Es la primera fase para la elaboración de un nuevo PGOU

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado provisionalmente la modificación de las normas urbanísticas, una iniciativa con la que se podrá atender mejor a las nuevas tendencias que demandan los ciudadanos, mejorando las condiciones de confort, accesibilidad, habitabilidad y salubridad en todo el parque de viviendas. El texto aprobado se remitirá esta semana a la Comunidad de Madrid para que obtenga la luz verde definitiva del Consejo de Gobierno en un plazo máximo de cuatro meses.

El responsable del ramo ha recalcado que esta modernización de la normativa es “necesaria, imprescindible y urgente”. Tras 26 años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, esta adaptación puntual permite actualizar la normativa a los cambios producidos, tanto sociales y económicos como legislativos y tecnológicos, ha explicado Carabante. Se trata, ha dicho, de una “normativa transitoria que nos va a permitir trabajar en un nuevo Plan General para cimentar el urbanismo futuro” y supondrá una “una palanca de crecimiento de la actividad económica y del desarrollo de nuestra ciudad”.

Las nuevas normas urbanísticas ponen la base para el fomento de la construcción de edificios y viviendas más confortables, accesibles, saludables, sostenibles y eficientes para las personas; establece un marco con mejores condiciones para las actividades económicas, y regula la mejora del uso de las dotaciones, equipamientos y los espacios vacantes del municipio. Además, se proporciona mayor claridad y simplificación administrativa para hacerla más ágil y se ofrece máxima seguridad jurídica en todos los ámbitos. “Con estas normas urbanísticas se van a crear 4.182 puestos de empleo y se van a incrementar en 215 millones de euros el PIB de la capital”, ha manifestado Carabante.

Según la modificación de las normas urbanísticas aprobada hoy, las nuevas viviendas en la capital no podrán ser inferiores a 40 m2. Se incorpora un programa mínimo de vivienda para adecuarla a la realidad actual, suponiendo un importante progreso en la calidad, ya que establece unas condiciones mínimas más adecuadas y contemporáneas, desplazando a la Orden Ministerial de 1944 de aplicación hasta el momento.

Las principales mejoras se harán efectivas con medidas como que las terrazas y los cuartos de instalaciones en plantas de piso no computen a efectos de edificabilidad, potenciando los balcones y balconadas tanto en las construcciones nuevas como en las existentes.

Se mejora la regulación de las zonas comunitarias y los tendederos, así como de los trasteros que ya no computarán a efectos de edificabilidad. No será necesaria la separación física entre cocina y tendedero respetando las superficies mínimas de ambas.

Otra de las cuestiones que regulan las nuevas normas urbanísticas y que no se contemplaba de manera expresa en la normativa actual es la transformación de local a vivienda para facilitar el empleo de locales abandonados y garantizar que las viviendas resultantes respeten las condiciones de habitabilidad, confort, seguridad, accesibilidad y salubridad exigibles a las viviendas de nueva construcción.

Además, a partir de ahora se permitirán los miradores con persiana. Y al no contar en edificabilidad los cuartos de instalaciones, se liberan de las azoteas de los edificios, para que sean transitables y utilizables. Estas medidas suponen un importante avance en la consecución de objetivos de mejora ambiental y puesta en marcha de mecanismos para la renovación y rehabilitación de las edificaciones.

La renovación de las normas introduce un nuevo parámetro urbanístico: el factor verde. El objetivo que persigue es mejorar la sostenibilidad ambiental mediante el aumento de la superficie vegetal total en la edificación a través de cubiertas y fachadas verdes y, en el espacio libre de parcela, fomentar la plantación de arbolado y el ajardinamiento. De este modo se contribuirá a reducir el efecto de isla de calor y mejorar la calidad del aire en factores como la humedad relativa, la reducción del CO2 y las partículas contaminantes.

Los elementos de producción de energía sostenible o elementos constructivos de mejora de la eficiencia, así como los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas no computarán a efectos de edificabilidad, y se contempla que a mayor superficie ‘vegetal’ se aplicará un factor verde que permitirá optimizar el espacio libre de parcela.

Hasta la fecha, Madrid solo regulaba dos tipos de vivienda: la colectiva y la unifamiliar, pero gracias a la modificación de las normas urbanísticas, la capital introduce la regulación de dos nuevos modelos residenciales emergentes: el coliving y el cohousing.

Por un lado, se integran en la nueva categoría la clase de residencia compartida o coliving, donde a los residentes no necesariamente les unen vínculos sociales, religiosos o similares. Para esta tipología se crean las condiciones para la convivencia entre los residentes mediante una importante dotación de espacios comunes, con la correlativa reducción de las unidades de alojamiento privativas de las viviendas. Éstas no podrán ser inferiores a 15 m2 para una persona, ni a 10 m2 por persona cuando esté prevista para más de una persona.

Además, se regulan las viviendas colectivas tipo 2 o cohousing, donde prima la convivencia y relación entre los residentes, para la que los espacios comunes aumentan hasta abarcar todas las zonas de estancia y ocio. La superficie mínima de la vivienda será en este caso de 30 m2, compensando el resto hasta los 40 m2 con las zonas comunitarias.

La normativa se actualiza para dar vida al centro y mejorar la ciudad consolidada, dotándola de proyectos respetuosos y viables. Se reescriben las reglas para facilitar la intensificación de usos que permita generar más vivienda en el centro de Madrid. También se impulsa la recuperación de patios de manzana con soluciones bioclimáticas y alternativas para que se desarrollen nuevas actividades y se dinamice la economía. Las nuevas normas están encaminadas a respetar más los edificios, la arquitectura, el patrimonio y la historia de la ciudad.

La prioridad del Ayuntamiento es implantar aquellas dotaciones que necesitan los barrios. Para eso, se flexibilizan los usos y se simplifica la implantación de equipamientos dotacionales básicos y singulares de forma inmediata. Esto da mucha más agilidad, por ejemplo, para poder instalar un centro cultural o deportivo, sin tener que redactar un plan especial. De igual forma, se permite el destino transitorio de solares por un plazo máximo de cuatro años para que se puedan dedicar a zonas de esparcimiento y a la mejora del paisaje urbano hasta que se construya el dotacional previsto.

Una de las mayores novedades es que se posibilita construir viviendas tuteladas y viviendas de integración social en suelos dotacionales, dirigidas a colectivos con necesidades específicas.

En lo referente a los usos terciarios, el objetivo es establecer unas reglas del juego claras. La modificación de las normas urbanísticas integra el Plan Especial de Hospedaje, incluido sus anillos, por lo que las Viviendas de Uso Turístico no experimentan cambio alguno y quedan sujetas a ese plan, actualmente en vigor y avalado por los tribunales, que exige acceso independiente a la vivienda, un aspecto que la Comunidad de Madrid, competente en esta materia, también ha solicitado mantener.

Otro aspecto importante es que se actualizan los aforos de los locales conforme al Código Técnico de la Edificación, una norma mucho más actual que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, y se elimina la exigencia obligatoria de dotación de aparcamiento en aquellas zonas donde no se permite llegar coches, contribuyendo a potenciar otros modos de movilidad más sostenible.

El Ayuntamiento dará respuesta a los retos que se plantean en cuanto a nuevas industrias y actividades, permitiendo la hibridación de usos que protegerá enclaves como el polígono ISO de Carabanchel y estableciendo normas para las actividades logísticas de la ciudad, una demanda a la que trata de dar solución esta modificación.

En cuanto a las cocinas agrupadas, se prioriza su implantación en polígonos industriales y se limita su actividad en zonas residenciales, al igual que ocurre con el uso almacenaje con reparto a domicilio y la logística, marcando un criterio claro en cuanto a su posible impacto en el entorno. Así, se limita su implantación en ámbitos residenciales a locales de uso industrial con un máximo de 350 m2, con la obligación de que tengan en el interior del establecimiento las zonas de espera, carga y descarga y estancia de los transportistas. El máximo de cocinas permitidas será de ocho. Además, se exigirá un estudio de movilidad para conocer el impacto que tendrá en la zona.

El Avance de modificación de las normas urbanísticas se aprobó inicialmente el 29 de julio de 2021 para someterse a información pública. El anuncio del acuerdo se publicó en el BOCM el 16 de agosto de ese año. Desde entonces, se suspendieron las licencias para la realización de actos de uso del suelo, construcción y edificación y la implantación de actividades de cocinas agrupadas y de almacenaje con reparto a domicilio y logístico.

En las nuevas normas se simplifica el lenguaje burocrático utilizando uno más comprensible y se unifican todos los criterios interpretativos publicados en dos décadas sobre artículos del plan general, es decir, se da seguridad jurídica.

Además, se adaptan los tiempos de la administración a los de la sociedad, eliminando trabas y trámites reiterativos como ocurre, por ejemplo, con los planes especiales de control urbanístico ambiental (PECUAU), que incluyen las mismas comprobaciones que se hacen luego en el proceso de licencia. Por eso, se elimina esta exigencia de PECUAU sin rebajar los requisitos medioambientales ni los controles que ejercía, que seguirán haciéndose. Esto supone ganar una media de año y medio de tiempo a la hora de tener el visto bueno a un proyecto

El Ayuntamiento de Madrid renovará el pavimento de 266 calles de los 21 distritos de la ciudad a partir del próximo mes de agosto. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, mejorarán una superficie de más de 634.000 m2 gracias a una inversión de 12 millones de euros que ha sido aprobada en el Pleno Municipal.

Tras la ejecución de un plan de choque en años anteriores con el que se asfaltaron hasta 3.000 calles, un tercio de los viales de la capital, las campañas recuperan a partir de este año unas dimensiones más normalizadas que requerirán un menor esfuerzo inversor y, por tanto, supondrán un menor impacto en el día a día de la ciudad.

Los trabajos de este año, que se extenderán hasta mediados de otoño, tienen por objeto renovar los pavimentos de las calzadas con criterios de sostenibilidad. Con la ejecución de estas actuaciones se mejorará la comodidad y seguridad de los usuarios y disminuirán los niveles sonoros de rodadura y la contaminación del aire. Asimismo, se preservará el patrimonio municipal viario, evitando así deterioros que, en caso de no intervenir, obligarían a una renovación completa del pavimento y, por tanto, a una inversión mucho mayor. Entre los criterios para priorizar las calzadas a rehabilitar están el nivel de obsolescencia de las mismas y la intensidad media de tráfico que soportan.

La campaña de este 2023 supondrá la utilización de alrededor de 75.000 toneladas de asfalto, de las que buena parte serán mezclas asfálticas más sostenibles frente a las mezclas en caliente tradicionales.

Por un lado, más de la mitad del material utilizado serán mezclas bituminosas semicalientes cuya fabricación y puesta en obra se realiza a una temperatura de unos 30ºC inferior a las mezclas en caliente tradicionales. Se trata de un sistema por el que la mezcla se fabrica con aditivos o técnicas que reducen la viscosidad del betún y permiten fabricar las mezclas a menor temperatura, si bien con características mecánicas y de durabilidad similares a las tradicionales. Una de las principales ventajas es que en su fabricación se reducen las emisiones de gases contaminantes, como el CO2 y el SO2, y los compuestos orgánicos volátiles. Además, se reduce la exposición de los trabajadores a humos, hidrocarburos y olores. A ello hay que añadir que la menor temperatura reduce también el consumo energético entre un 11 % y un 5 % y permite trabajar a temperaturas ambientales menores. En esta campaña se utilizarán unas 40.000 toneladas de mezclas bituminosas semicalientes que se extenderán sobre una superficie de 335.600 m2 (un 53 % del total de la superficie asfaltada) lo que permitirá dejar de emitir a la atmósfera un total de 177 toneladas de Dióxido de Carbono equivalente (tCO2e).

Además, en un tercio del total de la superficie asfaltada, unos 209.000 m2, se pavimentará con mezclas bituminosas en caliente fabricadas con betunes modificados con polvo de caucho reciclado de neumáticos, en total unas 8.000 toneladas de mezclas, lo que supondrá la reutilización de 37.000 neumáticos fuera de uso que han alcanzado el final de su vida útil.

Asimismo, algo más de 43.000 m2 se asfaltarán con mezclas bituminosas tipo SMA, que frente a las mezclas tradicionales, presentan unas excelentes propiedades resistentes, bajo nivel sonoro y mayor durabilidad. En este caso además se fabricarán con betunes modificados con caucho reciclado, lo que las hace aún más sostenibles. Las mezclas SMA se utilizan preferentemente en las calles de mayor intensidad de tráfico. En esta campaña se utilizarán unas 3.550 toneladas de mezclas SMA.

Finalmente, sobre un tercio del total de la superficie pavimentada, un total de 211.600 m2, se aplicará un tratamiento descontaminante fotocatalítico de alto rendimiento que permitirá la eliminación de alrededor de 4,2 kg de NOx al año, lo que equivale a eliminar la contaminación producida por 42.000 vehículos diésel al año.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un crédito extraordinario y un suplemento de crédito que permitirá financiar más de 235 inversiones en áreas y distritos por un importe de 69 millones de euros con cargo al Remanente de Tesorería. Inversiones que se suman a otros 24 millones para pago de obligaciones, así como actuaciones de digitalización del organismo autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid (IAM) que no tenían cabida en prórroga presupuestaria. En total 93,1 millones de euros que se financiarán con cargo al remanente de tesorería del Ayuntamiento que en el pasado ejercicio fue de 415 millones.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha aclarado que son nuevas inversiones que se suman a los 361 millones de euros contemplados inicialmente en el presupuesto prorrogado de 2023. “Una decisión del nuevo equipo de Gobierno que refuerza el perfil inversor, un año más, de las cuentas municipales y que persigue paliar los efectos negativos de la prórroga presupuestaria en los gastos destinados a las inversiones municipales”, ha señalado Hidalgo.

Las actuaciones incluidas en el expediente se distribuyen en tres grandes grupos:

En primer lugar, las inversiones a realizar por ocho áreas y 18 distritos. A excepción de la dotación de una parte de Operación Asfalto, que contará con un crédito de 12 millones de euros, son actuaciones de cuantía moderada de hasta 2,5 millones de euros, pero muy necesarias para los distritos y las áreas de gobierno.

En el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias se incluye un millón de euros para la renovación de vehículos de SAMUR-PC. En Cultura, Turismo y Deporte, se destinan 800.000 euros para la rehabilitación del desarrollo museográfico del parque de El Capricho o 200.000 euros para innovación tecnológica en centros deportivos municipales, mientras que en el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, casi dos millones de euros se utilizarán para zonas verdes. Además, se destinan otros 20 millones de euros para pequeñas inversiones de distritos, en instalaciones deportivas, centros de servicios sociales, de mayores o culturales, relacionadas con acondicionamientos de los espacios, construcciones de vestuarios, mejoras de sistemas de climatización, etc.

Un segundo apartado es el referido al pago de obligaciones no previstas en el presupuesto prorrogado por una cuantía de 24 millones de euros, que no son inversiones, como la liquidación del ‘Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos’ establecido por la ‘Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular’ que asciende a seis millones, así como el canon de vertidos de las ocho depuradoras de aguas residuales que asciende a 12,5 millones.

Una tercera partida se destinará a dotar de crédito las actuaciones de digitalización a cargo del IAM que no tenían cabida en la prórroga presupuestaria, como el modificado del contrato de mantenimiento y soporte de los sistemas de información que asciende a un millón de euros, el aumento del contrato para la transformación de los sistemas de gestión interna ECOFIN y Recursos Humanos que cuenta con 700.000 euros y la ampliación del contrato para la transformación del espacio de trabajo del empleado al que se destinan 1,7 millones de euros.

Todas ellas son actuaciones previstas acordadas por la Junta de Gobierno del anterior equipo de Gobierno. De esta manera, con este acuerdo, se retoma el expediente para impulsar nuevas inversiones que se puedan ejecutar en lo que queda de año sin perjudicar ningún servicio ni proyecto.