La abogacía del Estado había denunciado la instrucción por contravenir la normativa estatal y comunitaria sobre condiciones laborales

El Ayuntamiento de Madrid continuará aplicando cláusulas sociales en la contratación pública. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la medida cautelar de suspender la aplicación de esas cláusulas como había solicitado la Delegación del Gobierno a través de la abogacía del Estado.

“Existe una absoluta falta de actividad probatoria del recurrente, aún indiciaria, para apoyar la petición de suspensión que acredite la realidad de los perjuicios”, asegura el auto dictado por la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por tanto, “procede denegar la petición de suspensión solicitada por los recurrentes”.

La instrucción de cláusulas sociales se dictó el pasado mes de enero. A través de ella, la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid cambió de perspectiva: el precio más bajo dejó de ser el criterio predominante para la adjudicación de contratos y ganaron peso específico cuestiones como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales.

En marzo la Delegación del Gobierno del Estado en Madrid requirió al Ayuntamiento para que se anulase la instrucción, argumentando que partes de la misma contravenían la norma estatal y comunitaria aplicable en contratos administrativos. Ante la negativa del Ayuntamiento, se interpuso recurso contencioso administrativo ante el TSJM, pidiendo la suspensión de su aplicación.

Ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, por medio de un auto, asegura que “ni la disposición impugnada ha recaído en cumplimiento o en ejecución de una norma o disposición general previamente declarada nula, ni estamos ante un supuesto reiteradamente resuelto por la jurisdicción, sino que estamos ante una causa de impugnación que ha de ser objeto de valoración y decisión jurisdiccional por primera vez, sin que tampoco se observe la nulidad de pleno derecho”.

El auto, con fecha de 23 de septiembre, añade que “(…) ponderando los intereses en conflicto, resulta en este momento que es más digno de protección el interés público o general del Ayuntamiento de Madrid de no paralizar la contratación pública de aquellos contratos sobre los que incide”.

A la instrucción de cláusulas sociales que presentó en enero el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento le han seguido y seguirán otras instrucciones y comunicaciones de carácter social, ambiental, ético de comercio justo e innovadoras.