Estará abierto hasta el 30 de junio

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un proceso que comenzará este jueves 16 de abril y que, según la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de la legislatura.

Los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática. Ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el lunes 20 de abril cuando puedan acudir en persona a formalizar su petición. El plazo de solicitud finaliza el 30 de junio.

Los requisitos para acceder al proceso son: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad pública. Los solicitantes podrán acreditar su estancia con cualquier documento público o privado verificable.

La autorización obtenida tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá trabajar en cualquier sector y lugar del país. Además, se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática (a través de una plataforma en la web del Ministerio) o presencial con cita previa (en oficinas de la Seguridad Social, Correos y algunas oficinas de extranjería, en horario de tarde). El Gobierno ha habilitado 450 oficinas en todo el territorio nacional con personal formado, y dispondrá de unas 600 personas en la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) para gestionar el proceso.

Sin embargo, el proceso ha generado fuertes críticas por parte de los sindicatos policiales y de los trabajadores de Extranjería. Jupol ha censurado que la medida "se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa", y ha advertido de que "la regularización masiva supondrá un incremento exponencial de trámites, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que "se acelera la tramitación, pero se relaja el control". Han alertado de que, "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. La Confederación Española de Policía (CEP) ha expresado su profunda preocupación porque "la norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva".

Además, los trabajadores de las Oficinas de Extranjería han sido apartados del proceso. Comisiones Obreras ha convocado para el 21 de abril, con el proceso ya iniciado, una huelga indefinida en estas oficinas para denunciar el "despilfarro" que supone dejar de lado a 1.800 trabajadores expertos en extranjería.

Elma Saiz ha defendido que la regularización cuenta con una "triple legitimidad": la social (fue una iniciativa legislativa popular avalada por 700.000 firmas), la política (apoyada por 310 diputados) y la económica (apoyada por sindicatos, empresarios y sectores como la agricultura, la construcción y el transporte). Además, ha subrayado que el Consejo de Estado ha avalado el proceso por vía de reglamento y ha valorado positivamente sus objetivos: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa.