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19
Dic
2021
Morata, Chinchón y Titulcia, preocupados por el aumento de asentamientos ilegales PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Morata de Tajuña
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Foto cedida por Ayuntamiento de MorataTemen que la zona se convierta en la nueva Cañada Real

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Fernández, ha visitado, este jueves, la Vega del Tajuña en su tramo cercano a los municipios de Morata de Tajuña, Chinchón y Titulcia para conocer de primera mano la proliferación de asentamientos ilegales, así como los problemas de seguridad derivados de los reasentamientos provenientes de la Cañada Real. Acompañada por los alcaldes de los tres municipios y de los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil, Fernández ha visitado algunas de las áreas donde se concentran las construcciones ilegales que, en los últimos años, se han intensificado con un “efecto llamada” que los tres ediles han denunciado.

En este sentido, a petición de los ediles, la delegada va a trasladar al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que los realojos se organicen de tal manera que no supongan un problema de seguridad en la zona. Los tres alcaldes han querido recalcar el trabajo de la Guardia Civil y del SEPRONA, que desde el mes de octubre ha intensificado su actuación y que ya se coordina con los ayuntamientos a la hora de abrir los expedientes de ordenación urbanística, que entre los tres consistorios ya suponen más de 300, la mayoría de ellos en Chinchón donde se ubican la gran mayoría de los asentamientos.

“No sólo abrimos expedientes, sino que los remitimos a la Fiscalía para agilizar los trámites”, ha explicado Sánchez, lamentando, al igual que los otros ediles, los altos costes que suponen para los ayuntamientos el derribo de las edificaciones una vez que concluye la burocracia. Derribos para los que se ha solicitado también ayuda ante el elevado coste que suponen para las arcas municipales.

“No tenemos pasividad alguna”, han recalcado. Una actuación conjunta de las Administraciones que, en el caso de Morata ya se aprecia en el número de nuevas construcciones, en parte también por las multas de hasta 40.000 euros que ya se están imponiendo.

 

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