El partido verde cree que vulnera el pacto antitransfuguismo

"Con fecha 4 de julio, Aida Castillejo, ha nombrado vicepresidente de la comisión especial de vigilancia de la contratación a María de los Ángeles Guardiola Neira, concejal no adscrita, quien aceptó el puesto que, en el mandato anterior criticó con firmeza, al saber que le supondrá mejorar sus ingresos económicos en más de 2.000 euros mensuales", tal y como desvela VOX Rivas en un comunicado.

Pese a haber sido aprobada en pleno la citada comisión en septiembre de 2023, fecha en la cual no había concejales no adscritos en el Ayuntamiento, no ha sido hasta julio de 2024 cuando la Alcaldesa ha decidido constituirla con un nuevo escenario.

El recurso fue registrado por el Grupo Municipal VOX en el ayuntamiento con fecha 1 de agosto y con anterioridad a la interposición del presente escrito de recurso, VOX Rivas, a través de su concejal portavoz, Eliana Palacios, presentó dos escritos dirigidos a la titular de la Alcaldía así como al Secretario General del Ayuntamiento relativos a los derechos y prohibiciones de los concejales no adscritos que la normativa y la jurisprudencia tanto constitucional como ordinaria han sentado en la materia, por lo que no pueden argumentar desconocimiento alguno de la misma, de tal manera que todo acto de incumplimiento ha sido totalmente voluntario.

El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) vigente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en su art. 83.3 establece que “Las concejalas y concejales que adquieran la condición de no adscritos como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo no podrán asumir cargos o percibir retribuciones que antes de pasar a su condición de miembros no adscritos no ejercieran o percibieran y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.

Por otro lado, el Pacto Anti transfuguismo aprobado el 11 de noviembre de 2020 que tiene carácter nacional recoge claramente en la parte dispositiva de dicho Pacto, en su apartado segundo los derechos de las personas tránsfugas no adscritas, y entre ellos está precisamente lo que la Alcaldesa de Rivas ha vulnerado: premiar económicamente el transfuguismo de la concejal no adscrita.

El otorgamiento de derechos a quienes lo tienen expresamente prohibidos por la normativa y la jurisprudencia puede suponer, ya con conocimiento de que se está dictando una resolución injusta, la comisión de un acto injusto arbitrario, meramente voluntaristas, porque sí y al margen de lo que pueda ser amparado en el ordenamiento jurídico lo que puede llegar a generar las responsabilidades legales previstas en el artículo 404 del Código Penal donde está recogido el delito de Prevaricación.

De igual manera, y como añadido, de suponer un gasto no debido con vulneración de la normativa presupuestaria pudiera suponer la asunción de la responsabilidad contable por alcance prevista en el artículo 72 de la LOFTCu y el artículo 141.1.a) de la LGP.

En palabras de la concejal de Vox en Rivas “La Alcaldesa cree estar por encima de la Ley” “Con este gobierno local no sirven las palabras, hay que ir por la vía legal, porque son perezosos hasta para cumplir con su propio reglamento municipal que se hicieron a medida”

Palacios concluye afirmando que “nuestra responsabilidad con nuestros vecinos, votantes y afiliados es lo primero. Prometí hacer una verdadera oposición y por ello se exigirán mayores responsabilidades ante las instancias competentes de mantenerse el acuerdo. Incluso si tuviera encaje legal, es una práctica reprochable social y éticamente”.