La Comunidad presenta otro tras el nuevo Decreto del Gobierno

La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en relación con el decreto estatal que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados que ya ha sido admitido a trámite. Este recurso es el segundo de una serie de acciones legales que el Gobierno ha llevado a cabo para impugnar lo que considera una vulneración de sus competencias autonómicas.

El recurso fue interpuesto en julio de 2025 y se centra en un decreto aprobado por el Gobierno central el 22 de julio de 2025. Este decreto establece medidas para abordar situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, enfocándose en la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada, especialmente en el contexto de la llegada de menores desde Canarias.

El primer recurso presentado por la Comunidad de Madrid fue contra un Real Decreto-ley del 18 de marzo de 2025. En este caso, la Comunidad, junto con otras diez comunidades autónomas, impugnó el decreto ante el Tribunal Constitucional. Las razones de esta impugnación incluyeron:

Invasión de competencias: Se argumentó que el decreto invadía competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de protección de menores y asistencia social.

Falta de justificación de urgencia: Se cuestionó la necesidad de adoptar medidas urgentes sin la debida justificación.

Uso de un instrumento inadecuado: Se alegó que se estaba utilizando un instrumento legislativo inapropiado para regular materias que deberían ser tratadas por leyes orgánicas.

El segundo recurso, que es el que se encuentra actualmente en trámite, se centra en el decreto del 22 de julio. Este recurso se presenta como una continuación de las acciones legales del Gobierno regional, que ya había manifestado su intención de impugnar esta normativa.

En una reciente actualización, la Comunidad de Madrid ha anunciado la presentación de un tercer recurso, el cual fue confirmado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un Consejo de Gobierno. Este tercer recurso se suma a los esfuerzos de la Comunidad para cuestionar la legalidad y la equidad del reparto de menores no acompañados.

Además de las acciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central que se le proporcione de manera urgente la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones. Esta exigencia se basa en la percepción de que el proceso de reparto es:

Arbitrario: Se considera que no hay criterios claros y justos para la distribución de los menores.

Opaco: La falta de transparencia en el proceso ha generado desconfianza en la gestión del mismo.

Discriminatorio: Se ha señalado que el reparto no se aplica de manera equitativa, ya que se excluyen a ciertas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña.

La Comunidad de Madrid ha presentado un tercer recurso ante el Tribunal Supremo en respuesta al último decreto estatal que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Este movimiento se enmarca en una serie de acciones legales previas, con el objetivo de defender las competencias autonómicas que, según el gobierno regional, han sido vulneradas.

El tercer recurso fue anunciado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. Este recurso se presenta con la misma argumentación que los anteriores, es decir, la defensa de las competencias autonómicas frente a lo que se percibe como una invasión por parte del Gobierno central.

El consejero García Martín ha expresado su descontento con el proceso de reparto de menores, señalando que este ha sido acordado en colaboración con "partidos independentistas". Según su perspectiva, esto resulta en un beneficio desproporcionado para regiones como Cataluña y el País Vasco, a expensas de otras comunidades autónomas. Las críticas se centran en varios puntos:

Desigualdad entre regiones: Se argumenta que el sistema de reparto no garantiza una financiación adecuada para atender a los menores desplazados, lo que podría crear disparidades en el tratamiento de estos menores en diferentes comunidades.

Política migratoria fallida: El portavoz del Gobierno autonómico ha manifestado que no se quiere ser cómplice de una política que consideran ineficaz y que no aborda adecuadamente la situación de los menores inmigrantes.

Además de las acciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la remisión de la información utilizada para elaborar el reparto de menores no acompañados. Esta solicitud se basa en la percepción de que el proceso ha sido "arbitrario, opaco y discriminatorio", especialmente en lo que respecta a la exclusión de País Vasco y Cataluña de este reparto.