Más Madrid se abstuvo en la reprobación del ex alcalde complutense

Cómo era de esperar, el debate sobre la reprobación del ex alcalde de Alcalá hacía subir la tensión en el Ayuntamiento complutense, entre amenazas y ataques. Y, sin embargo, sirvió para aclarar por fin qué es lo que había ocurrido en toda esta historia que ha sido protagonista política en la cuna de Cervantes durante el último año y medio.

De tal forma, desvelaban los políticos, el Secretario Municipal, al cumplir los 65 años pidió retrasar su jubilación cinco años más, algo que le permite la Ley. Sin embargo, el Consistorio gobernado por Rodríguez Palacios no se lo concedió. La decisión se tomó por silencio administrativo, apurando el plazo de cuatro meses que era habitual en el consistorio de Alcalá, pero que contraviene la norma legal que establece tres meses como plazo máximo para que exista una resolución.

Ante esta situación, el Secretario expulsado denunció al Consistorio, iniciando un largo periplo judicial que terminaba con tres sentencias que le daban la razón y condenaban al Ayuntamiento a pagar una indemnización de casi 700.000 euros entre honorarios no percibidos durante el tiempo de tramitación, indemnizaciones y costas.

Este larguísimo calvario judicial terminaba en la mañana de este martes, con la reincorporación del Secretario al Pleno Municipal justo al cumplirse los cinco años de ampliación que había solicitado. De tal forma el Pleno se convertía en "debut y despedida", terminando con unas palabras de cariño a todos los alcaldes con los que había convivido a lo largo de sus cuarenta y tres años de ejercicio en la ciudad, unas palabras que terminaban con el aplauso de todos los concejales menos los socialistas.

Pero volviendo al ámbito puramente político, Rodríguez Palacios intentó paralizar hasta el último momento la votación, sabiendo que, si bien no tiene consecuencias jurídicas, la reprobación de un ex alcalde sí las tiene políticas, pues supone el rechazo por parte del órgano máximo de representación de su gestión al frente del Consistorio.

Así advirtió de que acudiría a los tribunales contra los firmantes de la propuesta, después de afirmar que este expediente lo llevó la Concejala de Recursos Humanos, y que él solo se limitó a firmar. Pero parece que sus palabras no convencieron a nadie, ni siquiera a sus compañeros de bancada, pues el PSOE se quedó solo en el voto en contra, mientras que PP y Vox aprobaban la reprobación; y Más Madrid optaba por abstenerse.

Como era de esperar, el debate devino en un nuevo capítulo de "turismo de tribunales", con la oposición denunciando que la moción era una cortina de humo para no hablar de que la justicia acababa de tumbar el recurso de la alcaldesa en el procedimiento por revelación de secretos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener abierta la investigación contra Judith Piquet, la alcaldesa de Alcalá, por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Esta investigación se relaciona con la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes en enero de 2024.

En enero de 2024, surgieron denuncias de agresiones sexuales en Alcalá de Henares, que fueron atribuidas a migrantes. La situación se volvió especialmente polémica tras declaraciones de Piquet, quien mencionó públicamente que las denuncias implicaban a un "varón negro y joven". Esto ocurrió en un contexto de tensiones sociales y políticas, especialmente después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, visitara la localidad para mostrar apoyo a la alcaldesa tras altercados entre inmigrantes.

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por Piquet contra un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares. Este auto había dado lugar a la apertura de diligencias por el delito mencionado. El abogado de Piquet argumentó que el auto carecía de motivación adecuada, lo que, según él, vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva de su clienta. Sin embargo, los magistrados refutaron esta afirmación, señalando que la jueza había proporcionado la motivación necesaria en un auto posterior.

Según la resolución judicial, entre las 17:00 del 17 de enero y las 9:58 del 18 de enero de 2024, Piquet, ya sea directamente o a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento, envió una fotografía del informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Este último publicó la fotografía en su cuenta de la red social "X". La Audiencia considera que la consumación del delito podría haber ocurrido en el momento de la transmisión de la información a Serrano, quien no estaba involucrado en la investigación policial.

El auto judicial menciona que la información relacionada con la investigación es "reservada" y su divulgación podría perjudicar la investigación de las agresiones. Se subraya que la etnia, sexo o condición de las víctimas y de los agresores no son relevantes para el tipo penal en cuestión.

La situación ha generado reacciones políticas significativas. Tras las declaraciones de Piquet, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desmintió la existencia de agresiones sexuales por parte de migrantes, calificando de "extrema gravedad" la mezcla de migración con inseguridad. Esto ha puesto de relieve las tensiones entre diferentes actores políticos en relación con la inmigración y la seguridad.

El PSOE ha decidido ejercer la acusación popular en este caso, lo que añade otra capa de complejidad al proceso judicial. La implicación de un partido político en la acusación puede influir en la percepción pública y en el desarrollo de la investigación.

Durante una sesión en la Asamblea de Madrid, el portavoz del Partido Popular (PP), Carlos Díaz-Pache, realizó declaraciones en apoyo a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Díaz-Pache expresó la "total confianza" del PP en Judith Piquet, enfatizando que no considera que la alcaldesa haya cometido "nada delictivo". Esta declaración se produce en un momento en que la Audiencia Provincial de Madrid mantiene abierta una investigación sobre Piquet.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Díaz-Pache subrayó que no hay "novedades" en el caso, indicando que el proceso judicial está en curso y que se está instruyendo por parte de un juzgado. Díaz-Pache hizo un llamado a que la justicia actúe con rapidez en este asunto. Expresó su deseo de que la juez encargada de la investigación concluya su trabajo lo antes posible, con el fin de disipar las dudas que puedan existir sobre la alcaldesa. Reiteró la confianza del PP en Piquet, lo que sugiere que el partido espera que la investigación aclare la situación y confirme la inocencia de la alcaldesa.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, abordó la situación de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. García Martín defendió a Piquet, afirmando que ha estado proporcionando explicaciones desde el inicio de la situación y que continuará haciéndolo.

García Martín explicó que la alcaldesa actuó en un contexto de preocupación por la inseguridad en su ciudad. Piquet había denunciado la necesidad de obtener más información sobre una situación que consideraba alarmante, relacionada con un macrocampamento que se había establecido sin su conocimiento. Según el consejero, la alcaldesa simplemente "dio voz" a las denuncias existentes, lo que sugiere que su intención no era la de filtrar información de manera maliciosa, sino de buscar claridad en una situación compleja.

Y además de los representantes regionales, el asunto también se trató a nivel local. El PSOE de Alcalá emitía un comunicado: "A finales de agosto de 2024 el Juzgado de Instrucción Nº2 de Alcalá de Henares dictó un auto en el que abrió diligencias previas por presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y llamó a declarar como investigada a Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, por unos hechos que se remontan a enero de 2024. En la tarde de ayer, se conocía que la Audiencia Provincial no ha aceptado ni uno de los argumentos jurídicos por los que solicitaba el archivo de la causa y reafirmaba que existen motivos para procesar a la alcaldesa de Alcalá de Henares, echando por tierra todos los argumentos esgrimidos por Piquet. Los hechos investigados se remontan al 17 de enero de 2024, día en el que el Ayuntamiento de Alcalá acoge el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras el mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ante los medios la existencia de “brotes de sarna y peleas violentas” entre los migrantes del Centro de Acogida (CAED) situado en la ciudad, y añade el bulo de que se habían producido agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de los migrantes senegaleses del citado centro. Un día después, Díaz Ayuso, preguntada sobre estas afirmaciones, se justificó argumentando que el bulo procedía de “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”, y añadió que no disponía de pruebas sobre tal agresión. En este contexto, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, número 2 del PP regional y amigo personal de Piquet, publica en su cuenta de X (Twitter) la foto de un informe policial de la Policía Local de Alcalá de Henares. Un documento al que nunca debería haber tenido acceso el señor Serrano y que jamás debería haber salido de las dependencias policiales y menos aún para sembrar un bulo xenófobo", resumían.

"Desde entonces, la estrategia de Judith Piquet se ha basado en intentar escapar de la Justicia y posponer la declaración en el Juzgado; para ello interpuso varios recursos en el propio Juzgado que fueron desestimados y en noviembre de 2024 presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que cuestionaba la actuación del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá, solicitando el archivo de la causa. Mientras la Audiencia Provincia de Madrid resolvía, Judith Piquet no tuvo más remedio que comparecer en el Juzgado el pasado 27 de enero, tras posponer su declaración en tres ocasiones, y lo hizo finalmente escoltada por varios policías locales de paisano a los que retiraron de sus labores habituales exclusivamente para escoltar a la alcaldesa, algo inédito en la historia reciente de nuestra ciudad. Posteriormente a su declaración como investigada la alcaldesa se dedicó a desacreditar públicamente al anterior jefe de la Policía Local, testigo clave en el proceso y que fue apartado del mando de la Policía Local por la propia alcaldesa. Además, Piquet también trató de restar importancia a su declaración como investigada y a las diligencias realizadas. Finalmente, tal y como ha trascendido en medios de comunicación regionales, la Audiencia Provincial no ha aceptado ni uno de los argumentos jurídicos por los que solicitaba el archivo de la causa, y es la propia Audiencia Provincial la que reafirma que existen motivos para procesar a la alcaldesa de Alcalá, que los hechos investigados responden al tipo penal señalado por el juzgado de instrucción y que existen indicios de la participación de la alcaldesa en esos hechos delictivos. Asimismo, en la resolución de la Audiencia Provincial se señala que presuntamente fue Judith Piquet la persona que remitió al diputado regional del PP, Alfonso Serrano, una foto del atestado policial que minutos después apareció en la cuenta personal de Serrano en la red social 'X'. Con esta resolución la Audiencia Provincial tumba el recurso de la alcaldesa y con ello destroza la estrategia desarrollada por la defensa de Piquet y ordena al juzgado de instrucción continuar con la causa", afirman.

Para el portavoz del PSOE en Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, “Judith Piquet tiene por delante un futuro judicial muy oscuro. Es, ni más ni menos, que la Audiencia Provincial de Madrid la que ha desestimado en su totalidad su recurso de apelación y, además, reafirma que hay delito en facilitar un documento policial a Alfonso Serrano, compañero de partido y número dos de Isabel Díaz Ayuso”. Cabe recordar que la pena por el delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos conlleva una inhabilitación para el ejercicio de la función pública de entre 1 y 3 años, lo que le obligaría a renunciar a ser alcaldesa y la imposibilitaría presentarse de nuevo.

El portavoz del PSOE concluye señalando que “fue una actuación indigna, xenófoba, que tenía como único objetivo culpar a los migrantes senegaleses de un delito que nunca cometieron. Han pasado ya dos años en blanco en Alcalá. Judith Piquet falla en la gestión diaria de la ciudad y ahora, además, tiene un grave problema con la Justicia”.

Pero además este asunto dejó una derivada que va a tener recorrido en los próximos meses, ya que Judith Piquet anunciaba que, en vista de lo que se está descubriendo en la Comisión de Investigación, no descarta ampliar el objeto de investigación llamando a declarar a otros concejales de la anterior legislatura.

Era el tema central de un Pleno en el que, de nuevo, volvieron a estar presentes los trabajadores municipales, en esta ocasión, por la gestión de Ciudad Deportiva, donde se acaba de abrir un nuevo frente. Y es que, según desvelaba la oposición, la RSD Alcalá ha decidido renunciar a su participación en el Consejo de Administración del organismo, lo que ha provocado el inicio de los trámites para nombrar a un nuevo representante. Y aquí empiezan las versiones contrapuestas, pues mientras el Gobierno Local afirmaba que solo una asociación, Rugby Alcalá, decidió solicitar formalmente ocupar el puesto para convertirse en el nuevo representante de los clubes; la oposición desvelaba una carta firmada por la Asociación de Clubes Deportivos en que pedían un proceso transparente. El Gobierno Local se escudaba en que se había seguido exactamente el mismo procedimiento que en anteriores ocasiones, y que si, como pedía Más Madrid en su moción, se solicitaban elecciones abiertas, había que modificar los estatutos del organismo.

Y el asunto no es menor, pues tal y como desvelaba la oposición, el equipo de Gobierno cuenta con cuatro de los diez puestos del Consejo de Administración, correspondiendo los otros seis a la oposición, clubes deportivos y asociaciones de padres, entre otros. Tras la salida de la RSD Alcalá los socialistas temen un cambio que permita al Gobierno Local acabar con el bloqueo institucional del organismo, al poder aprobar cosas utilizando el voto de calidad del Presidente si hay un empate a cinco en las votaciones. En cualquier caso, la moción de Más Madrid era tumbada por los votos del equipo de Gobierno mientras la oposición votaba a favor.

Desde primera hora de la mañana la tensión se instaló en el Salón de Plenos, sabiendo lo que se iba a votar unos minutos después, y esa tensión no se redujo ni con la aprobación por unanimidad de la mayor parte de asuntos de la primera parte del Pleno. Así Alcalá aprobaba una modificación urbanística que permitirá que tres manzanas del barrio del Val tengan tiendas, algo que, según explicaban, no se contempla en el actual Plan Especial; además de dar luz verde al acuerdo con el Ministerio de Defensa para ceder las viviendas de la colonia Primo de Rivera.

También por unanimidad Alcalá entraba en la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad; y dedicaban una glorieta a los Bomberos con motivo del 50 aniversario de la fundación del parque complutense. Sin debate se aprobaba el periodo medio de pago a proveedores; y con uno encendido salía adelante el informe de reparos de intervención, un informe que, si bien sigue estando por encima del centenar de expedientes con reparos, el Gobierno Local desvelaba que su cuantía económica había descendido de los nueve millones del año anterior a algo más de tres.

El Ayuntamiento de Alcalá ha aprobado este martes la propuesta de la Comisión del Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos, para asignar el nombre a la rotonda situada en la confluencia de la Avenida de Ajalvir y la Avenida de Europa como Glorieta a los Bomberos’ Esta propuesta responde a la solicitud dirigida a Alcaldía, presentada por registro por Matías Monedo, jefe de Bomberos de Alcalá, en la que recordaba que este año se celebra el 50 aniversario del Cuerpo de Bomberos en la ciudad complutense.

La teniente de alcaldesa Isabel Ruiz Maldonado ha destacado que más que merecido homenaje que se merece el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y en especial al de Alcalá de Henares en su 50 aniversario de historia”. “Este medio siglo de servicio ininterrumpido merece ser reconocido y honrado de la manera más adecuada”, ha añadido.

Ruiz Maldonado ha asegurado durante el pleno que «este espacio no solo servirá como un homenaje a su labor, sino que también podría convertirse en un punto de reflexión para todos los ciudadanos, recordándonos la importancia de su trabajo y el valor de la solidaridad en nuestra sociedad. Estoy convencido de que esta iniciativa contribuirá a fortalecer el sentido de comunidad y a reconocer el esfuerzo de aquellos que, con su valentía, nos protegen día a día».

Tampoco hubo consenso en el expediente de modificación de créditos, que buscaba decidir el destino del remanente de tesorería. Cincuenta millones de euros que se destinarán, la mitad al pago de deuda y la otra mitad a inversiones en la localidad. La propuesta salió adelante con los votos del Gobierno y el voto en contra de PSOE y Más Madrid.

Además de sobre la Ciudad Deportiva Municipal. Más Madrid hablaba del programa "Abierto para jugar", llevando a Pleno una solicitud del Colegio de Educación Especial Pablo Picasso para acceder al programa. La concejala desvelaba que ya se habían puesto en contacto con la empresa encargada de gestionar el programa para solucionar esta situación, anunciando además que desde el próximo verano el colegio tendrá mástiles para colgar las banderas oficiales, una ausencia que, explican, sólo ocurre en este centro educativo.

Las tres mociones del PSOE seguían el mismo camino, siendo rechazadas por el voto del Gobierno y con el apoyo de los partidos de la oposición. Así el Gobierno local rechaza elaborar un protocolo sobre los servicios de escolta, instalar la bandera arco iris durante el Orgullo y blindar el término municipal para evitar la instalación de centrales nucleares.

"El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió este martes una nueva sesión ordinaria. Los socialistas vieron cómo, una vez más, sus tres mociones, en esta ocasión relativas a las áreas de diversidad, seguridad y medio ambiente, eran rechazadas con los votos en contra de PP y VOX", resumía el PSOE.

El Grupo Socialista llevó al debate plenario las políticas medioambientales de la Comunidad de Madrid y más concretamente en relación a la energía nuclear. El Portavoz de los socialistas, Javier Rodríguez Palacios, recordó cómo tras las recientes declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reivindicando la energía nuclear, es fundamental “que desde el Pleno municipal se aborde una realidad que preocupa y mucho a los vecinos, cómo es la posible instalación de una central o un reactor nuclear en el término municipal de Alcalá de Henares”.

Javier Rodríguez Palacios recordó durante su intervención que “los reactores nucleares tienen que estar cercanos a los ríos, y las zonas del Henares, Jarama y Tajo son las que técnicamente podrían tener una central nuclear, lo que sitúa a nuestra ciudad en una situación de peligro ante las intenciones de la señora presidenta, algo que se agrava teniendo en cuenta el absoluto seguidismo y la sumisión de este equipo de Gobierno a todo lo que decide la señora Ayuso, aunque eso perjudique a nuestra ciudad”.

Tras ser rechazada la moción, el portavoz socialista señaló que “nuestra moción era muy clara y sencilla: decir no desde el Pleno a nucleares en Alcalá de Henares, no a nuevas centrales nucleares en nuestra Comunidad. Lamentablemente, vemos con preocupación como PP y VOX han dejado la puerta abierta a esta opción con su voto en contra de nuestra moción”.

Rodríguez Palacios denunció que “lo vivido hoy es muy preocupante, y se agrava ante la ausencia de transparencia del Gobierno Regional en sus planes para la ubicación de centrales o reactores nucleares. Esto no es cuestión de ideología, sino de tecnología. Esta postura de PP y VOX, que nos retrae al tardofranquismo, supone un suicidio económico y va en contra del calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares en favor de las energías renovables y políticas de transición energética justa”.

En sus mociones, los socialistas propusieron la creación de un protocolo oficial y vinculante que regule el uso de agentes de paisano de la Policía Local de Alcalá de Henares en tareas de escolta personal, contravigilancia o protección de autoridades. En su intervención, el concejal socialista Alberto Blázquez comenzó destacando “el gran trabajo de nuestros policías locales, siempre al pie del cañón en todo momento, desarrollando una labor diaria fundamental”.

Blázquez recordó que “desde hace un tiempo observamos como se están realizado operativos especiales con agentes de la Policía Local vestidos de paisano, presuntamente destinados a escolta personal y contravigilancia en beneficio de la alcaldesa, Judith Piquet Flores, servicios que fueron reconocidos por el propio jefe del Cuerpo de Policía Local en Junta de Portavoces Extraordinaria celebrada el 25 de abril, admitiendo que eran operativos aprobados por él mismo, sin aportar mayores documentos al respecto”.

Blázquez señaló que estos operativos “no contaron ni con el conocimiento ni con la aprobación de la Delegación de Gobierno en Madrid, ni presuntamente con la necesaria y obligada coordinación con la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá, lo que puede suponer poner en riesgo tanto a nuestros agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local. Ante la inexistencia de protocolos para el desarrollo de estas labores por parte de la Policía Local, proponemos hoy en el Pleno la creación de este protocolo formal que regule con criterios jurídicos, técnicos y democráticos la utilización de agentes de la Policía Local de paisano en estas funciones”. La moción fue rechazada con los votos de PP y VOX.

El PSOE defendió también su propuesta para “la instalación de la bandera arcoíris en el balcón principal del Ayuntamiento durante la semana del Orgullo LGTBI+ 2025 como símbolo institucional de respeto y reconocimiento hacia el colectivo”. En este punto el edil Alberto González recordó como durante los años de Gobierno socialista en el Ayuntamiento “potenciamos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos LGTBI+, apostando por la sensibilización y la visibilización del “orgullo” de Alcalá de Henares, comenzando los actos con el despliegue de la bandera arcoíris tanto en la torre de Santa María como en el balcón del Ayuntamiento, una bandera arcoíris que simboliza años de lucha, de amor, de diversidad y de conquistas sociales y lucha, un símbolo que se cercenó con la llegada de PP y VOX al gobierno municipal”.

González destacó que colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento “es una muestra del compromiso democrático, de respeto hacia miles de alcalaínos y alcalaínas que merecen sentir que su Ayuntamiento también les representa y defiende”, algo que, como vemos, fue cercenado por PP y VOX nada más llegar al Gobierno. Vivimos una ola reaccionaria que también sufrimos en Alcalá. El silencio es complicidad y no podemos pasar por alto este ataque de PP y VOX a un símbolo institucional de respeto a la diversidad”.

El Pleno terminaba con un nutrido turno de ruegos y preguntas en el que salían a relucir algunos de los asuntos que han sido protagonistas de la actualidad política durante el último mes. Así Más Madrid preguntaba por la aparición en un descampado de vehículos retirados por la grúa municipal, que motivó una denuncia y la intervención del Seprona, y que se solucionaba con el traslado de los vehículos.

"El pasado 30 de abril, los socialistas complutenses denunciaban formalmente “los posibles incumplimientos de la Ley de Evaluación Ambiental y del RD 265/2021” por parte del equipo de Gobierno de PP y VOX, al acumular “vehículos fuera de uso en diferentes puntos de la ciudad, sin el control ni los requisitos correspondientes”. Dos semanas después, la Unidad de la Guardia Civil encargada de la protección del medio ambiente, el SEPRONA, se ha personado en las dependencias municipales para recabar toda la información al respecto y constatar una situación que podría vulnerar la Ley de Evaluación Ambiental", explicaba el PSOE en vísperas del Pleno.

Desde las filas socialistas han denunciado como “el equipo de Gobierno lleva meses almacenando vehículos con cristales rotos, piezas desprendidas o líquidos inflamables en diferentes parcelas de propiedad municipal”. En este punto, desde el PSOE señalan que “durante semanas numerosos vehículos han estado almacenados, ocupando plazas de aparcamiento, en el Parking Público No Vigilado situado entre la fábrica ROCA y el barrio de la GAL, apenas a 100 metros de distancia de las viviendas. Hablamos de vehículos abandonados que pueden contener elementos inflamables, como baterías o restos de combustible, con un riesgo potencial de incendio o explosión con afectación directa a las viviendas colindantes y sus moradores, algo que nos han trasladado los propios vecinos de la zona”.

Los socialistas recuerdan, además, como el gran incremento de plazas de pago de zona azul impuesto por PP y VOX, ha hecho que este parking, habilitado por el anterior Gobierno socialista liderado por Javier Rodríguez Palacios, sea cada vez más utilizado por los vecinos que acuden al Casco Histórico. “Los propios usuarios del aparcamiento nos han trasladado la enorme sensación de inseguridad a la hora de aparcar allí sus vehículos, ya que se encuentran objetos peligrosos, como cristales rotos, al alcance de cualquiera”, afirman.

Ante esta situación, desde el Grupo Socialista recuerdan que “dirigimos una carta a la alcaldesa para trasladarle nuestra preocupación, pero lejos de resolver el problema lo que ha hecho ha sido meterlo debajo de la alfombra, trasladando deprisa y corriendo los vehículos al antiguo Parque Municipal de Servicios, en una parcela que no cuenta con las infraestructuras requeridas para albergar estos vehículos, ni las autorizaciones para almacenar residuos asociados a los mismos, además de ser un centro de trabajo para funcionarios del Ayuntamiento”.

Tras la denuncia de la situación por parte de los socialistas, para poner en conocimiento del SEPRONA lo sucedido, la Unidad de la Guardia Civil encargada de la protección del medio ambiente se ha personado en las dependencias municipales para recabar toda la información al respecto y verificar si esta situación vulnera la Ley de Evaluación Ambiental.

“Tras dos años de desgobierno, vemos como la Alcalá Verde (VOX) y Azul (PP) de Judith Piquet es ahora, también, investigada por la Guarda Civil ante la posible vulneración de la normativa ambiental al tener depósitos de vehículos abandonados en parcelas públicas”, señalan desde el PSOE.

Los socialistas recuerdan que a esta situación “hay que sumar la incapacidad de PP y VOX de dotar a la ciudad de un servicio de grúa municipal como el que ha venido teniendo durante décadas y que desde el Partido Socialista consideramos indispensable para el buen funcionamiento de la movilidad en la ciudad. En esta nueva huida hacia delante, Judith Piquet pone parche sobre parche, escondiendo el problema por los diferentes rincones de la ciudad, multiplicando los cepos por los diferentes barrios y creando una situación inédita que con estas últimas actuaciones podría estar vulnerando la normativa actual. Exigimos a la alcaldesa que ponga remedio a esta situación cuanto antes, ya que su falta de diligencia podría conllevar daños irreversibles para nuestra ciudad”.

También preguntaban por las goteras denunciadas en el Centro Deportivo de El Juncal; y por un asunto que ha generado polémica y que denunciaba Izquierda Unida hace unos días; la fumigación de un nido de abejas en la Ciudad Deportiva de El Val. Izquierda Unida (IU) de Alcalá de Henares ha denunciado un incidente ocurrido el 5 de mayo, donde un enjambre de abejas fue exterminado en la Ciudad Deportiva del Val mediante el uso de insecticida. Este acto, según IU, infringe el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid para el manejo de enjambres de abejas en áreas urbanas.

El enjambre en cuestión estaba compuesto por miles de abejas, incluyendo una abeja reina. IU sostiene que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares actuó de manera unilateral al optar por exterminar a las abejas, a pesar de que existían alternativas más seguras que habrían permitido su reubicación sin riesgo para las personas.

El sindicato CGT ha solicitado explicaciones al Ayuntamiento sobre este hecho. Además, se ha difundido un video que documenta la situación, mostrando el lugar del exterminio y las abejas agonizantes. IU enfatiza la relevancia ecológica de las abejas, específicamente de la especie Apis mellifera, que es responsable de hasta el 80% de la polinización. Este hecho subraya la importancia de preservar a estos insectos, que tienen un valor social y ecológico ampliamente reconocido.

El protocolo de la Comunidad de Madrid establece procedimientos claros para el manejo de enjambres de abejas en entornos urbanos. Según este protocolo, se debe evitar molestar a las abejas, ya que no pican si no se sienten amenazadas. En caso de encontrarse con un enjambre, se debe mantener distancia y contactar con el 112, informando sobre la localización del enjambre y protegiendo la zona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Izquierda Unida ha exigido respuestas, particularmente a la Concejalía de Medio Ambiente, y ha pedido que se asuman responsabilidades por lo que consideran una "pésima gestión" de la situación. IU también menciona un incidente previo, donde una empresa contratada por el Ayuntamiento utilizó rifles PCP para abatir cotorras argentinas en el Parque Magallanes, una zona urbana densamente poblada. Esto ha llevado a IU a cuestionar la política del Ayuntamiento en cuanto al manejo de la fauna urbana.

David Cobo, coordinador local de IU, critica duramente la gestión del Gobierno municipal, comparando sus acciones con un retroceso de un siglo en términos de conocimiento y conciencia ambiental. Cobo señala que el uso de disparos para controlar la población de aves es peligroso para los vecinos y cruel para los animales, y aboga por métodos más éticos y efectivos, como el parafinado y punzado de huevos, que están recomendados por la legislación vigente en la Comunidad de Madrid.