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29
Ago
2020
El nuevo Instituto de Medicina Legal tendrá capacidad para 225 cuerpos PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMCostará algo más de cuatro millones y tendrá ocho plantas

La Comunidad de Madrid mantiene durante este mes en marcha las obras iniciadas en julio y que pondrán fin a la construcción del Instituto de Medicina Legal -IML-, una instalación que pretende convertirse en una referencia en la investigación y el combate del COVID-19. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, ha visitado hoy el edificio y ha recorrido cinco de sus ocho plantas, para dar a conocer las características de una infraestructura que, como ha explicado, “marca un hito en el presente y el futuro de la región”.

Como ha subrayado López, con la activación de esta obra, que cuenta con una inversión de 4,3 millones, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso aspira a convertir este recinto “en la punta de lanza del proyecto de concentración de infraestructuras del partido judicial de Madrid, convirtiéndose, además, en la nueva sede del hasta ahora conocido como Instituto Anatómico Forense”, que dejará su sede actual, en uso desde hace 40 años.

“Serán los profesionales de la forensía, los que a través de la investigación y el estudio nos ayuden a combatir el COVID-19, dando cobertura al Hospital de Emergencias, que se ubicará en una parcela anexa”, ha remarcado López.

La obra, que comenzó el mes pasado, tendrá una duración de tres meses y constará de un edificio de planta circular, con un radio de 27 metros, y 13.500 metros cuadrados que contará con diez laboratorios, una sala de bioseguridad para la realización de autopsias a cadáveres contagiados por COVID-19 y virus similares, y 49 mesas de autopsia.

En su visita, López ha recorrido parte de las estancias de una instalación que dispone de cámaras de conservación para albergar hasta 225 cuerpos, 123 en cámaras individuales y el resto en dos cámaras frigoríficas colectivas. El consejero también ha conocido los espacios que ocuparán las aulas de formación; las salas de rayos X; el salón de actos; los 61 despachos de trabajo y salas de descanso y polivalente de los forenses.

El edificio dispondrá, además de los señalados, de todos los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, incluyendo servicios generales, patología, antropología y odontología forense, toxicología y bioquímica forense, hemogenética forense, aulas magnas de formación e histopatología, entre otros.

La sala de bioseguridad del IML, con un presupuesto de 600.000 euros, deberá garantizar la seguridad de médicos forenses, técnicos auxiliares de autopsia, técnicos de laboratorio y fotógrafos que intervienen en autopsias a cuerpos cuya causa de fallecimiento esté vinculada a virus o pandemias.

Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, la Comunidad de Madrid concluirá en otoño la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal, que deberá coordinar el trabajo de cerca de 400 empleados públicos, entre forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Desde el IML se coordinará el trabajo de 150 médicos forenses y 140 psicólogos y trabajadores sociales. Los profesionales que trabajan en el actual Instituto Anatómico Forense se trasladarán a la nueva sede al finalizar las obras proyectadas, pasando a integrar el personal del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid.

El pasado 21 de enero, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas dictó la Orden por la que entró en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal, una nueva estructura organizativa que se ha mostrado muy eficaz en la gestión de la pandemia y el apoyo de los forenses de la región.

Con la entrada en funcionamiento del IML el Ejecutivo regional cumple, además, con el objetivo y compromiso de relanzar el proyecto de agrupación de sedes del Partido Judicial de Madrid. Este proyecto, con el que la Comunidad pretende modernizar la Justicia madrileña, tras la sentencia del Tribunal Supremo conocida en marzo, se encuentra en fase de rediseño y estudio por parte de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

Con esta obra de emergencia la Comunidad da respuesta a las alertas lanzadas por las autoridades sanitarias internacionales y nacionales sobre el riesgo de rebrotes del COVID-19 en los próximos meses. En este escenario, la realización de autopsias a fallecidos por coronavirus, es clave para encontrar posibles tratamientos.

La Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por el municipalismo con un nuevo convenio de colaboración suscrito hoy con la Federación de Municipios de Madrid (FMM) por el que se le concede una subvención nominativa de 490.000 euros para el funcionamiento de la entidad y la organización de actividades durante el presente ejercicio.

El consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez, que ha firmado el acuerdo con el presidente de la FMM, Guillermo Hita, ha señalado que la Comunidad de Madrid “mantiene su política de firme colaboración con los ayuntamientos y las instituciones que colaboran en el desarrollo, el fomento y la defensa de las Autonomías Locales, así como en la representación de los intereses de los todos los entes locales”.

En este sentido, Pérez ha explicado que “el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso mantiene una visión claramente municipalista, donde la cooperación entre distintas administraciones es fundamental”.

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado mes de julio la partida presupuestaria para esta ayuda, autorizando a la FMM el uso de un local, cuyo arrendatario es la Comunidad de Madrid, y subvencionando los gastos originados para su funcionamiento y el desempeño de todas aquellas actividades organizadas por la Federación correspondientes al año 2020.

Gracias a la firma de este convenio, la FMM podrá hacer frente tanto a gastos corrientes como a los de personal, garantizar el mantenimiento de los medios materiales, las infraestructuras y los servicios de asesoramiento e información, así como llevar a cabo la suscripción de convenios con entidades e instituciones y cualquier otra actuación de ayuda a los municipios (congresos, conferencias, publicaciones...).

Esta ayuda de la Comunidad de Madrid se suma a las que ha recibido durante los últimos cuatro años la Federación Madrileña de Municipios, por el mismo importe, y que ascienden a un total de 1,9 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha sido informada de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de distinto material sanitario y de realización de obras en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para la lucha contra el coronavirus por un importe de 1.116.069, 01 euros.

El hospital realizó estas contrataciones mediante el procedimiento de emergencia para prestar los servicios necesarios para garantizar la atención y  protección de los pacientes y profesionales del centro; se acometieron diferentes obras y se adquirieron diferentes suministros, entre ellos respiradores, a partir del mes de marzo.

Entre las obras realizadas en el Hospital se adecuó la nueva sala de TAC en el sótano, se instaló una red de gases medicinales en las instalaciones provisionales que monto el Ejército de Tierra junto a las Urgencias del Hospital y se instalaron puertas especiales para mantener la estanqueidad y prevenir contagios en el servicio de Urgencias. Además, se instaló una nueva envasadora de medicamentos en el Servicio de Farmacia.

El Hospital adquirió durante esos días respiradores invasivos, equipos portátiles de rayos-X, medidores de CO2, monitores, ecógrafos y centrales de monitorización. También se adquirió equipamiento de radiodiagnóstico para el Centro de Especialidades Hermanos Sangro. También se adquirió distinto material para la reparación de camas en el Hospital.

A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

La Comunidad de Madrid ha aprobado la contratación del proyecto y las obras para la construcción de un edificio auxiliar en el Centro de Emergencias 112, ubicado en Pozuelo de Alarcón, ante posibles emergencias derivadas del COVID-19. Las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y cuentan con un presupuesto de 1.545.170 euros.

El objeto de la ampliación de esta sede es poder habilitar una zona para mantener un retén de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), donde estén presentes los servicios de extinción de incendios, forestales, seguridad y gestión de emergencias, para poder hacer frente a pandemias y emergencias sanitarias.

El Centro de Emergencias 112, inaugurado en noviembre de 2003, se diseñó para dar una respuesta coordinada a las emergencias, tanto de carácter ordinario como extraordinario que pudieran surgir. La experiencia acumulada durante estas cerca de dos décadas ha mostrado la necesidad de reservar zonas para cubrir, no sólo las necesidades de las Agencias con turnos de 24 horas, sino también aquellas que se pudieran derivar de grandes emergencias, que obligan a mantener un personal con presencia permanente y para un periodo de tiempo determinado.

La construcción de estas nuevas instalaciones servirá para liberar espacios en el edificio principal, que se dedicarán a actividades de índole operativa o de gestión de cara a un posible incremento de actividades.

La nueva construcción tendrá un enfoque funcional y quedara estéticamente integrado con un edificio tan singular como es el Centro de Emergencias 112. Tendrá una superficie de 318 metros cuadrados en una sola planta, distribuidos en 26 estancias y dos zonas de aseos, dotados de literas, con capacidad para 52 personas. En los bajos del edificio se ubicará un parking para los distintos vehículos de emergencias.

La Comunidad de Madrid ha autorizado 20.671.016,66 euros para la renovación de contratos en diversos centros de día y residenciales que atienden a personas mayores dependientes de la región.

A la gestión del centro Isabel la Católica de Madrid le corresponden 12.129.617,79 euros, por un plazo de ejecución de tres años, desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. Con esta cantidad deberán atender a personas mayores dependientes, contando con 178 plazas en la residencia y 40 en el centro de día. Para ello, se celebrará un nuevo contrato de servicios, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Los usuarios de la residencia atendidos con cargo a este contrato son personas dependientes mayores de 55 años, con demencia, preferentemente tipo Alzheimer, que les impida o limite gravemente para valerse por sí mismas. Por su parte, al centro de día asisten personas dependientes mayores de 60 años, con discapacidad física o intelectual que les impida valerse por sí mismas, o mayores de 55 años con la enfermedad de Alzheimer.

La segunda partida, de 1.581.340,56 euros, corresponde al centro Villaverde Alzheimer de Madrid, que cuenta asimismo con residencia y centro de día. Actualmente está gestionado por la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, con un contrato prorrogado hasta el 8 de noviembre de 2021.

El centro residencial está destinado al alojamiento y atención, tanto permanente como temporal, de aquellas personas dependientes que precisan de asistencia continuada en la realización de las actividades de la vida diaria. Actualmente atiende a 52 residentes con demencia o Alzheimer.

El Centro de Día es un recurso especializado, socio-rehabilitador y de estancia diurna, para personas mayores con autonomía reducida; atiende a 40 personas durante la semana y otras 20 los fines de semana como centro de respiro familiar. Se destina a personas dependientes mayores de 60 años, con discapacidad física o intelectual con importantes limitaciones, o mayores de 55 años con la enfermedad de Alzheimer.

Una tercera partida se establece para Collado Villalba, con 6.960.058,31 euros para el cuidado de personas mayores en su residencia y centro de día, desde el 15 de noviembre de 2020 al 14 de noviembre de 2022.

El centro cuenta con 185 plazas, de las que 140 son residenciales y 40 de atención diurna. En ellas se atiende a personas mayores de 60 años con discapacidad física o intelectual que les impide o limita valerse por sí mismas. Las personas con la enfermedad de Alzheimer también podrán ser atendidas a partir de los 55 años. Actualmente está gestionado por la entidad Planiger, S.A., a la que se concede la octava prórroga en el contrato.

 

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