CSIT pide que se aplique la Ley de Autoridad del Profesor

CSIT UNIÓN PROFESIONAL, a través de su Sindicato federado Docentes de Madrid, denuncia el aumento de la violencia en las aulas y el acoso hacia el profesorado, tanto por parte de alumnos como de familiares en Infantil, Primaria y Secundaria. Urgen profesionales con una formación adecuada para identificar estos problemas y tratarlos con la mayor efectividad posible.

La violencia en las aulas es un reflejo de lo que ocurre en esta sociedad, una señal del fracaso de las personas, estructuras y agentes que la conforman. Docentes de Madrid, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, considera que es necesario un compromiso firme e implicación para la construcción de entornos escolares óptimos, tanto para el rendimiento académico del alumno, como el desarrollo personal y profesional de éste y sus docentes Por ello, reclamamos:

●       Mejorar las condiciones laborales del profesorado en las negociaciones colectivas.

●       Puesta en marcha de un verdadero Estatuto Docente, que refuerce la autoridad del profesor en las aulas y la eliminación de la burocracia innecesaria.

●       Actuaciones urgentes para reducir la conflictividad en las aulas, con una financiación apropiada.

●       Avanzar hacia un Pacto de Estado.

●       Compromiso real con el Gobierno en la reducción de las ratios y el incremento de la plantilla docente.

Según estudios recientes realizados en centros de enseñanza públicos a nivel nacional, más del 90% de los profesores han denunciado problemas de convivencia en las aulas, con unas circunstancias que se agravan en Secundaria, donde casi el 80% de los docentes aseguran haber sufrido agresiones físicas, verbales o amenazas por el alumnado. A pesar de todo, los profesores suelen ser reticentes a denunciar. Las situaciones les desbordan y los inconvenientes adquieren una mayor dimensión, por el uso de las redes sociales, por ejemplo. Una dificultad añadida es la Ley de Autoridad del Profesor, competencia de la Comunidad de Madrid, que presupone la inocencia del docente. Dicha Ley no está siendo aplicada de forma correcta desde que se aprobó, en junio de 2010, o bien no es efectiva para la utilidad para la que se elaboró.

Lamentablemente, esta situación, lejos de desaparecer, sigue más que vigente en nuestro sistema educativo, empeorándose en los últimos años, sobre todo en Secundaria. En este ámbito, existe un notable incremento de las amenazas y las falsas acusaciones hacia los profesores, por parte de los alumnos y sus familias, lo que deriva en total falta de respeto en torno a la figura del docente y su reconocimiento social se encuentra, a día de hoy, “bajo mínimos”. Además, la excesiva carga burocrática a la que han de hacer frente, les obliga a tener que realizar tareas administrativas que no son propias de su competencia, algo que ha ayudado a fomentar esta pérdida de autoridad de los docentes para los jóvenes.

Desde Docentes de Madrid, destacamos que la masificación en las aulas, unida a la citada carga laboral y la falta de reconocimiento por parte de la Administración, dificultan notablemente la labor del profesorado. La aplicación tardía y atropellada de la LOMLOE, la ley educativa en vigor aprobada en 2020, unido a la ausencia de herramientas para gestionar las aulas de manera eficaz, ha dado lugar al caos organizativo actual.

Tras la pandemia, la tensión en los colegios se intensificó, multiplicándose los conflictos. La salud de los jóvenes cada vez resulta más frágil, y los profesionales carecen de medios, ni tiempo de formación, para cumplir los protocolos establecidos, entre otros.  Por ello, el Sindicato Docentes de Madrid no solo reclama que las plantillas se refuercen con más especialistas, a fin de detectar situaciones problemáticas y atajarlas cuanto antes, sino promover una relación de fluidez entre los centros escolares y los profesionales de salud mental. Actualmente, los centros escolares se han convertido “en centros de apoyo a la salud mental del alumnado”. Mientras se exige más al docente, se le conceden menos recursos. Esto influye en su estado anímico, empeorando su salud mental, con un aumento de los casos de ansiedad y depresión, lo que origina un auge de las bajas laborales.