Temen que suponga recortes en pensiones, sanidad y Seguridad Social

"Si aún quedaban personas que no tuvieran claras las políticas que pretenden imponer desde los poderes financieros, este 12 de diciembre de 2024 Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en sus declaraciones a conseguido que se les caigan las caretas situando el futuro que pretenden para los países europeos miembros de la OTAN, y para nuestro País". Así se pronunciaba COESPE tras escuchar las palabras del máximo representante de la OTAN

Mark Rutte entre otras lindezas pide que los ciudadanos/as:

- “Los ciudadanos de los Estados miembros de la OTAN deben "aceptar hacer sacrificios", como recortes en sus pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social, para aumentar el gasto en Defensa y garantizar la seguridad a largo plazo en Europa”.

- "Díganles a los políticos que tienen que gastar más en Defensa para que podamos seguir viviendo en paz, díganles que la seguridad importa más que nada".

- Díganles, que es "sencillamente inaceptable que se nieguen a invertir en la industria de Defensa". Invertir en Defensa es invertir en seguridad. Es una obligación".

Discurso muy parecido también hemos escuchado a la ministra de Defensa Margarita Robles, en varias ocasiones.

- Invertir en defensa es invertir en la paz.

- Aumentar el presupuesto en defensa supone modernidad, tecnología para las fuerzas armadas y supone creación de puestos de trabajo.

- Invertir en defensa es invertir en industria española.

Nuestra respuesta a “LOS IMPULSORES DE LA GUERRA” es diáfana y contundente:

1o- Desde una perspectiva crítica y comprometida con el bienestar de la ciudadanía, rechazamos tajantemente las declaraciones realizadas por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que instan a los ciudadanos a aceptar recortes en pensiones, sanidad y seguridad social para incrementar el gasto en Defensa.

2o- Prioridades equivocadas: El presupuesto social no es un lujo, es un derecho fundamental. Reducir inversiones en áreas como salud, educación y pensiones para destinar más recursos a la preparación para las guerras, pone en riesgo la calidad de vida de millones de personas, perpetuando desigualdades y agravando las crisis sociales.

3o- La verdadera seguridad no se mide en términos de capacidad militar, sino en garantizar una vida digna a toda la población. Sin acceso a derechos básicos, las naciones pierden cohesión social, lo que debilita su resiliencia frente a amenazas internas y externas. Generar una política de distensión y negociación, es la única vía de seguridad real y vida.

4o Las propuestas de Rutte favorecen descaradamente a la industria militar y financiera, al promover inversiones obligatorias en Defensa por parte de bancos y fondos de pensiones (para ello no dejan de extender los planes privados de pensiones). Este modelo prioriza los intereses de unos pocos en detrimento del bienestar general.

COESPE, rechazamos cualquier propuesta que priorice el gasto militar sobre los derechos sociales y llamamos a la ciudadanía a defender sistemas de bienestar robustos y políticas orientadas a la paz. La seguridad real no puede construirse sobre el sacrificio de la dignidad y el bienestar de las personas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, constituye un pilar fundamental para garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Este documento, que celebra 76 años de existencia, recoge en sus 30 artículos los principios básicos e inviolables de dignidad y justicia universal.

En este marco, España reafirmó su compromiso con los derechos humanos al firmar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1977, ratificado en 1979. Sin embargo, a las puertas de 2025, denunciamos que este compromiso se encuentra gravemente comprometido. Las vulneraciones de los derechos humanos en el Estado español afectan múltiples esferas de la vida y deben ser abordadas de manera inmediata.

Ejemplos de vulneraciones significativas

Libertad de expresión

- La persecución y encarcelamiento de artistas, raperos y usuarios de redes sociales por expresarse a través de su arte o por supuestos "enaltecimientos del terrorismo" y "ofensas religiosas" representan un retroceso alarmante en el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Derecho a la protesta pacífica

- Manifestantes pacíficos, incluidos pensionistas, sindicalistas y antifascistas, son identificados, multados y en algunos casos encarcelados por participar en acciones legítimas en defensa de derechos humanos.

- La "Ley de Protección Ciudadana" de 2015, conocida como Ley Mordaza, sigue siendo utilizada para limitar derechos básicos como la libertad de reunión y expresión, a pesar de las promesas del actual gobierno de derogarla desde hace más de ocho años.

Violencia de género y derechos de las mujeres

- La violencia machista sigue cobrándose decenas de vidas al año, mientras persisten brechas significativas en el acceso a medidas de protección efectiva, salarios, pensiones y condiciones sociales y laborales especialmente para las mujeres de colectivos vulnerables.

Derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo

- Las prácticas de "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla vulneran derechos fundamentales al negar procedimientos legales a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

- Las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) han sido denunciadas reiteradamente por organizaciones internacionales y nacionales.

Discriminación y racismo estructural

- Comunidades como las personas afrodescendientes y gitanas enfrentan barreras persistentes en acceso a la educación, empleo y vivienda. Este racismo estructural profundiza la exclusión social y perpetúa la desigualdad.

Derechos laborales y sociales

- La precariedad laboral, especialmente en sectores como la agricultura y el empleo doméstico, afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas migrantes. Estas prácticas atentan contra el derecho al trabajo digno y al acceso a la seguridad social.

Actuación de las fuerzas de seguridad

- Existen numerosos casos documentados de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en protestas y en la gestión de migrantes en las fronteras. Estas prácticas constituyen una violación al derecho a la integridad física y a la protesta pacífica.

Compromiso y exigencias

En COESPE, defendemos de manera inquebrantable los derechos inalienables de todas las personas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Condenamos enérgicamente todas las acciones que vulneren estos derechos y exigimos a las instituciones públicas del Estado español que cumplan de forma inmediata con los compromisos internacionales adquiridos.

En este sentido, demandamos:

- La derogación urgente de normativas como la Ley Mordaza y cualquier legislación que limite derechos fundamentales.

- Medidas efectivas para erradicar la violencia de género, garantizar la protección de las víctimas y promover la igualdad de género.

- El cese de las devoluciones en caliente y el respeto a los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, conforme al derecho internacional.

- Garantías de libertad de expresión para artistas, activistas y ciudadanía en general, sin represalias ni persecución judicial.

- La implementación de políticas activas contra el racismo estructural y la discriminación, asegurando igualdad de oportunidades para todas las comunidades.

- La mejora de las condiciones laborales, especialmente en sectores vulnerables, garantizando un trabajo digno y seguridad social para todas las personas trabajadoras.

- Formación y supervisión de las fuerzas de seguridad para prevenir el uso excesivo de la fuerza y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Recordamos que España sigue siendo parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Instamos al Gobierno y a la Jefatura del Estado a cumplir cabalmente con sus obligaciones y a trabajar activamente para que los derechos humanos no sean solo principios escritos, sino realidades tangibles para todas las personas que viven en este país. Porque los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables, exigimos su total respeto y cumplimiento en el Estado español. ¡Gobierne quien gobierne los servicios públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden!

La Sentencia 255/2023 del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2023, reconoció un derecho largamente ignorado para miles de pensionistas en España. Aquellas personas que durante los años 60 y 70 realizaron aportaciones a mutualidades laborales sin poder deducirlas en su IRPF, pagaron más impuestos de los que les correspondían. El Tribunal Supremo ha establecido que estas cantidades deben devolverse a los afectados, corrigiendo una situación de injusticia histórica.

Aunque la Agencia Tributaria ha comenzado a aplicar la sentencia, lo está haciendo de manera parcial e injusta. Solo aquellos pensionistas a quienes se les retiene actualmente IRPF en sus pensiones están recibiendo o recibirán devoluciones. Por el contrario, quienes perciben pensiones más bajas, exentas de retenciones, no recibirán devolución alguna, pese a haber sufrido el mismo perjuicio fiscal. Esta medida no solo viola los principios de igualdad y no discriminación, sino que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.

Según informaciones publicada en varios diarios digitales (p.ej., elEconomista.es, 2/11/2024), quedan por resolver reclamaciones por un importe que ronda los 450 millones de euros, y la Agencia Tributaria ya ha anunciado que no podrá abonar todas las devoluciones antes del 31 de diciembre, plazo máximo para la resolución de las reclamaciones correspondientes a los últimos cuatro años fiscales no prescritos (2019-2022). Además, quienes no obtengan resolución antes de esa fecha se verán obligados a presentar nuevamente sus solicitudes a partir de enero de 2025. Esta situación impone una doble carga administrativa y supone un nuevo obstáculo para los pensionistas, con edades avanzadas, y que tendrán que repetir un proceso ya agotador.

Además, esta información se refiere a las reclamaciones presentadas por las personas pensionistas que tienen retenciones de IRPF en sus pensiones actuales, sin mencionar para nada el monto que supone la deuda que la Agencia Tributaria no devolverá a los pensionistas que no hayan tributado en el impuesto (IRPF) en los últimos años.

Desde COESPE denunciamos estas prácticas como una vulneración de derechos fundamentales:

1. Discriminación económica y social, al excluir a los pensionistas sin retenciones actuales.

2. Inseguridad jurídica, por la incertidumbre generada sobre los plazos y la resolución de las reclamaciones.

3. Doble carga administrativa, obligando a las y los afectados a repetir el proceso de reclamación, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia para personas mayores.

Por último, recomendamos a quienes aún no han presentado su solicitud de devolución, en este momento correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, a que lo hagan cuanto antes (vía formulario en la web de la Agencia Tributaria o presencialmente en cualquier oficina de la Agencia). Esta solicitud pueden presentarla tanto quienes hayan hecho la declaración de renta en esos años como quienes no. También deberán presentarla quienes han tenido retenciones de IRPF como quienes no. Además, queremos aclarar que el presentar la reclamación en ningún caso va a suponer un perjuicio para los reclamantes. Las cuantías que se perciban tampoco suponen un ingreso adicional, sino el resultado de reducir nuestra base imponible y tributar por una cuantía menor.

No vamos a detenernos. Estamos decididos a llevar esta pelea hasta el final en todas las instancias legales y sociales necesarias, para garantizar que todas las personas afectadas recuperen la deuda que la Agencia Tributaria tiene con ellos. No debemos permitir que una medida que posibilita la recuperación de cuantías pagadas en exceso en nuestros impuestos en el pasado excluya a quienes más lo necesitan. Hacemos un llamamiento a las y los pensionistas y ciudadanía en general, a posicionarse en contra del trato injusto hacia las personas pensionistas más vulnerables.

COESPE siempre en defensa del Sistema Público de Pensiones y de los servicios públicos, también de cualquier medida que suponga un perjuicio, un maltrato o abuso para las personas mayores. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones, los derechos y los servicios públicos se defienden!

Se anuncia la subida de pensiones públicas para el año 2025 con una fórmula irreal de cálculo del coste de la vida, con una cifra 2,8% para las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas aún no conocemos su valor por no contar con el decreto.

Esta subida insuficiente no tiene en cuenta la realidad de las subidas de precios de los servicios básicos y de todas las necesidades reales de la población (cesta de la compra, energía, transportes, medicinas, etc.) el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios, con esta fórmula irreal, aumenta la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento de una parte importante de la población, afectando fundamentalmente al colectivo pensionista y a trabajadores/as en precariedad. Mientras las pensiones no se ajusten plenamente a la inflación, el incremento según el IPC interanual no será suficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En un contexto de inflación elevada, esta medida significa que el poder adquisitivo de las personas pensionistas y jubiladas y la clase trabajadora, amplían la pobreza y la exclusión social.

Un año más la demanda de subida del IPC real y de medidas que equiparen las pensiones mínimas al SMI, así como la consolidación del sistema público de reparto pensiones, con el cumplimiento de la Ley, para que se realice la auditoria de la Seguridad Social y la derogación de algunas medidas acordadas en el ámbito de la negociación de los agentes sociales y el gobierno siguen sin producirse.

Estas nuevas medidas, se unen a otras tomadas, como la puesta en marcha de los PPE, que suponen la desviación de parte del salario diferido de trabajadoras/es, hacia la banca, entidades financieras y fondos buitre, con la privatización de parte de los fondos destinados a sanidad y pensiones públicas.

La propaganda oficial, los grandes medios de comunicación bajo el control del capital financiero, amplifican la campaña falsa de que con todas estas medidas garantizan el modelo público de pensiones, mientras la realidad camina en otra dirección, desde COESPE y el movimiento pensionista, entendemos que hay otros caminos y otras medidas, que de aplicarse, sí garantizarían el sistema público de reparto, en primer lugar realizando la auditoria de la Seguridad Social (SS) cumpliendo con ello la Ley, inyectando los 103 mil millones de euros que el Tribunal de Cuentas determino como gastos impropios, y que sin duda cerraría todos los bulos contra la sostenibilidad del modelo público, sin necesidad de reformas que lo debilitan. Y de ese modo resolver algunas situaciones flagrantes, en el espacio de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, que afectan de manera importante a las mujeres y a la brecha de género en pensiones y salarios, cerrando así situaciones históricas heredadas de injusticias sociales, y políticas retrógradas que se mantienen.

Reclamamos al Gobierno y al Parlamento, la interlocución con las principales organizaciones de pensionistas, y que se adopten cuantas medidas sean precisas, para derogar las medidas contrarias al sistema público de pensiones, empezando con una reforma fiscal que garantice que los que mas ganan más aporten, así como otras medidas que consoliden el modelo público de reparto.

Seguiremos insistiendo, resistiendo y manteniendo nuestra movilización sostenida en las calles y ante las instituciones. Y seguiremos denunciando las medidas contrarias al Sistema Público de Pensiones, informaremos más ampliamente cuando negro sobre blanco conozcamos el decreto final.