España pidió diez mil millones en diciembre

La Comisión Europea ha autorizado 340 millones de euros de anticipo correspondientes a los préstamos de la Adenda y próximamente aprobará otros 1.043 millones de euros de prefinanciación de las transferencias no reembolsables adicionales que también incluye la Adenda

De esta forma, España inicia la segunda fase de los fondos europeos que permitirá seguir avanzando en las transformaciones del modelo productivo para adaptarlo a los retos del siglo XXI. En especial, estos recursos adicionales se destinarán a reforzar los proyectos estratégicos puestos en marcha (PERTE) para fortalecer la autonomía estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

La Adenda del Plan de Recuperación, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y recibió el visto bueno de la Comisión en octubre, permitirá movilizar más de 10.000 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 83.000 millones en préstamos de los fondos Next Generation EU y RepowerEU.

En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027 para culminar un ambicioso programa de inversiones modernizadoras del país.

La prefinanciación de la Adenda anunciada hoy por la Comisión Europea demuestra que España sigue avanzando a buen ritmo en el despliegue de los fondos europeos. De hecho, España solicitó en diciembre el cuarto desembolso del Plan por valor de 10.021 millones de euros vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Este importe se sumará a los 37.036 millones de euros ya recibidos de los tres desembolsos anteriores y la primera prefinanciación.

La Adenda centra sus esfuerzos, principalmente, en fortalecer los proyectos estratégicos del PRTR. En concreto, los más de 10.000 millones de las transferencias adicionales y parte de los préstamos se destinarán a reforzar la práctica totalidad de la docena de PERTEs que ya están en marcha para movilizar y canalizar la inversión pública y privada.

De esta forma, gracias a la Adenda, se dotará a los PERTEs con casi 27.000 millones de recursos adicionales, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos y realizar nuevas inversiones.

En relación con los préstamos de la Adenda, será el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el principal gestor de los mismos dada su experiencia en la canalización de recursos a las empresas a través del sistema financiero español. En concreto, administrará casi 40.000 millones de euros en condiciones favorables a través de 5 fondos, dirigidos principalmente a impulsar la transición verde y digital de las empresas, reforzar su competitividad y contribuir al acceso a nuevos mercados.

Además, se creará el Fondo de Resiliencia Autonómica con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las Comunidades Autónomas, que será gestionado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Adenda también incluye 17 reformas para continuar con la transformación de la economía y consolidar el modelo de crecimiento inclusivo y sostenible. Entre esas reformas destacan la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado, la revisión de la Ley del Mercado de Valores o la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones para situaciones de vulnerabilidad económica.

Por último, la Adenda también modifica el calendario y la definición de algunos hitos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation. Esta actualización permite incorporar cambios objetivos en las circunstancias económicas, como el impacto de los precios internacionales de energía y materias primas sobre los costes productivos, y ampliar algunos plazos para ajustarlos a los tiempos que requiere el cumplimiento de requisitos de la contratación pública, como habían solicitado las Comunidades Autónomas. En concreto, la Comisión Europea ha aprobado la actualización de 69 hitos y objetivos manteniendo o incluso aumentando la ambición de las inversiones y reformas.