Recuerdan que fueron el único partido que votó en contra de su implantación en el Congreso

"La nueva tasa de basuras que deben aplicar los municipios de acuerdo con la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular y que traspone una Directiva de la UE que delega en las entidades locales (a partir de abril de 2025) a diseñar la manera de repercutir a los contribuyentes el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos según el principio de “quien contamina paga”, así dicen argumentarlo desde Bruselas.

La portavoz de VOX en Rivas-Vaciamadrid, Eliana Palacios, explica que son los ciudadanos españoles los que deberán pagar un impuesto adicional por “contaminar” si tienen en propiedad viviendas, industrias, terrenos y/o locales comerciales y “son los Ayuntamientos, en donde están registradas las propiedades, los que tiene la competencia de decidir cómo, cuándo y en qué medida se aplica la tasa”, lo que dará lugar a que esta no sea homogénea, según donde vivas así te repercutirá.

Esta tasa de basura a todos los ripenses «no va a suponer ninguna mejora en el servicio y solo responde a la imposición ideológica del ecologismo más radical». Por este motivo, Vox Rivas, exige conocer con antelación cómo se va a repercutir a los vecinos dicho impuesto a partir del año que viene.

En palabras de Palacios, “está en el tejado del Ayuntamiento el aplicar este impuesto de la forma menos sangrante para el bolsillo de los ripenses, por este motivo, estaremos vigilantes y exigiremos desde Vox Rivas que así sea”.

Al mismo tiempo, ha recordado que esta norma de carácter nacional fue promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y contó con la única oposición de VOX en el Congreso de los Diputados, que ya advirtió en ese momento de las nefastas consecuencias de esta nueva imposición de la llamada Agenda 2030» sentencia Palacios”.

Su portavoz Eliana Palacios asevera  “Vemos como, una vez más, las disposiciones provenientes de Bruselas, al amparo de la Agenda 2030, tienen una nefasta incidencia en nuestro ordenamiento jurídico y una incidencia en el bolsillo de todos los españoles, en este caso de los ripenses”.