La oposición desvela que las piscinas se abrieron sin esperar al resultado de los informes sanitarios

En plena ola de calor y con alerta amarilla Alcalá celebró un Pleno mucho más concurrido de lo habitual. Y es que el calor de fuera no fue nada comparado con el de dentro: vecinos, trabajadores municipales y la Asociación Alcalá Acoge se concentraron en un Salón de Plenos donde la tensión se cortaba con un cuchillo. Y es que, por supuesto, la sesión iba a hablar sobre el asunto del que todos los medios están hablando desde hace 15 días.

De tal forma el PP proponía el cierre inmediato del Centro de Inmigrantes en que se ha convertido el cuartel Primo de Rivera, y lo hacía tras escuchar a dos asociaciones de vecinos que solicitaban medidas de seguridad.

Nadia Cabanillas, representante de la Mancomunidad del Parque del Ángel, denunció que la problemática no es un hecho aislado, sino un "problema estructural" desde la apertura del CAED en 2023. Criticó el "oscurantismo" en torno al funcionamiento del centro y planteó preguntas sin respuesta sobre los proyectos de inserción, programas de formación y recursos disponibles para los acogidos.

La representante comparó el CAED con un módulo de respeto de una prisión, sugiriendo que no proporciona un ambiente digno para quienes huyen de situaciones extremas. Criticó la falta de actividades y la imagen de jóvenes sin rumbo, vagando por parques y centros comerciales. Cabanillas rechazó la idea de que su postura sea racista, argumentando que hay formas efectivas de integración, como el acogimiento de niños saharauis por familias locales. Propuso un sistema de acogida voluntaria en hogares particulares, similar al que se implementó con refugiados ucranianos.

Cabanillas desafió a los representantes políticos a comprometerse públicamente a acoger a jóvenes del CAED en sus hogares, concluyendo con una frase impactante: “La miseria no se combate con más miseria”.

María Dolores Díaz, vocal del colectivo vecinal Ciudad 10, adoptó un enfoque más institucional pero igualmente crítico. Comenzó su intervención subrayando la importancia de respetar los derechos humanos y la complejidad de la migración, mientras expresaba su creciente preocupación por las consecuencias de tener un CAED en su vecindario.

Díaz enumeró diversas situaciones que han generado inquietud entre los vecinos desde la apertura del centro, incluyendo la presencia de grupos sin ocupación clara, búsqueda en contenedores, abandono de basura, enfrentamientos internos y comentarios inapropiados hacia menores. También mencionó una grave agresión a una mujer, lo que ha llevado a adolescentes a evitar la zona y a familias a sentirse inseguras.

A diferencia de Cabanillas, Díaz se centró en la falta de idoneidad del emplazamiento del CAED y propuso que el Ayuntamiento solicite al Gobierno central la reubicación del centro en instalaciones más adecuadas, que garanticen tanto la atención de los usuarios como la seguridad de los barrios afectados. Díaz cerró su discurso apelando a la unidad de todos los partidos para despolitizar el problema, enfatizando que lo que está en juego es la convivencia, la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Alcalá de Henares.

Pero además la moción veía una autoenmienda de los populares para responder a algo que ha ocurrido en las últimas horas. De tal forma, el Pleno de Alcalá reprobaba al Delegado del Gobierno por sus palabras en las que acusaba a los vecinos complutenses de delinquir más que los inmigrantes.

En concreto se refieren a una polémica intervención de Fran Martín en el programa "En boca de todos" de Cuatro, en el que tuvo un fuerte enganchón con el presentador. Francisco Martín inicia su intervención desestimando las afirmaciones de la alcaldesa, acusándola de propagar "falsedades". Según Martín, desde la apertura del centro de acogida, los internos han cometido un 45% menos delitos en comparación con la población local. Proporciona estadísticas que indican que, de las 10,000 personas que han pasado por el centro, solo se han registrado 17 delitos, mientras que en Alcalá de Henares se han contabilizado 14,500 delitos para una población de 195,000 personas.

Martín critica la cobertura mediática de la reciente violación de una joven de 23 años, sugiriendo que ha habido un enfoque racista en la narrativa. Asegura que el interés por esta agresión se debe a que fue cometida por un individuo de piel negra, mientras que otras agresiones sexuales anteriores no han recibido la misma atención. Expresa su frustración por la forma en que los medios, incluido el programa de Nacho Abad, han amplificado estos mensajes racistas.

Nacho Abad, el presentador, se siente atacado por las acusaciones de Martín y defiende su integridad, afirmando que no es racista. Resalta la gravedad de la agresión a la joven y menciona que ha habido 407 violaciones en la Comunidad de Madrid en el año 2024, cuestionando cuántas de ellas han sido de interés para Martín y su administración.

El delegado del Gobierno enfatiza que la criminalidad en Alcalá de Henares ha disminuido desde la apertura del centro, afirmando que los residentes locales delinquen un 45% más que los inmigrantes del centro. Además, señala que la tasa de criminalidad en Alcalá está 9 puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid.

Pero aún hay más, pues en la otra moción sobre el Primo de Rivera, la que presentaba el PSOE para criticar las concentraciones en protesta por la violación, el Equipo de Gobierno introducía otra enmienda que declaraba "persona non grata" a Fran Martín. En cuanto a la moción, el PSOE criticaba que no saliese adelante.

El Grupo Municipal Socialista vio como, una vez más, sus propuestas presentadas en el Pleno Municipal, eran rechazadas por los votos de PP y VOX. El portavoz de los socialistas complutenses, Javier Rodríguez Palacios, mostró “la más firme y taxativa condena” a la violación sufrida, el pasado 28 de junio, por una mujer de 21 años en nuestra ciudad. El mismo Rodríguez Palacios, recordó durante su exposición, en la moción relativa a la condena de la agresión sexual del día 28 de junio, que “las agresiones sexuales son delitos especialmente deleznables que generan una amplia repulsa y una profunda alarma social. Por ello, desde las instituciones, debemos contribuir encauzar todo esa repulsa y alarma hacia los cauces democráticos y constitucionales, en especial remarcando el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como locales, y reafirmando nuestra confianza en la Justicia para el castigo del agresor y para la atención, apoyo y acompañamiento de la víctima”.

Rodríguez Palacios tuvo además palabras para condenar la actitud mostrada por el equipo de Gobierno y en especial de la alcaldesa, Judith Piquet. Una actitud “inaceptable, además de irresponsable, apoyando a grupos organizados que no respetan nuestro Estado de Derecho, ni las normas de convivencia y que tampoco respetan a la autoridad, teniendo como objetivo prioritario extender el odio hacia el diferente y fomentar la violencia, con convocatorias de grupos de extrema derecha y filonazis, con un amplio historial de violencia y altercados y que terminaron con enfrentamientos contra las unidades del Cuerpo Nacional de Policía desplegadas en la Plaza de Cervantes y en el CAED, hechos que acabaron con detenciones y con heridos”.

El debate terminaba con una contundente intervención de la alcaldesa que provocaba aplausos e insultos entre el público. En su discurso, Judith Piquet defendió la verdad y la dignidad de los vecinos de la ciudad, así como la obligación del gobierno local de proteger la convivencia. Piquet acusó al portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, de mentir sobre la situación del CAED y de ocultar la realidad que los representantes del Ayuntamiento habían constatado durante una visita al centro.

Piquet destacó que durante la visita al CAED, la dirección del centro admitió que estaba operando con el doble de su capacidad, que no había atención médica suficiente y que los residentes estaban hacinados en carpas. La alcaldesa calificó la existencia de varios macrocentros en la Comunidad de Madrid como una "barbaridad", enfatizando la insostenibilidad de la situación actual.

La alcaldesa no escatimó en críticas hacia el PSOE, acusando a su portavoz de no interesarse por la víctima de una reciente violación en Alcalá y de ocultar la realidad del CAED a los ciudadanos. Piquet también lamentó que quienes la acusan de ser "fascista" y "racista" por expresar su opinión no tengan el valor de confrontar a los vecinos con esas acusaciones.

Piquet reafirmó su compromiso con la protección de los vecinos, especialmente de las mujeres, frente a quienes niegan la realidad por razones ideológicas. Denunció el "silencio y la hipocresía" de aquellos que se autodenominan feministas pero que no han brindado apoyo a la joven de Alcalá que fue víctima de una agresión. Criticó al PSOE por dar lecciones de ética mientras se asocia con personas de dudosa reputación.

La moción aprobada por el Pleno envía un mensaje claro la seguridad y el bienestar son prioritarios sobre la propaganda ideológica del Gobierno. Piquet enfatizó que la exigencia de cerrar el CAED y de poner fin a un modelo de acogida fallido es una cuestión de sentido común, no de odio ni racismo.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, estuvo presente en el Pleno y apoyó la postura del grupo municipal, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "irresponsabilidad y descontrol" en la gestión de la migración. Serrano enfatizó que el CAED, que originalmente tenía como objetivo alojar a 100 personas, ha visto un aumento desmesurado, con más de 10,000 personas pasando por sus instalaciones y picos de ocupación de hasta 1,500 personas. Serrano subrayó la falta de información sobre el destino de los migrantes una vez que abandonan el centro, lo que considera un grave problema de gestión.

El líder del PP argumentó que la situación actual no se trata simplemente de la acogida de inmigrantes, sino de una falta de rigor en la gestión migratoria. Afirmó que la inmigración puede ser positiva, pero debe ser gestionada con responsabilidad y rigor, en contraposición al populismo. Serrano hizo referencia a cambios en las políticas migratorias en otros países europeos, sugiriendo que el Gobierno de Sánchez se está quedando aislado en su enfoque.

Durante el Pleno, se aprobó la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por parte del PP y Vox. Serrano lo calificó como "el indigno para ocupar ese cargo" y criticó su gestión, acusándolo de descalificar a los vecinos de Alcalá de Henares. Serrano hizo hincapié en la necesidad de un diálogo adecuado entre las administraciones antes de la instalación de centros como CAED. Criticó que los municipios solo se enteren de estos centros a través de cartas del delegado del Gobierno, muchas de las cuales resultan ser engañosas.

El PP también denunció que el Gobierno español no proporciona los recursos necesarios para atender a los menores migrantes adecuadamente, lo que genera una carga insostenible para las comunidades autónomas. Serrano expresó su apoyo a las recientes concentraciones de vecinos en contra del CAED, destacando que reflejan el sentir mayoritario de la población de Alcalá de Henares. Criticó la doble moral del delegado del Gobierno, que permite manifestaciones en ciertos lugares mientras prohíbe otras.

Uno de los puntos clave en la moción del PP fue el impacto económico del CAED en los servicios municipales, estimando que los costos podrían superar el millón de euros en servicios sociales, atención sanitaria y seguridad. Serrano argumentó que la presencia del centro implica un costo significativo para las administraciones, ya que se debe atender a todos, independientemente de su estatus migratorio.

Serrano concluyó que el problema no es la inmigración en sí, sino cómo se gestiona. Destacó que Alcalá de Henares ha sido históricamente una ciudad solidaria, con un 30% de su población siendo inmigrante, pero que el descontrol puede llevar a conflictos.

Francisco Martín lamentó que la propuesta de reprobación en su contra se base en lo que él considera un reflejo del racismo de las fuerzas políticas de derecha en el Ayuntamiento. En sus declaraciones, el delegado enfatizó que su intervención se centró en poner de manifiesto las actitudes racistas que, según él, han sido evidentes en la respuesta de estos partidos a ciertos incidentes delictivos en la ciudad.

Martín hizo hincapié en que, de las 18 violaciones reportadas en Alcalá de Henares en el último año y medio, solo se ha prestado atención a aquella que fue perpetrada por una persona de piel negra. Esta observación busca resaltar lo que él considera un enfoque racista y selectivo por parte de los partidos de ultraderecha, que han centrado su atención en un solo caso en lugar de abordar la totalidad de los incidentes.

El delegado también argumentó que, desde la apertura del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), los residentes de Alcalá de Henares han estado involucrados en un número significativamente mayor de incidentes delictivos en comparación con los residentes del CAED. Según sus cifras, los vecinos de Alcalá han estado involucrados 45 veces más en estos incidentes, lo que él considera un dato relevante para desmentir las acusaciones de que el CAED es un foco de criminalidad.

Francisco Martín expresó su pesar por el hecho de que, en una ciudad que históricamente ha sido un símbolo de libertad, cultura, tolerancia y convivencia, las fuerzas políticas de ultraderecha que gobiernan tanto Alcalá de Henares como la Comunidad de Madrid se enfoquen en cuestiones que, a su juicio, desvían la atención de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos madrileños.

La situación del primo de Rivera fue la gran protagonista, pero no la única de una larga sesión de más de cuatro horas en el Salón de Plenos complutense. Y eso que el otro gran asunto ni siquiera estaba en el Orden del Día. La oposición aprovechaba el turno de dación de cuentas de decretos para desvelar que las piscinas municipales se abrieron antes de tener los resultados de los análisis de salubridad del agua. En concreto, según contaban tanto Gobierno como oposición, las pruebas sobre el agua de las piscinas se hicieron el 27 de junio, es decir, un día antes de su apertura, no llegando los resultados hasta el 1 de julio, a pesar de lo cual el 28 de junio abrieron sus puertas. Pero ademas esos resultados del 1 de julio desvelaban la presencia de la bacteria pseudomona en el agua de las piscinas. Tras tener este informe el Gobierno Local pidió un contra análisis que mostraba que, en ese momento, no había presencia de la polémica bacteria.

El Pleno comenzaba con otro asunto importante, pues el Gobierno Local desvelaba que la tramitación para trasladar la fábrica de Química Sintética tiene que volver a empezar después de dos años y medio, pues, afirman, las cosas no se hicieron bien en la primera tramitación. En concreto, explican que la ubicación propuesta para la nueva fábrica está situada junto a una zona de protección medioambiental ZEPA, por lo que se requieren análisis específicos que no se solicitaron.

Así las cosas, Alcalá tendrá que recurrir a un "Plan B" para evitar que Química Sintética se marche de la ciudad, y ya lo tienen sobre la mesa, pues, según desvelaba el Gobierno Local, han pedido para este proyecto la inclusión en la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid con el fin de reducir los trámites al menor tiempo posible.

El Pleno también daba luz verde a una modificación de usos en Espartales Sur que permitirá abrir comercios en el barrio, y que, al igual que la de Química Sintética, salía adelante por unanimidad. También por unanimidad se aprobaban los nuevos Estatutos de la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid, unos estatutos, explicaba el concejal de Salud, que fueron reformados hace seis meses y que ahora deben pasar por los Plens de todos los municipios que forman parte de la Red.

En el turno de mociones, la presentada por la oposición sobre la situación de los autobuses dejaba una noticia importante, y es que, según el Gobierno Local, el Consorcio ya ha abierto una inspección para obligar a la empresa adjudicataria a que cumpla las condiciones de la concesión. La moción salía adelante vía enmienda con los votos de PP y VOX y la abstención de las izquierdas.

"La moción conjunta presentada por PSOE y Más Madrid Alcalá para abordar la situación del servicio de transporte público urbano en Alcalá de Henares, que opera a través de la concesión adjudicada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) a la empresa Monbus, también acabó en rechazo por parte de PP y VOX. El concejal socialista Enrique Nogués recordó que “la concesión establece unas condiciones contractuales claras respecto al número de vehículos que deben operar en el municipio, fijando esta cifra en 58 autobuses. Sin embargo, la realidad es que algunos de los autobuses, vehículos híbridos con etiqueta ECO, registrados oficialmente como parte de la flota de Alcalá, han sido trasladados a prestar servicio en otras zonas, sin que exista información pública ni justificación oficial por parte del Consorcio o la empresa concesionaria, por lo que actualmente solo entre 49 y 52 autobuses están prestando servicio en la ciudad”, resumía el PSOE.

Nogués destacó en su intervención que, “ante esta falta de vehículos en Alcalá de Henares, se han introducido autobuses “Isuzu” (diésel), en sustitución de estos vehículos híbridos con etiqueta ECO, autobuses que presentan averías recurrentes, problemas en el sistema de seguridad de cierre de las puertas y de freno o defectos en su sistema de ventilación, autobuses en los que la temperatura es superior a los 40 grados”. Por todo ello, el concejal socialista pidió el apoyo del Pleno para “instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a que vele por el cumplimiento íntegro del contrato de concesión del servicio de autobuses urbanos en Alcalá de Henares”

La propuesta de Más Madrid pidiendo la instalación de aires acondicionados en los colegios, al igual que ha hecho Torrejón, era tumbada por el Equipo de Gobierno, alegando que para aprobar una propuesta así debe hacerse vía Presupuestos y luego llevar a cabo una tramitación, por lo que es imposible que el proyecto esté ejecutado antes del próximo curso. Pero además la concejala sorprendía a todos al recordar que en 2019 el anterior Equipo de Gobierno tumbó una propuesta casi idéntica.

La moción de Vox sobre personas electrodependientes, que fue aprobada en Rivas como declaración institucional y votada en el Pleno de Coslada, era aprobada con los votos del Equipo de Gobierno y el "no" de la oposición. En concreto más Madrid afirmaba que no había cobertura legal para crear un registro municipal.

La moción del PSOE sobre el mercado municipal de abastos también dejaba una buena noticia, y es que, tras reconocer que efectivamente la licitación quedó desierta al no presentarse ofertas, el Equipo de Gobierno anunciaba que ya hay un proyecto alternativo consensuado con los comerciantes que se pondrá en marcha en poco tiempo. Sobre la moción, el PP y Vox votaban en contra y PSOE y Más Madrid lo hacían a favor.

Los socialistas llevaron también al debate plenario la situación del Mercado Municipal de Abastos. En este punto, la concejala María Aranguren defendió la propuesta socialista “que llega después de esperar las propuestas de PP y VOX durante más de dos años, tiempo en el que no han aportado ni un modelo nuevo ni una gestión activa, más allá de reeditar el trabajo ya realizado durante el gobierno de Javier Rodríguez Palacios con un modelo de gastromercado, que llevábamos como parte de nuestro programa electoral y que, tras haber sido licitado en dos ocasiones, no ha tenido el resultado esperado”. Por todo ello, Aranguren propuso “la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo con los comerciantes, grupos políticos con representación municipal y otros agentes sociales que este equipo de Gobierno considere para que, entre todos, se consensue el futuro del Mercado Municipal de Abastos”. Una vez más, PP y VOX votaron en contra de la moción socialista.

Los ruegos y preguntas dejaban un asunto que siempre vuelve a la actualidad en vísperas de las Ferias, como es la organización de festejos taurinos. Más Madrid preguntaba si se iban a hacer, y el Equipo de Gobierno recordaba que la empresa concesionaria está obligada a cumplir el pliego de condiciones.