La UDEF apunta indicios de malversación y prevaricación

La temporada política en Alcalá comienza hoy con la celebración del Pleno Ordinario de septiembre, y lo hace a lo grande, pues ayer mismo el diario La Razón anunciaba la imputación formal del que fuera concejal de Deportes por el caso Ciudad Deportiva. Así Alberto Blázquez tendrá que comparecer en calidad de investigado el próximo 14 de octubre para prestar declaración en un caso en el que también están imputados dos cargos técnicos.

La jueza María Belén Pérez Salido ha decidido ampliar la instrucción de un caso que involucra al concejal socialista Alberto Blázquez, quien fue responsable de Deportes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Blázquez ha sido citado a declarar como investigado el 14 de octubre de 2025 a las 10:15 horas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en la gestión de la Ciudad Deportiva Municipal durante su mandato y el de sus predecesores.

La causa se inició en octubre de 2024 y también afecta a dos altos funcionarios del organismo deportivo: E. R. S., jefe administrativo, y Á. S. B., coordinador de Instalaciones Deportivas. Los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) han señalado indicios de malversación de fondos públicos y prevaricación, aunque aún no se han tipificado los delitos de manera definitiva.

La jueza ha prorrogado la instrucción seis meses más, hasta el 18 de marzo de 2026, debido a la falta de diligencias esenciales, como los informes del Grupo 26 de la UDEF. Estos informes son cruciales para establecer el alcance de la investigación. Tanto el Ayuntamiento de Alcalá como el organismo autónomo han presentado acusaciones, junto con el partido Vox, que se ha personado como acusación popular.

La investigación fue impulsada por una denuncia de Víctor Acosta, portavoz de Vox y presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva. Desde enero de 2025, la Policía Nacional ha llevado a cabo múltiples registros en las instalaciones municipales, buscando irregularidades en contratos de vending, adjudicaciones a empresas sin justificación y nombramientos de técnicos.

En la causa, se han personado como acusaciones particulares el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal. Además, el partido Vox ha presentado una acusación popular. Ambas partes han solicitado la ampliación del plazo de instrucción, una solicitud que ha sido respaldada por el Ministerio Fiscal. Este último ha considerado esencial contar con los informes de la UDEF antes de concluir la investigación.

La UDEF está investigando irregularidades en la Ciudad Deportiva durante las dos últimas legislaturas, cuando Javier Rodríguez Palacios, actual diputado socialista, era alcalde y presidente del organismo en cuestión. Los investigadores han encontrado indicios de delito en la contratación de máquinas de vending y en la adjudicación de contratos a cinco empresas, donde no se han justificado adecuadamente los servicios prestados.

La Policía Judicial realizó un primer registro en las dependencias municipales el 8 de enero, en el marco de las pesquisas por presunta prevaricación y malversación. Desde entonces, ha llevado a cabo al menos cuatro registros adicionales en la Ciudad Deportiva, siendo el último el pasado viernes. Las irregularidades investigadas afectan a una parte significativa de los contratos del ente público y a ciertos nombramientos.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares estableció el año pasado una comisión de investigación tras detectar adjudicaciones irregulares a familiares de dos concejalas socialistas, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, por un monto total de 40.000 euros en la anterior legislatura. Las autoridades municipales han indicado que esperarán a las conclusiones de esta comisión antes de decidir si se presentan acciones legales.

Lógicamente la decisión judicial caía como una bomba sobre la vida política complutense, provocando un primer comunicado de los socialistas a primera hora de la mañana; y una convocatoria urgente de prensa por parte de los dos partidos del Gobierno.

"Tras las informaciones públicas relacionadas con la citación a declarar de nuestro concejal Alberto Blázquez, junto con dos trabajadores municipales del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal como investigados por presuntos delitos «sin especificar» por parte del juzgado de instrucción numero 6 de Alcalá de Henares queremos manifestar lo siguiente:

Que se desconocen los hechos denunciados y los delitos atribuidos, puesto que en el propio auto no se determinan y se califican de «delitos sin especificar».

Que el concejal Blázquez ha ostentado competencias durante 8 años (junio 2015 – junio 2023) en diferentes áreas del Ayuntamiento de Alcalá de henares, entre las que está la Vicepresidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, desarrollando su trabajo siempre de forma honesta, honrada y rigurosa, siguiendo en todo momento la normativa vigente y las indicaciones de los técnicos municipales.

Que la denuncia interesada realizada por el portavoz de VOX Víctor Acosta y del grupo político VOX supone además una persecución a trabajadores municipales, a los que también implica injustificadamente, que llevan décadas trabajando para el deporte de Alcalá en el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal con gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Que en legislaturas pasadas ya se sufrieron denuncias interesadas similares, que tras las debidas explicaciones e información aportada quedaron sobreseídas y archivadas. No teniendo ninguna duda que, en este caso provocado torticeramente por VOX, tendrá los mismos resultados tras las debidas explicaciones.

Que el concejal Blázquez, como no puede ser de otra forma, colaborará con la justicia con el objetivo de poner luz y aclarar los hechos denunciados en los que siempre se ha seguido las pautas, normas legales y procedimientos establecidos por trabajadores municipales del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal y del Ayuntamiento de Alcalá.

Que lamentamos el uso de la justicia realizado por el partido político VOX, en este caso en Alcalá, que se suma a la persecución general que se realiza en otros municipios y administraciones a cargos públicos del PSOE.

Por último, mostramos todo nuestro apoyo al concejal Blázquez y a los trabajadores municipales del Organismo Autónomo CDM y Ayuntamiento de Alcalá que están siendo sometidos a persecución y caza de brujas infame por parte de VOX Alcalá y, especialmente, de su portavoz Víctor Acosta", resumían los socialistas.

Pocos minutos después los políticos se reunían en la Plaza de Rodríguez Marín, destacando la intervención del portavoz de VOX, Víctor Acosta, y la portavoz adjunta del PP, Orlena de Miguel. Víctor Acosta, portavoz de VOX, fue el primero en tomar la palabra, exigiendo la dimisión inmediata del concejal Alberto Blázquez. Acosta fundamentó su solicitud en la gravedad de la imputación y la responsabilidad política que debería asumir un edil en esa situación.

Orlena de Miguel, portavoz adjunta del PP, intervino posteriormente para criticar lo que consideró una "falta absoluta de coherencia" por parte del PSOE. De Miguel subrayó la contradicción en la postura del partido socialista, que recientemente había exigido la destitución de un funcionario local basándose en su aparición en un medio de comunicación, a pesar de no haber una denuncia formal ni causa judicial abierta.

De Miguel enfatizó que, en contraste con la exigencia de cese de un funcionario, el PSOE apoyaba a Blázquez a pesar de su imputación en un procedimiento penal. Esta doble moral fue el eje central de su crítica, argumentando que el PSOE debería aplicar el mismo criterio a sus miembros que exige a otros.

La portavoz del PP proporcionó información sobre el origen de la investigación, que se inició en octubre de 2024 tras la denuncia presentada por VOX. La Fiscalía, al encontrar indicios de delito, remitió el caso a la Policía Nacional, lo que llevó a varios registros en la Ciudad Deportiva y a un análisis exhaustivo de la documentación relacionada.

De Miguel, aunque no profundizó en los detalles judiciales debido a la falta de información completa, insistió en que el PSOE debería ser coherente en su aplicación de la ley y apartar a Blázquez de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.

La portavoz del PP también dirigió críticas hacia Javier Rodríguez Palacios, exalcalde y actual diputado socialista, quien presidió la Ciudad Deportiva durante el periodo en el que se produjeron los hechos investigados. De Miguel cuestionó la idoneidad de su papel en el Comité de Ética del PSOE, sugiriendo que era contradictorio alguien que había estado al mando durante el periodo sospechoso ahora ocupara una posición ética dentro del partido.

Con un tono irónico, De Miguel se refirió a la situación como "poner al zorro a cuidar del gallinero", lo que provocó risas entre los asistentes y reflejó un enfoque combativo por parte del PP en esta intervención. De Miguel concluyó su intervención instando al PSOE a actuar con coherencia y a apartar a Blázquez mientras se esclarecen los hechos. También pidió que, en caso de no hacerlo, el PSOE debería rectificar y disculparse con aquellos a quienes han difamado por estar involucrados en un procedimiento judicial sin haber sido condenados.

El mensaje del PP se alineó con la exigencia de VOX, aunque con matices. Mientras que Acosta exigió la dimisión inmediata de Blázquez, los populares argumentaron que el concejal socialista debería ser apartado de sus responsabilidades en consonancia con la lógica que su propio partido aplica a otros.

La denuncia que ha dado pie a esta investigación fue presentada por Víctor Acosta, portavoz de VOX en el Ayuntamiento y presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva. Acosta ha señalado la desaparición de documentación sensible relacionada con contrataciones que se llevaron a cabo durante la administración socialista, cuando Javier Rodríguez Palacios era el alcalde y Alberto Blázquez ocupaba el cargo de vicepresidente del organismo autónomo.

VOX ha exigido la dimisión inmediata del concejal investigado y de otros responsables de la gestión de la Ciudad Deportiva en esos años. Acosta ha afirmado que la gravedad de la situación no permite más dilaciones, subrayando que "el dinero de los vecinos de Alcalá no puede ser tratado como un recurso ilimitado al servicio del PSOE". La urgencia de depurar responsabilidades políticas y judiciales ha sido enfatizada por el portavoz.

Acosta ha contextualizado este caso dentro de un patrón más amplio de corrupción que afecta al PSOE a nivel nacional. Según él, hay múltiples procedimientos abiertos en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos donde los socialistas han sido señalados por el mal uso de fondos públicos. Esta situación, según Acosta, revela una forma sistemática de actuar que requiere una regeneración política urgente.

Adicionalmente, se está llevando a cabo una comisión de investigación en el consistorio sobre las concejales socialistas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, en relación con posibles contratos adjudicados a familiares directos de ambas. VOX ha advertido sobre la existencia de indicios de delito en este caso, lo que refuerza la idea de que el uso indebido de recursos públicos por parte del PSOE en Alcalá de Henares es un patrón reiterado.

Acosta ha concluido su declaración reafirmando el compromiso de VOX de impulsar todas las iniciativas necesarias para esclarecer la verdad y depurar responsabilidades. También ha manifestado la intención de proteger la Ciudad Deportiva Municipal de cualquier intento de uso partidista o irregular de sus recursos, destacando que su objetivo es gestionar adecuadamente y evitar que el dinero de los ciudadanos sea utilizado para el beneficio particular de unos pocos