El poeta defendió la moción sobre "Exento25"

Todo apuntaba a que se iba a hablar sobre las balizas, Espartales y el Hospital de Torrejón, y de todo ello se trató, pero los focos se los llevó otro asunto, y es que el encargado de defender la moción sobre la mesa de la cultura no fue otro que el poeta Matías Escalera, que se acercó hasta el Salón de Plenos complutense para defender los argumentos de la recién nacida plataforma.

Y es que Escalera recordaba que la mesa es una plataforma, es decir, no tiene entidad jurídica, por lo que son asociaciones en su nombre las que solicitan los espacios. Unos espacios, recordaba el poeta, que no son propiedad de ningún gobierno, sino de los vecinos ya que los políticos solo son garantes de su utilización durante los cuatro años de mandato.

Tras la rotunda intervención de Matías Escalera el debate volvió a los cauces habituales, con las izquierdas denunciando lo que calificaban de censura y las derechas defendiendo el Directorio de la Cultura que se reúne cada tres meses, y del que han salido ideas como el Alcalá Expone que este mismo miércoles inaugurará una nueva exposición con casi 100 autores.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, ha emitido una fuerte crítica hacia una moción presentada en el Pleno municipal por la izquierda, que fue promovida por una asociación que, según él, carece de legitimidad y transparencia para representar al sector cultural de la ciudad.

Alonso ha cuestionado la legitimidad de la asociación que respalda la moción, argumentando que no tiene el respaldo real ni la transparencia necesaria para actuar como portavoz del sector cultural. Este punto es crucial, ya que sugiere que los intereses de la cultura local no están siendo representados adecuadamente.

El concejal ha denunciado que la moción se basa en "falsedades" y en un "relato político interesado". En este sentido, ha defendido la gestión del actual equipo de gobierno, afirmando que no ha cerrado espacios culturales, ni prohibido actividades, ni censurado a nadie. Esta defensa es importante para contrarrestar las acusaciones que surgen de la moción.

Alonso ha hecho una distinción clara entre la no concesión de un espacio y la censura. Ha argumentado que confundir estas dos situaciones es una manipulación deliberada. Recordó que el anterior gobierno sí ejerció censura al interrumpir una obra de teatro en directo, lo que contrasta con la actual gestión que, según él, se basa en el respeto a las normas y la correcta utilización de los espacios.

El concejal ha enfatizado que la cesión de espacios municipales está regulada por una ordenanza aprobada por el anterior equipo de gobierno. Esto implica que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar el uso adecuado de estos espacios, lo que se convierte en un argumento clave para justificar la gestión actual.

Alonso ha señalado que cuando una entidad solicita un espacio y lo utiliza de manera irresponsable, incumpliendo las normas, no se trata de una persecución cultural, sino de una cuestión de mala gestión y falta de respeto hacia la ciudad. Este enfoque resalta la importancia de la responsabilidad en el uso de los recursos culturales.

El concejal ha defendido el modelo cultural promovido por el Gobierno municipal, que busca eliminar intermediarios y romper redes clientelares. Este modelo se centra en abrir la cultura a todos los creadores en igualdad de condiciones, lo que es fundamental para fomentar un entorno cultural diverso y accesible.

Alonso ha destacado que actualmente participan más de 380 entidades y cerca de 6,000 artistas en la oferta cultural de Alcalá de Henares. Este dato subraya la amplitud y diversidad de la cultura en la ciudad, en contraposición a la idea de que solo un grupo selecto tiene acceso a los espacios culturales.

El concejal ha sido claro en su postura de que el Ayuntamiento no permitirá que una "minoría ruidosa" utilice la cultura como un arma política. Ha defendido la idea de que la voz de miles de creadores que trabajan y cumplen con las normas no debe ser suplantada por intereses ideológicos.

Alonso ha finalizado su intervención afirmando que la cultura de Alcalá de Henares no tiene dueños y que no será secuestrada por nadie. Este mensaje refuerza la idea de que la cultura debe ser un espacio libre y plural, accesible para todos los ciudadanos y creadores, sin restricciones impuestas por ideologías particulares.

Pero a pesar de los argumentos, la moción de las izquierdas se quedaba por el camino. Y es que, por aquello de la polarización, prácticamente todas las mociones tuvieron el mismo resultado, con los partidos votando en bloque, lo que se tradujo en que las posturas del Gobierno Local se imponían siempre.

Así el Pleno veía cómo quedaba rechazada la moción de Más Madrid que pedía una Ordenanza sobre gestión del agua, algo, explicaba el Gobierno Local, que no era posible entre otras cosas porque suponía la invasión de competencias tanto europeas como nacionales y regionales.

Tampoco salía adelante la propuesta de Más Madrid que pedía la creación de un servicio de abogado gratuito para los afectados por ladrones multirreincidentes, al igual que se hace en Rivas. Este debate dejó varias noticias, pues los populares defendían que la propuesta de Más Madrid podría suponer un caso de malversación, ya que se utilizan fondos públicos para el uso privativo de los vecinos.

Pero además Orlena de Miguel hablaba claramente sobre el ladrón spiderman de Espartales, y lo hacía para anunciar que en pocos fechas habrá noticias sobre él. La moción, como ya había sido anunciado por Más Madrid, estaba consensuada con los vecinos de Espartales Unidos, que recordaban en su intervención oficial que han conseguido más de ochocientas firmas para pedir más seguridad en el barrio.

Más Madrid Alcalá ha expresado su descontento con el rechazo del Gobierno municipal, compuesto por el Partido Popular (PP) y Vox, a su propuesta para implementar un servicio gratuito de acompañamiento judicial. Este servicio estaría destinado a ayudar a las personas afectadas por robos y hurtos, resaltando la necesidad de apoyo legal accesible para todos los ciudadanos.

La propuesta de Más Madrid Alcalá surge en respuesta a una creciente preocupación entre los vecinos de Espartales, quienes han recolectado 800 firmas en un corto período solicitando la implementación de este servicio. La formación política argumenta que no todos los ciudadanos tienen los recursos económicos, el tiempo o la energía necesarios para contratar un abogado por su cuenta, lo que hace que la propuesta sea esencial para la comunidad.

El rechazo de esta propuesta por parte del PP y Vox ha sido criticado por Más Madrid Alcalá, que señala la falta de inversión pública en la defensa de los ciudadanos mientras se destina dinero a perseguir a la oposición por un tuit. Esta crítica se centra en la percepción de que el Gobierno está más interesado en silenciar a sus críticos que en abordar los problemas reales que afectan a la comunidad.

Más Madrid Alcalá menciona el caso del Ayuntamiento de Rivas, donde se ha implementado un servicio similar que ha demostrado ser efectivo. Este municipio ha tomado acciones legales en casos de robos, logrando incluso la prisión provisional de un individuo presuntamente involucrado en una serie de delitos. Este ejemplo se utiliza para ilustrar que es posible ofrecer apoyo legal a los ciudadanos afectados por la delincuencia.

Rosa Romero, concejala portavoz de Más Madrid Alcalá, ha criticado abiertamente la gestión del Gobierno municipal, señalando que la falta de recursos se destina a atacar a la oposición en lugar de a la defensa de los ciudadanos. Romero destaca que el Gobierno ha decidido judicializar un tuit que se utilizó para dar voz a las quejas de los vecinos sobre el Plan Vive, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas de la comunidad.

Romero también menciona una serie de problemas estructurales que afectan a la comunidad, como la falta de limpieza y mantenimiento en calles, espacios deportivos y de ocio. Además, enfatiza la necesidad de atender los derechos humanos y la emergencia social, mencionando el abandono de bloques de vivienda pública y la falta de atención a las necesidades de los ciudadanos.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Orlena de Miguel, ha emitido una crítica contundente hacia la postura del partido Más Madrid en relación con la inseguridad en el barrio de Espartales. Su declaración se centra en la necesidad de abordar el problema de la delincuencia desde una perspectiva más efectiva y realista, en lugar de recurrir a soluciones superficiales.

Orlena de Miguel ha señalado lo que considera un "doble discurso" por parte de Más Madrid, acusándolos de ofrecer soluciones populistas que no abordan la raíz del problema. Según ella, el partido está más interesado en ganar titulares y hacer ruido político que en implementar cambios significativos. De Miguel ha enfatizado que, aunque Más Madrid critica la inseguridad, su participación en el Gobierno de España con Pedro Sánchez les otorga la responsabilidad de actuar en la reforma del Código Penal, algo que no han hecho.

La concejala ha subrayado que la inseguridad que padecen los vecinos de Espartales no puede resolverse mediante mociones municipales o acciones simbólicas. En su opinión, el verdadero problema radica en la existencia de "delincuentes multirreincidentes" que, gracias a una legislación considerada blanda, pueden entrar y salir de los juzgados rápidamente, lo que perpetúa el ciclo de la delincuencia.

De Miguel ha recordado que los ayuntamientos, incluido el de Alcalá de Henares, no tienen la facultad de reformar el Código Penal. Por lo tanto, cualquier promesa de soluciones desde un pleno municipal es, en su opinión, un engaño a los ciudadanos. Esto implica que las decisiones más importantes en materia de seguridad deben ser tomadas en el Congreso, donde Más Madrid tiene representación.

La concejala ha instado a Más Madrid a asumir su responsabilidad en el Gobierno de España, sugiriendo que podrían impulsar una reforma del Código Penal para endurecer las penas por reincidencia si realmente lo desearan. En este sentido, ha criticado la falta de acción del partido, acusándolos de desviar la atención de los verdaderos responsables de la inseguridad.

Orlena de Miguel también ha cuestionado la propuesta de Más Madrid de financiar acompañamientos jurídicos individuales con dinero público. La concejala ha calificado esta idea como "jurídicamente dudosa, socialmente injusta y propia del populismo más irresponsable". Según ella, el dinero público pertenece a todos y no debe ser utilizado para soluciones temporales que no abordan el problema de fondo.

Finalmente, Orlena de Miguel ha reafirmado el compromiso del equipo de Gobierno municipal de actuar con seriedad y respeto a las competencias legales. Ha declarado que continuarán reforzando los medios policiales y exigiendo al Gobierno de España que cambie su enfoque, pasando de proteger a los delincuentes reincidentes a garantizar la seguridad de los vecinos honrados.

Las mociones del PSOE también se quedaban por el camino, tumbando el equipo de Gobierno un aumento de conserjes en los centros municipales por la tarde; o la reversión de la concesión administrativa del Hospital de Torrejón.

"El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha vuelto a evidenciar la deriva del Gobierno municipal de PP y VOX, que ha votado en contra de las tres mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, todas ellas centradas en la defensa de la sanidad pública, los derechos culturales de la ciudadanía y la mejora de los servicios municipales", resumían los socialistas.

Los socialistas alertaban en el Pleno del grave deterioro de la sanidad pública madrileña como consecuencia de décadas de privatización impulsadas por el Partido Popular, con especial atención al reciente escándalo del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud.

Desde el PSOE denunciaron las presiones para priorizar beneficios económicos, aumentar deliberadamente las listas de espera, rechazar pacientes considerados “poco rentables” y reutilizar material sanitario de un solo uso. A ello se suma el sobrecoste millonario del modelo privatizado, con casi 5.000 millones de euros entregados al grupo Quirón mientras hospitales públicos como el Príncipe de Asturias carecen de recursos suficientes.

La moción reclamaba auditorías, la vuelta a una gestión pública 100 % del Hospital de Torrejón y una financiación extraordinaria para reforzar la sanidad pública. “Han preferido seguir defendiendo un modelo que trata a los pacientes como clientes antes que proteger la salud de los vecinos y vecinas de Alcalá. Es un escándalo insostenible e intolerable”, señalan los socialistas.

La segunda iniciativa socialista denunciaba la cancelación arbitraria, sin explicación ni alternativa, del espacio municipal concedido para la celebración del evento cultural Exento 25, impulsado por la Mesa de la Cultura.

El PSOE reclamaba poner fin a estas prácticas mediante normas claras, transparentes y objetivas para la cesión de espacios públicos, recordando que estos no son propiedad de ningún Gobierno, sino patrimonio de toda la ciudadanía. “Con el voto en contra de PP y VOX, vuelve a quedar patente que el Gobierno avala una política de restricción y control de ideológico del acceso a los espacios municipales, despreciando el trabajo de asociaciones que acercan la cultura a los vecinos y vecinas”, denuncian desde el Grupo Socialista.

La tercera moción socialista proponía un refuerzo urgente del personal de conserjería en turno de tarde en bibliotecas, centros de mayores y otros equipamientos municipales, una carencia que está afectando gravemente al funcionamiento de los servicios públicos y a la actividad cultural y asociativa.

El PSOE de Alcalá alertó de los problemas derivados de la falta de planificación del Gobierno local: dificultades de acceso, problemas de apertura y cierre de instalaciones y ausencia de supervisión en espacios esenciales. “Han rechazado una propuesta sensata que solo buscaba garantizar una atención digna a la ciudadanía y el correcto funcionamiento de los espacios municipales”, lamentan los socialistas.

Tras el Pleno, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado que PP y VOX “no han votado contra el PSOE, han votado contra Alcalá”. “Han dicho no a proteger la salud frente a la privatización, no a la cultura libre y accesible y no a unos servicios municipales dignos. Una vez más demuestran que no están del lado de los vecinos y vecinas, sino de un modelo que recorta derechos y deteriora lo público”, concluyen desde el PSOE de Alcalá, que reitera su compromiso con la sanidad pública, la cultura y unos servicios municipales de calidad.

Sin embargo las mociones que sí eran aprobadas fueron las presentadas por el equipo de Gobierno. Así PP y VOX votaban a favor de acabar con la obligatoriedad de la baliza V-16. El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha presentado una moción en el pleno celebrado el 16 de diciembre, donde se solicita al Gobierno de la Nación la suspensión de la obligatoriedad de la baliza de emergencia V-16. Esta medida, regulada por el Real Decreto 159/2021 y la Instrucción MOV 2025/1 de la DGT, está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

VOX argumenta que la implementación de la baliza V-16 representa una carga económica innecesaria para millones de familias y empresas en España, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de la vida. La formación sostiene que no existe una justificación técnica sólida ni estudios independientes que respalden la eficacia de esta medida en términos de seguridad vial.

El portavoz de VOX en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, señala que la obligación de usar la baliza V-16 crea una desigualdad normativa. Esta normativa afecta únicamente a los vehículos matriculados en España, mientras que los vehículos extranjeros que transitan por las carreteras españolas quedan exentos. Esto es preocupante dado el elevado volumen de tráfico internacional que recibe el país anualmente.

VOX critica la falta de comunicación efectiva por parte del Gobierno respecto a esta normativa. Muchos conductores no están al tanto de la entrada en vigor de la obligación ni de las sanciones asociadas, lo que ha llevado a la compra de dispositivos no homologados, incrementando el riesgo de multas. Además, existen dudas sobre la visibilidad de la baliza, su eficacia en vehículos industriales, su dependencia de la conectividad móvil y su rendimiento en condiciones climáticas adversas.

El Grupo Municipal también advierte que la obligatoriedad de la baliza V-16 podría fomentar comportamientos contrarios a los protocolos de seguridad vial. Por ejemplo, se menciona que los conductores podrían optar por permanecer dentro del vehículo tras una avería, lo que aumentaría el riesgo de accidentes graves.

Ante estos argumentos, VOX solicita las siguientes acciones:

Suspender la obligatoriedad de la baliza V-16: Piden que se detenga la implementación de esta norma.

Mantener el uso de triángulos de emergencia: Proponen que se continúe utilizando los triángulos como método de señalización.

Garantizar la seguridad vial: Solicitan que ninguna norma incentive prácticas que puedan ser peligrosas para los conductores.

Impulsar ayudas para la renovación del parque automovilístico: Abogan por apoyos para la modernización de vehículos sin imposiciones ideológicas.

Eliminar normativas recaudatorias: Piden que se terminen con las regulaciones que no benefician el bienestar de los ciudadanos y que tienen un fin meramente recaudatorio.

La última propuesta, y la única que rompía los bloques, pues el PSOE optó por la abstención mientras que Más Madrid votó en contra, llegaba de la mano del PP, que anunciaba la creación de una unidad canina en un debate que también servía para hacer un resumen del proyecto. Así Alcalá ponía en marcha durante las ferias un proyecto piloto de unidad canina que funcionaba, según desvelaba la concejala, en "comisión de servicios". Tras su éxito han decidido poner en marcha una unidad propia que contará con tres perros y dos adiestradores.