de la Comunidad de Madrid con el fin garantizar que las mujeres puedan acceder a los servicios públicos como cualquier ciudadano. Estar empadronada permite la obtención de la tarjeta sanitaria o la gestión de prestaciones o ayudas en servicios sociales.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha inaugurado la mesa redonda "El futuro de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad", acto conmemorativo del vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que impulsó la promoción de las mujeres como agentes de paz.
Robles ha señalado que en unos momentos tan difíciles y duros como los actuales "no se puede bajar la guardia en el tema de la paz, la libertad y la seguridad de ninguna manera", recordando que hay 25 conflictos activos en el mundo y casi 70 millones de refugiados, la mayoría mujeres y niñas.
La ministra ha recalcado que es muy importante que la OTAN "no deje de lado la aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unida" al mismo tiempo que se ha mostrado convencida de que "la paz, la libertad, la seguridad en el mundo nunca van a ser posibles sin la implicación de las mujeres".
"Todos tenemos la obligación de que ese papel de las mujeres no quede opacado, no quede callado, por otras circunstancias", ha finalizado.
La Resolución 1325 del 2000 fue un hito en defensa de la igualdad de género y en el reconocimiento de la importancia del papel de las mujeres, la búsqueda de una paz sostenible y duradera.
Desde entonces, se han aprobado diez resoluciones más y se han producido progresos a través de planes de acción nacionales que han adoptado multitud de países para alcanzar los objetivos de igualdad de género y promover el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos.
La ministra ha estado acompañada en la inauguración por el rector de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, y por la presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega.
Desde el Ministerio de Defensa se trabaja, como ha recordado Margarita Robles, en dos líneas de acción: consolidar la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas, por un lado, y por otro, fomentar la participación de las militares en las operaciones de paz.
"Es reconfortante que las mujeres se incorporen a las misiones, ahora son un 8 por ciento (266 militares), pero tenemos que hacer que se incremente, porque no es suficiente", ha señalado, tras aplaudir la labor de los más de 2.600 militares españoles que participan en misiones internacionales.
El Ministerio Defensa trabaja también para aumentar el total de mujeres en las Fuerzas Armadas, que actualmente está en el 12,8%, un porcentaje "que es bajo, pero si lo comparamos con otros países como Italia, con un 5%, es un porcentaje que nos genera una cierta esperanza", ha dicho Robles.
Representantes del mundo académico, político, institucional y social han debatido, entre otras cuestiones, sobre la protección de las mujeres en los conflictos, su liderazgo en la toma de decisiones y su contribución a las operaciones del mantenimiento de la paz.
Clare Hutchinson, representante especial del secretario general la OTAN para Mujeres, Paz y Seguridad, y Fernández de la Vega, clausuraban el acto. La mesa redonda ha contado con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), dentro de la iniciativa "Diálogos de mujeres sobre Defensa", y de la UNED.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado las líneas maestras que guiarán la estrategia del departamento en la lucha contra la violencia de género.
La presentación ha tenido lugar en las dependencias del Ministerio del Interior en el Pardo (Madrid), y a la misma han asistido, entre otros, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; la directora general de la Guardia Civil, María Gámez; los directores adjuntos Operativos de ambos cuerpos; y el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, así como distintos mandos de las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la protección de las mujeres víctimas de maltrato.
Tras repasar los distintos pasos dados por el Ministerio para mejorar la lucha contra la violencia de género, Grande-Marlaska ha anunciado un nuevo impulso al proceso de incorporación de comunidades autónomas y ayuntamientos al Sistema Viogén para ampliar el número de profesionales dedicados a la protección y ayuda de las mujeres víctimas de maltrato.
"En estos momentos, más de 35.000 efectivos policiales y profesionales del Poder Judicial y la Fiscalía, de Instituciones Penitenciarias y de los servicios sociales autonómicos están habilitados y formados para utilizar el Sistema Viogén, y nuestro propósito es aumentar ese número para hacer más tupida y segura la red institucional que protege y presta ayuda integral a las mujeres amenazadas por la violencia machista", ha señalado el ministro.
El Sistema Viogén es el eje central del mecanismo institucional de protección de las mujeres víctimas de violencia machista. María Jesús Cantos, jefa del Área de Violencia de Género, Formación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha presentado algunas de las novedades llamadas a mejorarlo.
Cantos ha destacado la implementación del Formulario Cero, un proyecto para aprovechar los testimonios de los familiares o integrantes del entorno social de una mujer víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección y ayuda aunque éste decida no denunciar a su agresor o no colaborar con los expertos policiales.
La jefa del Área de Violencia de Género ha explicado también que entre los principales proyectos del departamento está la culminación de la introducción del Sistema Supervisor de las Valoraciones Policiales el Riesgo, mecanismo que mejora el sistema y permite la identificación automatizada de casos de especial relevancia, aquellos susceptibles de evolucionar en reincidencia grave, muy grave o letal.
Otra línea de acción prioritaria consistirá en introducir mejoras en la detección de aquellos casos en los que habiendo menores a cargo de la víctima de violencia de género, éstos puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo, para que el sistema pueda solicitar de manera automática a la autoridad judicial y/o fiscal los informes forenses pertinentes y adoptar si procede las medidas de protección policial oportunas.
Además, ha añadido Cantos, el Sistema Viogén incorporará valoraciones realizadas por los Institutos de Medicina Legal y los técnicos de Instituciones Penitenciarias en el proceso de revisión de las valoraciones de riesgo iniciales, al objeto de ajustarlas a cualquier incidencia que hubiera podido producirse con el paso del tiempo y asegurar su eficacia.
Por último, Grande-Marlaska ha dado a conocer la decisión del Ministerio de abordar el fenómeno de la denominada violencia de género digital y su prevención desde un punto de vista policial pero también de concienciación social, y ha presentado la campaña de sensibilización en redes sociales que intenta alertar a los usuarios de internet sobre este problema.
El ministro ha explicado que el mismo recoge las dos ideas básicas de la campaña. Por un lado, alertar de que "los expertos de Policía Nacional y Guardia Civil han detectado numerosos casos graves de violencia machista en el ámbito virtual que se prolongan en el tiempo y que la víctima soporta y tolera sin denunciar los hechos".
Por tanto, el segundo mensaje de la campaña es que ante situaciones como éstas es imprescindible que la mujer pida ayuda a quienes mejor pueden socorrerla, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Cuando una mujer denuncia y su caso se activa en el Sistema Viogén pasa a disponer de una red integral de protección que, desde su creación en julio de 2007, ha facilitado defensa y amparo a más de medio millón de mujeres", ha concluido Grande-Marlaska.
Con una realidad económica y socio-sanitaria que parece que involuciona por la Covid-19, España se encuentra a día de hoy en su peor recesión desde la Gran Depresión española de los 30. Esta situación no consigue otra cosa que obligar al Gobierno de España a aumentar las restricciones y a solicitar a las empresas la continuidad de ciertas medidas laborales para paliar los contagios entre los ciudadanos, implantar el teletrabajo en la medida de lo posible.
Esta alternativa laboral, que tantos beneficios ofrece a los trabajadores como la conciliación familiar y el ahorro económico y temporal entre otros, está afectando particularmente a las mujeres, ya que la recesión pandémica ha provocado que pierdan más puestos de trabajo que los hombres por pertenecer mayoritariamente a sectores altamente damnificados donde no se puede teletrabajar, la hostelería y comercio minorista.
A nivel mundial los datos son esclarecedores, la pérdida de empleo de las mujeres por la Covid-19 es 1,8 veces mayor que la de los hombres, ya que también ocupan otros sectores donde predomina este personal y donde tampoco se concibe el trabajo en remoto, servicios de alimentos y cuidado personal.
De la misma forma y según un estudio realizado por la web de empleo Jobatus.es, además de sufrir este perjuicio, también se ven especialmente perjudicadas por las limitaciones existentes en los trabajos de servicio o por el cierre de escuelas o guarderías. De hecho, existe una gran diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres que han tenido que dejar su puesto de trabajo o reducir su jornada laboral para ocuparse de sus hijos. El porcentaje de estas es seis puntos superior, con especial incidencia en madres de niños pequeños o aquellas sin pareja o parientes.
Esta situación está afectando de forma especial a este grupo que, aparte de enfrentarse a una oferta laboral escasa, deben compaginar en el caso de que estén trabajando, múltiples responsabilidades familiares durante la pandemia. Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus ha dejado un paro mayor en las mujeres, la flexibilidad de esta alternativa laboral ha permitido que otra parte continúe en su puesto de trabajo o que encuentre uno nuevo.
Pero no todo es positivo, el trabajo flexible suele conducir a un peor salario y no es común en cargos de alto nivel, ambas limitan las posibilidades de las mujeres en este entorno y conducen a una incertidumbre laboral que puede desencadenar en ansiedad.
Por otra parte, las mujeres que teletrabajan y tienen a sus hijos en casa, reciben más interrupciones que las trabajadoras que se encuentran en la oficina. Esto genera un cúmulo de estrés y una falta de concentración que trastornan la correcta ejecución de las tareas laborales y deriva en que tengan que emplear más horas de trabajo para cumplir los objetivos establecidos.
Estas interrupciones, aparte de aumentar la jornada laboral, conducen a la irritabilidad, una emoción negativa que bloquea al individuo y lo condiciona a nivel empático y nervioso. Esta tendencia resulta en una consecución ineficaz de las tareas laborales y pueden ocasionar conflictos que pongan en riesgo la continuidad laboral.
Este compendio de perjuicios sitúan a las mujeres y en particular a las trabajadoras en remoto con hijos a su cargo, en un contexto laboral donde la oferta laboral es escasa, las responsabilidades familiares dificultan la ejecución de las tareas laborales y que pone en riesgo la salud de las empleadas por trabajar desde casa. |
