Critican que sólo se pongan de acuerdo para subir la edad de jubilación

"Las y los pensionistas asistimos desconcertados y encolerizados, este miércoles 22 de enero de 2025, al comportamiento de los grupos y partidos políticos en el Parlamento del Estado. Se presentaron tres Decretos Ley para su discusión y aprobación, muy importantes para toda la ciudadanía y en particular, el Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como ley ómnibus, rechazado por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts, con 171 a favor, 177 votos en contra y 1 abstención. Las medidas que decaen con el rechazo de este decreto son entre otras:

- La moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables del ‘escudo social.

- Los descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico.

- La revalorización de las pensiones contributivas.

- El aumento de las pensiones no contributivas y mínimas.

Niega la subida del salario mínimo.

- Las ayudas a los damnificados por la Dana y el volcán de La Palma.

El Decreto Ley 10/2024, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el 2025, también fue rechazado por el PP, Vox, Junts, el PNV y UPN que han sumado sus votos, con 165 a favor, 183 votos en contra y 1 abstención.

La votación de este miércoles en el Congreso sobre pensiones, Decreto ley 11/2024, del 23 de diciembre, choca con el relato de un PSOE que lidera un gobierno progresista enfrentado a un PP retrógrado, trumpista y neoliberal: ambos partidos con el apoyo de Sumar, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN, con 298 a favor, 51 votos en contra y 0 abstención, hicieron posible la aprobación de una reforma del sistema público de pensiones para permitir que se pueda ampliar voluntariamente la edad de jubilación hasta los 72 años", tal y como resume COESPE en un comunicado.

Esta situación, ataca directamente a las clases más desfavorecidas del Estado Español, abocándolas a la exclusión social y la pobreza, y protegiendo las ganancias desmedidas de las grandes eléctricas. Esta es la muestra de las políticas de tierra quemada que practican las derechas ultranacionalistas.

Por todo ello, COESPE junto con la Unidad de Acción de Movimiento Pensionista emplazamos al gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero (momento en que se cerraran las nóminas de las pensiones de marzo), llamando a la movilización a pensionistas, estudiantes, trabajadoras/es y ciudadanía en general, con acciones de todo tipo de manera inmediata, convergiendo el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa de los derechos públicos anulados.

Las pensionistas y los pensionistas asistimos desconcertados y encolerizados al comportamiento del Parlamento del Estado, que una vez más, se pone de espaldas a la sociedad anulando medidas anunciadas desde hace meses. La instrumentalización de millones de personas, solo el colectivo pensionista supone más de 11 millones, con la teatralización de las confrontaciones entre grupos políticos que, mezclando diversas cuestiones, tratan de encubrir a quienes les financian, frente aquellos que al final les votan. El hecho de que PP, Vox y Junts hayan tumbado el decreto de la subida de las pensiones y otras materias, muestra una vez más la banalidad que reina en nuestras instituciones.

El Gobierno había presentado un decreto ómnibus, que renovaba parte del escudo social para contener los efectos económicos derivados de la guerra, con medidas como un bono social eléctrico, la protección contra los desahucios a familias vulnerables, ayudas a las afectadas por la Dana, etc, así como subir de las pensiones un 2,8%. Se trataba de un aumento de entre 500 y 600 euros de media para proteger el poder adquisitivo de cerca de 11 millones de pensionistas, entre jubilados (10,3 millones) y clases pasivas (el resto). Un aumento que ya habíamos explicado se quedaba corto y por detrás de las subidas de precios de los bienes que consumimos y necesitamos las y los pensionistas y la sociedad. A pesar de esta insuficiencia, la propuesta contemplaba también un aumento mayor para las pensiones mínimas y las no contributivas, del 6% y el 9%, respectivamente, que repetidamente nuestro movimiento había exigido para cerrar la brecha de género y compensar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

En el teatro que se ha convertido el Congreso, la propuesta ha caído con 177 votos en contra y 171 a favor. Paradójicamente, la única votación que hoy ha salido adelante es la reforma de las pensiones que acordó el Gobierno con el “diálogo social” con la patronal y algunos dirigentes sindicales, gracias precisamente a que en esta ocasión el PP y otros, sí han votado a favor. Una reforma privatizadora que hemos denunciado desde el movimiento pensionista repetidamente. Con esta decisión, las subidas publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado y que se han aplicado este mes de enero, decaen de forma automática. También, esta votación afecta transitoriamente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), puesto que se planteaba que mientras se estuviese negociando el aumento en el 2025, se prorrogase el incremento de 2024, que supone una subida acumulada del 54% desde 2018. Al igual que con las pensiones, este aumento se queda en el aire. Finalmente, entre otras cosas se planteaba prorrogar durante los primeros seis meses de 2025 los descuentos en el transporte público, una ayuda a millones de familias que favorece una movilidad más sostenible.

Fuerzas políticas ultranacionalistas que gestualmente confrontan en medios y tertulias repetidamente de manera chabacana, descalificadora, apelando a fanatismos identitarios de unos y otros, en realidad han mostrado que servían a los mismos amos. Quien gana es una vez más la banca y el poder financiero que tratan de privatizar las pensiones públicas, y reducirlas para escaparse de la carga que les supone los costes de financiar la Seguridad Social. El gobierno y los partidos que lo apoyan también son responsables, no solo de haber cedido a la presión de los financieros llegando a acuerdos que degradan el carácter público de las pensiones, fuerzan a prorrogar los años de trabajo y reconducen parte de los ingresos de la Seguridad Social al sector privado , sino que en lugar de dar una explicación y una forma clara de votación, ha tratado de mezclar diversos temas en una sola propuesta y ha contribuido a generar confusión que los sectores más neoliberales han aprovechado para imponer una reducción de las pensiones y los derechos. Por todo ello, COESPE junto con la Unidad de Acción de Movimiento Pensionista emplazamos al gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero (momento en que se cerraran las nóminas de las pensiones de marzo) y en caso contrario levantar una movilización estatal de pensionistas y trabajadores el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa del sistema público de pensiones.

Ayer día 22 de enero el Congreso derogó con 177 votos en contra (PP, Vox, Junts) y 171 a favor el decreto ley del Gobierno aprobado en diciembre. Con la derogación de este DL las medidas recogidas en el mismo quedan suspendidas. La prórroga de las ayudas al transporte, la prohibición del corte de los suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas a personas afectadas por la DANA

Una medida de especial importancia para las personas pensionistas es la subida de las pensiones que se concretaba en un incremento del 2,8% para las pensiones contributivas, un 6% las pensiones mínimas y las no contributivas y un 9%, el Ingreso Mínimo Vital. Este incremento que se aplicará en la pensión de enero, de no plantearse ningún otro decreto ley que lo permita dejará de aplicarse a partir de febrero. Este decreto venía a hacer efectiva la vinculación del incremento de las pensiones al incremento del IPC recogido en la ley 21/2021.

El incremento de las pensiones, como podemos comprobar con la votación de hoy en el Congreso sigue sin estar definitivamente garantizado y para algunos partidos políticos forma parte de su estrategia partidista en cada momento. Las pensiones siguen siendo moneda de cambio y no un derecho básico fundamental.

No entramos a valorar las formas utilizadas para hacer efectivas las subidas, pero rechazamos con rotundidad la utilización de las pensiones como arma en las disputas entre partidos. Si esta cuestión no está resuelta satisfactoriamente antes del 20 de febrero de este año, el día 22 saldremos a la calle como lo hicimos en enero de 2018. llamamos a las personas pensionistas a defender y mejorar con determinación lo conseguido peleando en la calle. No vamos a aceptar ni un solo paso atrás ni políticas respecto a las pensiones como las adoptadas de 2011 a 2018.

El 31 de julio de 2024, en plena época estival y con un notable oscurantismo, el gobierno de coalición PSOE SUMAR, anuncia en nota de prensa: “La Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social alcanza un acuerdo para flexibilizar la jubilación, involucrar mejor a las mutuas privadas en los tratamientos sanitarios y regular las profesiones penosas”.

Este pacto, sellado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, es una muestra más de la sumisión ante las políticas neoliberales que impone la Unión Europea. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado el martes, 14-enero-2025, su postura favorable a respaldar en el Congreso la última reforma de las pensiones. "Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar, en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese real decreto ley", este respaldo garantiza su aprobación.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, ya señalamos nuestro rechazo en fecha 31 de julio de 2024, mediante nota de prensa a el acuerdo para este nuevo ataque en contra del Sistema Público de Pensiones de la llamada Mesa de Diálogo Social, mesa en la cual no se han tenido en cuenta a las organizaciones de pensionistas, jubiladas y jubilados del Estado Español, como COESPE y otras,

Desde COESPE tenemos claro que cuando la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y ahora el Partido Popular (PP) están a favor de este decreto es porque en nada beneficiara a pensionistas, jubiladas, jubilados y trabajadoras, trabajadores en activo y si a los empresarios y las mutuas privadas. Todo ello bien endulzado con palabras altisonantes como: “la jubilación demorada, la jubilación activa, la jubilación parcial, hacer más atractiva la jubilación flexible”.

Desde COESPE denunciamos que este acuerdo encubre un grave retroceso para trabajadoras, trabajadores, pensionistas, jubiladas y jubilados. Las medidas propuestas implican:

- La privatización de la asistencia sanitaria y las pruebas diagnósticas, con un mayor control del absentismo por parte de las mutuas.

- La promoción de la jubilación activa y la creación de miniempleos (mini Jobs), que precarizan aún más el mercado laboral.

- La reducción progresiva de las pensiones públicas, empobreciendo a las y los futuros pensionistas.

- La ampliación del tiempo de trabajo y el retraso de la edad de jubilación, dificultando el acceso a una jubilación digna y disminución de la cuantía de las pensiones públicas

- Cerrando el paso a la incorporación de las generaciones de jóvenes al mundo laboral.

Estas políticas están en línea con el desmantelamiento sistemático de los últimos años del Sistema Público de Pensiones, el Gobierno de Coalición Progresista en lugar de fortalecer los derechos laborales y de salud pública, opta por medidas que los van mermando y destruyendo, con la connivencia de las estructuras y dirigentes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Que negocian y pactan medidas contrarias a los intereses de quien dicen representar. Sin debates internos y sin dar posibilidad de conocimiento de dichos pactos y acuerdos.

El 22 de diciembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley 7/2024, que introduce nuevas trabas para las reclamaciones de devolución de IRPF de mutualistas que cotizaron en los años 60 y 70. Estas medidas afectan gravemente a los derechos de miles de pensionistas y agravan la injusticia histórica que ya reconoció el Tribunal Supremo en su Sentencia 255/2023.

Lo que cambia la nueva normativa

1. Eliminación del formulario actual: A partir del 22 de diciembre de 2024, queda sin efecto el formulario habilitado hasta ahora para reclamar las devoluciones correspondientes a los ejercicios 2022 y anteriores.

2. Anulación de solicitudes pendientes: Todas las reclamaciones presentadas antes de esa fecha (22 de diciembre/24) y aún no resueltas por la Agencia Tributaria, para los ejercicios fiscales no prescritos (2019, 2020, 2021 y 2022), quedarán sin efecto.

3. Nueva reclamación anual escalonada: Las devoluciones de los ejercicios no prescritos deberán reclamarse año a año, durante el plazo voluntario de declaración del IRPF en cada año correspondiente.

• 2025: Se solicitará el ejercicio fiscal de 2019.

• 2026: Se solicitará el ejercicio fiscal de 2020.

• 2027: Se solicitará el ejercicio fiscal de 2021.

• 2028: Se solicitará el ejercicio fiscal de 2022.

Consecuencias

1. Duplicación de trámites: Un trámite sencillo se transforma en tener que reclamar de forma anual durante cuatro años, prolongando innecesariamente un proceso ya de por sí complejo, especialmente para personas mayores.

2. Retrasos en el reconocimiento de derechos: Al obligar a escalonar las reclamaciones entre 2025 y 2028, se perpetúa una injusticia que debería haber sido resuelta de manera inmediata tras la Sentencia del Tribunal Supremo.

3. Riesgo de pérdida de derechos: Muchas personas pensionistas, por edad avanzada, podrían no ver resueltos sus derechos antes de fallecer.

4. Exclusión discriminatoria: Se mantiene la negativa a devolver cantidades a los y las pensionistas sin retenciones de IRPF, vulnerando los principios de igualdad y justicia fiscal.

Desde nuestra organización denunciamos esta medida como un atropello legal y social que perpetúa una injusticia histórica. Estamos analizando todas las posibilidades legales para recurrir esta normativa y continuamos en los tribunales para garantizar que quienes cotizaron a las mutualidades, independientemente de sus retenciones actuales, reciban lo que les corresponde. Además, impulsaremos una campaña de movilización social para visibilizar este problema y exigir al Gobierno y a la Agencia Tributaria que rectifiquen de inmediato.

Si no han presentado su solicitud inicial: Reclamar según el calendario establecido a partir de 2025. Es importante señalar que presentar esta solicitud no supone ningún perjuicio.

1. Si ya presentaron su solicitud y quedó anulada: Volver a reclamar siguiendo los plazos anuales indicados.

2. Si están entre los excluidos por no tener retenciones: Aunque la Agencia Tributaria lo niegue, el derecho está reconocido por el Tribunal Supremo y por la misma Agencia Tributaria (en los datos fiscales de cada mutualista de 2023). Por tanto, también recomendamos presentar la solicitud en las fechas ya descritas.

Conclusión

"Nos enfrentamos a un intento deliberado de retrasar, obstaculizar y recortar derechos a miles de mutualistas que han sido históricamente perjudicados y perjudicadas. Estas medidas no sólo son injustas, sino que representan un grave atropello legal y social. Hacemos un llamado a cada persona afectada y a la ciudadanía a no rendirse. Esta lucha no ha terminado. Seguiremos trabajando para lograr que la justicia prevalezca y que se respeten plenamente los derechos de los y las pensionistas mutualistas", concluyen.