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12
Jun
2018
Sí, es posible (y urgente) una nueva política de vivienda pública en Torrejón PDF Imprimir E-mail
Punto D Vista - Otra mirada
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Mario Pascual y Marco Candela

El pasado mayo llegaba la noticia: un juzgado de Madrid anula, cinco años después, la venta de casi tres mil viviendas públicas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a la inmobiliaria Azora, filial española del fondo de inversión (“fondo buitre”) norteamericano Goldman Sachs. Es un hito más de una larga historia que comenzó en 2008 cuando se empezaron a construir en la región las Viviendas de Protección Pública con Opción de Compra (VPPAOC).

Esta figura de vivienda “protegida”, destinada por su naturaleza a terminar como vivienda libre en propiedad de sus adjudicatarios, fue la principal y casi única herramienta de política pública de vivienda en la región durante los años de gobierno del Partido Popular. Es decir, que durante esos años el IVIMA, en plena burbuja inmobiliaria, pasó a ser una mera promotora más. A eso hay que sumar que cuando llegó la crisis, quien debía por ley garantizar el derecho a la vivienda de los madrileños, que era el IVIMA, vendió 2.935 viviendas (algo más del 10% de su patrimonio) a un fondo buitre con los inquilinos adjudicatarios dentro; venta por la que están imputados por presunta corrupción los dos directores del IVIMA que la organizaron; y venta que primero la Cámara de Cuentas y ahora un juzgado han declarado ilegal y nula.

Torrejón de Ardoz no es ajeno a la que en su día fue la iniciativa estrella del Partido Popular en la región y abanderada por Pedro Rollán, Alcalde de Torrejón en ese momento y hoy Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras pasar bajo Cifuentes por la Consejería de Vivienda. Recordamos cómo en aquella época se hacían sorteos de pisos en el pabellón municipal en los que Esperanza Aguirre repartía llaves a los agraciados de las viviendas del Soto del Henares como si fueran un regalo. Era un regalo envenenado.

Ya mientras se repartían estas viviendas la crisis hipotecaria estaba haciendo estragos en una parte importante de la población. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en la Asamblea del 15M de Torrejón de Ardoz estábamos viviendo la primera oleada de desahucios que afectaban, mayoritariamente, a personas que habían adquirido viviendas antiguas para huir de los inflados precios del alquiler de ese momento. Pero las viviendas de alquiler no sirvieron nunca para paliar los efectos de la crisis hipotecaria, más bien se sembraba la semilla de lo que luego fue la segunda ola de desahucios.

Y es que la crisis se agudizó en los años posteriores y las constructoras tradicionales, al borde de la quiebra, tuvieron que deshacerse rápidamente de las viviendas recién construidas. Los fondos buitre ya eran dueños de esas promociones, compradas a los bancos que ya empezaban a intentar sanear sus balances, o directamente compradas a las constructoras. Y esto ha seguido ocurriendo sistemáticamente con el permiso del Gobierno regional, que debe autorizar todas las transmisiones de vivienda pública. Así pasó por ejemplo en Soto del Henares en el verano de 2016, cuando más de mil VPPAOC fueron vendidas a Fidere, filial española del fondo buitre Blackstone, meses antes de vencer la opción de compra.

El IVIMA tampoco perdió su oportunidad y, ante la necesidad de los fondos buitre de hacerse con todo el mercado para convertirse en un monopolio de facto y fijar precios, también vendió. Así se acabó con la vivienda pública en Torrejón en tiempo record y con la connivencia total del Ayuntamiento de Rollán.

Una vez acaparado el mercado, los nuevos dueños de las viviendas ya tenían el camino allanado para cambiar a sus inquilinos de sorteo, la mayoría jóvenes y con recursos económicos más que justos, por nuevas familias con mayor poder adquisitivo. Y entonces empezó la operación “desahucio en diferido”: ya que el precio del alquiler estaba tasado y no podían cambiarlo, se trataba de aumentar los gastos asociados a la vivienda buscando “agujeros” en los contratos que en su día avaló la Comunidad de Madrid. Así pudimos ver cómo se subían los gastos de calefacción y agua caliente por supuestos mantenimientos del sistema (se trataba de viviendas sostenibles energéticamente en las que estos servicios eran comunitarios), se obligaba a los inquilinos a pagar el IBI cuando de costumbre es un gasto propio del arrendador, se aumentaban los gastos de seguridad de forma desproporcionada, etc.

Poco a poco consiguieron su objetivo, muchas familias se marcharon obligadas por la falta de ingresos y el aumento de gastos, otras tuvieron que pasar por el trance de los desahucios sin alternativa habitacional. Comenzó la segunda oleada para la PAH de Torrejón de Ardoz. Esta vez la lucha no era contra unos bancos que tenían sus sucursales en “la calle de al lado”. Nadie sabía dónde encontrar ahora a los dueños, fondos que se ocultaban tras una maraña de sociedades de las que nadie respondía.

El Ayuntamiento del Partido Popular no sólo no ofrecía soluciones, al contrario, echaba más leña al fuego. Muchas de las familias que un día fueron agraciadas en un sorteo se convirtieron de la noche a la mañana, según el PP, en “peligrosos okupas”. El “vaciado”, emprendido en su ansia de beneficios por los nuevos dueños, más el gravísimo problema de vivienda al que todas las instituciones daban la espalda, hizo el resto. Los barrios del sorteo pasaron a convertirse en un problema de seguridad ciudadana al que el ayuntamiento hace frente cobrando a los fondos para que la Policía Municipal haga las labores de seguridad en las urbanizaciones buitre.

El resto de la historia ya nos lleva hasta hoy, con una sentencia que declara ilegal la venta de las viviendas del IVIMA, que es sólo la punta del iceberg de la gran estafa inmobiliaria a la que se sometió a miles de familias en Torrejón, que perdieron su vivienda y que ahora sufrimos con una subida del alquiler que hace todavía más difícil el acceso a la vivienda a la gente joven. Mientras, Pedro Rollán, en la Asamblea de Madrid, defendió el pasado 7 de junio, contestando a una pregunta de Podemos en sesión plenaria, sin pestañear, el que el Gobierno vaya a recurrir esta sentencia tan importante. En su línea, si observamos el desastroso legado que dejó como Alcalde en materia de vivienda antes de llegar al gobierno regional.

En Torrejón de Ardoz, la necesidad de liquidar la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha sido una de las pocas cuestiones que ha generado unanimidad entre la oposición al gobierno municipal del PP. Sí Se Puede, PSOE, Ciudadanos y Ganar Torrejón han llevado al Pleno del Ayuntamiento en numerosas ocasiones (algunas de forma conjunta, otras cada partido por separado) mociones y propuestas exigiendo el cierre de esa herramienta opaca, ineficiente y costosa para las arcas municipales que es la EMVS.

Además de compartir los motivos comunes a todos los partidos, las propuestas de los concejales y concejalas de Sí Se Puede-Podemos han aportado el punto de vista de las políticas de vivienda pública que el Partido Popular lleva 11 años despreciando y que la EMVS nunca ha abordado: dado que las casi mil viviendas promovidas por la EMVS han sido destinadas a la venta, nos encontramos con que no hay en Torrejón de Ardoz ni una sola vivienda destinada a alquileres sociales o a emergencias habitacionales, pese a que la EMVS ha recibido más de 30 millones de euros en suelo público cedido gratuitamente por el Ayuntamiento. Especialmente sangrante es la promoción de “lofts” de lujo construidos y vendidos por la EMVS en el edificio singular de la avenida Virgen de Loreto, entre cuyos compradores se encuentran varios allegados y familiares de concejales y personas afines al PP torrejonero. En definitiva, en lugar de promover vivienda social, la EMVS ha servido para dilapidar ingentes cantidades de suelo y dinero público vendiendo pisos a precio de mercado y favoreciendo al entramado político empresarial afín al PP.

Para revertir esta situación, tanto a nivel autonómico como municipal, es urgente que cambien las políticas de vivienda en la Comunidad de Madrid y en los Ayuntamientos que todavía controla el Partido Popular. En Torrejón es urgente liquidar la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo que acumula cientos de millones de pérdidas que sostenemos con nuestros impuestos y que no ha construido ni una sola vivienda social.

A nivel autonómico, el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid ha propuesto por tres veces, la última tras la sentencia judicial, la reversión de la venta de los 2.935 pisos. También ha propuesto prohibir toda venta de vivienda protegida a fondos buitre. Además, participó en la abolición por ley de la figura de la VPPAOC, de forma que toda la vivienda social nueva sea para arrendamiento y sirva para conformar un parque público con vocación de permanencia. A la vuelta del verano se aprobará la Proposición de Ley también de Podemos para regular mejor la opción de compra de las VPPAOC que aún quedan, de forma que dicha opción pueda ejercerse a un precio justo, y en caso de no hacerlo se pueda permanecer otros tres años alquilando al precio tasado.

Pero sin duda la mayor apuesta por la regulación y defensa del derecho a la vivienda en Madrid esta legislatura vino de la mano de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH. Este texto, aun habiendo sido rechazado por PP y Ciudadanos, servirá de base para que, una vez conquistemos el Gobierno de la Comunidad, podamos dotar a Madrid de una Ley de Vivienda que garantice el derecho constitucional de todos los madrileños a una vivienda digna y adecuada. Con esta regulación autonómica, un Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz gobernado por la unidad popular tendrá también todas las herramientas consigo para cumplir y hacer cumplir el derecho a la vivienda de todos los torrejoneros.

Mario Pascual

Candidato a la Secretaría General de Podemos en Torrejón de Ardoz

Marco Candela

Diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid

 

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