Afirman que es "una mera estrategia de confrontación con el Gobierno central"

El pasado miércoles, la Comunidad de Madrid daba luz verde al proyecto de la Ley Maestra de “Libertad Educativa”, trasladando así el debate a la Asamblea de Madrid previo a su entrada en vigor, prevista a lo largo del próximo curso 2021/2022. La Ley Maestra se ha elaborado a espaldas de la comunidad educativa e ignorando las necesidades reales del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. Y ha sido, desde el principio, una mera estrategia de confrontación con el gobierno central.

Su principal razón de ser, según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es la protección de la “libertad de enseñanza”, diciendo incluso querer defender el artículo 27.2 de la Constitución con esta ley. Dicho artículo solo habla de la libertad de fundar establecimientos educativos y de la libertad de cátedra, pero nada dice de la libertad de las familias de elegir centro educativo, que es un derecho secundario y sujeto a la propia organización de la red de centros.

La gran ironía es que esta libertad de elección de la que hablan no es libre, ni mucho menos. En el juego mercantil que dicen defender, donde funcionan la oferta y la demanda, el Gobierno regional del Partido Popular y sus socios se han dedicado a modificar la oferta, reduciendo plazas y cerrando aulas en la enseñanza pública, y promoviendo la concertada a través de cesiones de suelo y facilidades de todo tipo.

Claro ejemplo de esto es la capacidad que esta ley otorgaría a la Comunidad de Madrid para ceder suelo público dotacional a entidades privadas, rescatando así las partes más criticadas de la LOMCE. Dada la falta de competencias de la Comunidad de Madrid en este ámbito, consideramos que se trata de una cláusula inconstitucional. No puede ser que los bienes comunes, pagados con los impuestos de todos, vayan a la educación de unos pocos.

La libertad de elección en la Comunidad de Madrid es un espejismo. Al final del día hay miles de familias que se han quedado sin plaza en la pública y se han visto obligadas a acudir a centros que no han elegido, en ocasiones sin más remedio que acudir a centros concertados. “O concertada, o cambiar de distrito”, esa es la supuesta libertad de muchas familias.

Evidentemente, el motivo por el cual se promueve la educación concertada es por pertenecer al sector privado, y por las amistades, los negocios (y los probados casos de corrupción) que han conectado a la enseñanza concertada y al Partido Popular en el pasado.

Es de imaginar que el reciente y populista interés del Gobierno de Ayuso por la educación especial es, en realidad, el deseo de promover conciertos también en los centros de educación especial. Si realmente les preocupara la educación inclusiva, aumentarían la inversión destinada a esta educación, en la que la CAM es deficitaria desde hace años.

La Ley Maestra, además, vulnera el derecho a la educación inclusiva. Según la ONU, la educación especial en España debe caminar hacia la integración, y esta ley la lleva en dirección contraria, todo con tal de asegurar un nuevo nicho de mercado a las empresas que manejan la concertada.

Esta ley, que en la mayoría de los casos trata temas que escapan a sus competencias, pretende hablar también sobre el “derecho al castellano”, que al parecer está en Madrid gravemente amenazado. Lo cierto es que esta parte de la Ley Maestra abre la puerta a que las familias denuncien el bilingüismo fallido y elitista que ha convertido el Inglés en lengua vehicular. Quizá esta sea la única parte salvable de la Ley Maestra, si eso significa el cese inmediato del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid.

FSIE Madrid pese a defender la apuesta de la ley por potenciar la pluralidad educativa, lamenta que no haya mención alguna sobre los trabajadores del sector, cuando son principales protagonistas, y cuando todavía deben asimilar graves discriminaciones frente a sus compañeros de la Enseñanza Pública.

En este sentido, desde FSIE Madrid, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, y siendo una Ley que afecta de forma directa al sector, ha querido marcar su posicionamiento sobre este proyecto de ley de la Región y resaltar algunos aspectos fundamentales:

- Defiende y aplaude cualquier medida encaminada a fortalecer la libertad de elección de centro por parte de las familias madrileñas, siendo una consigna constante e histórica en la organización. La inclusión específica de la demanda social como parte de los criterios en la etapa de la provisionalidad de plazas educativas asegura esa posibilidad de elección a las familias.

- Defiende la apuesta de la ley por potenciar la pluralidad educativa, con las redes sostenidas con fondos públicos contempladas como redes complementarias, lo que siempre había ocurrido y en los últimos tiempos, y por la Ley Celaá, se veía amenazado.

- Considera una noticia excelente la defensa, clara y contundente, de la Educación Especial como un pilar fundamental de la enseñanza inclusiva, y celebran su detalle pormenorizado para evitar cualquier tipo de resquicio que pudiera posibilitar un ataque posterior.

- Lamenta que la elaboración de la Ley Maestra no haya servido para encarar algunos aspectos que quedan sin solucionar y que consideran fundamentales:

• El cálculo del coste real del puesto escolar arrojaría luz a unos debates estériles que incluso ponen en cuestión el ahorro constante y continuo que genera la Enseñanza Concertada a las arcas públicas. Hubiera sido un momento idóneo para detallar los conceptos exactos que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar gastos en las distintas redes de enseñanza.

• El concierto de la etapa de Bachillerato queda fuera, de forma sorprendente, de la ley, cuando era uno de los puntos asumidos en la anterior administración.

• No hay mención alguna sobre los trabajadores del sector, cuando son principales protagonistas, y cuando todavía deben asimilar graves discriminaciones frente a sus compañeros de la Enseñanza Pública, siendo especialmente grave la imposibilidad de acceder a una jubilación parcial, y provocando su presencia a jornada total en las aulas hasta los 66 años, y 67 en un futuro no muy lejano.

Asimismo, FSIE Madrid pide que, a lo largo del trámite parlamentario de esta ley, se posibilite la participación de los principales actores de la enseñanza concertada madrileña, y, “como no puede ser de otra manera, nuestra organización defenderá el reconocimiento y mejora de las condiciones de los excelentes trabajadores de nuestro sector”, finalizan desde el sindicato.