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20
Sep
2022
El Gobierno rebaja el IVA al gas y premiará a las eléctricas que recorten el consumo PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaDesde octubre y hasta fin de año

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas adicionales en el ámbito energético para que los consumidores domésticos y la industria puedan afrontar las consecuencias de la reducción del gas natural procedente de Rusia hacia la Unión Europea.

Estas iniciativas se suman a las ya adoptadas para minorar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, apoyar a la industria, aliviar a los consumidores vulnerables y al denominado Mecanismo Ibérico.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que se reduce, de manera temporal, el IVA que se repercute en las facturas del gas natural desde el 21% al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Esta medida fiscal se extenderá hasta el 31 de diciembre y se aplicará también a la compra de pellets, briquetas y leña.

La iniciativa se suma a la rebaja fiscal aprobada progresivamente sobre la electricidad, que también ha dejado el IVA en el 5%, ha situado en el 0,5% el tipo del impuesto sobre la electricidad y ha suspendido el impuesto al 7% a la generación, medida que ha aportado un ahorro de más de 10.000 millones a los consumidores.

Teresa Ribera ha afirmado que en función de cómo evoluciones los acontecimientos, se podrían prorrogar las reducciones fiscales para el próximo año.

Las plantas de cogeneración de la industria podrán renunciar temporalmente a su retribución regulada para entrar en el ámbito de aplicación del Mecanismo Ibérico.

La vicepresidenta tercera ha explicado que estas plantas están presentes en los sectores como la pasta y el papel, la cerámica y la agroindustria y asumen el 20% del consumo de gas del país y el 20% del Producto Interior Bruto industrial. A su juicio, la adopción de esta medida supondrá que la mitad del parque de cogeneración, que ha detenido su actividad por el alza de los precios en los mercados energéticos, volverá a estar operativo, y no solo dejará de demandar electricidad al sistema sino que la podrá aportar.

Ribera ha afirmado que la medida permitirá ahorrar gas porque una central de cogeneración produce calor y electricidad de un modo más eficiente del que lo hace una central de ciclo combinado, lo que supondrá un ahorro de energía primera del 10%. Además, la vuelta a la operación de las centrales de cogeneración que están paradas aportará un ahorro que puede alcanzar el 1,2% de la demanda diaria de gas natural.

El Ejecutivo ha acordado la creación de un nuevo mecanismo de respuesta rápida de la demanda que aumentará la flexibilidad y la seguridad del sistema eléctrico. Este servicio es similar al denominado mecanismo de interrumpibilidad, es decir, la disponibilidad de las plantas industriales para parar en momentos puntuales y ser retribuidas por hacerlo, según ha explicado Ribera.

La medida permitirá resolver las situaciones de desvíos importantes entre la generación y el consumo que se presenten en el periodo horario inmediatamente anterior al del suministro o en la propia hora de suministro. La vicepresidenta tercera ha subrayado que permitirá que las comercializadoras y los consumidores directos reduzcan su consumo a cambio de una retribución económica.

La normativa incluye otras medidas que facilitarán el despliegue de las energías renovables. En este sentido, se establecen criterios más flexibles para determinar la capacidad de las redes de transporte de electricidad y se simplifican los trámites administrativos para los proyectos de generación.

Teresa Ribera ha anunciado que los ciudadanos de la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán podrán solicitar una moratoria del pago de sus hipotecas en el caso de que no lo hubieran solicitado en los plazos que inicialmente fueron establecidos.

La titular de Transición Ecológica también ha avanzado que el Gobierno ha aprobado una contribución voluntaria de 30 millones de euros destinados al Fondo de Adaptación de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que financia proyectos y programas para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos nocivos del cambio climático.

El Ejecutivo ha autorizado obras hidráulicas de emergencia por valor de 12,7 millones de euros para garantizar el suministro de varios municipios de Andalucía ante la sequía.

Ribera ha detallado que algunas están comprometidas por la Junta de Andalucía y declaradas de interés general del Estado y otras tienen como destino inversiones para garantizar el abastecimiento.

El Consejo de Ministros ha conocido el informe sobre la próxima campaña de vacunación contra el COVID, que comenzará el lunes 26 de septiembre en toda España.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que la administración de esta segunda dosis de refuerzo empezará por la población mayor de 80 años y la que vive en residencias. Seguirán los mayores de 60 años, personal de centros sanitarios o sociosanitarios y aquellas personas que, por distintas razones, no han podido completar su pauta de vacunación. "A partir de ahí, estaremos a lo que nos digan la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública respecto a menores de 60 años", ha señalado.

Con esta nueva dosis de refuerzo se persigue mantener la elevada cobertura vacunal y la protección frente a la infección, la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento.

Las nuevas vacunas están adaptadas a variantes y, especialmente, ofrecen protección contra la ómicron, que es la de mayor circulación en estos momentos. Ya han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento las de PFizer y Moderna adaptadas a BA.1 y la de Pfizer adaptada a BA.4 y BA.5.

En este mes de septiembre se recibirán 16 millones de dosis de vacunas, y 44 millones hasta diciembre.

Carolina Darias ha recordado que "las vacunas salvan vidas" y que "la vacunación en nuestro país ha sido y es una experiencia de éxito colectivo". El 93% de la población mayor de 12 años tiene pauta completa y el 80% de los mayores de 40 años tiene la primera dosis de recuerdo.

El Gobierno ha autorizado el reparto territorial de 172,4 millones de euros para el desarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Estos fondos buscan aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria, fomentar la calidad asistencial y reforzar la promoción de la salud y la prevención. El Plan es el elemento principal de una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Sanidad ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con la atención primaria: "Constituye un pilar fundamental para lograr el derecho a la protección de la salud de la población al tiempo que garantiza una atención cercana, equitativa y cohesionada en todo el territorio".

Así, Carolina Darias ha enumerado otras inversiones que se dirigirán también a la atención primaria, como 230 millones de euros para desarrollar en este ámbito la Estrategia de Salud Digital y 44 millones para la atención de salud bucodental.

Respecto de los 172,4 millones cuya distribución se formalizará mañana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), Darias ha explicado que van a ir destinados a acciones concretas, acordes con las prioridades establecidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 y definidas en un plan integral elaborado por cada comunidad autónoma.

Algunos ejemplos son la adquisición de equipos que mejoren la capacidad diagnóstica y, por tanto, resolutiva, de la atención primaria; la optimización de los procesos administrativos para que se realicen con mayor agilidad; el refuerzo de la orientación comunitaria y de la promoción de la salud; el abordaje de la cronicidad en pacientes polimedicados, y la implementación de estrategias ya existentes en el SNS como las de cuidados paliativos o contra el cáncer.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Camino para dar alternativas económicas, laborales y sociales a las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha detallado que el plan tiene un presupuesto de 204 millones de euros, un horizonte temporal hasta 2026 y 28 medidas, entre ellas el establecimiento de un sistema de acreditación de las víctimas sin necesidad de que exista denuncia o la prevención y desincentivo de la demanda en el ámbito de la prostitución.

La trata afecta principalmente a mujeres y a niñas, como constatan a nivel internacional la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, en España, el Centro Nacional de Inteligencia. Su último balance, con datos de 2017 a 2021, indica que se habían identificado 873 víctimas de trata sexual, 2.227 de explotación sexual, que el 50% de ellas eran mujeres entre 18 y 32 años de edad, y que una de cada tres se encontraba en una situación administrativa irregular.

El Plan Camino completa el marco normativo al respecto, que se ha concretado en la Ley Orgánica 10/22, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en el Plan Estratégico Nacional Contra la Trata y en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania, donde se presta especial atención a las víctimas de trata y explotación sexual.

El Ejecutivo destinará 15 millones de euros a la atención a los menores no acompañados que llegan a España. Canarias recibirá 6 millones y las ciudades de Ceuta y Melilla 4,5 cada una para la acogida y asistencia inmediatas y actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos menores.

Isabel Rodríguez ha reconocido el esfuerzo que realizan estos territorios, los más afectados por ser la frontera sur de la Unión Europea, y ha abogado por que la atención al fenómeno migratorio sea "una responsabilidad compartida" en el contexto nacional y europeo.

 

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