Comunidad y TRAGSA se reunieron para tratar de desbloquear la huelga

Desde el 15 de julio, los bomberos forestales han estado en huelga, exigiendo mejoras laborales con unos servicios mínimos del 80%. Esta huelga ha sido suspendida temporalmente hasta el 25 de agosto, lo que ha permitido que se lleven a cabo reuniones entre representantes del gobierno regional y la empresa pública Tragsa.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se reunió con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, para discutir la posibilidad de que los bomberos forestales se acojan al convenio de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica. Este convenio fue publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se ha propuesto que los bomberos forestales de Madrid puedan incorporarse al convenio de Tragsa, lo que permitiría mejorar sus condiciones laborales. Este enfoque ha sido valorado positivamente por varios ministros del Gobierno de España y se considera "perfectamente legal" bajo un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Tragsa ha indicado que no está legitimada para negociar el convenio colectivo sectorial que rige actualmente a los bomberos forestales, y el gobierno regional ha sostenido que no puede negociar mejoras en este convenio debido a la falta de competencia. Sin embargo, se ha señalado que Tragsa sí puede negociar su propio convenio de empresa, lo que podría facilitar la inclusión de todos los trabajadores en un marco de condiciones laborales más homogéneas.

La Comunidad de Madrid ha instado a Tragsa a convocar una reunión con los representantes de los trabajadores para avanzar en la resolución del conflicto laboral. Se espera que esta reunión se lleve a cabo pronto y que incluya la participación de la Comunidad. Durante la próxima reunión, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) presentará un plan de mejora de bases e infraestructuras, que busca optimizar la operatividad de los bomberos forestales.

Se ha confirmado la decisión de renovar el encargo de funciones de prevención y extinción de incendios, que entrará en vigor en 2026. Este nuevo encargo incluirá un aumento del presupuesto de 4 millones de euros, alcanzando un total de más de 32 millones anuales, y garantizará la contratación de personal durante todo el año.

El comité de empresa, compuesto por los sindicatos UGT, Firet y CGT, ha denunciado la precariedad y temporalidad en las que trabajan los bomberos forestales. Las principales demandas incluyen:

Actualización Salarial: Los salarios han estado congelados desde 2010, y se solicita una revisión que contemple la peligrosidad y toxicidad de su labor.

Estabilidad Laboral: El 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año, lo que resalta la necesidad de acabar con la temporalidad.

Mejoras en Infraestructura: Se requieren mejoras en las bases de trabajo, que han estado en abandono durante 20 años.

Cumplimiento de la Ley 5/2024: Se exige la aplicación de esta ley, aprobada el 8 de noviembre de 2024, que no ha sido implementada por la Comunidad de Madrid.

Aproximadamente 500 bomberos forestales están activos en la Comunidad de Madrid, con unos 350 de ellos trabajando en temporada baja. Todos son contratados por Tragsa, cuya propiedad mayoritaria recae en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), bajo el Ministerio de Hacienda.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde criticó al Gobierno central por no asumir la coordinación necesaria en la extinción de los incendios, sugiriendo que debería "dar un paso adelante" en la gestión de las ayudas para las personas afectadas por estos desastres. En sus declaraciones, el consejero destacó que el Gobierno tiene la autoridad legal para declarar una emergencia nacional, pero ha optado por no hacerlo, lo que considera un error.

El consejero comparó la situación actual con la respuesta del Gobierno durante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) y otros desastres, como el volcán de La Palma, donde las ayudas fueron movilizadas de manera más efectiva y oportuna. López-Valverde argumentó que la falta de acción del Gobierno central es evidente, ya que las comunidades autónomas están colaborando entre sí, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece estar desentendido de la gravedad de la situación.

López-Valverde hizo hincapié en que es crucial que haya una coordinación a nivel estatal, dado que hay recursos tanto nacionales como internacionales desplegados para combatir los incendios. Criticó la situación actual donde las comunicaciones y la gestión parecen depender de redes sociales, como Twitter, en lugar de un enfoque estructurado y coordinado.

El consejero también subrayó la importancia de que las ayudas lleguen de manera oportuna. Hizo un llamado a que las ayudas no se retrasen, como ha sucedido en el pasado, donde los recursos tardaron en llegar hasta un año o dos años después de la emergencia. López-Valverde enfatizó que es fundamental que cada entidad gubernamental cumpla con su responsabilidad en la gestión de crisis.

La empresa pública Tragsa, bajo la supervisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha convocado una reunión con la Comunidad de Madrid y el comité de empresa para abordar las demandas de los trabajadores, quienes han estado en huelga desde el 15 de julio. A pesar de la convocatoria a la reunión programada para el 28 de agosto, el comité de empresa ha decidido reanudar la huelga el 25 de agosto. Los representantes de los trabajadores han dejado claro que no desconvocarán la huelga hasta que se logren avances concretos en sus demandas.

La reunión programada para el 28 de agosto incluirá a:

Tragsa: La empresa pública responsable de la gestión de las Brigadas Forestales.

Comunidad de Madrid: Representada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Comité de Empresa: Compuesto por los sindicatos UGT, Firet y CGT.

El objetivo principal de este encuentro es discutir las condiciones laborales de los trabajadores y buscar soluciones a las demandas planteadas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha mostrado disposición para escuchar las propuestas de mejora.

Durante la reunión previa entre la Comunidad de Madrid y Tragsa, se discutió la posibilidad de que las Brigadas Forestales de la región se acogieran al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales (BRIF), que presta servicio al Ministerio de Transición Ecológica.

El comité de empresa ha rechazado esta propuesta de manera contundente, argumentando que las funciones de las Brigadas Forestales de Madrid son diferentes a las de las BRIF estatales; y la adhesión al convenio estatal podría generar más inseguridad jurídica para los trabajadores.

Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes, antes de la reunión del Consejo de Ministros que va a declarar zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios que han sufrido incendios, el Ejecutivo "va a poner en marcha una Comisión Interministerial para definir el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que necesita nuestro país", propuesto por el jefe del Gobierno, y que van a liderar la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, junto con el Ministerio del Interior como responsable de la protección civil.

Pedro Sánchez ha adoptado también la propuesta del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para que la Conferencia de Presidentes -que se va a celebrar en esta comunidad antes de que finalice el año- sea "una pieza importante de ese pacto de Estado", de tal manera "que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que "tenemos que redimensionar y volver a redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático", y hacerlo las instituciones conjuntamente con la sociedad, "trascendiendo las legislaturas", porque todos estamos afectados por la emergencia climática, y las políticas vinculadas a su combate "son políticas de Estado" y debemos trabajar todos a una en la misma dirección.

Así lo ha señalado en la declaración que ha realizado tras visitar Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, y mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. En esta visita ha estado acompañado del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Sánchez, que ha subrayado el valor "de lo público" a la hora de poner herramientas e instrumentos efectivos para proteger a nuestros conciudadanos y defender nuestro territorio, ha felicitado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, "por su tarea durante todos estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Puesto de Mando Avanzado junto a los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Desde el Gobierno de España, "hemos puesto todos los efectivos que tenemos a nuestro alcance", afirmó el presidente, quien reseñó los más de 3400 efectivos de la UME, los 500 efectivos del Ejército adicionales que se incorporaron; los más de 500 vehículos, a lo que se han sumado 6000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, diez brigadas de bomberos forestales liderados por el Ministerio de Transición Ecológica, entre otras capacidades. Todo ello activado "gracias a la Dirección General de Protección Civil y del CECOD, el Mecanismo Nacional de Respuesta, donde efectivamente se ha ejercido esa solidaridad por parte de otras comunidades autónomas en la transferencia de recursos".

Por otro lado, y de cara a la declaración de zonas afectadas por una catástrofe de protección civil que llevará a cabo el Consejo de Ministros del próximo martes, Pedro Sánchez ha pedido a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno y, sobre todo a los alcaldes y alcaldesas, los vecinos y vecinas de las zonas afectadas por los incendios, la mayor información cuanto antes para saber exactamente cuál es la dimensión y poder llevar a cabo la valoración económica de la catástrofe que estamos sufriendo este mes.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha publicado el artículo “Incendios forestales, el eterno problema sin solución”, un análisis exhaustivo sobre la evolución de los grandes incendios forestales en España y sus devastadoras consecuencias ambientales, sociales y económicas.

El estudio evidencia que, aunque los sistemas de extinción han mejorado en las últimas décadas, las causas que originan los fuegos siguen siendo las mismas: más del 87% de los incendios tienen origen humano (negligencias o intencionalidad), mientras que el rayo apenas supone un 5%. Además, la impunidad es alarmante: solo el 0,2% de los incendios intencionados acaba en condena judicial.

Los colectivos ecologistas que forman la Plataforma: Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, alertan de que estamos asistiendo a incendios de una magnitud sin precedentes, que superan la capacidad de los dispositivos de extinción y que son agravados por el cambio climático. Ante este panorama, la Plataforma insiste en que la solución no pasa por “limpiar” o degradar los ecosistemas forestales, sino en prevenir los siniestros actuando sobre sus verdaderas causas.

La publicación concluye con un llamamiento a las administraciones autonómicas y al conjunto de la sociedad: reforzar la investigación de causas, sancionar las negligencias, mejorar la coordinación institucional y recuperar campañas de concienciación ciudadana. “Sin fuego no hay incendio. Si no se reducen los siniestros provocados por la mano humana, nuestros montes desaparecerán”, señala la Plataforma.

Según el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid para el año 2025, se han catalogado un total de 2.361 zonas de interfaz urbano- forestal (IUF) que ocupan un total de 22.624,56 hectáreas. De estas sólo se han realizado 60 planes de autoprotección, estando en tramitación otros 35. A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama vivo y Liberum Natura, las zonas IUF y la superficie que ocupan podría ser mucho mayor, ya que existen más de 78.000 construcciones ilegales en la región. Muchas de ellas en zona forestal, lo que supone que cada una genera un área de contacto de alto riesgo, entre viviendas y monte.

Las zonas IUF son territorios en los que se mezclan estrechamente los límites urbanos y forestales, como núcleos de población y urbanizaciones enclavadas en monte o en sus inmediaciones, viviendas aisladas, campings, vertederos, gasolineras. Son zonas potencialmente muy peligrosas porque, en caso de incendio, el fuego penetra con facilidad. Por ello, para su defensa, exigen un gran despliegue de medios de extinción.

Para reducir el riesgo para personas y bienes, el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, más conocido por sus siglas como INFOMA, obliga, desde 2006, a que las áreas IUF dispongan de planes de autoprotección ante incendios forestales (PAIF). La versión INFOMA de 2017 y actualmente vigente extiende la obligación a los 59 municipios enclavados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales. El plazo para su aprobación era de un año que cumplió en junio de 2018.

El objetivo de los planes de autoprotección es poner en marcha medidas básicas de prevención y extinción de incendios forestales hasta la llegada e intervención de medios de la Comunidad de Madrid. Para ello estos planes deben identificar riesgos, catalogar los medios y recursos con los que cuentan, establecer una organización y procedimientos operativos. El responsable de su elaboración es el titular del núcleo de población o de la actividad y es la Dirección General de Protección Civil, dependiente del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, la competente del seguimiento de la implantación de las medidas del INFOMA. La ausencia de estos instrumentos, exigidos desde hace casi dos décadas por la normativa regional, deja a miles de vecinos y a decenas de actividades económicas en una situación de vulnerabilidad extrema frente al fuego.

Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno regional, y especialmente desde 2021, la Comunidad de Madrid ha aprobado modificaciones legislativas que reducen la protección del suelo forestal. Las llamadas leyes ómnibus de 2022 y 2024 han cambiado la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos, facilitando la construcción dispersa y la implantación de negocios en monte.

Estas decisiones generan nuevos núcleos habitados, en muchos casos al margen del control municipal, que se convierten en puntos calientes de riesgo extremo frente a incendios forestales. Además, el actual plan INFOMA excluye a explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas vinculadas de la obligación de tener planes de autoprotección, reduciendo aún más la seguridad. La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que el Ejecutivo autonómico incumple de manera sistemática su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y opta por políticas de desregulación urbanística y ambiental que multiplican el riesgo y el gasto público, mientras reducen la protección de la biodiversidad.

Por ello, exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que:

 Cumpla y haga cumplir la normativa de prevención de incendios.

 Revierta las modificaciones legislativas que fomentan la construcción en suelo forestal.

 Priorice la seguridad de las personas y la protección de los ecosistemas por encima de intereses económicos a corto plazo.

Cada año, los incendios forestales ponen en peligro a personas, viviendas y ecosistemas únicos de la Comunidad de Madrid. La ausencia de planes de autoprotección en miles de áreas de contacto entre viviendas o actividades económicas y monte, como sucedió en el incendio de Tres Cantos- Viñuelas, supone una amenaza directa para la seguridad ciudadana.

Más Madrid ha presentado un plan integral y ambicioso que busca transformar la política forestal de la Comunidad de Madrid en respuesta a la emergencia climática y la creciente amenaza de incendios forestales. Este plan se centra en tres ejes fundamentales: prevención, extinción y regeneración, y tiene como objetivo garantizar un futuro más seguro y sostenible para la región.

Una de las medidas más destacadas es la creación de un cuerpo de bomberos completamente público. Esto incluye:

Contratos estables: Se propone la renovación inmediata de los contratos de los Bomberos Forestales, asegurando que estos trabajadores cuenten con estabilidad laboral.

Salarios dignos: El plan aboga por remuneraciones que reflejen la importancia y el riesgo de su trabajo.

Plan de empleo: Se plantea la creación de un plan de empleo que abarque trabajos de limpieza, mantenimiento y reforestación, generando oportunidades laborales en áreas críticas.

La prevención es uno de los ejes centrales del plan, que incluye:

Reforma de la gestión forestal: Se propone una reforma profunda utilizando técnicas de silvicultura adaptativa.

Aumento de la superficie trabajada: Se busca incrementar del 1,1% actual al 10% en 2026 la superficie dedicada a la prevención de incendios.

Incremento presupuestario: Se plantea un aumento de cinco millones en el presupuesto autonómico destinado a estas iniciativas.

Educación y formación: Se incluirá el grado de FP de Técnico Superior de Gestión Ambiental y Medio Natural en Alcalá de Henares, además de programas de prácticas en parques de bomberos y convenios con cooperativas para mantener cortafuegos productivos.

En cuanto a la extinción, el plan incluye:

Adquisición de materiales ignífugos: Se propone la compra de equipos de protección y materiales que mejoren la capacidad de respuesta ante incendios.

Colaboración con universidades: Se establecen acuerdos con la Universidad de Alcalá para desarrollar modelos predictivos que optimicen la eficacia en la lucha contra incendios de sexta generación.

El eje de regeneración se centra en:

Reforestación masiva: Se propone un plan de reforestación que utilice especies autóctonas.

Recuperación de cauces: Se busca restaurar terrenos degradados y quemados mediante la creación de corredores verdes que conecten espacios naturales, promoviendo la biodiversidad y la salud del ecosistema.

Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá, enfatiza la urgencia de la prevención diaria, afirmando que no se debe esperar a que ocurra un desastre para actuar. Critica la privatización y los recortes en los servicios de extinción de incendios, que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, subraya la necesidad de combinar la protección del medio ambiente con la creación de empleo, y destaca la gravedad de la emergencia climática. Advierte que, sin soluciones efectivas y rápidas, las escenas de incendios devastadores serán cada vez más comunes.