El anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de Educación que prepara el Gobierno central, cuyo proyecto ha aprobado el Consejo de Ministros, al considerar que vulnera hasta cuatro artículos de la Carta Magna e invade competencias autonómicas. “Es un ataque directo contra la concertada y lo hacen con falta de diálogo y arrogancia”, ha subrayado la presidenta.

Díaz Ayuso ha detallado que el Gobierno madrileño entiende que la nueva ley vulneraría el artículo 3 de la Constitución, que “proclama el derecho y el deber de todos de conocer el castellano o español” y el artículo 16, sobre la libertad religiosa y de culto y que recoge que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones.

También que se vulnera el artículo 27, referente a que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus principios y convicciones, “proclamando también la libertad de enseñanza”.

Además, la presidenta madrileña ha citado el artículo 14, “pues este proyecto, tal y como está articulado, atenta contra la igualdad de oportunidades, de mérito y capacidad”. “Pretende igualar a todos los alumnos a la baja, devaluar los títulos, y no darle oportunidades a los alumnos que se esfuerzan, estudian, para que sigan progresando según el esfuerzo que ellos realicen”, ha remarcado Díaz Ayuso durante su comparecencia en la Real Casa de Correos junto al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio.

“Eso es un ataque absoluto contra su libertad de enseñanza y también contra la igualdad”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la Comunidad de Madrid defenderá la educación pública, la concertada y la privada. No obstante, ha tenido mención concreta para las familias que necesitan también la Educación especial.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha afirmado que la normativa del Gobierno central “invade competencias autonómicas eliminando la libertad educativa como nuestra área única”, una medida que ha procurado que ya hoy en Madrid el 93,7% de las familias puedan elegir en primer lugar el colegio que quieren para sus hijos.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid seguirá invirtiendo en Educación, ha asegurado la presidenta, quien ha apuntado que el Gobierno regional sigue con su esfuerzo para aumentar año tras año el presupuesto en educación. En 2019 alcanzó los 4.923 millones de euros, lo que supone 254 millones de euros más que el ejercicio anterior.

También ha incidido de la educación madrileña “una Formación Profesional puntera, que ha sobrepasado los 100.000 alumnos y que tiene alta inserción laboral”. De hecho, el 77% en FP dual lo consigue en el primer año. Además, se han ofrecido más becas para la igualdad de oportunidades, con 158 millones de euros para las ayudas de familias “alcanzando una cifra record” y así favorecer la igualdad de oportunidades.

Díaz Ayuso, por último, ha destacado que nos hemos convertido “en referentes en España con la implantación del bilingüismo en inglés hace 15 años”. El 50% de los colegios y el 59,8% de los institutos ya son bilingües y se va a extender a otras etapas educativas como la de Educación Infantil.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de educación que tiene como objetivo la transformación profunda del sistema educativo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado que se trata de una norma que defiende una educación pública de calidad que garantice la equidad y la inclusión.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha concretado que el destinatario universal de la futura ley es el alumnado, con independencia de su talento inicial: "El valor que pone el centro educativo es el diferencial entre el talento que entra en el aula y el talento que sale".

El corazón de la ley, ha apuntado la ministra, es la enseñanza personalizada a través de distintas metodologías que permitan hacer progresar al alumno a partir de su capacidad. El proyecto también impulsa las enseñanzas de Formación Profesional y moderniza los currículos para que sean más competenciales y menos enciclopédicos y memorísticos.

Además, evita los itinerarios segregadores con el fin de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. "No se puede segregar a un niño por razones socioeconómicas o de otra naturaleza", ha dicho Celaá.

La ministra ha destacado que la futura ley pretende extender progresivamente la educación infantil de cero a tres años, incorporando, además, a los colectivos más desfavorecidos.

La etapa de primaria, cursada por niños de 6 a 12 años, constará de tres ciclos. Se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (desaparece la división de material troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las pruebas finales de etapa. En secundaria, se eliminarán los itinerarios de cuarto curso.

La ministra ha indicado que se equipararán el Bachillerato de grado medio, que durará dos años, y la Formación Profesional de grado medio, que constará de 2.000 horas lectivas. Isabel Celaá ha anunciado que en el plazo de un año, el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente que incluirá la formación inicial del profesorado.

Asimismo, el documento acordado hoy incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de la comunidad educativa. "En una escuela inclusiva, participativa, los consejos escolares deben ser, nuevamente, órganos de gobierno donde estén los padres, los profesores y los directores de los centros", ha subrayado la ministra.