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20
Oct
2026
Comienza el juicio contra una banda que torturó a una familia de Arroyomolinos tras robar en Rivas PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
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La Fiscalía pide 49 años y dos meses de cárcel para uno de ellos

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará este miércoles 21 de octubre a ocho acusados de integrar una banda dedicada a cometer violentos robos en viviendas de la región, en un juicio en el que la Fiscalía solicita 49 años y dos meses de prisión para uno de ellos, nacido en Ecuador, por unos hechos que incluyen el secuestro de una familia de Arroyomolinos, cuyo padre fue golpeado y sometido a descargas eléctricas en una finca de Navalcarnero para exigirle dinero. Entre los procesados también figuran una mujer y otro hombre naturales de Colombia, según el escrito de acusación del Ministerio Público, que no precisa la nacionalidad de los otros cinco implicados.

Los hechos se remontan a finales de 2022 y principios de 2023. Según la Fiscalía, varios miembros del grupo vigilaban previamente las viviendas que pretendían asaltar y utilizaban dispositivos de grabación y geolocalización para controlar los movimientos de sus propietarios. El 25 de diciembre de 2022 entraron en una vivienda de Rivas Vaciamadrid, donde sustrajeron 3.500 euros en efectivo, joyas, relojes y un abrigo de visón; el 21 de enero de 2023 asaltaron otra casa en Arroyomolinos, de la que se llevaron 42.000 euros en efectivo y varias joyas tras forzar una caja fuerte, y también se les atribuyen dos asaltos en Villaviciosa de Odón el 2 de febrero de 2023, en uno de los cuales sustrajeron 3.200 euros y numerosos objetos de valor mientras que en el segundo huyeron sin conseguir ningún botín al descubrir que había una persona en el interior de la vivienda.

El episodio más grave ocurrió durante la madrugada del 22 de febrero de 2023, cuando varios integrantes del grupo interceptaron a un hombre de 41 años que circulaba por la R-5 en dirección a Arroyomolinos. Previamente habían colocado un dispositivo GPS en su vehículo y utilizado cámaras para controlar las entradas y salidas de su domicilio, y sobre las dos de la madrugada le dieron el alto utilizando un dispositivo luminoso policial: tres de ellos se bajaron del coche vestidos con chalecos con distintivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, le mostraron una placa y exhibieron objetos que aparentaban ser armas de fuego reglamentarias. Tras comunicarle que estaba detenido, lo esposaron, lo introdujeron en su vehículo y le taparon los ojos con cinta americana, y durante el trayecto comenzaron a golpearlo en la cabeza con una pistola mientras le exigían que revelara dónde guardaba el dinero que supuestamente había cobrado de una fiesta.

Posteriormente lo trasladaron hasta una finca de Navalcarnero, donde continuaron las agresiones: según relata la Fiscalía, le colocaron pinzas de batería de coche en los brazos para aplicarle varias descargas eléctricas y lo golpearon repetidamente con palos por todo el cuerpo, especialmente en las nalgas y los muslos, y también lo amenazaron con llevar hasta allí a su familia si no les entregaba el dinero que reclamaban. Después de casi dos horas de agresiones, cuatro de los acusados se desplazaron hasta la vivienda de la víctima en Arroyomolinos utilizando las llaves que le habían sustraído: entraron al grito de "Policía" cuando la pareja del hombre, de 36 años, dormía junto a sus dos hijos, de 14 y 4 años en aquel momento, y todavía vestidos con prendas policiales comunicaron a la mujer que estaba detenida y registraron el domicilio, de donde sustrajeron 2.700 euros en efectivo y varias joyas.

Posteriormente introdujeron a la madre y a los menores en un vehículo oscuro, obligándolos a mantener la cabeza agachada durante el trayecto, y tras recorrer varios kilómetros detuvieron el coche, sacaron a la mujer y le taparon los ojos con cinta americana: uno de los acusados le introdujo una pistola en la boca y la amenazó con matarla si no revelaba dónde guardaban más dinero. Cuando respondió que no tenían más que lo que ya habían sustraído, la introdujeron en el maletero y continuaron hasta la finca de Navalcarnero, donde reunieron a la mujer y a los niños con el padre, que permanecía tendido en el suelo y ensangrentado por las agresiones sufridas. Después encerraron a la madre y a los menores en un baño a oscuras mientras continuaban golpeando al hombre, de manera que los tres podían escuchar las agresiones, y finalmente, al comprobar que no conseguirían más dinero, los acusados introdujeron al matrimonio en el maletero de un vehículo y a los niños en los asientos traseros y los abandonaron en la calle del Pensamiento, en Moraleja de Enmedio.

El escrito de acusación también detalla las consecuencias físicas y psicológicas del secuestro: el padre sufrió múltiples contusiones y hematomas de gran tamaño, con un periodo de curación de 21 días, siete de ellos impeditivos; la madre necesitó tratamiento médico con ansiolíticos y antidepresivos y tardó 90 días en recuperarse, quedándole secuelas de estrés postraumático, y la hija mayor también sufrió estrés agudo postraumático, necesitó seguimiento psicológico y tardó 103 días en estabilizarse, con secuelas posteriores. Durante los registros practicados en la investigación, los agentes localizaron en la finca de Navalcarnero pinzas de batería de coche, esposas, distintivos policiales y otros objetos relacionados con los hechos, y en varios domicilios de Madrid intervinieron una pistola de 9 milímetros capaz de disparar en modo automático, un silenciador, munición y armas de fogueo, además de documentos de identidad y permisos de conducir presuntamente falsificados.

El Ministerio Público atribuye a los procesados, según su participación en los hechos, delitos de robo con fuerza en casa habitada, robo con violencia e intimidación con uso de armas, detención ilegal con simulación de autoridad, lesiones leves, contra la integridad moral, falsedad documental, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal, y además de las penas de prisión y las multas correspondientes, la Fiscalía reclama indemnizaciones para las víctimas por los objetos sustraídos, las lesiones y los daños morales sufridos, así como órdenes de alejamiento de hasta 1.000 metros respecto a los miembros de la familia.

 

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