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25
Mar
2018
Montoro permitirá a los Ayuntamientos construir colegios y aumentar el gasto social con el superávit presupuestario PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridAprobado un Real Decreto que aumenta los programas de Inversiones Financieramente Sostenibles

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se prorroga para 2018 la posibilidad de que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

​La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el superávit alcanzado por las distintas administraciones públicas debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Sin embargo, desde el año 2014 las Entidades Locales que están saneadas financieramente y cuyo periodo medio de pago es igual o inferior al plazo máximo establecido en la normativa de morosidad pueden destinar también parte de ese superávit a realizar inversiones que sean financieramente sostenibles a lo largo de la vida de la inversión y en determinados servicios públicos esenciales. El Gobierno decidió establecer esa regla especial para ayuntamientos y diputaciones como reconocimiento al esfuerzo realizado, y desde entonces se ha venido prorrogando anualmente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Hay que recordar que el subsector de Entidades Locales tiene superávit presupuestario desde 2012. En 2016, este superávit alcanzó el 0,6% del PIB tras un esfuerzo de consolidación fiscal desde 2011 de 11.180 millones de euros, de los que 5.671 han sido por reducción del gasto. Además, ese superávit les ha llevado a disminuir su nivel de deuda a un ritmo muy intenso. Su endeudamiento en 2016, último año con datos oficiales, fue de un 2,9% del PIB (32.094 millones de euros, por debajo del objetivo fijado para 2020 por la Ley de Estabilidad), tras una reducción de 12.000 millones de euros en cuatro años.

Debido a que este año aún no ha podido aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos, el Gobierno ha decidido adelantar la prórroga de las Inversiones Financieramente Sostenibles a través de este Real Decreto Ley. Al hacerlo, se facilita que las Entidades Locales dispongan de tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación de las  mismas, que podrán extenderse hasta 2019.

Ampliación de las inversiones financieramente sostenibles

La principal novedad de este Real Decreto Ley es que se amplían los servicios públicos en los que podrán realizarse estas Inversiones Financieramente Sostenibles, que no computan en la regla de gasto y con las cuales se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que puedan ser fuente de déficit. El objetivo es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que sea racional y no genere déficit al final del ejercicio.

Esta decisión se ha tomado de común acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, después de que se constatara el desequilibrio entre los datos de inversiones financieramente sostenibles que podrían realizarse y los que realmente se ejecutan (en 2016, un 26%).  A la hora de ampliar el ámbito objetivo de las IFS se ha tenido en cuenta las actuaciones que desarrollan las Entidades Locales y las competencias que tienen atribuidas, así como su opinión al respecto.

Con esta modificación será posible que las Corporaciones Locales, que han realizado un esfuerzo importante de consolidación presupuestaria y han contribuido notablemente a la consecución del objetivo de déficit público, tengan mayor capacidad para llevar a cabo inversiones que se traduzcan en la mejora de los servicios esenciales para la comunidad, permitiendo en el medio plazo una mayor capacidad de crecimiento, sin perjudicar la estabilidad de las cuentas públicas.

Los nuevos servicios públicos que recibirán inversiones

Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Revisión de la autorización administrativa

Finalmente, se incrementa de 10 a 15 millones de euros el importe a partir del cual se requerirá autorización administrativa previa para proyectos de inversión de determinados grupos de programas, o, alternativamente que éstos supongan más del 40% de los gastos no financieros de la Entidad Local, siempre que, en cualquiera de esos casos, se incremente el gasto de personal o el de compras de bienes y servicios como consecuencia de la inversión. En estos casos, se deberá solicitar autorización a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL), del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ayuntamiento de Madrid, la entidad local española que más Inversiones Financieramente Sostenibles realizó en 2016 -según el último dato disponible ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública- superará ampliamente la realización de IFS este año en beneficio de la ciudadanía. La aprobación del Real Decreto-ley por parte del Consejo de Ministros, que permite la reinversión del superávit de 2017 ampliando los programas de ejecución de las IFS, supone una buena noticia para el Ayuntamiento de la capital, que cuenta con más de 1.120 millones de euros de superávit.

La actual interpretación que hace el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la regla de gasto para el Ayuntamiento de la capital limita su capacidad de realizar nuevas inversiones. Legalmente solo existe la posibilidad de incrementar este tipo de gastos a través de las IFS. A pesar de las múltiples restricciones impuestas al Consistorio, el esfuerzo del Gobierno municipal en el actual mandato ha permitido multiplicar por cinco el gasto en IFS desde 2014: frente a los 30 millones de ese ejercicio, en 2017 se ejecutaron IFS por un importe de 150 millones de euros, es decir, un 400% más.

Para el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la aprobación del Real Decreto supone un “salto cualitativo” ya que el Gobierno municipal podrá reinvertir parte de esos 1.120 millones de euros a programas que mejoren la vida de la ciudadanía. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ese sobrante representa más de una quinta parte de los 5.000 millones de superávit que suman las entidades locales españolas.

Para Jorge García Castaño, el decreto supone un paso importante, ya que es fruto del esfuerzo y la presión realizada por los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “que va a permitir que en la ciudad de Madrid invirtamos el superávit en zonas verdes y vías públicas, en equipamientos públicos como escuelas infantiles, unidades de Policía Municipal, así como acometer actuaciones que mejoren la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático”, entre otras.

Madrid, el ayuntamiento que más IFS ejecuta

“Desde hace mucho tiempo” -subrayó el delegado de Economía y Hacienda- “somos el ayuntamiento que más IFS ejecuta en España, con mucha diferencia”, y  con la aprobación del Real Decreto “creemos que este año vamos a poder llegar prácticamente al tope de las IFS que podemos financiar con el remanente del año pasado”.

Las peticiones del Ayuntamiento de Madrid de los últimos meses han estado completamente alineadas con las de la FEMP, con la que de manera habitual se mantienen encuentros para avanzar en la mejora de la financiación local, como la habilitación de las medidas oportunas para destinar el superávit de 2017 a la realización de IFS. Asimismo, y en línea con la normativa europea, ambas entidades exigen al Gobierno central que la regla de gasto se aplique con mayor flexibilidad a aquellas entidades locales como Madrid que han realizado un importante esfuerzo para presentar unas cuentas saneadas, tanto en términos de déficit como de reducción de deuda.

En este sentido, el Pleno del pasado 28 de febrero aprobó por unanimidad una proposición planteada de forma conjunta por Ahora Madrid y PSOE para instar al Gobierno de España a que, en el marco del grupo de trabajo creado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se revise la regla de gasto, dentro del marco normativo de la Unión Europea, con el fin de que los ayuntamientos que cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, puedan destinar su superávit estructural a la mejora de los servicios públicos en el ámbito de sus competencias. También se pedía la reinversión de los superávit de 2017 con mayor autonomía para elegir la dirección de estas inversiones, superando los criterios marcados actualmente para las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo que será posible a partir de ahora.

Cuentas en positivo, gestión eficaz

La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos correspondiente a 2017 se vio notablemente afectada por la reformulación del PEF 2017-2018 aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública el pasado mes de diciembre, que supuso una drástica reducción del límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto y, en consecuencia, impidió alcanzar mayores cifras de ejecución (la ejecución fue del 87,9%).

En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid alcanzó el gasto máximo posible según las limitaciones que impone el PEF 2017-2018. La estabilidad financiera del Ayuntamiento queda garantizada con las cifras presentadas: un superávit de 1.120 millones de euros, un remanente de tesorería de 1.116 millones de euros y una ratio de deuda viva de 73,69%, por debajo del 75% que la legislación contempla como límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales (y muy por debajo del 140,8% existente en 2014).

 

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