Los objetivos de la norma son establecer un marco de ordenación de las políticas públicas de empleo, promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y ofrecer nuevas herramientas a las personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas, y a las empresas, para mejorar la calidad del empleo, la orientación y el acompañamiento. La vicepresidenta ha destacado la transformación del actual organismo autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una agencia estatal denominada Agencia Española del Empleo, que modernizará su estructura y digitalizará todos sus sistemas operativos para ganar en rapidez, agilidad y flexibilidad.

El nuevo organismo público concentrará el diseño de las políticas de empleo y lo hará sometiéndose a la evaluación permanente mediante una auditoría anual que permita medir el éxito o fracaso de las medidas desplegadas y, en este caso, corregirlas. La característica principal de la Agencia, ha señalado Díaz, es que "deja de estar pensada para los desempleados y está pensada para la sociedad española en su conjunto, trabajadores, personas y empresas".

La incorporación de las empresas al sistema, ha continuado, es un ejemplo de colaboración público-privada que permitirá definir mejor las políticas de empleabilidad: "Es casi imposible acertar en las orientaciones o el trámite final, que es contratar a alguien, si no tenemos las realidades o necesidades concretas de las empresas en cada momento, que están concentradas en lugares muy diferentes del país y que tienen modelos productivos también muy diferentes". Asimismo, la Agencia ofrecerá también asesoramiento a todas aquellas personas que tengan un proyecto empresarial y, si tiene viabilidad, lo acompañará con recursos públicos.

La futura agencia estatal, los servicios de las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo, para, según Díaz, tener "un mínimo común en el conjunto del país". Se ofrecerá una atención y tutorización individualizada y cada persona dispondrá de un expediente laboral único digitalizado, a modo de tarjeta sanitaria, que contendrá información sobre su cualificación, trayectoria y experiencia profesionales, para mejorar la intermediación laboral y ofrecer asesoramiento y acciones formativas personalizadas.

Por otra parte, se amplían los colectivos de atención prioritaria: jóvenes, personas con capacidad intelectual límite y con trastorno del espectro autista, las personas sexual o afectivamente diversas, las personas de edad madura y migrantes, beneficiarias o solicitantes de cualquier fórmula de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas y personas que estén en procesos de reestructuración, como un ERE o un despido colectivo, o estén afectados por procesos de transformación productiva, como los de las cuencas mineras.

La vicepresidenta ha resumido los principios inspiradores de la nueva norma: la no discriminación, la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y la eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo. Respecto al primero, ha afirmado que se utilizará la inteligencia artificial, como se está haciendo ya con éxito en la Inspección de Trabajo, para detectar y corregir discriminaciones en el acceso y consolidación del empleo por motivo de raza, sexo, religión o convicciones, edad, diversidades funcionales, opinión política, procedencia nacional u orientación sexual.

Para mejorar la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo se creará la Oficina de Análisis del Empleo, que centralizará todos los datos sobre el mercado de trabajo. Tanto las Administraciones como las agencias privadas de colocación estarán obligadas a comunicarlos, con el objetivo, ha dicho Díaz, de poder "conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando, en tiempo real, en el conjunto del país" y "realizar acciones conjuntas" en las distintas comunidades autónomas, adaptadas a sus realidades específicas.

La eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo se reforzará con un cambio en el modelo de gobernanza. Así, en las políticas activas de empleo, tendrán un papel activo las entidades locales para, junto con las comunidades autónomas, ganar en inmediatez y proximidad y lograr un nivel óptimo de implantación en todo el territorio.

La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que ha sido objeto de diálogo social y respaldada por unanimidad de todas las comunidades autónomas, como ha subrayado la vicepresidenta, conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus políticas. Por su parte, el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) incluye cerca de 2.111 millones de euros para su distribución entre las comunidades autónomas, fondos que son independientes de los que financia el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Salud Mental para el periodo 2022-2026, acordada ayer por unanimidad por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado que el documento responde al compromiso el Ejecutivo de mejorar la vida de las personas: "La determinación del Gobierno es clara y es poner la salud mental en el epicentro de las políticas públicas, porque sin salud mental no hay salud".

Darias ha insistido en la necesidad de visibilizarla, en especial tras el impacto que la epidemia por COVID-19 ha tenido en los ciudadanos y en el sistema sanitario. Además, ha recordado que, según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el año 2030. El Ejecutivo ha actualizado la estrategia existente desde hace casi 12 años tras un proceso de diálogo con todos los sectores implicados, según ha remarcado la ministra: "Hemos querido integrar a todas las voces y cada una de las sensibilidades, consolidando el consenso".

El documento es un marco estratégico, que tiene un enfoque de género, e incorpora diez líneas que abarcan desde la prevención y la formación hasta la salud mental en la infancia y la adolescencia o la atención a la conducta suicida.

La ministra ha destacado que la estrategia asegura la autonomía y los derechos del paciente, al que sitúa en el epicentro del tratamiento y en el proceso de la recuperación. Incide en la detección precoz y en la atención a las personas con conducta suicida y mejora la capacidad de los profesionales sanitarios en la detección del riesgo de suicido. Además, destina recursos educativos para mejorar la salud mental en la infancia y la adolescencia. En este punto, Darias ha recordado que el Gobierno ha aprobado la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, una especialidad médica muy demandada y que se incluirá en la próxima oferta de Formación Sanitaria Especializada.

La estrategia también recoge una línea específica para apoyar a las familias de las personas que padecen trastornos de salud mental y establece modelos de cooperación con el personal sanitario. El documento presentado por Darias se suma a otros planes de acción específicos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tiene dotación presupuestaria.

El Ejecutivo ha destinado 18,4 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción de estilos de vida saludables, en el marco del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La subvención directa se distribuye a lo largo de tres ejercicios: 6 millones de euros en 2021 y en 2022 y 6,4 millones en 2023. Carolina Darias ha precisado que entre las actuaciones que se financiarán figuran las infraestructuras para realizar actividades físicas al aire libre, el fomento del uso de la bicicleta y la restauración de tramos urbanos de ríos.

El Consejo de Ministros ha expresado, en una declaración institucional, su solidaridad con las personas con discapacidad y, en especial, con las mujeres y niñas víctimas de las esterilizaciones forzosas. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha precisado el Gobierno expresa en el texto su firme propósito de respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad, tal y como se estipula en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Rodríguez ha recordado que el Ejecutivo ha modificado en esta legislatura la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su plena capacidad jurídica. En vísperas de la celebración del Día de la Constitución, la portavoz ha instado a los grupos parlamentarios a que apuesten la propuesta de modificación del artículo 49 de la carta magna para erradicar la palabra "disminuidos" y consagrar la expresión "personas con discapacidad".

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad ha hecho un llamamiento a la distancia social y al uso de mascarillas ante los próximos días festivos. Además, ha pedido a los ciudadanos que sigan vacunándose para protegernos frente al virus: "Sabemos que vacunar y prevenir son las medidas que están a nuestro alcance y, por tanto, hay que mantenerlas".

Por su parte, Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno está cumpliendo su compromiso de impulsar una recuperación justa, consolidar el crecimiento económico y mejorar las oportunidades de empleo. Al respecto, ha celebrado los datos publicados ayer que constatan una tendencia al crecimiento del empleo, en especial, del empleo estable.