Recabarán los informes necesarios antes de sacar a concurso público el Anteproyecto

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta semana continuar con la tramitación del Anteproyecto de Ley que debe modificar la Ley 6/2001 del Juego de la Comunidad de Madrid. Con esta decisión se avanza en un cambio legal que pretende mejorar la regulación de la actividad relativa a juegos y apuestas en sus distintas modalidades en toda la región.

Se trata de adaptar dicha normativa a la realidad social existente y a la creciente preocupación ciudadana por una actividad que, siendo legal, puede generar problemas de salud pública. El objetivo de esta modificación es, en definitiva, garantizar un entorno de juego sostenible, seguro y responsable, así como dar pasos hacia delante en la prevención, sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego.

Para ello, el Ejecutivo regional plantea el endurecimiento de las sanciones previstas en caso de que los operadores y titulares de los establecimientos de juego permitan el acceso a esos locales de menores de edad y personas vulnerables que tengan prohibido el acceso a los locales.

Asimismo, la Comunidad de Madrid proyecta cambios en la regulación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio de las actividades del juego, estableciendo restricciones proporcionadas. La finalidad es evitar una publicidad del juego y de las apuestas que pueda incitar o fomentar esa actividad o resulte perjudicial para la infancia, adolescencia y la juventud.

Una vez aprobado este trámite por el Consejo de Gobierno se solicitarán los informes, consultas y dictámenes legalmente preceptivos. A continuación, se someterá la propuesta de Anteproyecto de Ley a audiencia e información pública a través del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana.

La Comunidad de Madrid, a través de su red de Centros Propios de Formación Profesional para el Empleo, pone en marcha un curso de Perfeccionamiento Técnico dirigido principalmente a docentes, expertos de Formación Profesional para el Empleo y profesores de Formación Profesional en redes de comunicaciones y servicios 5G. Este curso, pionero en España, se engloba dentro de las actuaciones del Ejecutivo regional para garantizar la mejora y actualización de las competencias de estos profesionales.

La formación se llevará a cabo del 14 al 18 de diciembre en el Centro de Referencia Nacional (CRN) de Desarrollo Informático y Comunicaciones de Getafe, con el objetivo de que los asistentes aprendan a instalar la infraestructura de las redes 5G y los equipos de interconexión con los centros de datos, aplicando la normativa y reglamentación vigente, los protocolos de calidad, privacidad y seguridad digital, asegurando su funcionalidad y el respeto al medio ambiente.

De este modo, el centro de Getafe actualiza su oferta formativa, adaptándola a las necesidades de un mercado tan cambiante como son las TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación-, abarcando desde la formación en montaje y la reparación de sistemas microinformáticos hasta los más altos niveles de especialización de Big Data, Desarrollo y Cloud, entre otros.

El CRN de Desarrollo Informático y Comunicaciones de Getafe es uno de los cinco espacios de la red de Centros Propios de Formación Profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid, todos ellos calificados como Centros de Referencia Nacional. Los otros cuatro son el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil (CRN Paracuellos); el Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN Leganés); el Centro de Formación en Tecnologías de Frío y Climatización (CRN Moratalaz), y el Centro de Formación de Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral).

En todos ellos se lleva a cabo una formación especializada de alto contenido práctico a trabajadores –principalmente desempleados- de la Comunidad de Madrid para mejorar su capacitación profesional. Esta formación se completa apoyando a los alumnos activamente en la búsqueda de empleo a través de sus unidades de orientación profesional especializadas, que alcanzan unos niveles de inserción laboral superior al 60% de media, solo seis meses después de finalizar los cursos.

El Gobierno regional, con el fin de seguir aumentando la empleabilidad de los alumnos de estos centros, continuará potenciando aquellos cursos con mayor índice de inserción en el mercado laboral, ajustando su programación a las necesidades de los sectores productivos en los que están especializados.

Toda la información puede consultarse visitando la página web https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/proyectos/planes-nacionales-sepe/perfeccionamiento-tecnico-5g

La Comunidad de Madrid promueve la educación audiovisual y cinematográfica a través del Plan de Alfabetización Audiovisual, en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual (ECAM). Una iniciativa que llegará a más de 28.000 alumnos de los 179 municipios de la región, y que arranca este otoño y se desarrollará durante cuatro años, con un total de 716 talleres.

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado que “una pieza audiovisual no solo es una actividad creativa y cultural incomparable, sino que potencia la capacidad de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes”. Asimismo, ha subrayado que “este año los talleres se realizan online por el entorno sociosanitario que estamos viviendo, lo que refuerza la importancia de conocer e interpretar de forma correcta el lenguaje audiovisual, con todas las ventajas y valores que aporta”.

El Plan de Alfabetización Audiovisual es un proyecto inédito y pionero en España, tanto por sus objetivos como por la importancia y el alcance en el número de municipios y de público objetivo al que va a llegar. Cuenta con talleres gratuitos para colegios e institutos, con el objetivo de acercar a los más jóvenes el lenguaje y la narrativa audiovisual. En estas actividades, tanto alumnos como profesores podrán descubrir los distintos oficios del sector audiovisual, la importancia del trabajo en equipo, los elementos que componen una obra o el significado y narrativa del lenguaje cinematográfico, siempre desde un punto de vista práctico e interactivo.

El Plan de Alfabetización Audiovisual forma parte del compromiso del Gobierno madrileño con esta industria, que también se ha materializado en diversos proyectos como la ampliación de ayudas y convocatorias, o iniciativas como la campaña de metro A un metro de tu cine o Next Lab, una plataforma que pone en contacto la tecnología con la animación, los VFX o los videojuegos.

En cada una de las localidades madrileñas se realizarán cuatro talleres semanales dirigidos a grupos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. Debido a las circunstancias derivadas de la crisis del COVID-19, se han adaptado los talleres al formato online, de manera que los alumnos puedan realizarlos en sus propias aulas, como parte de la programación de sus asignaturas o como una actividad complementaria durante el horario lectivo.

Los talleres de Secundaria y Bachillerato están estructurados a través de la Guía Didáctica de Lenguaje y Narrativa Audiovisual desarrollada por Fernando Franco y publicada por la ECAM en su web y recorren los principales elementos narrativos del cine de la mano de profesionales. Para los alumnos de Primaria, el taller les enseñará cómo hacer una película a través de la Historia del Cine y los diferentes artilugios pioneros de la imagen en movimiento.

La ECAM tiene como objetivo formar a las próximas generaciones del sector audiovisual y promover actividades culturales asociadas a la industria. Cada año más de 300 profesionales en activo del cine, la televisión y la publicidad pasan por sus aulas, platós y salas de postproducción para transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones de profesionales del sector. Una escuela por la que han pasado –como alumnos o como profesores- muchos de los grandes nombres de la industria audiovisual, a través de una amplia oferta educativa adaptada al sector y al mercado laboral.

Este organismo celebra 25 años cumpliendo su objetivo de formar a las próximas generaciones del sector audiovisual y siendo el inicio de la vida profesional de muchos nombres del cine español. Su oferta de formación continua para profesionales y posgrado se consolida año a año y destaca por adaptarse a las necesidades de la industria, ya que tienen como objetivo satisfacer la demanda cada vez más creciente de profesionales especializados. Más información en www.alfabetizacion.ecam.es/plan-de-alfabetizacion-audiovisual-de-la-comunidad-de-madrid/

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la celebración del contrato de servicios para la gestión tanto del Centro de Rehabilitación Psicosocial como del Centro de Rehabilitación Laboral Pedro Zerolo para personas con enfermedad mental grave y duradera. Con este acuerdo, aprobado en la reunión del último Consejo de Gobierno, se garantiza el mantenimiento de la actividad de ambos recursos, situados en la Plaza Vázquez de Mella de la capital y que suman un total de 145 plazas. Un total de 90plazas corresponden al Centro de Rehabilitación Psicosocial, un recurso especializado de atención diurna que ofrece programas individualizados de rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración diseñados para las personas con enfermedad mental que presentan mayores dificultades funcionales y de inclusión.

El objetivo de estos programas individualizados es ayudar a los usuarios a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social, promoviendo su mantenimiento e integración en la comunidad y el asesoramiento a sus familiares. Por su parte, las otras 55 plazas corresponden al Centro de Rehabilitación Laboral, que ayuda a personas con enfermedad mental que han alcanzado un buen nivel de autonomía a aprender y recuperar los hábitos y capacidades laborales necesarias para acceder al mercado laboral.

Se tramitará por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, sale a licitación por un importe de 2.639.669 euros y su plazo de ejecución es de tres años, desde el próximo 23 de diciembre al 22 de diciembre de 2023. Entre los criterios a valorar parala adjudicación de la gestión de este servicio figuran el desarrollo de actividades deportivas y de promoción de la actividad física como instrumento de apoyo a los procesos de rehabilitación e integración de los usuariosola programación de actuaciones complementarias en el ámbito de la sensibilización social y la lucha contra el estigma

La Comunidad de Madrid renueva el convenio con el Ayuntamiento de la capital para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En concreto, el Gobierno regional destina 428.889 euros a asistencia psicológica y jurídica, así como a atención social y acciones de sensibilización y prevención. Por su parte, el Consistorio madrileño dedica 86.762 euros a este servicio. Este convenio se renueva por primera vez y se prorroga por un año.

El Consejo de Gobierno celebrado la semana pasada también ha aprobado la renovación de otros 52 convenios con entidades locales para desarrollar actuaciones de asistencia a víctimas por un montante total de nueve millones de euros, si bien por el importe individual de cada uno de ellos no requiere su aprobación por Consejo de Gobierno. Estos acuerdos sirven para la gestión de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género distribuidos por toda la región.

Los 54 puntos son espacios de atención especializada dirigidos a abordar la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas, por lo que suponen la puerta de entrada a los recursos de la red de atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Son espacios de información y asesoramiento para las víctimas y también para todos aquellos profesionales que necesiten información o apoyo sobre el desarrollo de actividades dirigidas a la prevención de la violencia de género. Entre otras funciones, los profesionales que trabajan en estos puntos prestan asesoramiento jurídico, atención psicosocial individualizada a las víctimas, derivación y acompañamiento a los distintos servicios especializados, así como acciones preventivas o de sensibilización.

La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha visitado la residencia-hogar Villa Paz en Pozuelo de Alarcón, un centro concertado de la Comunidad de Madrid, donde ha destacado que una de las prioridades del Gobierno regional frente a la pandemia ha sido intensificar la colaboración con las administraciones locales. “Uno de los ejes de nuestra forma de entender la política pasa por la disposición, no solo en los últimos meses sino desde el inicio de la legislatura, a cooperar con todos los ayuntamientos madrileños”, ha recalcado.

Carballedo ha destacado que, fruto de esta colaboración, se ha podido dotar de recursos a centros como el de Villa Paz, que acoge a madres, bebés y menores en situación de vulnerabilidad. “En la Comunidad de Madrid tenemos la firme voluntad de que nadie se quede atrás, con el propósito de garantizar que Madrid siga siendo una región segura, próspera y libre”. Acompañada por la alcaldesa de la localidad, Susana Pérez Quislant, la consejera de Presidencia ha podido conocer el trabajo que realizan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la atención a mujeres embarazadas o que tienen algún hijo menor a su cargo y que carecen de una red de apoyo familiar.

El Consejo de Gobierno ha reforzado la protección y la seguridad de los ciudadanos madrileños mediante la aprobación del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico de la Comunidad de Madrid (RADCAM) y el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM).

El primero de ambos planes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas persigue hacer frente y gestionar todas aquellas situaciones de emergencia radiológica capaces de poner en riesgo a las personas, los bienes y el medio ambiente. En este sentido, el objetivo general del RADCAM es reducir el riesgo y mitigar las consecuencias de los accidentes en su origen y evitar o, como mínimo, disminuir en lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes.

Este Plan está diseñado para responder a emergencias que puedan originarse a raíz de actividades o instalaciones –con o sin regulación específica- que utilizan sustancias nucleares o radiactivas. También para afrontar sucesos excepcionales, ya sean ataques o atentados con material radiactivo o nuclear, o episodios relacionados con la presencia de material radiactivo en la vía pública o en instalaciones que no cuentan con la autorización pertinente.

La activación del RADCAM establece cuatro tipos de situaciones de riesgo o de emergencia para determinar la activación del Plan, así como su alcance. De menor a mayor riesgo son Situación 0, Situación 1, Situación 2 y Situación 3.

Por su parte, INUNCAM es el Plan con el que la Comunidad responderá a todas aquellas situaciones de emergencia por riesgo de inundaciones. Dicho Plan, tras un importante estudio de la hidrología en nuestra región y la vulnerabilidad de las poblaciones, identifica y clasifica las zonas potencialmente inundables, en distintas zonas.

Por un lado, están las zonas A, de riesgo alto, en las que las inundaciones periódicas que se calcula que se producen cada 50, 100 o 500 años producirán graves daños a núcleos importantes de población. También se incluyen las de una periodicidad de 50 años que produzcan impactos en viviendas aisladas, instalaciones comerciales o industriales y/o a los servicios básicos.

En estas zonas, a efectos de emergencia para las poblaciones, se establecen subzonas: Zonas A1 de riesgo alto frecuente, en las que las inundaciones con periodicidad de cada 50 años producirán graves daños a núcleos urbanos; Zonas A2 de riesgo alto ocasional, en las que las inundaciones periódicas que se calcula que se producen cada 100 años producirán graves daños; y Zonas A3 de riesgo alto excepcional, en las que las inundaciones previstas cada 500 años producirían graves daños.

Después se encuentran las zonas B, de riesgo significativo. No siendo coincidentes con las A, son aquellas en las inundaciones periódicas que se calcula que se producen cada 100 años producirían impactos en viviendas aisladas, y las de periodo de retorno igual o superior a 100 años, daños significativos a instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos.

Por último, están las zonas C, de riesgo bajo, no coincidentes con las A ni con las B, en las que las inundaciones periódicas que se calcula que se producen cada 500 años producirían impactos en viviendas aisladas, y las avenidas consideradas en los mapas de inundación, además de daños pequeños a instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos.

Esta clasificación, junto al resto de riesgos naturales y producidos por la acción del hombre, está incorporada en el mapa de riesgos de la Comunidad de Madrid y puede ser consultada en el visor cartográfico disponible en el siguiente enlace:  https://idem.madrid.org/visor/?v=pcivil&ZONE=430000,4485000,9

La activación del RADCAM o del INUNCAM será una decisión del director de ambos planes, que es el titular de la Consejería competente en materia de Protección Civil -en la actualidad la de Justicia, Interior y Víctimas-.

Así, junto con el nuevo PLATERCAM aprobado en 2019, se completa la planificación en emergencias en nuestra región que cuenta ya con los planes especiales de incendios forestales (INFOMA), transporte de mercancías peligrosas (TRANSCAM), Inclemencias Invernales, de Actuación frente a Atentados Terroristas y frente a Pandemias. Además, ya se está trabajando sobre el Plan Especial de Protección Civil en Accidentes Aeronáuticos, tras la aprobación de la directriz básica estatal el pasado mes de octubre.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2,7 millones de euros destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región. Esta cantidad se suma a los 70,6 millones de euros en ayudas que ya aprobó el Ejecutivo autonómico en pasadas convocatorias (50 millones en junio y otros 20,6 en el mes de octubre). Alcanza así un total de 73,3 millones dirigidos en 2020 a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Con las convocatorias anteriores, la Comunidad de Madrid había cubierto hasta el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) de los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes. Esta nueva dotación permitirá alcanzar el 55% del SMI -o su parte proporcional en el caso de contrato a tiempo parcial- en contrataciones a personas con discapacidad severa. En concreto, aquellas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como a personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento. El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así como las pagas de verano y Navidad.

Con todo ello, se refuerzan los recursos destinados a los 217 Centros Especiales de Empleo que desarrollan su actividad en la región, en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad, y que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado laboral ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70% de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de tramitación anticipada por valor de 80 millones de euros para el pago de la prestación de Renta Mínima de Inserción (RMI) durante el año 2021. Con esta decisión, la Comunidad de Madrid asegura disponer del importe necesario para hacer frente al pago de la misma desde el 1 de enero de 2021, aunque el montante total previsto para todo el próximo año en los presupuestos generales que siguen prorrogados asciende a 166,9 millones de euros.

La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica regulada por la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, y el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre. Se considera un derecho subjetivo que la Comunidad de Madrid garantiza a toda persona que la solicita y acredita los requisitos establecidos en las normas regulatorias para su concesión. Su importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de sus recursos económicos. Así, una persona que viva sola y sin ingresos percibiría 400 euros al mes, dos personas 512,67 euros y tres personas 587,78 euros, hasta 950 euros, que es la cantidad máxima a percibir.

El pasado mes de octubre -último dato disponible- el número de familias beneficiarias fue de 17.939, si bien el total acumulado de familias que han recibido la prestación en los diez primeros meses de este año asciende a 24.358. Desde el pasado mes de julio, con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno central, se ha registrado un descenso de perceptores.

Esto se debe a que el carácter subsidiario de la RMI, reconocida por ley como un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones, obliga a todos sus perceptores a solicitar el IMV.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2,7 millones de euros destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región. Esta cantidad se suma a los 70,6 millones de euros en ayudas que ya aprobó el Ejecutivo autonómico en pasadas convocatorias (50 millones en junio y otros 20,6 en el mes de octubre). Alcanza así un total de 73,3 millones dirigidos en 2020 a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Con las convocatorias anteriores, la Comunidad de Madrid había cubierto hasta el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) de los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes. Esta nueva dotación permitirá alcanzar el 55% del SMI -o su parte proporcional en el caso de contrato a tiempo parcial- en contrataciones a personas con discapacidad severa. En concreto, aquellas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como a personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento. El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así como las pagas de verano y Navidad.

Con todo ello, se refuerzan los recursos destinados a los 217 Centros Especiales de Empleo que desarrollan su actividad en la región, en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad, y que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria del coronavirus. Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado laboral ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70% de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de tramitación anticipada por valor de 229,5 millones euros para el pago de las prestaciones económicas destinadas a personas en situación de dependencia durante el próximo año 2021.

Estas prestaciones económicas, previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son un derecho que puede reconocerse en cualquier momento a quienes cumplan los requisitos y circunstancias legalmente previstos y realicen su solicitud.

El Gobierno regional necesita disponer del importe necesario para el pago de estas ayudas a partir del 1 de enero de 2021, por lo que se ha aprobado esta tramitación anticipada que permitirá continuar con el abono de aquellas prestaciones económicas ya reconocidas a 31 de diciembre de 2020. También asumir, parcialmente, las que se puedan reconocer y tramitar a lo largo de 2021. Sin embargo, el anticipo previsiblemente requerirá una ampliación posterior.

Se reserva, asimismo, un importe de 500.000 euros para atender el pago derivado de la estimación de recursos y abono de sentencias en materia de prestaciones económicas.

Los importes concedidos con motivo de la prestación económica a personas dependientes se han incrementado cerca de un 200% a lo largo de la última década. Así, en 2010 el montante aprobado fue de 87,1 millones, cifra que superó los 200 millones en 2017 y que ha alcanzado los 229,5 millones inicialmente previstos tanto para el ejercicio actual como para 2021.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), encuentro en el que ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional por mantener una fiscalidad baja, por ofrecer estabilidad institucional como garantía para el sector, así como la defensa de las libertades individuales, desde la educativa y sanitaria, pasando por la fiscal o la lingüística. Asimismo, ha trasladado un mensaje de confianza en una mejora económica gracias a proyectos como Madrid Nuevo Norte, Arco Verde o la futura Ley de Mercado Abierto, para que, con carácter general, todo producto, empresa o autónomo establecido legalmente en España pueda operar libremente en la región, sin necesidad de solicitar ningún otro permiso o licencia de actividad.

La jefa del Gobierno regional ha recibido, por su parte, el apoyo de los empresarios madrileños a la estrategia de cuidar la salud sin dañar la economía de la Comunidad de Madrid para luchar contra el COVID-19, especialmente en la segunda ola, donde la región ha permanecido con su actividad con el fin de no ahondar en la crisis generada por la pandemia. También ha recibido el respaldo de los empresarios a la defensa por parte del Ejecutivo autonómico de no legislar con subidas de impuestos.

El Gobierno regional ha organizado una reunión online del Comité Científico Técnico de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, en la que se ha presentado un documento orientativo de la Estrategia de Cambio Climático y Calidad del aire, identificando los ejes estratégicos en los que se deberá profundizar en los próximos meses. Así, se trabajará en una propuesta preliminar en materia de contaminación atmosférica y de reducción de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta los objetivos nacionales y europeos. Además, se ha abordado el análisis preliminar del impacto de la pandemia por COVID-19 en la calidad del aire.

En representación del Gobierno regional han participado el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Mariano González, y la directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático, Beatriz Castillo, quienes han destacado la labor de este equipo de expertos, que continúa dedicando esfuerzos en la búsqueda de estrategias para el desarrollo de la futura Estrategia de Cambio Climático y Calidad del aire, reforzando el compromiso de la Comunidad de Madrid con la protección medioambiental y el desarrollo sostenible.

La Comunidad de Madrid pone en marcha las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos coincidiendo con la campaña navideña y una vez se han publicado las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Se trata de una línea dotada con 1,8 millones de euros que pretende impulsar el ahorro y reducir el consumo de energía en lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos-combi mediante la adquisición de nuevos electrodomésticos con etiquetado energético A+++.

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen beneficiarse de estas ayudas deberán obtener un bono a través de la página web del Plan Renove de Electrodomésticos (https://www.electrodomesticos.sedefenercom.com/) que podrán canjear presencialmente en un establecimiento comercial adherido a este programa durante las 48 horas siguientes a su emisión.

El importe de las ayudas ascenderá a 150 euros en frigoríficos y frigoríficos combi, 110 euros en lavavajillas y 70 euros en el caso de las lavadoras, no pudiendo superar el 25% del importe de la inversión subvencionable.

De este modo, se subvencionará hasta un máximo de un electrodoméstico por cada tipo (lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos combi) por persona física o jurídica, siempre que la inversión tenga como destino final la sustitución de un electrodoméstico ya existente y su instalación se realice dentro de la Comunidad de Madrid. Además, el electrodoméstico nuevo debe estar incluido en la base de datos de electrodomésticos con etiquetado energético de clase A +++ habilitada para el desarrollo del Plan Renove de Electrodomésticos y elaborada por la Fundación de la Energía con los datos facilitados por los fabricantes de electrodomésticos.

La Comunidad de Madrid ofrece también toda la información disponible sobre estas ayudas, así como un documento de preguntas frecuentes para aclarar cualquier duda sobre los requisitos y trámites de la solicitud, a través de la página web de la Fundación de la Energía www.fenercom.com.

La Comunidad de Madrid creará una planta pionera en España de generación de hidrógeno verde, a través de la empresa pública Canal de Isabel II, tal y como ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín.

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea regional, Martín ha asegurado que el hidrógeno verde “es un elemento clave para un futuro sostenible”, por lo que el Ejecutivo madrileño “presentará ante el Gobierno central, en el marco de los fondos europeos Next Generation, este proyecto ambicioso y transformador, que superará los 24 millones de euros de inversión”.

La consejera madrileña ha destacado que esta iniciativa “obtendrá toda la energía necesaria para su funcionamiento de fuentes renovables, producidas en la propia instalación mediante energía eléctrica fotovoltaica y biogás”, al tiempo que ha subrayado que “será la primera planta en nuestro país que vaya a utilizar agua regenerada como fuente de generación del hidrógeno”. Hasta ahora se había utilizado únicamente agua potable o procedente de embalses.

Además, “el oxígeno producido durante este proceso, permitirá también mejorar el rendimiento de la depuración de las aguas residuales tratadas en la planta”, ha indicado Martín, quién ha destacado que “estamos hablando de claros exponentes de la economía circular y del ciclo integral del agua”.

Asimismo, la consejera ha subrayado que la futura planta de hidrógeno verde “no se trata de un proyecto a futuro, sino que estamos hablando de una realidad porque ya se están licitando actuaciones concretas para su puesta en marcha, como la instalación de una planta fotovoltaica para disponer de suficiente energía renovable”. De este modo, ha remarcado “el Ejecutivo regional demuestra una vez más su compromiso y apuesta por la innovación y la sostenibilidad para alcanzar un cambio energético en la región”.

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Su enorme versatilidad, flexibilidad y posibilidades de almacenamiento serán claves para descarbonizar la economía en el medio y largo plazo. Los expertos consideran que, en el año 2050, el hidrógeno renovable y el de baja huella de carbono podrían cubrir una quinta parte de las necesidades energéticas a nivel mundial.

El reto ahora, tal y como marca la Unión Europea en su Estrategia del Hidrógeno, “es desarrollar el hidrógeno verde lo suficiente como para reducir considerablemente las emisiones a nivel global, y favorecer su competitividad en relación con las energías fósiles, fundamentalmente en sectores como la industria o el transporte”, ha concluido Martín.

La Comunidad de Madrid apuesta por el Fondo de Recuperación Europeo como palanca para impulsar proyectos estratégicos que transformen la movilidad regional y acelerar la transformación digital, la transición ecológica y la cohesión social y territorial.

Así lo ha explicado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, en la Asamblea de Madrid, donde ha detallado los proyectos para los que el Gobierno regional aspira a obtener más de 5.000 millones de financiación europea.

“Está en nuestras manos aprovechar esta crisis para dar impulso a una serie de proyectos transformadores de nuestra sociedad que, en materia de transportes y movilidad, pasan por reordenar sus prioridades y crear sistemas flexibles, eficaces e innovadores”, ha avanzado Garrido, que ha destacado que el Consorcio Regional de Transportes quiere seguir siendo un referente nacional e internacional en innovación.

En este sentido, el consejero ha explicado que la digitalización de las infraestructuras, de los servicios de transporte de viajeros, así como de la movilidad en general, ofrece grandes oportunidades para mejorar la eficiencia y calidad del servicio de transporte.

Así, entre los proyectos que se quieren presentar al Fondo de Recuperación está la transformación digital del transporte público regular de viajeros, con una inversión prevista de más de 310 millones de euros; y el proyecto de digitalización de Metro, con más de 184,7 millones de euros de inversión.

“Asimismo, en nuestro empeño por reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética, queremos que buena parte de la capacidad inversora del Consorcio se destine en los próximos años a la transformación ecológica del transporte público regular de viajeros por carreteras, con una inversión cercana a los 234 millones de euros, destinados a la renovación de flotas, con vehículos más eficientes y menos contaminantes”, ha señalado Garrido.

En esta misma línea, también se incluye la inversión de unos 785 millones de euros en la mejora y amplicación de la flota de trenes del suburbano madrileño, con la compra de hasta 69 nuevos convoyes, en el que será uno de los contratos más significativos del sector ferroviario.

Los proyectos de la Consejería de Transportes también buscan impulsar la cohesión social y territorial de la Comunidad de Madrid. En este punto, Garrido ha destacado las prolongaciones previstas de Metro, que suman más de 1.800 millones de euros de inversión. Entre ellas se incluye la ampliación de la línea 5 desde la Alameda de Osuna a la nueva terminal del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la transformación de la línea 11 en la gran Línea Diagonal de Madrid, entre Cuatro Vientos y Valdebebas.

“La nueva Diagonal de Madrid favorecerá la descentralización de la movilidad en la ciudad, configurando una alternativa de transporte público que evita el paso obligado por las áreas centrales de Madrid”, ha recordado el consejero. Así, la nueva línea 11 mejorará la conexión de barrios como el PAU de Carabanchel o los nuevos desarrollos de Valdebebas, y enlazará con puntos estratégicos para la movilidad como la estación de Atocha y el aeropuerto.

“En definitiva, con el Fondo Europeo de Recuperación buscamos no sólo llevar a cabo nuestro plan previsto de inversiones sino transformar la movilidad de nuestra Comunidad, apostando por un modelo basado en la innovación tecnológica, una mayor intermodalidad, medios de transporte público de alta capacidad y la máxima sostenibilidad ambiental”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid lleva a cabo una asistencia social de manera presencial en 107 municipios de la región a través de la Agencia de Vivienda Social -AVS-, prestando en conjunto cobertura a un total de 22.880 viviendas, de las que 13.406 se encuentran en Madrid capital y 9.474 en el resto de localidades. Igualmente, y desde el Servicio de Asistencia Vecinal -ASIVECAM-, se está favoreciendo la convivencia vecinal en 703 promociones de titularidad pública.

Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha desgranado las líneas de actuación de la AVS, especialmente durante estos últimos meses de pandemia.

El objetivo de la Agencia de la Vivienda Social es procurar una vivienda a aquellas personas que cuentan con menos recursos, prestando un apoyo social, y alcanzar una convivencia plena donde además se adquieran una serie de obligaciones que supone la vida en comunidad.

El Área Social de la AVS cuenta con un amplio equipo de trabajadores y educadores sociales que, según las necesidades detectadas, llevan a cabo con los adjudicatarios de vivienda social dos tipos de intervención social, como es la familiar y la comunitaria.

Desde el punto de vista familiar se realiza un seguimiento familiar, vecinal y social para que las familias puedan integrarse en la vivienda y en el entorno, y desde el punto de vista comunitario –ASIVECAM- se dirige a conseguir la normal convivencia en el entorno vecinal y el uso adecuado de espacios y zonas comunes.

Pérez ha señalado que “desde se inició el confinamiento, el pasado mes de marzo, debido al COVID-19, los equipos del Área Social de la AVS han realizado más de 11.000 intervenciones familiares y unas 12.000 intervenciones de carácter comunitario. En total, 23.000 actuaciones encaminadas a la atención social de todos los adjudicatarios de vivienda pública regional”.

Las principales actuaciones están relacionadas con consultas y resoluciones en materia de asesoramiento, información y apoyo a adjudicatarios, administradores de fincas, seguimiento de adjudicatarios en situación de vulnerabilidad, especialmente a los mayores solos, detectando sus necesidades y facilitándoles, en caso de ser necesario, que estos cuenten con suficientes recursos.

Además se ha trabajado en mejorar las condiciones de aquellos adjudicatarios que acrediten situaciones de emergencia social o vulnerabilidad, descargando toda responsabilidad económica, legal, fiscal y social a este tipo de inquilinos, creando un acceso directo a un fondo de contingencia que resuelvan ágilmente reparaciones en comunidades.

La Consejería de Vivienda y Administración Local ha dispuesto una oficina móvil para facilitar las consultas a los adjudicatarios y concienciar a sus vecinos sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias, informando de manera constante sobre las medidas de información y medidas preventivas frente a la pandemia, además de mantener un estrecho contacto con distintas entidades sociales.

La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 319 viviendas y 244 garajes arrendados en condiciones especiales a numerosas entidades sin ánimo de lucro. El precio del alquiler de las viviendas tiene una subvención del 50%, que garantiza la correcta prestación social a estas entidades.

Por último, en cuanto a los realojos pendientes de llevar a cabo en la Cañada Real, concretamente en el Sector 6, estos continúan realizándose como parte del cumplimiento del Pacto por la Cañada Real.

A este efecto, ya han sido realojadas más de 100 familias, y antes de que finalice el año se prevé que se incorporarán 25 familias más hasta alcanzar las 125 familias, de las 150 previstas en el Pacto.

En cuanto al realojo de los asentamientos de Río Guadarrama-Las Sabinas, en Arroyomolinos y Móstoles, ya han sido realojadas 53 familias, y en breve comenzará el proceso de la zona norte, para lo que la AVS ha adquirido ya 100 viviendas. La AVS ha presentado una propuesta de convenio al Ayuntamiento de Móstoles, el pasado mes de julio. Por su parte, el ayuntamiento de Arroyomolinos ha anunciado que aprobará el convenio con la Comunidad de Madrid antes de que termine el año.

El consejero de Justicia, Interior y Victimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha intervenido en la ceremonia de entrega del Primer Premio Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort y de tres becas que concede dicha asociación para la preparación de oposiciones a Cuerpos Jurídicos. López ha entregado un diploma de reconocimiento a una de las becadas, Helena Sánchez Arribas, por su trabajo El alcance espacial de la doctrina del TJUE Google Spain. Los otros dos trabajos galardonados han sido El control por el Tribunal Constitucional del artículo 155 de la Constitución Española, de Sergio Picón Caravaca, y La discriminación interseccional en la Unión Europea. Especial referencia a mujeres y a minorías étnicas y culturales, de Erika Teresa Asumu Ngombi.

En cuanto al Primer Premio Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, el premio ha sido otorgado al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, por su artículo Las razones del aforamiento. El consejero de Justicia, en nombre de la Comunidad de Madrid, ha felicitado tanto al galardonado como a los tres becados, a quienes ha emplazado a continuar “por el camino de la excelencia, porque el talento y el esfuerzo son armas que, debidamente combinadas, resultan invencibles”. También les ha recomendado que tomen “como referencia de actuación” a la Asociación San Raimundo de Peñafort, “el mejor espejo de profesionalidad y conocimiento en el ámbito jurídico”.

La Comunidad de Madrid apoya la corresponsabilidad y la igualdad real en las empresas para promover el emprendimiento femenino. Así lo ha destacado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, durante la clausura de los Premios ASEME, unos galardones que reconocen cada año el trabajo de mujeres empresarias, directivas y profesionales. “Cada mujer que deja de emprender por razones ajenas a ella y que no asciende en su empresa por motivo de su género, supone un talento que se pierde para la economía pero, sobre todo, un paso atrás para todos nosotros como sociedad”, ha señalado Giménez, quien ha recordado el “firme compromiso” del Gobierno regional con la igualdad a través de iniciativas como el Plan de Corresponsabilidad 2020.

Las premiadas en esta XIX edición han sido: Miriam Díaz Aroca, fundadora de la Fundación Elígete, en la categoría de compromiso social; Eva Robles, premio medios de comunicación; Lucía Méndez-Bonito, de B&B Hotels, como mejor directiva; Uliana Torkunova, creadora de LetMePark, mejor emprendedora; Beatriz Crespo, fundadora de Freedom & Flow, mejor Pyme del año; y Mercedes Pescador, fundadora de Medialuna y la editorial Lo que no existe, distinguida como mejor empresaria año. Asimismo, Enrique Cornejo, empresario y productor teatral, ha recibido el premio de Honor de ASEME.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, unos “criterios lógicos y racionales” en la distribución de los fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, los llamados fondos (FEADER). “Unos criterios”, ha señalado la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, “basados en datos fiables y homogéneos” y que presten “especial atención a la gestión de los recursos naturales y al mantenimiento del desarrollo territorial”.

Así lo ha planteado la consejera madrileña durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada este jueves, en la que también ha transmitido al Gobierno central la necesidad de conocer el importe definitivo de los fondos PAC y que el nuevo modelo de la política agraria dedique “más recursos a la agricultura y a la ganadería”.

Además, Martín ha expresado su rechazo a la propuesta de reducción de los fondos FEADER para el periodo 2021-2027 y ha planteado la posibilidad de que, para evitar dicho recorte, aumente la tasa de cofinanciación nacional para que “las aportaciones sigan siendo las mismas que en el periodo 2014-2020”. De esta forma, los Programas de Desarrollo Rural (PDR) contarían con, “al menos, el mismo nivel de financiación” que tienen en la actualidad.

La consejera madrileña también ha exigido al Gobierno central información, “agilidad y seguridad jurídica” sobre las medidas en las que se van a emplear los 7.500 millones de euros adicionales a los fondos FEADER, propuestos por la Comisión Europea para España, de cara a apoyar a las zonas rurales entre 2021 y 2022 y que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Instrumento Next Generation.

Martín ha calificado de “limitados e insuficientes” los 956 millones de euros de los 70.000 millones no reembolsables asignados a España, que el Gobierno ha destinado al sector agroalimentario. “Un sector”, ha subrayado Martín, “que ha demostrado ser estratégico” y, para el que ha pedido un análisis detallado de todas las Estrategias asociadas al Pacto Verde “que tienen impacto en el Sistema Alimentario Español”.

La consejera madrileña ha propuesto la implantación, en la Política Agraria Común (PAC), de una línea de ayudas asociadas de hasta un 10% para los agricultores y ganaderos madrileños cuyos cultivos y explotaciones tengan un interés estratégico en el desarrollo rural. De esta forma se podría “favorecer producciones sostenibles y fomentar explotaciones económicamente viables”.

Precisamente para apoyar a un sector fundamental en la recuperación sostenible, Martín ha explicado cómo deberían ser las ayudas asociadas planteadas por el Ejecutivo regional. Así, se ha referido a las dirigidas al sector ganadero madrileño, en concreto, a las explotaciones de ovino-caprino, “para favorecer producciones sostenibles”; las de vacuno de leche; las de vacas nodrizas, “por su importancia a la hora de fijar población en zonas con riesgo de despoblación” y, por último, al vacuno de cebo, porque permite alargar la cadena de valor.

En cuanto al sector agrícola, ha propuesto ayudas asociadas para el cultivo de leguminosas para consumo humano por su contribución “para mantener nuestra biodiversidad”, de forma que se evite la desaparición de variedades tradicionales de nuestro territorio; y para el olivar, “al tener un elevado arraigo y tradición en la Comunidad de Madrid”, ha explicado.

Asimismo, Martín ha rechazado la posibilidad de establecer una cantidad máxima a percibir por explotación, porque “se trata de una ayuda a la producción” y, por tanto, “no tiene sentido limitar los importes porque se fomentaría el fraccionamiento de las explotaciones”. Ahora, bien, sí ha manifestado “la oportunidad de valorar importes distintos para las primeras hectáreas o un número mínimo de cabezas de ganado que para el resto”.

En cuanto a los fondos de la PAC, ha explicado que la cifra provisional de 47.700 millones de euros que se está manejando de cara al periodo 2021-2027, “no supone un incremento de los mismos”, al tiempo que ha criticado el esfuerzo inversor al que se obliga a los agricultores en nuevas prácticas agroambientales “para poder cobrar las mismas ayudas directas que este año”. Por ello, ha solicitado al ministro que dé a conocer la cifra definitiva de los fondos PAC así, como la forma en que Gobierno central articulará este reparto.

La Comunidad es la región que más recauda vía tributos, teniendo al mismo tiempo los impuestos más bajos de toda España. Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su intervención en el Foro ABC Madrid, fiscalidad competitiva, donde ha desgranado los principales datos que han situado a la Comunidad de Madrid al frente del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal presentado ayer por la Fundación para el Avance de la Libertad.

Y es que, según destacado, una fiscalidad competitiva redunda en un mayor crecimiento e inversión y, por ende, en una mayor recaudación que permite financiar  servicios públicos de calidad como los de la Comunidad de Madrid. Así, ha detallado una a una las rebajas aplicadas en nuestra región: los tipos marginales mínimo y máximo en el IRPF más bajos de España; la bonificación al 100 % de Patrimonio; la bonificación del 99 % de Sucesiones y Donaciones para parientes directos; o el tipo impositivo general del 6 % en ITP; y del 0,75 % en el de AJD.

De esta forma, los madrileños se han ahorrado más de 48.000 millones de euros desde 2004, o lo que es lo mismo una media de 15.000 euros por contribuyente. “Este ahorro ha beneficiado a todos, pero especialmente a las rentas medias y bajas”, ha afirmado.

Al mismo tiempo ha puesto de relieve que, pese a la baja fiscalidad, la Comunidad de Madrid ha aumentado la recaudación en los últimos años. Así, es la región que más percibe por grandes impuestos, con un total de 84.431 millones en 2018; ha aumentado un 8% el ingreso por Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y AJD en 2019 y, a día de hoy, y pese a la prolongada bajada de Sucesiones desde 2004, recauda más que entonces.

Todo ello ha convertido a Madrid en la región más rica de España y, al mismo tiempo “en algo de lo que estamos muy orgullosos, de ser la Comunidad Autónoma más solidaria de España, ya que aportamos el 68% del total del Fondo que garantiza los servicios públicos esenciales”.

Fernández-Lasquetty ha alertado de que todo ello está en riesgo como consecuencia de los pactos del Gobierno central con sus socios parlamentarios, que han situado como prioridad atentar contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid intentando subir los impuestos a los madrileños escudándose de una supuesta armonización “que es el eufemismo de subir impuestos. El objetivo es anular la capacidad que tienen hoy las CCAA de régimen común para bajar impuestos de cara a instaurar un socialismo fiscal obligatorio”, ha afirmado.

Así, si el Estadio suprimiera las competencias de las Comunidades Autónomas para establecer deducciones y bonificaciones, una herencia media de 160.000 euros en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200: cien vences más, ha denunciado.

La Comunidad de Madrid continúa con su clara apuesta de renovación y modernización de las infraestructuras judiciales de la región, en este caso con la renovación y reforma de la sede que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid tiene en la calle Barquillo de la capital.

El consejero de Justicia, Interior y Victimas, Enrique López, ha visitado el resultado de estas obras de acondicionamiento, en compañía del Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, que solicitó al Gobierno regional una mejora del edificio para adaptarse a la nueva Oficina Fiscal de la Comunidad de Madrid, que entró en funcionamiento el pasado 1 de noviembre.

Los trabajos de reforma de la Fiscalía Superior de Madrid en la calle Barquillo, que se han desarrollado a lo largo del pasado mes de octubre, han consistido fundamentalmente en la mejora de la Secretaría y tres despachos de fiscales. También se ha pintado, se han colocado estores y se ha establecido un espacio de reserva para fiscales que soliciten allí su plaza. Por el momento, cada uno de los siete fiscales allí emplazados cuenta con despacho individual.

López ha puesto esta actuación en las infraestructuras de la Fiscalía madrileña como ejemplo de la “clara apuesta de la Comunidad de Madrid para modernizar la Administración de Justicia en la región, mejorando este servicio público para los ciudadanos, así como las condiciones en las que desarrollan su trabajo los jueces, fiscales y demás funcionarios y operadores de los 21 partidos judiciales”.

La recién creada Oficina Fiscal es un organizativo con el que la Comunidad de Madrid pretende facilitar la celebración de juicios, así como descongestionar un orden jurisdiccional ya de por sí altamente saturado y muy presionado como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. Con su puesta en funcionamiento, el Gobierno regional quiere colaborar en la resolución de conflictos judiciales y, por tanto, en la agilización de procedimientos.

La nueva Oficina de la Fiscalía supondrá incrementar en 37 el número de funcionarios, hasta alcanzar los 295 empleados, que darán apoyo a la Fiscalía Superior, Fiscalía Provincial de Madrid y las tres fiscalías de área, la de Alcalá de Henares, la de Getafe y Leganés y la de Móstoles. La propuesta de creación de esta oficina cuenta con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, y fue muy bien acogida por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia: STAJ, CCOO, CSIF y UGT.

La Comunidad de Madrid ha ejecutado un 99,75% del presupuesto destinado a la convocatoria de subvenciones para la financiación de obras de conservación y mejoras en la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad y seguridad, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios de viviendas. De un presupuesto de 9 millones de euros de la Consejería de Vivienda y Administración Local se ha ejecutado 8.977.338 euros.

Así lo ha manifestado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en la reunión del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras -CPAySB-, que se ha celebrado de forma telemática con representantes de las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y representantes de asociaciones, instituciones y organizaciones del ámbito social. Un encuentro en el que se ha hecho balance de las iniciativas puestas en marcha en materia de accesibilidad a lo largo del último año y detallado algunas de las que se iniciarán en el próximo ejercicio.

Durante la cita se ha informado de que el presupuesto finalista en la Comunidad de Madrid dotado de 43,6 millones de euros, manteniendo la anualidad anterior, se han dispuesto a fecha 30 de septiembre 31,5 millones de euros, es decir un 72,39%.

Pérez ha añadido que en este ejercicio la Consejería de Vivienda y Administración Local ha duplicado los recursos de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento de la conservación, y de la mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad en viviendas hasta llegar a los 17,5 millones de euros de inversión para las ayudas contempladas en el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuando en 2019 se destinó 9 millones de euros.

Este tipo de ayudas están dirigidas a la conservación, seguridad y accesibilidad, si bien en la práctica, la gran mayoría de las actuaciones que tramita la Comunidad de Madrid guarda relación directa con la mejora de la accesibilidad, evidenciando la importancia que ha adquirido en los últimos años la eliminación de barreras arquitectónicas.

Pérez ha destacado igualmente que el Plan Estratégico de Subvenciones, que permitirá llevar a cabo la recuperación urbana integrada de cascos antiguos y de

conjuntos urbanos homogéneos con valor patrimonial, y que en esta segunda edición, tras el éxito de la primera, llegará a 17 municipios de menos de 2.500 habitantes, cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros. “A fecha de hoy- señala el consejero- se han presentado ya a estos municipios los proyectos y se está tramitando la contratación de las obras”.

De igual modo, se ha referido al Plan de accesibilidad para las paradas de autobuses interurbanos de 110 municipios de la región con una población igual o inferior a 20.000 habitantes. Una iniciativa donde se trabaja en la reforma de 435 paradas de autobuses y en la instalación de 51 nuevas marquesinas de autocares interurbanos con mejoras de accesibilidad diseñadas desde el Consorcio Regional de Transportes.

Los trabajos, con un presupuesto de 3,1 millones de euros, también incluyen el rebaje de bordillos en todas las paradas y la prolongación de hasta 96 aceras para conseguir que todas ellas sean plenamente accesibles para personas con dificultad o límites de movilidad.

Respecto a las quejas aportadas desde el CERMI, a la vista de los problemas causados en muchas paradas de autobús, se ha propuesto una modificación reglamentaria, informando además del acuerdo alcanzado sobre cuestiones relativas a la señalización horizontal de las paradas, consensuado por las partes implicadas en el sector de transportes que asisten a esta Comisión: Consorcio y Ayuntamiento de Madrid.

El consejero ha detallado que se han remitido igualmente 153 advertencias sobre eliminación de barreras arquitectónicas a distintos ayuntamientos. Al no obtener respuesta de alguno de ellos, 75 expedientes se han remitido al Área competente de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y otros 18 expedientes a la Dirección General de Urbanismo, para que inicien las actuaciones y sanciones pertinentes.

Pérez ha recordado que a través del Programa de Inversiones Regional (PIR) se trabaja con los ayuntamientos para a través de numerosas obras en los cascos históricos o de rehabilitación de espacios y edificios públicos mejorar la accesibilidad en 178 municipios.

La Comunidad de Madrid presenta la exposición Cornejo, el sastre de Galdós, que rinde un doble homenaje y conmemora dos centenarios: el del fallecimiento del escritor Benito Pérez Galdós y el del nacimiento de la mítica Sastrería Cornejo. La muestra, inaugurada por la consejera de Cultura y Turismo del Gobierno regional, Marta Rivera de la Cruz, puede visitarse en los Teatros del Canal hasta el 10 de enero, con entrada gratuita.

“La moda y el cine siempre han ido de la mano –ha señalado la consejera- y se han enriquecido la una al otro desde finales del siglo XIX, cuando nació el cine y con él la importancia del atuendo de actores y actrices, hasta el punto de que algunos de ellos llegan a convertirse en icónicos”.

Cornejo, el sastre de Galdós incluye vestuario de series, películas y obras de teatro basadas en la obra del autor icónico del Realismo español, cuya realización, en todos los casos, corrió a cargo de la Sastrería Cornejo. Fundada en 1920, hoy no solo es un baluarte de la industria cultural española, sino que también se ha ocupado de vestir importantes producciones internacionales como Lawrence de Arabia, Gladiator o Juego de Tronos.

El vestuario que lució la actriz Ana Belén en la versión de Fortunata y Jacinta que emitió Televisión Española, varios de los trajes que llevó Fernando Fernán Gómez en la película El abuelo, de José Luis Garci, o algunas de las prendas realizadas para el montaje teatral de Tristana, de Buñuel, son parte de las más de 50 piezas que se exhiben en esta exposición, comisariada por Carmen Lucini, con el asesoramiento del dramaturgo Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Año Galdós de la Comunidad de Madrid.

A todo ello se suman capas, vestidos y trajes de goyesca, casacas de soldados españoles, un vestuario de Godoy, tocados, zapatos, enaguas, etc. Prendas que una vez se vistieron para representar la literatura de Galdós y que se exhiben también como tributo a los oficios en la sombra de las artes escénicas y el cine, puesto que la narrativa y la personalidad de un personaje también pasa por el acierto en la elección de un brocado, una pluma o un botón.

Organizada con una escenografía teatral, la muestra se articula en varios ambientes. En la Escena 1 encontramos el Despacho de don Benito, como un guiño a un escritor incansable, que tocaba todos los géneros con un único estilo narrativo. En la Escena 2 se recrea el ambiente del taller de sastrería de la casa Cornejo, mientras que la Escena 3 es una visita a la intimidad del camerino de un intérprete, ese espacio en el que el silencio y la concentración se apoyan en la memorización del texto.

La Escena 4 evoca el otro lado de la acción, la del escenario, y, en concreto, un espacio que recuerda Plaza mayor, Puerta del Sol, un extracto de los Episodios Nacionales, de Galdós, que se representó en el Teatro Albéniz de Madrid en 2008, con dirección de Pérez de la Fuente, y en la que figuraban caballos, mamelucos, soldados de ambos bandos, cañones y, sobre todo, Madrid. Por último, la Escena 5 se dedica a la nostálgica figura de los cómicos, intérpretes y, a la vez empresarios, caracterizados por encargarse de diversas facetas teatrales, desde cortar y coser una manga hasta negociar con un autor.

La Sastrería Cornejo fue fundada en 1920 por Humberto Cornejo, padre de Vicente, que, más adelante, también estuvo a las riendas del negocio familiar. Hoy dirige la empresa uno de los miembros de la tercera generación de la familia: Humberto Cornejo. Todo comenzó con una pequeña colección de trajes de etiqueta y disfraces de alquiler, para después fabricar vestuario para zarzuelas y películas. En los años 50 y 60 empiezan a trabajar para los estudios de Hollywood, cuando estos se vinieron a rodar a España. A finales de los años 90, Sastrería Cornejo vivió otra gran expansión gracias al cine internacional.

En 2020 se conmemora el centenario del fallecimiento de uno de los mayores novelistas españoles e icono del Realismo literario: Benito Pérez Galdós. Por ello, la Comunidad de Madrid está desarrollando una programación de actividades, bajo la dirección artística de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que celebra la vinculación del autor con la capital española. Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria, Galdós se trasladó a Madrid con 19 años, una ciudad que lo influyó enormemente y se convirtió en un personaje más de sus obras. Más información en www.teatroscanal.com/espectaculo/exposicion-cornejo-sastre-galdos/

La Comunidad de Madrid ha presentado su Plan para la Integración Laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de empleo, un conjunto de 15 medidas orientadas a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo entre un colectivo vulnerable y que cuenta con mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Los consejeros de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, y Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, han sido los encargados de detallar las características de esta iniciativa que tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan integrarse en el mercado laboral ordinario, ampliando así sus oportunidades, mejorando su empleabilidad y, con ello, su calidad de vida.

Entre las 15 medidas concretas de esta hoja de ruta, destacan la puesta en marcha de incentivos para la contratación dirigidos a aquellas empresas que apuesten por trabajadores que provengan de un Centro Especial de Empleo (CEE). Así, estas empresas pueden optar a subvenciones de hasta 3.000 euros por contratos de 6 meses, lo que supone el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, se establece un plus de 2.000 euros que se sumarán a los 5.000 euros de incentivo habitual por contratación en el mercado ordinario para aquellas empresas, de menos de 50 trabajadores, que tengan en plantilla al menos a un 2% de trabajadores con discapacidad, aún sin estar obligados a ello legalmente.

Giménez, que ha intervenido de forma telemática, ha explicado que se implanta la figura del “tutor personalizado”, que acompañará al trabajador con discapacidad durante sus 3 primeros meses de contrato para “facilitar su inclusión en el nuevo entorno laboral”. En este sentido, el consejero ha subrayado “la importancia de dar apoyo a estos trabajadores en sus primeros pasos dentro de una empresa en el mercado ordinario para facilitar su integración tanto en el ámbito laboral como personal”.

Giménez ha señalado también que desde la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid se activará un protocolo específico de orientación para las personas con discapacidad, y se creará un espacio específico para ellas en el Portal de Empleado/Empleador con el fin de que puedan consultar todas las ayudas de las que pueden disponer.

Por su parte, el consejero Luengo ha destacado la importancia de seguir implementando medidas para incentivar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, “ya que la inserción laboral de estas personas es un paso fundamental para lograr su plena inclusión en la sociedad”. En este sentido, el consejero ha considerado muy relevante que el Plan presentado hoy haga especial hincapié en las medidas destinadas a lograr que las empresas del mercado laboral ordinario, de más de 50 empleados, cumplan con su obligación de incorporar a sus plantillas al menos un 2% de trabajadores con discapacidad, “para que estas personas puedan demostrar todo su potencial y las empresas que las contraten se beneficien de su valía y profesionalidad”.

El Plan contará con otras medidas, como el refuerzo de la Inspección de Trabajo, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), para vigilar que se cumple la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad en plantillas de empresas de 50 o más empleados, así como asesoramiento y subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo y las instalaciones. Se prestará especial atención a los planes de formación de estos trabajadores y se impulsará la Responsabilidad Social a través de un sello de buenas prácticas en la empresa.

Por último, se creará una Comisión de Trabajo de Empleo y Formación como espacio de diálogo entre la Administración y el sector de la discapacidad en el seno del Consejo Asesor de la Discapacidad, al tiempo que se elaborará un estudio anual sobre la situación laboral de las personas con discapacidad. El Plan contempla una intensa campaña de comunicación para concienciar sobre la necesidad de la inclusión laboral de este colectivo.

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha presidido la entrega de los Premios Fermina Orduña, galardones que distinguen la innovación tecnológica en la Comunidad de Madrid. Durante el acto, que también ha contado con la presencia del consejero de Ciencias, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, se han entregado las distinciones correspondientes a las ediciones de 2019 y 2020.

En su intervención, el vicepresidente regional ha elogiado “el esfuerzo de los premiados” y, sobre todo, “su trabajo en aras de un bien común”. “Cuando se innova, no se hace pensando en uno mismo, se hace pensando en que pueda beneficiar a toda la sociedad”, ha enfatizado.

Por ello, Aguado ha asegurado que “la ciencia y la innovación tienen que ser la palanca principal de crecimiento de la Comunidad de Madrid”, porque “no hay futuro si no contamos con ellas”. En un contexto marcado por la crisis del coronavirus, “ahora que vemos la ciencia como una esperanza para salvarnos, tenemos una fantástica oportunidad para situarla en el centro de nuestras políticas”, ha añadido.

“Tenemos que seguir construyendo una región puntera en la que se innove permanentemente y en la que los referentes de nuestros hijos sean grandes científicos e investigadores”, ha apuntado. Para llegar a esa meta y en referencia a los premiados, Aguado ha instado a “hacer pedagogía, explicando cada vez mejor lo que hacéis y apostando por la innovación más allá del coronavirus”.

Los premios ‘Fermina Orduña’ forman parte del sistema de incentivos de la Comunidad de Madrid a la innovación tecnológica, junto a los galardones Miguel Catalán (en ámbitos científicos-técnicos) y Julián Marías (en Ciencias Sociales y Humanidades). Llevan el nombre de la primera mujer que registró un invento propio en la España de 1865: un carruaje que transportaba ganado para vender a domicilio leche de burra recién ordeñada, que era muy apreciada por las propiedades de refuerzo del sistema inmunitario que se le atribuían.

Los galardones, creados en 2018, cuentan con una dotación en metálico de 42.000 euros para cada una de sus dos modalidades, y tienen por objetivo reconocer el valor social de la figura del innovador y su contribución económica.

El Jurado ha decidido conceder el Premio a la trayectoria profesional personal continuada de personas mayores de 40 años al doctor Pedro Guillén por su afán innovador y emprendedor en el ámbito de la cirugía clínica. Fundador de la Clínica CEMTRO e impulsor de más de 500 puestos de trabajo en el ámbito sanitario, Guillén es reconocido como un gran promotor de la investigación científica y de su aplicación práctica. Fue uno de los introductores de la artroscopia en España, lo que supuso una auténtica revolución para el diagnóstico y tratamiento de las articulaciones. En el año 2007, inventó la artroscopia sin cables, que ha reducido los tiempos de intervención y recuperación del paciente. Y en 2016 realizó la primera operación con esta técnica para la sanidad pública en nuestro país, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Angelo Gámez ha sido distinguido con el Premio a los jóvenes innovadores menores de 40 años, por su actividad en el ámbito de la investigación, que ha dado lugar a la divulgación de numerosos artículos y premios. Gámez es socio fundador y CEO de Biomédica Molecular Medicine SL, la primera spin-off de un hospital público madrileño. Científico y emprendedor de Biomedicina, principalmente en el campo de la Oncología, su objetivo principal es conseguir una medicina estratificada y personalizada, que implique la integración de la información clínica y molecular con el objetivo de lograr tratamientos individualizados para cada paciente.

En lo que se refiere a los Premios de la edición de 2020, los distinguidos han sido Guillermo Reglero, director de Imdea Alimentación, por su dilatada trayectoria innovadora; y Eduardo W. Jorgensen, médico y joven emprendedor (28 años), que ha desarrollado con su empresa, entre otros, un páncreas artificial no invasivo para la diabetes, así como un detector precoz de demencia.

El Jurado también ha decidido conceder el Premio a la trayectoria profesional al director de Imdea Alimentación, Guillermo Reglero, siempre vinculado a la generación, traslación e implantación de nuevos avances científicos e innovaciones en el ámbito de la Agroalimentación y la Salud, con una especial dedicación durante los últimos 30 años a las empresas de la Comunidad de Madrid.

Reglero ha desarrollado alrededor de 100 proyectos de I+D+I para empresas, y ha sido distinguido con el Premio Archer Daniels de la American Oil Chemists Society en 2001 a la mejor publicación sobre obtención de lípidos bioactivos.

Por su parte, el Premio Joven Innovador 2020 ha recaído en Eduardo W. Jorgensen es inventor, CEO y cofundador de MEDICSEN. Médico y joven emprendedor (28 años), ya fue reconocido como Innovador Español del año 2017 por el Massachussetts Institute of Technology.

A lo largo de su vida como investigador ya ha desarrollado diversas técnicas por las cuales ha recibido varios reconocimientos, como el páncreas artificial no invasivo para la diabetes, un predictor de riesgo de diabetes, un detector precoz de demencia, o el desarrollo de la Unidad Europea de respuesta a emergencias, aplicable a crisis como la del COVID-19.

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha firmado un convenio con ADEPI (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual) para reforzar el respeto a los citados derechos y la concienciación de la protección a la propiedad intelectual. ADEPI promueve el conocimiento de la propiedad intelectual, la comprensión de los derechos, así como, la función y actividad de las entidades de gestión colectiva. Tras la firma, la consejera ha remarcado su apuesta por la protección señalando que “desde las administraciones públicas tenemos que proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual, concienciando a la ciudadanía sobre ello”.

En la firma han estado presentes Antonio Fernández, presidente de ADEPI; Antonio Guisasola, presidente de AGEDI Promusicae, y José Luis Sevillano, director general de AIE y la Sociedad de Artistas. El convenio firmado se enmarca dentro de la campaña Somos gestión colectiva, puesta en marcha en 2019, y tendrá una vigencia de dos años prorrogables, suponiendo un hito en la protección de la propiedad intelectual por parte del Gobierno regional.

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, se ha reunido con el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, y su equipo con el objetivo de recoger sus aportaciones para la elaboración de la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Luengo ha valorado positivamente un encuentro que ha servido para recoger las propuestas de la administración más cercana al ciudadano, como son los ayuntamientos, la puerta de entrada de los madrileños a la red de Servicios Sociales que coordina el Gobierno regional. Luengo ha explicado que, en los últimos meses, se ha llevado a cabo la consulta pública del anteproyecto y se trabaja para su aprobación en la Asamblea de Madrid.

El objetivo es modernizar el sistema, acabar con el carácter asistencialista de la Ley y poner a las personas en el centro de las políticas sociales, reconociendo el derecho de todo ciudadano a un sistema público de servicios sociales adaptado a sus necesidades, con un catálogo y una cartera de servicios bien definidos. Desde la Consejería de Políticas Sociales se están manteniendo además reuniones con instituciones, entidades y el resto de las consejerías implicadas en su desarrollo. “Queremos escuchar a todos, incorporar sus sugerencias y lograr el máximo consenso posible, porque esta Ley debe ser el marco que nos permita blindar las mejoras en la atención que prestamos a las personas que lo necesitan durante décadas”, ha concluido Luengo.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha reunido en la sede de la Consejería con Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez y presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez Fenollar. Ambos han firmado un convenio por el cual la Comunidad de Madrid concede una subvención de 20.000 euros destinada a la organización de la exposición Gregorio Ordóñez. La vida posible, que se puede visitar en el espacio cultural CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid (plaza de Cibeles, 12) hasta el próximo 10 de enero.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas ha destacado la idoneidad de una iniciativa que permitirá que se mantenga viva la memoria de Gregorio Ordóñez –asesinado por ETA el 23 de enero de 1995-, quien para López constituye “una referencia imprescindible de nuestra historia democrática”.

La Comunidad de Madrid ha incrementado las ayudas dirigidas a población LGTBI en situación vulnerable en un 2% respecto al año 2019. Este mes de diciembre se ha resuelto la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2020 por un importe total de 549.537 euros, dirigidos a financiar 15 proyectos de 12 entidades sin ánimo de lucro.

De estos proyectos, ocho están dirigidos a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad; tres a personas en situación de especial vulnerabilidad y cuatro  contienen acciones de sensibilización y fomento de la convivencia dirigidos a la población en general. La mayoría de estas actividades se ejecutarán durante el año 2021.

En concreto, para proyectos específicos destinados a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad o especial vulnerabilidad, la cuantía otorgada ha sido de hasta 40.000 y 50.000 euros respectivamente por periodos de ejecución de un año. En este sentido, se apoya a las entidades con programas para la inserción sociolaboral de personas en dificultad social, así como el alojamiento para refugiados o personas sin hogar del colectivo. Asimismo, el Gobierno regional subvenciona los proyectos dirigidos a la protección de las víctimas de agresiones LGTBIfóbicas, ofreciendo apoyo social y orientación jurídica.

En lo que se refiere a proyectos de sensibilización y fomento de la convivencia, las entidades contarán con una cuantía de hasta 30.000 euros, y podrán ser ejecutados en 12 meses. De esta manera, se da luz verde a campañas informativas dirigidas la ciudadanía madrileña y acciones de sensibilización para prevenir cualquier tipo de discriminación en el ámbito educativo.

Con todo ello, la Comunidad de Madrid continúa impulsando los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género en nuestra región. El Gobierno madrileño tiene el firme compromiso de que la región sea un referente en libertad, diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

La Comunidad de Madrid ha aprobado, en la última reunión del Consejo de Gobierno, un gasto conjunto de más de 950.000 euros para prorrogar los contratos de gestión de dos programas de actuación que trabajan en la inclusión laboral y social de adolescentes en acogimiento o situación de riesgo. Las prórrogas de ambos contratos permitirán dar continuidad durante el próximo año a estos servicios, que suman un total de 241 plazas.

El programa de inserción laboral se desarrolla con adolescentes de entre 16 y 18 años con medidas de protección que residen en centros de acogimiento de la Comunidad de Madrid. Un equipo educativo especializado trabaja con los usuarios, individualmente o en grupo, para orientarles y acompañarles en la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de acciones y, también, cursos para impulsar sus habilidades sociales y de autonomía (abrir una cuenta bancaria, organizar una vivienda…) y fomentar las opciones de autoempleo y cooperativismo.

Este programa, que supone un gasto anual de 506.761 euros y ofrece 200 plazas, forma parte de los denominados programas de apoyo al acogimiento residencial, que atienden necesidades específicas de los menores acogidos en los distintos centros residenciales cuya especialización no permite su desarrollo por el propio personal del recurso.

También se ha prorrogado el servicio de acompañamiento educativo a adolescentes en riesgo o desamparo gracias a un gasto de 448.052 euros para sostener el funcionamiento de sus 41 plazas a lo largo del próximo año. Los usuarios de este servicio son menores de entre 12 y 18 años que rechazan las medidas de protección adoptadas por la Comisión de Tutela del Menor, o que sin tener esa medida de protección se encuentran en una situación de riesgo grave.

El objetivo de este servicio es desarrollar un proyecto individual de intervención de carácter educativo y normalizador con cada menor atendido, enfocado a facilitar la reincorporación a su familia. En caso de que esta reincorporación no sea posible, se trabaja con el menor en otras alternativas como el acogimiento residencial o familiar. Durante el primer semestre de 2020 este programa ha atendido a 58 menores.

La Comunidad de Madrid es el mayor foco de atracción de inversiones y actividad económica de toda España, como consecuencia de una política fiscal y tributaria basada en minimizar la carga impositiva de sus contribuyentes. Así lo refleja el informe sobre el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2020 elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation, cuyas principales conclusiones han sido desglosadas hoy en rueda de prensa por el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty.

Se trata de la cuarta edición de este informe que, por primera vez, sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de competitividad fiscal pese a carecer del régimen foral de las provincias vascas o de Navarra. Así, con una puntuación de 7,22 sobre 10, nuestra región ocupa la primera posición en el subíndice de Patrimonio, la segunda en el de ITPAJD, la cuarta en Renta y Sucesiones, y la undécima en impuestos propios. Para llegar a esa puntuación, los autores del informe analizan 62 variables vinculadas a esos impuestos.

Frente a Madrid, las tres provincias vascas y Canarias (que ocupan los primeros puestos) se sitúan las mismas que en la edición anterior: Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, que obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice pero especialmente en los tributos más importantes: Renta, Patrimonio y Sucesiones.

Las conclusiones del informe recalcan que una fiscalidad competitiva y neutral incide en el crecimiento económico y en las inversiones, aumentando de esta forma los ingresos públicos a largo plazo, favoreciendo de esta manera la creación de riqueza. Por el contrario, una alta carga impositiva reduce los beneficios de empresas y rentas de los contribuyentes.

Durante su intervención, Fernández-Lasquetty ha destacado la importancia de la competencia fiscal que, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2020, “es esencial para conseguir un país cada vez más libre económicamente y avanzar hacia un mayor autogobierno en materia de fiscalidad”. Además, tal y como recoge el informe, “la competencia es una restricción objetiva sobre el aumento continuo de los impuestos autonómicos”.

El titular de Hacienda y Función Pública ha reiterado que el Gobierno regional va a utilizar todas las herramientas a su alcance para defender la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid con respecto a los tributos que gestiona, ante las amenazas de armonización fiscal al alza del Gobierno central.

La Comunidad de Madrid ha autorizado la firma del convenio de colaboración con la Mancomunidad de la Sierra del Rincón para determinar las condiciones de gestión del Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural -ARRUR-, que supondrá la rehabilitación de hasta 165 viviendas. Asimismo, conlleva la demolición y edificación de diez nuevas viviendas en los municipios de Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Cervera de Buitrago, El Berrueco, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara, Torremocha del Jarama, Madarcos, El Atazar y Patones.

La inversión asciende a 3,7 millones de euros de los que 1,3 millones aportará el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, 125.188 euros por la Comunidad de Madrid, 577.500 euros la Mancomunidad y 1,6 millones los particulares.

A través de este convenio, aprobado en la última reunión del Consejo de Gobierno, se instrumentan las condiciones para la financiación, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, del Programa de regeneración y renovación urbana y rural, que tiene como última finalidad la mejora de los tejidos residenciales, la recuperación funcional de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

Esto supondrá una importante mejora en la calidad de la edificación y su conservación, así como en el espacio público y, en definitiva, de la calidad de vida de los residentes en estos ámbitos en los que la cifra de viviendas censadas alcanza las 1.714. De este número el 93,53% corresponde a viviendas unifamiliares, porcentaje bastante superior al del resto de la Comunidad de Madrid, en el que este tipo sólo alcanza el 76,51% mientras que un 40% de las viviendas son secundarias aunque, paulatinamente, algunas se están recuperando como primera residencia.

El estado actual de gran número de ellas requiere en muchos casos de intervención en materias de impermeabilización, cubiertas, fachadas, fontanería, accesibilidad y eficiencia energética y seguridad. El Gobierno madrileño que la demanda de subvenciones se concentre en actuaciones parciales de rehabilitación tales como el retejado y estructura de cubiertas, la carpintería exterior; la instalación de sistemas más eficientes de calefacción; mejora de la accesibilidad y la distribución interior de las viviendas; mejoras de baños y cocinas; aislamientos térmicos, tanto en el interior como el exterior de las mismas y el refuerzo de las estructuras de los edificios o viviendas independientes. Se calcula la creación de unos 50 empleos directos en la rehabilitación, más la actividad económica inducida

El objetivo es que este ARRUR sea una herramienta más en la Estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la revitalización de los municipios rurales, que marca entre sus principales retos el reequilibrio territorial y un impulso de servicios y equipamientos que den respuesta a las demandas y necesidades de la población.

Supone, por tanto, la continuación de este trabajo en la rehabilitación de viviendas y espacios públicos tras la finalización de la anterior Área de Fomento de Regeneración y Renovación Urbana que se llevó a cabo con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, en la que se rehabilitaron 88 viviendas.

La cuantía media de las ayudas aportadas por la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se calcula en unos 12.000 euros por vivienda, y se ha determinado en función del coste medio subvencionable obtenido de la experiencia histórica del Plan anterior 2013-2016. El 36% de los propietarios hizo obras por importes inferiores a 10.000 euros y el 32% por importe inferior a 20.000 euros.

Cuentan con edificaciones anteriores al año 1900, el 15% son anteriores a 1940; el 15% fueron construidas entre 1941 y 1960; el 31% entre 1961 y 1980; el 39% son posteriores a 1981 y el resto con una antigüedad menor a 10 años.  Tienen básicamente de tres tipologías: viviendas unifamiliares entre medianeras, viviendas unifamiliares aisladas y edificios de viviendas entre medianeras con una altura que rara vez supera las dos plantas, salvo en algún caso aislado en los municipios mayores.

Muchas de las viviendas, con pocos vanos y de tamaño reducido, solían contar con un patio de entrada, en el que también se situaban las dependencias para los animales y las leñeras, con hornos semicirculares, de los que aún se conservan bastantes ejemplares. Es frecuente encontrar en estos municipios construcciones agropecuarias, como cuadras y pajares.

La Comunidad de Madrid va a destinar 4,1 millones de euros del Programa de Inversiones Regional (PIR) en Rozas de Puerto Real y Cenicientos, municipios situados en la zona suroeste. Entre los proyectos destacan acondicionamiento de numerosas calles y la mejora de distintas instalaciones.

En Cenicientos sobresalen las obras de pavimentación de las calles Bodega, El Tejar, Posturas, calle Escuelas, Doctor Abad, Escalona, Viña Nolis, callejón Nolis y calle Nolis, que cuentan con una inversión de 702.237 euros. También se llevará a cabo con 253.754 euros la instalación de calefacción en el edificio del centro cívico, la reparación de la depuradora de la piscina municipal y la adquisición de un vehículo camión recogida de basuras.

Asimismo, se ha rehabilitado la piscina municipal y construido una nueva infantil, con una inversión de 178.677 euros, a las que se le suma la construcción de dos pistas de pádel cubiertas, con una dotación de 118.710 euros.

En Rozas de Puerto Real, el Gobierno regional ha invertido 414.399 euros para la remodelación y mejora del pavimento en diversas calles del casco antiguo. También se cubrirán dos pistas de pádel y se construirá una nueva pista de tenis en la zona deportiva municipal, que contará con una inversión de 173.890 euros, junto con la adquisición de una retroexcavadora.

La Comunidad de Madrid sigue apostando por la mejora de la accesibilidad en las paradas de los autobuses interurbanos. De hecho, invertirá 11.395 euros en Cenicientos y 6.033 euros en Rozas de Puerto Real con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas asociadas al transporte público.

Desde la Consejería de Vivienda y Administración Local se ha abonado más de 2 millones de euros para sufragar el gasto corriente municipal de estas dos localidades, alcanzando así la cifra máxima permitida para esta partida. Además, se han dado de alta las obras solicitadas, que suman un valor de 2,7 millones de euros.