La Consejera de Familia envía una carta al Delegado del Gobierno

La Comunidad de Madrid ha puesto el foco en el Gobierno central por su negativa a repatriar a 86 menores inmigrantes no acompañados que, según el Ejecutivo regional, presentan "conflictividad" y se encuentran en una "deriva delictiva". La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado este martes una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que anuncia que estudia emprender acciones contra la administración central.

La misiva llega semanas después de que el Gobierno central rechazara la repatriación de estos jóvenes ante "la falta de garantías en su posible retorno". Una decisión que, a juicio de Dávila, "abandona a estos menores a su suerte" y evidencia "una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley".

En su escrito, la consejera describe la situación de estos menores como especialmente grave: "Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro".

Dávila subraya que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "no permanecerá inmóvil" ante lo que considera una dejación de funciones por parte del Estado. "Si persiste en esta negativa, será responsable, junto con los ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las consecuencias que se deriven de esta situación", advierte.

La consejera anuncia que la Comunidad de Madrid adoptará "todas las medidas necesarias dentro de nuestras competencias" y actuará "para exigir las responsabilidades que correspondan". Un nuevo frente abierto entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central en materia de políticas sociales y migratorias

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido con contundencia al anuncio de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, de que el Ejecutivo regional estudia emprender acciones legales contra el Estado por rechazar la repatriación de 86 menores "conflictivos".

Martín ha sido claro: "Tiene que asumir sus responsabilidades, que son las de dar una tutela efectiva a los menores que están en la Comunidad de Madrid". En declaraciones a los medios, el delegado ha exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "se deje de expulsiones y se dedique a la tutela" de estos jóvenes.

El delegado del Gobierno ha incidido en que el Ejecutivo central no va a "participar en la expulsión de menores sin garantías", como, a su juicio, "pretende la señora Díaz Ayuso". "Muy al contrario, nosotros vamos a cumplir la ley", ha aseverado Martín, que ha puesto el acento en la necesidad de garantizar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad.

La respuesta de Martín llega después de que la consejera Ana Dávila anunciara este martes que la Comunidad estudia acciones contra el Gobierno por rechazar la repatriación de 86 menores inmigrantes no acompañados, a los que el Ejecutivo regional considera "conflictivos" y en "deriva delictiva". En una carta remitida al delegado, Dávila advertía de que la decisión del Gobierno "abandona a estos menores a su suerte" y evidenciaba "una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley".

La disputa se centra en 86 menores extranjeros no acompañados cuya repatriación había sido solicitada por la Comunidad de Madrid. El Gobierno central rechazó esta petición alegando "falta de garantías en su posible retorno". La consejera Dávila sostiene que estos jóvenes presentan "alteraciones de conducta" y están inmersos en una "deriva delictiva" que, de continuar en España, los abocaría a "una vida de marginalidad y graves riesgos".

Por su parte, el delegado del Gobierno insiste en que la prioridad debe ser la protección de los menores y el cumplimiento de la ley, no las expulsiones precipitadas. Un nuevo frente abierto entre administraciones que promete más capítulos judiciales y políticos