Tras la violación de una chica de catorce años a las puertas del centro de menores de Hortaleza

La Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que exige a la Delegación de Gobierno en Madrid que implemente medidas adecuadas para la reagrupación familiar de menores inmigrantes no acompañados. Esta solicitud surge a raíz de un incidente grave que involucra la detención de un menor de origen marroquí, quien ha sido acusado de violar a una joven en las cercanías de un centro de primera acogida ubicado en Hortaleza.

Mariano de Paco Serrano, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, ha condenado enérgicamente los hechos ocurridos. Ha enfatizado la necesidad de perseguir este tipo de delitos y de identificar a los responsables. Esta postura refleja una clara preocupación por la seguridad pública y la justicia en relación con estos incidentes.

De Paco Serrano ha subrayado la importancia de que la Delegación del Gobierno tome medidas efectivas en cuanto a la reagrupación familiar de menores inmigrantes. Ha señalado que no se pueden considerar estos casos como situaciones aisladas, lo que indica un reconocimiento de un problema más amplio y sistémico en la gestión de la inmigración y la protección de menores.

El consejero ha expresado su descontento con la política de inmigración del gobierno central, caracterizándola como improvisada. Ha hecho hincapié en que la reagrupación familiar es un aspecto crucial que no debe ser tratado de manera improvisada ni con medidas que sean unilaterales o ilegales. Esta crítica sugiere una necesidad de un enfoque más estructurado y coordinado en la gestión de la inmigración, especialmente en lo que respecta a la protección de menores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emitió una fuerte crítica hacia el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Esta declaración se produjo en un contexto en el que se ha reportado un aumento en la llegada de menores migrantes a la región, lo que ha generado preocupación y controversia.

En su mensaje publicado en la red social X, Ayuso expresó su descontento con la gestión del Gobierno de Sánchez, acusándolo de "multiplicar" la llegada de menores migrantes. Esta afirmación sugiere que la presidenta considera que el Gobierno está facilitando o no controlando adecuadamente el flujo de estos menores hacia Madrid.

La crítica de Ayuso se intensificó tras la noticia de la detención de un menor de origen marroquí, quien es sospechoso de haber violado a una joven de 14 años en las cercanías del centro de primera acogida de Hortaleza. Este incidente ha sido utilizado por Ayuso para argumentar que la llegada de menores migrantes está asociada con un aumento en la violencia y la agresividad entre estos jóvenes.

Ayuso también hizo hincapié en que los menores que llegan a la Comunidad de Madrid lo hacen en "peores condiciones", sugiriendo que su situación es crítica y que el Gobierno no está tomando las medidas necesarias para protegerlos o integrarlos adecuadamente. La presidenta criticó la falta de atención y respuesta del Gobierno de Sánchez ante la situación de estos menores, afirmando que la administración central se desentiende de sus responsabilidades mientras se enfrenta a insultos por parte de los presidentes autonómicos.

Además de la llegada de menores, Ayuso mencionó que cada año llegan "cientos de miles de adultos" a través del aeropuerto de Barajas, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación migratoria en Madrid. Esto sugiere que la presidenta está preocupada no solo por los menores, sino también por el impacto general de la migración en la región. Ayuso también se refirió a los "campamentos de Sánchez en Madrid", lo que podría aludir a instalaciones temporales o permanentes que albergan a migrantes. Su comentario implica una crítica hacia la gestión del alojamiento y la atención a los migrantes en la capital.

En cuanto al suceso en sí, la Policía Nacional de Madrid llevó a cabo la detención de un menor de origen marroquí, implicado en una presunta agresión sexual a una joven de 14 años. Este incidente tuvo lugar en las cercanías del Centro de Primera Acogida de Menores Extranjeros de Hortaleza, específicamente en el parque Isabel Clara Eugenia.

La detención se realizó durante la madrugada en el mencionado parque, que se encuentra próximo al centro de menores. La Comunidad de Madrid ha decidido remitir el caso del menor detenido a la Delegación del Gobierno. Esta acción está en línea con la legislación vigente, que establece procedimientos para el reagrupamiento familiar de menores inmigrantes.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha indicado que ha enviado un total de 37 expedientes de menores a la Delegación del Gobierno. Esto se debe a la dificultad que enfrentan estos menores para integrarse en la sociedad. Sin embargo, la Consejería no tiene conocimiento de que la Delegación haya iniciado procesos de reagrupamiento familiar para que estos menores puedan salir de la red de protección.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha manifestado su compromiso de continuar tomando las acciones necesarias para asegurar que la Delegación del Gobierno cumpla con sus obligaciones legales en relación con la reagrupación familiar de los menores.

Óscar López, quien también es secretario general del PSOE-M, realizó declaraciones contundentes en las que acusó a la presidenta Ayuso de "racismo puro". López se expresó desde el intercambiador de Cuatro Vientos, donde subrayó que no debería ser un problema acoger a menores africanos. Su crítica se centró en la aparente contradicción de Ayuso al promover el cierre de centros de acogida para menores migrantes africanos, a pesar de que la Comunidad de Madrid ha recibido a cientos de menores de Ucrania sin inconvenientes.

López enfatizó que la actitud de Ayuso es un claro ejemplo de racismo, argumentando que no se puede celebrar la acogida de menores de un país en conflicto, como Ucrania, y al mismo tiempo rechazar la llegada de menores de otros orígenes, como el africano. Esta postura fue presentada como una doble moral que refleja prejuicios raciales.

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, utilizó sus redes sociales para criticar lo que ella considera una "amenaza" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Se refirió a la intención del Gobierno central de imponer un reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, lo que, según ella, se haría "sin procedimiento ni diálogo". Ayuso defendió su posición al señalar que el Gobierno central tiene un historial de acciones que, a su juicio, son incoherentes y perjudiciales, como la expulsión de la Guardia Civil de ciertas regiones y la falta de una política migratoria clara.

La presidenta de la Comunidad de Madrid enumeró varias críticas hacia el Gobierno de Sánchez, incluyendo la percepción de que se permite a los independentistas incumplir sentencias judiciales, que se indulta a aquellos que han cometido delitos graves, y que se favorece a ciertos grupos, como los etarras. Estas afirmaciones fueron parte de su defensa para justificar su oposición a la acogida de menores africanos.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ofreció declaraciones a los medios sobre la crítica situación de los sistemas y centros de protección para menores migrantes en la región. En sus comentarios, Dávila destacó la sobreocupación de estos centros y la presión que enfrenta el sistema debido a las políticas migratorias del Gobierno central.

Dávila afirmó que los centros de protección para menores migrantes están "tensionados y colapsados", con niveles de sobreocupación que oscilan entre el 130% y el 150% en los meses recientes. Esta situación ha llevado a la consejera a expresar su preocupación por el riesgo que corren los sistemas de protección infantil en la Comunidad de Madrid debido a lo que ella califica como una "política migratoria temeraria" del Gobierno central.

La consejera mencionó que la crisis migratoria ha estado presente durante dos años, lo que ha resultado en una creciente presión sobre los centros de atención. Para abordar esta problemática, se ha tenido que abrir un nuevo centro, el de La Cantueña en Fuenlabrada, dado que los existentes ya estaban sobresaturados. Dávila enfatizó que esta situación no solo es evidente por la capacidad de atención, sino también respaldada por los testimonios de los técnicos que trabajan en el sector.

En relación con el cumplimiento del real decreto que regula el traslado de menores migrantes entre comunidades autónomas, Dávila aseguró que la Comunidad de Madrid cumple con la ley. Sin embargo, hizo hincapié en que este decreto está siendo impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) por 11 comunidades autónomas, lo que añade un nivel de incertidumbre y requiere "mantener prudencia".

Dávila abordó la cuestión de los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid para acoger a los 647 menores migrantes que, según el Gobierno central, deben ser recibidos en la región. La consejera subrayó la importancia de conocer el plan del Gobierno para estos menores antes de poder determinar qué recursos se pueden habilitar.

Además, Dávila mencionó que el Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Gobierno hacerse cargo de 1,000 menores que se encuentran en Canarias y que han estado solicitando asilo. A pesar de esta orden, el Gobierno ha tardado casi 200 días en atender dicha indicación, lo que genera más incertidumbre sobre cómo se gestionará la situación de los menores migrantes en Madrid.

Dávila argumentó que "no hay nada más racista que mercadear con los menores" migrantes. En su opinión, la exclusión de comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco del reparto de recursos destinados a la solidaridad se debe a razones políticas, específicamente para satisfacer a los independentistas y mantener al presidente Pedro Sánchez en el poder. Esta postura fue presentada como una crítica a la manipulación política en la gestión de la migración.

La consejera también acusó al Gobierno central de ser "un socio colaborador de las mafias", sugiriendo que la gestión actual de la migración no solo es ineficaz, sino que también contribuye a un problema mayor al facilitar la explotación de los menores migrantes.

El cierre temporal del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de refugiados en Pozuelo de Alarcón fue un punto focal de la crítica de López. Este centro había acogido a "cientos de menores migrantes de Ucrania", pero cerró cuando se trataba de menores africanos. Dávila defendió que el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid atiende a todos los menores en riesgo, independientemente de su origen.

Dávila hizo hincapié en que los menores ucranianos llegaron acompañados de sus familias, a diferencia de los menores africanos, que, según ella, llegan a menudo "de manos de las mafias". Esta distinción fue utilizada para justificar el cierre del centro y la atención diferenciada hacia los menores según su origen.

La consejera calificó la reacción del Gobierno central ante el cierre del centro de Pozuelo como "improvisación frente a la crisis migratoria". Según Dávila, el Gobierno está generando el problema al no actuar de manera efectiva en los puntos críticos, como el control de fronteras y la gestión de la migración en los países de origen.

Dávila cuestionó la falta de acción de otros ministerios, como el de Defensa, Asuntos Exteriores e Interior, que tienen la responsabilidad de proteger las fronteras y gestionar adecuadamente la crisis migratoria. Esta crítica subraya la percepción de que el Gobierno central no está cumpliendo con su deber en la gestión de la situación migratoria.